NACIONALES
Entre la renovación y el riesgo de nuevos cacicazgos: El desafío de la reforma electoral
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La historia de las reformas políticas en México es una historia de avances y retrocesos, de intentos por consolidar la democracia y de momentos en los que el poder se ha reconfigurado sin necesariamente democratizarse. La reciente iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados tiene un componente que remite a las antiguas luchas contra el caciquismo y la concentración del poder en las élites políticas y familiares del país.
La prohibición de la reelección y la restricción al nepotismo son elementos que buscan impedir que ciertos grupos se perpetúen en el poder. No obstante, el mayor desafío no será solo eliminar los cacicazgos existentes, sino evitar la formación de nuevos.
Si miramos la historia, podemos encontrar paralelismos en la lucha contra el caudillismo postrevolucionario. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, México enfrentó una crisis de sucesión que llevó a la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del PRI. Su objetivo era institucionalizar la rotación del poder y evitar que los liderazgos personales se convirtieran en dictaduras de facto.
A pesar de ello, en lugar de erradicar la concentración del poder, el nuevo sistema solo cambió la forma en que este se distribuía: en lugar de caudillos individuales, se crearon estructuras de control partidista que mantuvieron el poder dentro de ciertos círculos.
Hoy, la reforma propuesta por Sheinbaum busca desmontar otro tipo de estructuras de control, pero enfrenta el mismo reto: ¿cómo evitar que surjan nuevas élites con los mismos vicios del pasado?
La prohibición de la reelección inmediata en cargos de elección popular busca recuperar el espíritu del principio maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. Este principio, que ha marcado la vida política del país desde la Revolución, se vio modificado en 2014 con una reforma que permitió la reelección consecutiva de legisladores y algunos cargos locales.
Con esta nueva propuesta, se pretende cerrar de nuevo esa puerta bajo la premisa de que la reelección ha sido un mecanismo que ha permitido la consolidación de intereses personales y de grupo en detrimento de la renovación política. No obstante, es necesario preguntarse si esta restricción realmente fortalecerá la democracia o si, por el contrario, limitará la posibilidad de construir legisladores con experiencia y trayectoria que sean capaces de impulsar políticas públicas de largo plazo.
El otro eje de la reforma, la prohibición del nepotismo, responde a una realidad innegable en la política mexicana. Durante décadas, la política ha sido un espacio cerrado donde el apellido ha sido más determinante que la capacidad.
Gobernadores que dejan a sus hijos en su lugar, diputados que heredan el escaño a sus hermanos, presidentes municipales cuyos hijos o esposas son candidatos naturales para sucederlos. La medida es, en principio, una barrera contra la consolidación de dinastías políticas, pero presenta desafíos en su aplicación y en sus efectos colaterales.
Por ejemplo, la reforma establece que un familiar directo de quien ocupe un cargo de elección popular no podrá ser candidato a sustituirlo en el siguiente periodo, aunque sí podría competir en un periodo posterior. Esto cierra la posibilidad de sucesión inmediata, pero no impide que una familia construya una estrategia de alternancia que le permita mantener el control de ciertos espacios políticos.
Además, la línea entre lo que se considera nepotismo y lo que es un derecho legítimo a la participación política puede ser difusa. ¿Se le debe negar a una persona la posibilidad de competir solo por ser familiar de alguien en el poder, aunque tenga trayectoria propia y capacidad probada? La respuesta no es sencilla.
Uno de los principales argumentos de la oposición contra la reforma es que podría debilitar al Poder Legislativo, al impedir la reelección inmediata de diputados y senadores. Marko Cortés ha señalado que esto generaría un Congreso menos autónomo y más sometido al Poder Ejecutivo, mientras que desde Morena se ha defendido la reforma como una medida para fortalecer la renovación democrática.
Aquí es donde el debate debe centrarse en cómo diseñar un sistema que no solo elimine prácticas nocivas, sino que también permita la construcción de una clase política con experiencia y con mecanismos que eviten la captura del poder por nuevos grupos de interés.
En términos de gobernabilidad, la medida puede tener impactos significativos. La experiencia internacional muestra que la reelección inmediata en los legisladores permite la especialización y la consolidación de liderazgos que pueden generar políticas públicas más efectivas.
En contraste, su prohibición puede llevar a una rotación constante de perfiles con poca preparación y sin incentivos para construir carreras legislativas sólidas. La clave estará en encontrar mecanismos que permitan la renovación política sin sacrificar la capacidad técnica y la continuidad en el trabajo legislativo.
El riesgo más grande de esta reforma es que, en su intento por desmantelar cacicazgos, termine creando otros nuevos bajo nuevas reglas. La política es un espacio que, por naturaleza, busca formas de adaptación y control. Si se prohíbe la reelección, es probable que los grupos de poder encuentren nuevas maneras de influir en la selección de candidatos.
Si se limita el nepotismo, es posible que los liderazgos locales simplemente trasladen su influencia a otros perfiles afines. Para evitar esto, la reforma debe ir acompañada de mecanismos que promuevan una auténtica democratización dentro de los partidos políticos, procesos de selección más abiertos y transparencia en la toma de decisiones.
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La historia nos ha enseñado que las reformas bien intencionadas pueden terminar siendo cooptadas por los mismos intereses que buscan combatir. El reto ahora es asegurarse de que esta vez sea diferente.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
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