MUNDO
Bojayá y la esperanza de paz
Opinión, por Miguel Anaya //
A finales de los años noventa y principios de los 2000, Colombia vivió una crisis de violencia que superaba a la que actualmente enfrenta México. Uno de los departamentos más afectados fue el de Chocó, donde operaban las FARC, grupos delictivos y autodefensas.
El 2 de mayo de 2002, la pequeña comunidad de Bojayá se convirtió en el escenario de una de las tragedias más devastadoras del conflicto armado. En medio de intensos enfrentamientos entre las FARC y grupos paramilitares, cientos de habitantes buscaron refugio en la iglesia del pueblo, confiando en que sus paredes consagradas los protegerían del horror que se vivía afuera.
Alrededor de las 3 de la tarde, un cilindro-bomba impactó directamente en el templo, causando la muerte instantánea de 79 personas, entre ellas 48 niños. Los cuerpos quedaron mutilados y las paredes de la iglesia manchadas de sangre. Días después, el número de víctimas fatales alcanzó las 119, ya que muchos no sobrevivieron a las heridas.
Este acto brutal puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades atrapadas entre las fuerzas violentas. A raíz de este y otros eventos que conmocionaron al país, Colombia emprendió un camino hacia la pacificación y la reconstrucción social. Las políticas implementadas, que combinaban estrategias de seguridad con inversión social y económica, comenzaron a dar frutos en las dos décadas siguientes.
Según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios en Colombia pasó de 70 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 25 en 2022. En ese contexto, la ciudad de Medellín llegó a tener una tasa alarmante de 380 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El entonces gobierno colombiano aplicó la estrategia de ‘Seguridad Democrática’. Esta política implicó el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia y aumentar la presencia del Estado en zonas rurales, donde guerrillas y grupos paramilitares habían establecido su dominio. La creación de redes de informantes y la colaboración con las comunidades fueron fundamentales para desmantelar estructuras criminales y reducir los enfrentamientos armados.
Tras el debilitamiento militar de las FARC, el gobierno reconoció que la violencia era también un efecto de problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades en las regiones rurales.
En respuesta, se implementaron programas de desarrollo rural que incluyeron la construcción de infraestructura, carreteras y electrificación, con el fin de conectar comunidades aisladas con el resto del país.
Además, se promovieron programas de acceso a créditos para pequeños agricultores y cooperativas rurales, incentivando la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas comerciales.
En el ámbito social, las políticas de reparación y reconciliación jugaron un papel central. La creación de una Unidad para las Víctimas permitió que quienes sufrieron violencia fueran reconocidos y compensados, generando un proceso de catarsis social.
La inversión en educación y salud fue un eje central: entre 2002 y 2022, el acceso a la educación secundaria aumentó en un 20 por ciento, mientras que la cobertura de salud pública se amplió significativamente en las zonas rurales. A pesar de que aún persisten desafíos en materia de seguridad, el avance en Colombia ha sido notable.
Esta experiencia ofrece lecciones valiosas para México. La implementación de políticas que fortalezcan instituciones, promuevan el desarrollo económico, social y fomenten la cohesión social son esenciales para revertir la tendencia de violencia.
La profesionalización de las fuerzas de seguridad, la recuperación del control territorial y la implementación de programas sociales en zonas marginadas son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Políticas de desarrollo rural, como las aplicadas en el país sudamericano, podrían replicarse en México para incentivar la economía local, alejar a los jóvenes de las dinámicas del crimen organizado y generar alternativas económicas en comunidades atrapadas en el ciclo de la violencia.
En conclusión, la trágica masacre de Bojayá simboliza el profundo sufrimiento que la violencia puede infligir a una nación. Sin embargo, también demuestra que por muy cruda que sea la realidad violenta que nos rodea, esta puede cambiar con voluntad política y estrategias integrales adecuadas.
El caso de Teuchitlán debe ser un llamado a la acción colectiva. Debemos abrir los ojos y encontrar en la experiencia de otros países una guía para diseñar e implementar políticas efectivas que conduzcan a un futuro más seguro y próspero.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
MUNDO
Cielos de Europa en alerta: la OTAN dispara por primera vez contra drones rusos en territorio aliado
– Por Redacción Conciencia Pública
El 10 de septiembre de 2025 marcó un hito en la historia de la defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): por primera vez, aviones del pacto —en apoyo a Polonia— abrieron fuego contra drones rusos que penetraron en el espacio aéreo aliado, convirtiéndose en la primera acción militar directa de la alianza sobre su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Polonia reportó la entrada de hasta 19 drones, algunos procedentes de Bielorrusia, los cuales fueron considerados amenazas directas y, por ello, neutralizados con apoyo de aviones caza F-16 polacos y F-35 neerlandeses.
Las operaciones implicaron el cierre temporal de los aeropuertos de Varsovia y Lublin, y órdenes de resguardo para la población en regiones orientales del país, cercanas a Ucrania.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el incidente como una “provocación a gran escala” de parte de los rusos, y afirmó que la situación era “la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”.
A raíz de lo ocurrido, Polonia invocó el Artículo 4 de la organización, dando inicio a consultas urgentes entre los países aliados, entre los que se encuentra Estados Unidos, el país con más capacidades militares en el tratado.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó firmemente la acción rusa y reafirmó el compromiso de la alianza de defender cada centímetro de su espacio aéreo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Mando Supremo Aliado en Europa (SHAPE), enfatizó: «Esta es la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado».
La incidencia se produjo durante un amplio ataque de Rusia contra Ucrania la noche de ayer, que involucró cientos de drones y decenas de misiles.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, advirtió que al menos ocho de esos drones estaban dirigidos hacia Polonia y consideró el episodio como un “precedente extremadamente peligroso para Europa”.
Aunque Polonia activó el Artículo 4, no llegó a invocar el Artículo 5, que establece el mecanismo de defensa colectiva inmediata (en ese artículo se señala que todos los países de la OTAN deben acudir inmediatamente a defender al país atacado). Analistas consideran este movimiento como una señal de diplomacia firme más que un preludio a una escalada militar mayor.
Mientras tanto, la Unión Europea propone reforzar la protección de sus fronteras, con iniciativas como la construcción de una “muralla antidrón” en el este del continente.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
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Paty
24 de marzo de 2025 at 13:51
Desafortunadamente para la situación en México debemos partir de un acto de evaluación y analisis objetivo, por un lado de los motivos que causan la violencia y por el otro de los programas sociales que impactan positivamente en una calidad de vida sustentable alejada de clientelismo. En resumen se requiere de humildad, de reconocer que la estrategia gubernamental de ocultar la verdad no es sino un juego perverso en el que gana el CO y sus aliados.
Ame
25 de marzo de 2025 at 09:23
Excelente análisis