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El poder fragmentado de Sheinbaum

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Opinión, por Iván Arrazola //

Durante el reciente Consejo Nacional de Morena, fue leída una carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al partido. En ella, la mandataria hizo un llamado a evitar los excesos que suelen acompañar al ejercicio del poder, con el objetivo de poner orden en un movimiento que, cada vez más, se muestra alejado de los ideales que le dieron origen.

La carta llega en un contexto de creciente polémica, marcado por casos como los viajes en primera clase del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y los actos anticipados de campaña realizados por la diputada Andrea Chávez en Chihuahua.

El documento plantea una serie de lineamientos para fortalecer la unidad del partido y evitar el sectarismo y el pragmatismo que han permitido la incorporación de perfiles contrarios a los valores del movimiento. Sheinbaum también advierte sobre la importancia de mantener la honestidad, la humildad y la cercanía con la ciudadanía, condenando el uso de aviones privados, la ostentación de lujos y el trato clasista. Además, critica el uso indebido de recursos públicos para financiar actividades políticas ajenas al interés general.

Entre sus propuestas destaca la eliminación del nepotismo a partir de 2027, adelantándose a la reforma constitucional prevista para 2030. También llama a evitar que Morena se convierta en un partido de Estado y propone fortalecer la formación política de la militancia. La carta subraya la importancia de la movilización social y la austeridad en el gobierno, además de reiterar el rechazo a cualquier vínculo con el crimen organizado o la corrupción. Finalmente, propone que la selección de candidaturas se realice mediante métodos transparentes como encuestas y sorteos.

No obstante, la carta también revela las dificultades que enfrenta Sheinbaum para consolidar su liderazgo. En los sistemas presidenciales es común que quien asume la presidencia también controle las decisiones estratégicas del partido y las bancadas legislativas.

Sin embargo, en el caso de Sheinbaum, los acuerdos internos establecidos por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso de elección interna, han limitado su margen de maniobra. Las principales posiciones en el Congreso fueron entregadas a sus adversarios en el proceso interno y el control del partido se encuentra en manos del hijo de López Obrador, dejando a Sheinbaum sin control real sobre muchas de las decisiones.

A ese control sobre el partido se le llama poderes partidistas y se refieren a la capacidad real del presidente para influir, controlar o coordinar a su propio partido o coalición en el Congreso. En el sistema político mexicano, el ejercicio efectivo de ese liderazgo es fundamental, tanto para garantizar la gobernabilidad del país como para mantener el control político.

Sheinbaum parece carecer de dichos poderes partidistas. Un ejemplo es el aplazamiento de la reforma contra el nepotismo. Aunque la presidenta propuso que entrara en vigor en 2027, los aliados políticos del partido la postergaron hasta 2030.

Morena intentó compensar esta decisión incluyendo la medida en sus estatutos internos, pero es evidente que figuras como Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Saúl Monreal en Zacatecas, con el capital político acumulado en años recientes, podrían buscar otras vías para llegar a la gubernatura de sus estados, por ejemplo, a través de partidos aliados como el PT o el PVEM.

Otro de los casos que ha provocado polémica es el de la diputada Andrea Chávez, señalada por llevar a cabo actos anticipados de campaña a la gubernatura de Chihuahua y por recibir presunto financiamiento privado para organizar caravanas de salud que, además de ofrecer servicios, promueven su imagen personal.

Estas acciones podrían constituir una violación a las normas de financiamiento electoral. A pesar de que públicamente ha declarado que acatará las directrices de la presidenta, Chávez ha continuado con la promoción de estas actividades, lo que representa un desafío abierto a la autoridad de Claudia Sheinbaum. La diputada cuenta con el respaldo del senador Adán Augusto López, uno de los principales liderazgos dentro de Morena.

La carta de la presidenta parece evidenciar más las debilidades que las fortalezas de su liderazgo al interior de Morena. Sheinbaum, hasta ahora, no ha logrado ejercer control sobre un partido cada vez más dominado por el pragmatismo y las disputas internas por el poder.

Todo indica que estos problemas se intensificarán a medida que avance su gestión, especialmente en un escenario donde ni siquiera parece tener la capacidad de influir en el futuro proceso de sucesión presidencial.

Lejos de ser el movimiento que prometió transformar la vida pública del país, Morena hoy se muestra atrapado en las peores prácticas de la política mexicana que tanto criticó. En este contexto, la carta de la presidenta se percibe como un intento frágil y poco efectivo de contener una lucha por el poder que se ha convertido en el verdadero motor que mueve al partido y a sus aliados.

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México en la encrucijada: Innovación como ruta al poderío económico

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

El pronóstico de la OCDE para 2025 golpea como un cubetazo de agua fría: apenas un 0.4% de crecimiento. Cifras abstractas que esconden rostros concretos: el empresario que pospone inversiones, la ingeniera que busca oportunidades en el extranjero, la startup que lucha por financiamiento.

Pero en este paisaje complejo, brotan historias esperanzadoras: desde Querétaro, donde jóvenes diseñan prótesis robóticas con impresión 3D, hasta Yucatán, donde campesinos optimizan cosechas con sensores IoT (Internet of Things). México respira contradicciones. Su futuro dependerá de una apuesta audaz: convertir la innovación en el corazón palpitante de su economía.

LA PARADOJA MEXICANA: DEBILIDADES QUE ESCONDEN POTENCIAL

La dependencia comercial con Estados Unidos es un arma de doble filo. Cuando el vecino del norte estornuda, México se resfría. Los aranceles amenazantes sobre autopartes y acero mantienen en vilo a industrias enteras. A esto se suman viejos fantasmas: carreteras que se desvanecen al sur del país, un sistema fiscal que sangra con déficits del 4.9% del PIB que, aunque trata de corregirse, aún falta mucho por hacer.

Pero justo cuando el panorama parece desolador, asoma la resiliencia mexicana. Hay un pulso vital en el consumo interno que no se apaga. Mercados locales reinventándose, pymes que digitalizan sus ventas contra viento y marea. Y esa fuerza joven, vibrante, que llena universidades y talleres: más del 60% de la población tiene menos de 35 años, son manos y mentes ávidas de transformar realidades.

El nearshoring no es solo una palabra de moda. Son camiones cargados de componentes electrónicos rumbo a Nuevo León, inversiones coreanas en Sonora, clusters automotrices que tejen redes inteligentes. México está en el mapa global como nunca. ¿Podrá convertir esta oportunidad en destino?

EDUCACIÓN: EL CAMPO DE BATALLA SILENCIADO

En el corazón de esta encrucijada hay una tragedia silenciosa. Mientras el gobierno anuncia el «Plan México» para ser potencia económica, recorta el presupuesto educativo al nivel más bajo en dos décadas. Las cifras duelen: 3.2% del PIB destinado a educación -cuando debería ser el doble- por debajo de la recomendación internacional de destinar al menos entre el 4% y 6% (BID 2022). Los resultados saltan a la vista en las pruebas PISA: jóvenes mexicanos quedan rezagados en ciencia, matemáticas, pensamiento crítico.

Pero el verdadero drama ocurre tras los muros universitarios. En una universidad tecnológica del centro del país, los laboratorios parecen cápsulas del tiempo: equipos obsoletos, software de hace diez años. El rector, un político con más lealtades partidistas que visión pedagógica, desvía recursos a proyectos cosméticos. Mientras tanto, profesores brillantes abandonan las aulas frustrados.

«Necesitamos directores que huelan el futuro, no calculadores de votos», comenta la Dra. Laura Méndez, experta en innovación educativa. Recuerda el caso de una universidad en Jalisco que rompió el molde: nombró rectora a una ingeniera con experiencia en Silicon Valley. En dos años transformaron los planes de estudio, crearon laboratorios de realidad virtual, y hoy el 90% de sus egresados trabaja en empresas de alta tecnología.

La receta no es secreta: Rectores con historial en innovación, no en campañas políticas, aulas donde se desarmen drones antes que memorizar teorías, estudiantes resolviendo problemas reales de comunidades.

LA TRÍADA TRANSFORMADORA: ACADEMIA, INDUSTRIA Y GOBIERNO

En Monterrey late un ejemplo esperanzador. La alianza entre el Tec de Monterrey, FEMSA y el gobierno estatal creó el distritotec: un ecosistema donde investigadores, emprendedores y empresas conviven en simbiosis. Allí nació una startup que desarrolla bioplásticos con residuos agrícolas. «Sin esa colaboración, nuestro proyecto sería solo un PowerPoint», confiesa su fundadora, Ana Karen Ramírez.

Pero estas historias son escasas islas en un mar de desconexión. Muchas universidades siguen produciendo profesionales para empleos que ya no existen o dejarán de existir en los próximos 5 años. Las empresas reclaman talento que no encuentran. El gobierno lanza programas burocráticos que nadie utiliza.

El modelo está roto. Urge tejer redes reales:

Academia formando en habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, inteligencia emocional, resolución de problemas complejos.

Industria invirtiendo en I+D como apuesta estratégica, no como gasto.

Gobierno facilitando, no entorpeciendo; con políticas claras y estabilidad jurídica.

La historia de éxito de Medtech en Guadalajara lo demuestra: cuando hospitales, universidades y fabricantes de dispositivos médicos alinearon sus esfuerzos, crearon un cluster que hoy exporta tecnología sanitaria a 15 países.

En Oaxaca, comunidades mixtecas instalaron microredes solares que hoy les dan energía limpia y soberanía energética. «Antes pagábamos la luz más cara de México, hoy vendemos excedentes», explica doña Rufina, líder comunitaria. Proyectos así podrían replicarse nacionalmente si existieran políticas agresivas de transición energética.

El campo mexicano es otra frontera inexplorada. En Sinaloa, sensores IoT monitorean cultivos en tiempo real. «Recibo alertas en el celular cuando las plantas tienen sed o enfermedad», cuenta don Ramón mientras muestra su aplicación. Tecnología simple que quintuplicó su productividad.

Y están los 30 millones de mexicanos aún desconectados. Llevarles internet significaría incorporar su creatividad al ecosistema innovador. Como prueba, existen diversos proyectos de innovación en Chiapas y otros estados del Sur de México, por ejemplo, niñas indígenas desarrollando apps para preservar sus lenguas originarias.

EL CAMINO HACIA LA GRANDEZA

México no necesita milagros. Necesita voluntad política y coherencia. Frente a esto, hay decisiones urgentes:

Rescatar la educación técnica: Que las universidades tecnológicas sean dirigidas por pedagogos, no por operadores políticos

Financiamiento inteligente: Premiar a empresas que inviertan en innovación real con beneficios fiscales sustanciales

Estabilidad jurídica: Garantizar reglas claras más allá de los ciclos electorales

LA SEMILLA YA ESTÁ PLANTADA

En un laboratorio de la UNAM, un equipo multidisciplinario desarrolla nano robots que administran medicamentos en células cancerígenas. En un garaje de Tijuana, tres amigos construyen vehículos eléctricos para transporte urbano. En un ejido de Michoacán, jóvenes agro tecnólogos crean biofertilizantes que regeneran suelos.

Estas semillas de futuro ya germinan en suelo mexicano. Regarlas exige romper inercias: dejar de ver la educación como botín político, la innovación como gasto suntuario, el conocimiento como mercancía exportable.

El 2025 puede ser el parteaguas. El año en que México decidió dejar de mirarse en el espejo de sus limitaciones para proyectarse en el lienzo de sus potencialidades. Como escribió Octavio Paz: «La crítica de la pirámide no derriba la pirámide; pero puede impedir que sigamos siendo sus prisioneros». La pirámide del subdesarrollo se desmorona con libros, microchips y sobre todo, con la audacia de reinventarse.

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Aprueba el Senado de México la CURP con datos biométricos: ¿Cómo funcionará?

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Por Redacción Conciencia Pública //

El Senado de México aprobó la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como parte de una ley para eliminar trámites burocráticos y modernizar los servicios públicos.

Esta nueva versión incluirá datos biométricos como huellas digitales, escaneo de iris, firma y fotografía, y se utilizará para facilitar gestiones digitales a través de la plataforma de trámites “Llave MX”.

Con esta reforma, todos los trámites ante autoridades federales, estatales, municipales y organismos autónomos deberán realizarse mediante la plataforma digital usando la CURP biométrica.

El gobierno asegura que esto reducirá la corrupción y agilizará los procesos, aunque los partidos de oposición cuestionan la viabilidad técnica del proyecto ideado por la autoirdad federal, emanada de Morena y la 4T.

La CURP biométrica también se empleará para integrar a los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sería la encargada de operar esta identificación digital, mientras que el Registro Nacional de Población (RENAPO) quedará alojado en una plataforma única de identidad.

¿Qué es Llave Mx?

La idea de una identidad digital puede sonar compleja, pero en esencia Llave MX funcionará como un perfil digital único para realizar trámites ante el gobierno sin tener que acudir presencialmente. Algo así como un expediente virtual con tu CURP, datos personales y accesos a servicios en línea.

Con esta llave se podrá, por ejemplo, solicitar una beca, corregir un acta de nacimiento o incluso registrarse para ciertos procesos legales. La meta: eliminar papeleo innecesario, filas eternas y múltiples cuentas para diferentes dependencias.

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Alfonso Romo y las acusaciones del Departamento del Tesoro

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En medio de la polarización política que atraviesa México y la creciente tensión en las relaciones con Estados Unidos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico deben tomarse con cautela.

Estas acusaciones, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública, señalan particularmente a Vector Casa de Bolsa, asociada al empresario regiomontano Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las acusaciones y su trasfondo político

El Departamento del Tesoro, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN), acusa a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo entre 2013 y 2021. Según las autoridades estadounidenses, una «mula financiera» habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, y se habrían realizado pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo entre 2018 y 2023.

Por su parte, CIBanco e Intercam son señalados por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo reuniones entre ejecutivos de Intercam y presuntos miembros de esta organización criminal.

Sin embargo, las acusaciones carecen de claridad y evidencia pública contundente, lo que sugiere un trasfondo político. Alfonso Romo, quien fungió como enlace entre el gobierno de AMLO y el sector empresarial, abandonó la administración en 2020 debido a diferencias ideológicas.

Este contexto alimenta la percepción de que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos, especialmente en el marco de la política antidrogas de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reaccionó con prontitud, exigiendo al Departamento del Tesoro pruebas concretas de las acusaciones. Hasta el momento de redacción de este artículo, no se ha hecho pública ninguna evidencia sólida.

La SHCP argumenta que las transacciones señaladas forman parte del comercio bilateral con China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo, no delictivo.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y su cumplimiento con los estándares normativos. La institución asegura que las operaciones cuestionadas son legítimas y están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Cabe destacar que Alfonso Romo no ha sido imputado directamente, pero su cercanía con AMLO amplifica el impacto político de estas acusaciones.

Politización y presión internacional

No es la primera vez que el gobierno mexicano enfrenta señalamientos de este tipo. En el pasado, la DEA ha insinuado vínculos entre narcotraficantes y la campaña presidencial de AMLO en 2006, acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. En el contexto actual, la narrativa de la administración Trump parece buscar presionar al sistema financiero mexicano para que asuma mayores responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta estrategia se ve reforzada por la percepción en algunos sectores de México de que Trump representa una alternativa frente a la hegemonía de Morena, en un escenario donde la oposición carece de peso político significativo.

Implicaciones y desafíos

El caso pone de manifiesto los desafíos del sistema financiero mexicano para blindarse contra el lavado de dinero. La sociedad civil demanda mayor transparencia y colaboración internacional para investigar posibles nexos entre políticos, empresarios y el crimen organizado, siguiendo la pista del dinero.

Sin embargo, para desentrañar esta compleja red, es indispensable que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano actúen con claridad. La FinCEN debe presentar pruebas sólidas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los señalamientos.

Conclusión

Las acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam, y la mención de Alfonso Romo, han avivado el debate público en un entorno de polarización y tensiones diplomáticas. Sin pruebas concretas, estas acusaciones corren el riesgo de percibirse como un instrumento político más que como un esfuerzo genuino por combatir el crimen organizado.

México y Estados Unidos enfrentan el reto conjunto de fortalecer la cooperación en materia de inteligencia financiera, pero esta debe basarse en hechos verificables y no en especulaciones que alimenten la desconfianza. Mientras no se presenten pruebas contundentes, el caso seguirá siendo un capítulo más en los complejos juegos del poder.

 

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