JALISCO
Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?
Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.
Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.
La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.
Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.
Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.
La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.
La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.
Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES
La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.
Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»
La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?
El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.
La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.
-Por Francisco Junco
Un amplio sector de la ciudadanía en Jalisco rechazó tajantemente los nuevos lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que pretenden impedir la participación de hombres en municipios como Zapopan y Tonalá en las elecciones de 2027, bajo el argumento de que nunca han sido gobernados por una mujer.
Así lo revela la última encuesta de Datalink, que muestra que 57.8% de los ciudadanos considera esta medida como un “desprecio a los derechos del hombre”, mientras que apenas 16.6% la ve como un acto de “justicia social hacia la mujer”. El 25.6% restante dijo no saber qué pensar al respecto.
Las cifras son contundentes, sobre todo cuando se analizan por género. Entre los hombres, el 69.3% considera que el IEPC está atropellando sus derechos políticos al prohibir su participación, mientras que entre las mujeres esta percepción también prevalece, aunque en menor medida, con un 47.2%.
Datalink también desglosa las respuestas según afinidad política. Entre simpatizantes de partidos de oposición como Morena, PT y PVEM, el rechazo a la medida se mantiene en 55.1%, mientras que en partidos no alineados al oficialismo estatal (PAN y PRI), el porcentaje sube ligeramente a 57.8%
Este estudio se da a conocer en medio de un fuerte debate político y social que ha confrontado a las dirigencias de Movimiento Ciudadano y Morena. Mientras la primera defiende la disposición como un avance en equidad de género, la segunda la ha calificado como “discriminación disfrazada de inclusión”.
La controversia crece conforme se acerca el arranque del proceso electoral 2027, donde las reglas del juego podrían modificar profundamente el mapa político en algunos de los municipios más poblados del estado.
-Por Mario Ávila
Uno de los ejemplos más claros de la injusticia que reinó en México en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa fue la detención de Israel Vallarta Cisneros, quien tras 20 años encarcelado y sin sentencia, esta mañana salió libre por sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México.
Israel Vallarta estuvo acusado y detenido desde diciembre del 2005 por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores, que privó de la libertad a la francesa Florance Cassez, lo que causó un dilema internacional con el gobierno de Francia.
Se trató de un proceso penal que estuvo plagado de quejas, amparos, denuncias, ya que durante el litigio se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron seis juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de siete recursos de revisión y tres quejas ante las autoridades nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos.
Eel 8 de junio de 2022 el Comité contra la Tortura emitió un comunicado al Estado Mexicano, solicitando garantizar la atención médica y psicológica adecuada, inmediata, además de las medidas de protección para evitar represalias por haber presentado una denuncia ante esa instancia.
También se determinó aplicar las medidas alternativas a la privación de la libertad el 9 de julio de 2024, cuando el Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones acusatorias, solicitando la imposición de una pena muy grande por los delitos que se han mencionado.
Desde la pasada administración, el gobierno federal ha brindado atención permanente a la familia Vallarta Cisneros, en especial a la esposa de Israel, a quien se apoya con las gestiones para recibir atención médica, además de brindarle las atenciones sobre las visitas y llamadas telefónicas, apoyando además desde la parte social en un penal tan largo, de casi 20 años sin sentencia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto y apuntó: “Más allá de que respetamos la autonomía de la Fiscalía en este caso, no se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Carlos Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje, y el montaje fue justamente de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”.
Y abundó: “No se nos puede olvidar lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino, todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal. Premiado y multipremiado durante el sexenio de Calderón Hinojosa y después, por cierto, incluso también por Estados Unidos, por agencias norteamericanas, y lo que fue aquel sexenio con un personaje que hoy está preso. Este caso vale la pena recordarlo, porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen muy irregular, por lo menos eso es lo que podríamos decir”.
-Por Mario Ávila
Dado que el plan hídrico 2024 2030 del Gobierno Federal contempla llevar agua a León por 3.8 metros cúbicos por segundo a través de la cuenca del Río Lerma, es que se construye el acueducto de la cuenca hacia la presa Solís.
Ello a pesar de las quejas emitidas por el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien ha manifestado las repercusiones que ello tendrá para el abasto de agua a Guadalajara y para la salud del lago de Chapala, quien ha pedido respetar los acuerdos interestatales de distribución del agua del 2014 para evitar una crisis ambiental y social en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Ante ello, esta mañana la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo: “Nunca hemos planteado eso de que se le quite el agua a un estado para dársela a otro, ¿cómo creen?, es ridículo; no, hay una propuesta para Guanajuato y una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás sería un proyecto que le quitará agua a un estado para dársela a otro.
Encuesta de Datalink señala que mayoría rechaza lineamientos del IEPC Jalisco
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Libre, Israel Vallarta, 20 años después del abuso de García Luna y el montaje de Loret
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