NACIONALES
Sin salida
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Vivimos tiempos peligrosos, no solo por la inseguridad y la desafiante presencia de organizaciones delictivas, sino también y principalmente por y para nuestro destino como nación. Desde que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue clausurado, el mensaje fue claro: nadie debería oponerse a las decisiones del que manda y eso ha sido llevado a la Constitución y a leyes reglamentarias.
La reciente reforma a la Ley de Amparo confirma que el gobierno está decidido a privilegiar sus designios por sobre cualquier opinión o derecho en contrario.
No debiera sorprendernos que Claudia Sheinbaum continúe con la tendencia impuesta por su antecesor, comparten el proyecto político, aunque le imponga matices al parecer por presiones del gobierno estadounidense o por el pragmatismo que le indica la insostenibilidad de sus programas sociales por la falta de crecimiento económico. Hay por eso cierta contención y aparentes rectificaciones, pero el afán de poder no cesa y el totalitarismo asoma peligrosamente.
Lo que sí debiera sorprendernos, es la nula reacción social ante la merma de garantías individuales, por el atropellado racimo de reformas que este régimen cuatroteista ha producido, que fortalece las potestades del Estado y acota las libertades ciudadanas.
Presenciamos cómo la Constitución se modifica en razón del interés del régimen asumido como pueblo y al pueblo lo vemos abúlico y conforme con el aumento del ingreso, no por el trabajo productivo sino por el reparto de efectivo.
En la simplicidad del razonamiento colectivo, las voces de alerta han sido desestimadas, tanto por el gobierno empeñado en hacer ver el vaso medio lleno cuando en realidad se va vaciando, como por los organismos empresariales que ven impasibles cómo se hunde la economía.
La economía y las finanzas públicas son regidas por la rentabilidad política en demérito de la inversión productiva del Estado. Pretenden que la inversión privada lo sustituya a la vez que se modifican las estructuras y normas gubernamentales en forma tal que provocan incertidumbre e inhiben la inversión. La iniciativa privada calla y aparentemente prefieren seguir con el viejo juego de complacer al régimen para conservar privilegios y ganancias.
Esto les ha dado resultado a algunos, muy contados, Slim, por ejemplo, que sigue sumando contratos gubernamentales por miles de millones, pero no así para los proveedores de Pemex o de medicinas que registran adeudos de miles de millones mientras aguantan andanadas de denuestos gubernamentales.
Ante el silencio cómplice o cobarde, lo que trasciende es la reproducción de vicios del pasado, la restauración del presidencialismo omnipotente, el crecimiento de la censura a la disidencia y al ejercicio periodístico, el ejercicio abusivo de la impartición de justicia y la clausura de las opciones de defensa del ciudadano ante la arbitrariedad del gobierno y sus autoridades y las voces ciudadanas sin representación, desahogándose en las redes sociales.
Siendo todo esto grave y peligroso, resulta de mayor alarma ver que no existen fuerzas que se opongan con razón y éxito a la conformación de un régimen totalitario. La sociedad se encuentra dividida y la mayoría cooptada por la derrama de efectivo, los partidos han perdido representación y fuerza popular porque se han convertido en clubes de amigos jugando a la política, con líderes sin formación ideológica que como el del PRI tienen que recurrir a la violencia para ser escuchados.
Por su parte, las fuerzas económicas, el otro real poder, se muestran condescendientes, convenencieros, viendo solo por su negocio, cerrando los ojos ante una realidad que se puede volver contra ellos. Las organizaciones de comerciantes, empresarios, banqueros, están ausentes del debate ante la construcción de un sistema legal y judicial que los deja sin defensa contra la autoridad y que contiene incluso amenazas persecutorias.
En las condiciones actuales parece no haber un camino de salida que, por la vía pacífica y en el marco institucional, se pueda oponer a lo que ha resultado ser un movimiento sectario, inepto, excluyente y radical. La captura de las instituciones electorales ha mostrado hasta ahora eficacia para imponer jueces con ilegalidades y para castigar las voces críticas y disidentes, por lo que la ciudadanía ya no tiene la certeza de que su voto será contado y respetado en procesos equitativos.
El país, no solo la democracia, está en manos de los ambiciosos de poder, con la complacencia de los poderosos que no se deciden a jugar vencidas con el poder político; la experiencia de los seis años anteriores les da la seguridad de que podrán seguir haciendo negocios si la sumisión asegura ganancias y así, la relación entre el corrupto y el corruptor seguirá siendo destino para un país en el filo de la crisis permanente.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
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