Gobierno de Jalisco considera jurídicamente inviable el referéndum contra el alza al transporte

Por Redacción Conciencia Pública 

Transcripción de texto a voz 

El Gobierno de Jalisco fijó una postura clara frente a la propuesta del Congreso local para someter a referéndum el reciente aumento a la tarifa del transporte público, al considerar que dicho mecanismo de participación ciudadana es jurídicamente improcedente y carece de sustento legal.

A través de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, la administración estatal argumentó que la legislación vigente en la entidad establece límites precisos para la figura del referéndum, los cuales no se cumplen en el caso del ajuste tarifario aprobado por el Ejecutivo.

De acuerdo con la interpretación oficial, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco excluye explícitamente de la consulta pública aquellos actos que tengan carácter contributivo, categoría en la que, según el gobierno, se ubica la tarifa del transporte público.

El razonamiento jurídico del Ejecutivo sostiene que el pago del pasaje constituye una contraprestación por un servicio público regulado, lo que lo convierte en un ingreso de naturaleza contributiva y, por tanto, en una materia que no puede ser sometida a referéndum conforme al marco legal estatal.

Además, el Gobierno de Jalisco subrayó que la solicitud promovida por el Congreso del Estado de Jalisco no cumple con los supuestos establecidos en la ley, ya que esta faculta al Poder Legislativo a solicitar referéndum únicamente sobre determinados decretos o reglamentos, y no sobre decisiones administrativas del Ejecutivo.

En ese sentido, se precisó que el incremento a la tarifa fue formalizado mediante un acuerdo administrativo del Poder Ejecutivo, instrumento que, según la autoridad estatal, no es susceptible de ser revocado o sometido a consulta ciudadana a través de un referéndum.

Otro de los argumentos expuestos por la Secretaría General de Gobierno es que existe un vicio de procedimiento, ya que la ruta institucional aprobada por el Congreso no corresponde a la autoridad legalmente competente para procesar una solicitud de esta naturaleza.

El Gobierno recordó que, conforme a la normatividad vigente, cualquier trámite relacionado con mecanismos de participación ciudadana debe canalizarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y no a través de instancias distintas, como se planteó en el acuerdo legislativo.

Desde la óptica del Ejecutivo, esta omisión procedimental invalida de origen la solicitud y refuerza la conclusión de que el referéndum propuesto no puede avanzar en términos legales, independientemente del debate político que lo rodea.

La postura del Gobierno de Jalisco también enfatiza que la determinación sobre la tarifa del transporte público forma parte de las facultades constitucionales del Ejecutivo, en coordinación con las instancias técnicas responsables de la movilidad y el transporte en el estado.

En este contexto, se señaló que someter este tipo de decisiones administrativas a consulta popular sentaría un precedente que podría generar incertidumbre jurídica y afectar la gobernabilidad, al trasladar a mecanismos no previstos por la ley decisiones que corresponden al ámbito ejecutivo.

El pronunciamiento oficial se dio en medio de un intenso debate político, luego de que legisladores de oposición impulsaran el referéndum como vía para revertir el aumento al pasaje y cuestionaran la legalidad del ajuste aprobado por el gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro.

No obstante, la administración estatal insistió en que el debate debe resolverse dentro de los cauces institucionales y legales, y no mediante interpretaciones extensivas de la ley que, a su juicio, desvirtúan el espíritu de los mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, el Gobierno de Jalisco reiteró que su postura no implica un rechazo a la participación ciudadana, sino la defensa del Estado de derecho, al advertir que los instrumentos democráticos deben aplicarse con apego estricto a la ley para evitar su uso con fines políticos o fuera de los supuestos normativos.