El Plan B electoral: austeridad y reforma institucional

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

Después del fallido plan electoral presentado por la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que no alcanzó la mayoría calificada —por el abandono de los aliados de MORENA— para formar parte de la Constitución Política de la República, la presidenta presentó lo que se conoce como Plan B Electoral (PBE).

El Senado lo recibió y rápidamente le dio el trámite que toda iniciativa merece. Se considera que se aprobará por la vía ordinaria y que se incorporará a la Ley Suprema en unas cuantas semanas, con el fin de que sus disposiciones sean aplicables durante el proceso electoral de 2027. El plazo para llevar a cabo todo el procedimiento de reforma vence el 30 de mayo próximo.

En su iniciativa, la primera magistrada federal indica que “la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en detrimento de la población nacional”, hechos que la ciudadanía pidió erradicar cuando votó el 1 de julio de 2018.

Por ello, ahora busca acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues —asegura la gobernante— el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto. Como afirma el principio: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre.

Para remediar lo anterior, expone CSP: “se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajuste sus remuneraciones a los límites establecidos en el artículo 127 de la propia Constitución”.

Al respecto, considera que deben determinarse los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos utilizando fondos del Estado, como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales.

Políticos al estilo de Óscar Espinoza Villarreal —aquel priista que fue el postrer regente del DF— confeccionaron en Nacional Financiera sistemas de retiro que se autoaplicaron impúdicamente, con el silencio culpable de sus jefes políticos. Claro que la propuesta de reforma no incluye aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos provenga de normas vigentes, de contratos colectivos o de condiciones generales de trabajo.

En la prohibición para órganos gastalones quedan incluidos los egresos onerosos del Senado y de los congresos estatales; de paso, también los ajustes llegarán —lo cual es muy necesario— a los ayuntamientos, que suelen ser muy dispendiosos y, por tal motivo, las obras y servicios que están a su cargo resultan frecuentemente deficientes.

Por cierto, los congresos locales no solo tendrán el límite en los sueldos de sus integrantes, sino que además estarán sujetos a la no reelección inmediata —viejo ideal de la Revolución maderista de 1910— y a la observancia de la ley antinepotismo, con lo cual en ningún caso “podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación”.

Finalmente, se habrá de fijar en las constituciones locales que el presupuesto anual de las legislaturas estatales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Los ayuntamientos, por lo general muy crecidos en número de integrantes y altos funcionarios, tendrán un valladar constitucional —además del referente a salarios menores que el del presidente de la República— para su integración: un máximo de 15 regidores más un síndico.

De esta forma, fortalecerán su presupuesto, pues los recursos públicos que se liberen como consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de dichos órganos de gobierno municipal se destinarán al ámbito presupuestal de la propia localidad, fortaleciendo su hacienda pública y permitiendo mayores recursos para servicios públicos municipales, obra pública local y acciones que incidan directamente en el bienestar de la población. En este capítulo de los ayuntamientos se ratifica la prohibición del nepotismo en los cargos de elección popular.

Por cierto, las oposiciones ya tomaban vuelo para criticar la iniciativa, pero en el Senado se advirtió y anunció que se harán correcciones al artículo 115 constitucional para reintegrar el “principio de paridad” en la conformación del órgano de gobierno municipal, que “por una omisión” se eliminó en la propuesta presidencial, así como una modificación a ese mismo ordenamiento para eliminar el tope mínimo en el número de regidurías en los ayuntamientos —fijado en siete— y dejar únicamente el máximo de 15 (La Jornada, 19-III-2026).

Otro tópico que aborda el multicitado Plan B se refiere a la revocación de mandato, figura democrática introducida en el sexenio previo al actual, proyectada para realizarse el próximo año, aunque ahora se plantea que pudiera efectuarse en 2028, si así lo solicita la ciudadanía. Esta institución reconoce en el pueblo su atribución plena de la soberanía y, por ello, los ciudadanos pueden, en ejercicio de su derecho, separar a gobernantes corruptos o ineptos. Como afirma el principio: el pueblo pone y el pueblo quita. En la modificación en estudio se precisa la posibilidad de que el titular del Ejecutivo pueda, sin hacer campañas por partidos o candidatos, promover la participación popular en la revocación, en los términos de la ley correspondiente.

En esta ocasión, tanto los partidos aliados a MORENA como los gobernadores de la Cuarta Transformación emitieron tajantes mensajes de apoyo a las propuestas de la presidenta CSP.

En un desplegado, los ejecutivos —24— de la 4T manifestaron su respaldo al Plan B, lo que implica que avalan la disminución del monto destinado a los congresos locales y al número de regidores que integran los cabildos, así como la eliminación de privilegios para los funcionarios públicos y la erradicación de sueldos exorbitantes (Mañanera, 18-III-2026).

El Partido del Trabajo (PT), MORENA y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declararon su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan B. Reginaldo Sandoval, por el PT, señaló que “la unidad es clave para avanzar con determinación en la Cuarta Transformación y trabajar por el bienestar del pueblo mexicano”, y afirmó que están con CSP no al cien, sino al doscientos por ciento. Carlos Puente, diputado del Partido Verde, aseguró que el Plan B de la reforma electoral “empodera más a la gente”.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, explicó en entrevista con José Cárdenas que su bancada decidió respaldar el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta, al encontrar coincidencias en temas clave como la reducción del gasto en congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, con el objetivo de generar ahorros que se destinen a obra pública y programas sociales. Agregó otros puntos, como la posibilidad de realizar la revocación de mandato en 2027 o 2028, y defendió los cambios relacionados con consultas populares y la reducción del presupuesto legislativo, asegurando que el planteamiento busca mayor eficiencia en el gasto público y mejores beneficios para la ciudadanía.

Por lo que respecta a MORENA, ni se diga: Luisa María Alcalde Luján, dirigente del partido, exaltó el gobierno de la 4T y ponderó las cualidades republicanas de la presidenta CSP, destacando los avances que conlleva la iniciativa del Plan B.

En conclusión, de aprobarse el Plan B electoral se dará un paso más en el afán de que impere la austeridad en el ámbito electoral, se generen ahorros que se destinen a servicios y obras en favor de la comunidad, se fortalezcan los sistemas democráticos y la fiscalización de los recursos públicos, así como una mayor participación de la sociedad en los procesos políticos de estados y municipios.