La sentencia del TEEJ para Zapopan 2027

Opinión, por Violeta Moreno Haro

Lo que resolvió el Tribunal Electoral de Jalisco sobre Zapopan no es un detalle técnico ni una simple disputa entre partidos. Es una decisión que cambió la conversación de fondo rumbo a 2027.

El fallo confirmó que en ocho municipios de Jalisco solo podrán postularse mujeres para las presidencias municipales y, en el caso de Zapopan, además estableció que esa candidatura deberá recaer en una mujer perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad, como población indígena, personas con discapacidad o diversidad sexual.

Eso ya no es una señal política: es una regla del juego.

Hasta ahí podría parecer una victoria impecable del lenguaje de la inclusión. Pero no conviene engañarse. La discusión seria empieza justamente donde termina el aplauso fácil.

Porque una cosa es ampliar la presencia de mujeres y de grupos históricamente excluidos en el diseño normativo, y otra muy distinta es haber construido, en la vida real, las condiciones para que esas mujeres lleguen fuertes, visibles, competitivas y respaldadas ante la ciudadanía.

Ahí es donde el sistema partidista vuelve a quedar mal parado. Esa es la parte que casi nadie quiere decir en voz alta. La sentencia corrigió una regla, sí, pero también dejó al descubierto la pobreza interna de los partidos para formar cuadros con posibilidades reales de gobernar. Esta lectura es una inferencia política a partir del nuevo requisito impuesto en Zapopan y del debate que abrió entre partidos, aspirantes y sectores sociales.

Por eso no sorprende que la Comisión de Mujeres del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco haya anunciado que promoverá una demanda para impulsar un juicio para la protección de los derechos político-electorales. Su postura parte de una inconformidad concreta: consideran que la resolución vulnera el derecho de otras mujeres a ser votadas para cargos de representación popular y que, en lugar de abrir, terminó cerrando el universo de mujeres que podrían competir por Zapopan.

Beatriz Mora Medina sostuvo, además, que restringir a otras mujeres la posibilidad de contender constituye una forma de discriminación. El dato importa porque confirma que el litigio apenas entró a una nueva etapa.

Pero incluso esa reacción, aunque comprensible, no toca del todo el corazón del problema. El verdadero problema no es solo jurídico. El verdadero problema es político y estructural. Los partidos hablan de inclusión, pero siguen administrando candidaturas desde círculos cerrados. Los grupos vulnerables siguen sin ser escuchados ni apoyados de manera suficiente ante la falta de oportunidades reales para convertirse en cuadros elegibles por la ciudadanía.

Y, mientras tanto, los grupos de poder incrustados en los partidos siguen bloqueando el paso a personas con preparación suficiente, trayectoria seria y condiciones para competir, simplemente porque no pertenecen al reparto interno de siempre. Eso también es exclusión, aunque se disfrace de estrategia, de disciplina o de acuerdos de grupo. Esta parte también es análisis, pero se sostiene en un hecho difícil de negar: la discusión estalló cuando tocó repartir poder real, no cuando tocó dar discursos sobre inclusión.

Además, aquí hay un punto que no debe perderse. El IEPC Jalisco aprobó estos lineamientos desde el 30 de junio de 2025 y dejó expresamente señalado que esa anticipación de dos años buscaba dar tiempo a los partidos para identificar perfiles, formar cuadros políticos y diseñar estrategias electorales de manera paritaria e incluyente rumbo al proceso 2026-2027.

Es decir, tiempo hubo. Aviso hubo. Marco legal hubo. Si hoy varias fuerzas políticas reaccionan con incomodidad o con improvisación, no es porque la autoridad los haya sorprendido a última hora. Es porque el trabajo previo se dejó de hacer.

Por eso Zapopan exhibe una contradicción más profunda. Se quiere resolver por sentencia lo que los partidos no resolvieron con seriedad dentro de sus propias filas. Se quiere corregir en tribunales lo que no se abrió con formación, acompañamiento, visibilidad, recursos y decisión política.

Y, cuando eso pasa, las acciones afirmativas dejan de discutirse como herramientas de justicia y empiezan a pelearse como si fueran castigos, cuotas incómodas o restricciones artificiales. No porque la inclusión esté mal, sino porque nadie hizo a tiempo la tarea que debía hacerse antes. Esa es la factura que hoy está cobrando la realidad.

A esto se suma otro dato central: Morena ya adelantó que revisa la posibilidad de impugnar la resolución ante la instancia federal, es decir, ante el TEPJF. Así que el expediente no está políticamente cerrado. Pero, aun si hubiera una nueva batalla judicial, el mensaje de fondo ya quedó expuesto para todos: en Zapopan no solo se está discutiendo quién puede ser candidata, sino qué tan simuladores han sido los partidos cuando dicen que promueven inclusión.

Porque, si de verdad la promovieran, hoy tendrían varias mujeres competitivas, de grupos históricamente excluidos, listas para encabezar una contienda de ese tamaño sin que pareciera una crisis de última hora.