Plan B: Entre austeridad y control

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Es inevitable someter a un análisis crítico los planes de reforma electoral que hoy permean en el país. Resulta fundamental destacar que la reforma parece inminente, pues cualquier partido en el poder con alta aprobación buscará cimentar el camino para perpetuar su hegemonía. Así, las cúpulas del Poder Legislativo buscan, según su trinchera, ser o no parte de la aprobación del ‘Plan B’ de la Presidenta de México.

Este proyecto, que se pretende aprobar antes de Semana Santa, encierra puntos clave a nivel constitucional; recordemos que una cosa es el bienestar del país y otra, muy distinta, el fortalecimiento del poder político-electoral.

En este sentido, la controversia cobra una relevancia crítica al señalar una afectación directa al federalismo municipal. La reforma pretende imponer un ‘tope’ al número de regidores, sometiendo la autonomía de los ayuntamientos y alterando la estructura base de las entidades federativas.

Es imperativo recordar que el municipio es la primera autoridad administrativa para el ciudadano; es el espacio donde vivimos, trabajamos y transitamos en el día a día. 

Por ello, una administración eficiente requiere de un presupuesto suficiente y una conformación clara de su Cabildo. Lejos de fortalecer este primer escalón gubernamental, la reducción de recursos y el límite a sus integrantes no indican un respeto a su soberanía, sino una vulneración centralista que debilita su capacidad de respuesta ante las necesidades más inmediatas de la población.

Habrá que reconocer, sin importar el matiz político, que el contraste entre los privilegios de los servidores públicos y la realidad de nuestro país es doloroso. Seguramente el discurso de la eliminación de excesos será un estandarte electoral poderoso, pero es una verdad cimentada en nuestra desigualdad: México no tolera más vidas de opulencia política. Fiscalizar es una ruta más institucional que la sustitución radical que proponía el Plan A. 

De lo rescatable en este Plan B destaca el Tabulador Salarial ‘Cero Excesos’, el endurecimiento de las reglas de flujo de efectivo para evitar el manejo discrecional y, sobre todo, el tope presupuestal a los Congresos Estatales al 0.70% del presupuesto estatal; una medida que pondrá bajo la lupa el gasto legislativo en estados como Jalisco.

Aunado a lo anterior, no podemos dejar pasar el riesgo de ‘desmantelar’ la estructura operativa del INE bajo el pretexto del ahorro. Pasar de un Servicio Profesional Electoral permanente a uno temporal es, en los hechos, debilitar a quienes realmente saben organizar una elección. No se trata de tareas administrativas menores: el resguardo de los paquetes, la capacitación de nuestros vecinos y la logística del día de la jornada son lo que garantiza que nuestro voto cuente.

Debilitar la profesionalización de quienes operan las casillas es abrirle la puerta a la improvisación en el momento más delicado, y cuando se improvisa en democracia, lo que se pone en juego es la certeza de quién ganó realmente.

En el contexto de este ‘Plan B’, el punto más crítico es el uso político-electoral de la revocación de mandato. Para muchos, es el plan perfecto para asegurar la presencia de la Presidenta en las boletas de 2027, utilizando un ejercicio de participación como plataforma de promoción e imagen. Resulta alevoso que el partido en el poder busque reformar la ley para posicionar su marca y mantener el nombre de la mandataria vigente en la elección intermedia. 

La verdadera revocación de mandato se da orgánicamente cuando llegan las elecciones y se aplica el principio de alternancia; cuando nosotros, como pueblo, decidimos cambiar la dirección política de nuestro país, estado o municipio. No debería ser tolerable legislar bajo el pretexto legal de hacer campaña sin que parezca campaña.

Finalmente, el verdadero riesgo de estas reformas no reside únicamente en su contenido jurídico, sino en la indiferencia de una ciudadanía que, por desgracia, suele estar poco informada y es vulnerable a lo que se le vende en las campañas electorales.

En México, hemos aprendido a fuerza de crisis que lo que se nos presenta como ‘ahorro’ o ‘justicia social’ a menudo esconde mecanismos de control político. 

No podemos permitirnos ser espectadores pasivos ni ciudadanos crédulos ante los discursos de ocasión; es imperativo involucrarnos en el ‘cómo’ y el ‘por qué’ de estos cambios. La democracia no se agota en la urna; se defiende entendiendo que el diseño de nuestras instituciones es lo que garantiza nuestra libertad.

Si no nos hacemos cargo de entender las reglas del juego, otros las escribirán por nosotros, y el costo de esa ignorancia lo pagaremos todos en la próxima jornada electoral.