Pensiones justas para todos: Brigadas de afiliación al IMSS

Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz

En México, el debate sobre las pensiones ha dejado de ser exclusivamente técnico para convertirse en un tema profundamente político y social. En medio de esta discusión, es indispensable recuperar un principio fundamental: las pensiones deben operar como una política pública de largo alcance, orientada al bienestar social.

Los sistemas de pensiones se construyen sobre la base de la confianza institucional. Son contratos intergeneracionales que garantizan que los 22 millones de mexicanos que hoy trabajan afiliados al IMSS puedan, mañana, jubilarse.

Por ello, cualquier intento de modificar retroactivamente derechos adquiridos representa una controversia, particularmente cuando se enfoca en las pensiones con montos elevados o “pensiones doradas”, como se les ha llamado.

Si el argumento para tales medidas es la justicia social, entonces ese mismo principio debería aplicarse en sentido inverso: aumentar de forma retroactiva las pensiones de millones de mexicanos que hoy sobreviven con jubilaciones de 4 mil pesos y elevarlas a 9 mil pesos, equiparándolas con el salario mínimo mensual.

La coherencia es clave en materia de seguridad social. No se puede, por un lado, cuestionar la viabilidad financiera del sistema para justificar recortes y, por otro, ignorar las condiciones precarias en las que viven millones de pensionados.

¿Cuántos mexicanos están jubilados?

El centro del sistema debe ser el bienestar social sostenido, no la conveniencia política del momento. Al cierre de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 5 millones 751 mil 566 personas pensionadas. Tan solo en el último año se sumaron cerca de medio millón de nuevos pensionados.

Esta cifra refleja una presión creciente sobre el sistema de pensiones, pero también evidencia la magnitud de la población que depende de él para subsistir. Si ampliamos la mirada hacia la población económicamente activa, encontramos otro dato revelador: el IMSS registra aproximadamente 22 millones de trabajadores formales. Sin embargo, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) reportan más del doble de cuentas individuales.

Esta disparidad no es menor. Revela la existencia de millones de mexicanos que, en algún momento, cotizaron formalmente, pero hoy se encuentran en la informalidad, con cuentas de ahorro para el retiro abandonadas.

Se estima que más de 30 millones de mexicanos viven actualmente en condiciones de informalidad laboral. Para ellos, el futuro es incierto y desolador. Sin acceso continuo a la seguridad social, estos trabajadores enfrentan la posibilidad de llegar a la vejez sin una pensión.

El escenario más común será recibir una resolución negativa de pensión; luego, retirar los recursos acumulados en su Afore abandonada —que en promedio rondan los 250 mil pesos— y gastarlos en un corto plazo. Después, la realidad es aún más dura: depender del apoyo familiar o enfrentar el abandono.

Este panorama no solo es socialmente injusto, sino también económicamente insostenible. Una población envejecida sin ingresos suficientes genera presiones adicionales sobre los sistemas de asistencia social.

¿Qué solución hay?

Frente a esta realidad, la Ley del Seguro Social (LSS) ya contempla una alternativa viable: la afiliación al IMSS como Persona Trabajadora Independiente (PTI), conocida como Modalidad 10. Este esquema permite que los trabajadores en la informalidad se incorporen voluntariamente al sistema de seguridad social.

El trabajador puede elegir el salario con el que desea cotizar, desde el salario mínimo hasta un máximo equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, el mínimo equivale a 9,451.2 pesos mensuales (315.04 pesos diarios). A partir de este salario se calcula la cuota de afiliación, la cual incluye diversos seguros, entre ellos el de riesgos de trabajo, principal factor diferenciador en el costo.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 10?

Por ejemplo, un trabajador artesano que cotiza con el salario mínimo y cuya actividad implica cierto riesgo deberá pagar 2,571 pesos mensuales. Esto equivale a 5,229 pesos bimestrales, 15,687 pesos semestrales o 31,288 pesos anuales.

En contraste, un profesionista o técnico, cuya actividad implica un menor riesgo laboral, pagará alrededor de 1,905.82 pesos mensuales, lo que representa un costo significativamente menor.

Sin embargo, más allá de las cifras, lo importante es el acceso: la posibilidad de que millones de mexicanos construyan una pensión futura. El problema es que esta opción, aunque valiosa, sigue siendo poco conocida y escasamente promovida. No basta con que exista en la ley o que se difunda en redes sociales institucionales.

Brigadas de protección y seguridad social

Se requiere una política pública activa. El IMSS tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de implementar estrategias de incorporación masiva. Esto implica salir al encuentro de la población informal, no esperar a que llegue por casualidad. Se necesitan brigadas de afiliación en tianguis, mercados de abasto, zonas comerciales y espacios donde se concentra el trabajo informal. También es fundamental establecer módulos móviles.

La formalización no debe entenderse únicamente como un objetivo de recaudación, sino como una herramienta de protección social del trabajador independiente. Esto implica reconocer el valor del trabajo de quienes han dedicado 30 o 40 años a la economía nacional y garantizarles un retiro digno.

También implica actuar hoy para evitar una crisis futura. Los más de 30 millones de mexicanos en la informalidad no pueden seguir siendo invisibles para el sistema de seguridad social. Cada año que pasa sin integrarlos es un año más cerca de una generación envejecida sin protección.

Las pensiones son, en esencia, un derecho social. En última instancia, la forma en que un país trata a sus pensionados y a quienes están por serlo refleja su nivel de desarrollo y su compromiso con la justicia social.

México aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero, para hacerlo, debe dejar de pensar en el corto plazo y comenzar a construir, con responsabilidad, el futuro de millones de trabajadores. Porque una pensión no es un privilegio: es el resultado de toda una vida de trabajo.

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Arturo Pérez Díaz es periodista independiente; ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional en Comunicación Pública.

E-mail: amper61@hotmail.com