Legislar en la era digital: Ciberacoso escolar, el vacío legal que Jalisco intenta atender

Por Francisco Junco

El incremento del acoso escolar en entornos digitales ha comenzado a presionar la agenda legislativa en Jalisco, donde diputados locales han puesto en discusión distintas iniciativas orientadas a regular el uso de tecnologías por parte de menores y atender fenómenos como el ciberacoso, que cada vez tiene mayor incidencia en la convivencia escolar.

El tema cobró fuerza el pasado 10 de marzo, cuando en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa orientada a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital, en un contexto en el que el uso de redes sociales y dispositivos móviles se ha extendido entre la población estudiantil.

Entre las voces que han impulsado la discusión se encuentra la diputada Claudia Murguía Torres, quien ha participado en planteamientos relacionados con la regulación de entornos digitales y la protección de menores, así como legisladores de distintas bancadas que han coincidido en la necesidad de actualizar la normativa vigente.

Asimismo, desde la fracción de Movimiento Ciudadano, la diputada Mónica Magaña Mendoza ha promovido iniciativas vinculadas al uso de tecnologías por parte de menores y la construcción de entornos digitales más seguros, tema que se ha vinculado directamente con la prevención del acoso en línea.

Estas propuestas se suman a dictámenes avalados en comisiones desde el 25 de febrero, en los que se abordó la necesidad de establecer condiciones para el acceso seguro a redes sociales por parte de menores, incluyendo medidas preventivas frente a riesgos como el ciberacoso.

En paralelo, hacia el 17 y 19 de marzo, legisladores discutieron iniciativas para regular el uso de teléfonos celulares en escuelas, una medida que, de acuerdo con los promoventes, busca reducir distractores y prevenir conductas de hostigamiento digital entre estudiantes.

La discusión tiene como antecedente la iniciativa presentada en mayo de 2025 por la diputada Brenda Carrera García, quien propuso prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel básico, al considerar que estos dispositivos afectan el aprendizaje y facilitan prácticas como el ciberacoso. La legisladora sostuvo que la medida, aunque restrictiva, busca establecer límites en el utilización de tecnologías entre menores y fortalecer la convivencia escolar.

Aunque las iniciativas tienen enfoques distintos, coinciden en un diagnóstico: la legislación vigente en materia educativa no contempla de manera específica las dinámicas de violencia que ocurren en entornos digitales y que impactan la convivencia dentro de las escuelas.

Actualmente, la Ley de Educación del Estado establece la obligación de garantizar la integridad física, psicológica y social del alumnado, así como de implementar acciones de prevención del acoso escolar; sin embargo, estos lineamientos fueron diseñados principalmente para contextos presenciales.

En ese sentido, legisladores han planteado que el concepto de violencia escolar debe ampliarse para incluir conductas realizadas a través de tecnologías de la información, particularmente aquellas que afectan la dignidad, seguridad o el bienestar de los estudiantes.

Entre los elementos propuestos en iniciativas y discusiones públicas se encuentran la creación de protocolos de actuación ante casos de ciberacoso, la capacitación de docentes en la detección de violencia digital y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia dentro del ámbito escolar.

En el ámbito técnico, especialistas en educación digital, como María Elena Meneses Rocha, han advertido que uno de los principales retos es que muchas de estas conductas no son visibles dentro del aula, lo que dificulta su identificación y atención oportuna.

En la misma línea, organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México han documentado el crecimiento de riesgos digitales entre menores, incluyendo prácticas de acoso en línea, lo que ha llevado a insistir en la necesidad de políticas públicas integrales.

Otro de los puntos que ha surgido en el debate es la posible coordinación entre escuelas y otras instancias, como autoridades de salud y procuración de justicia, en aquellos casos en los que las afectaciones trascienden el ámbito escolar.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera mayor discusión es el alcance de la responsabilidad de las escuelas frente a hechos que ocurren fuera del plantel, particularmente cuando se desarrollan en redes sociales, pero tienen consecuencias en la convivencia diaria entre estudiantes.

Sobre este tema, especialistas en materia jurídica han señalado que el desafío consiste en establecer criterios claros que permitan la intervención de las autoridades educativas sin exceder sus facultades legales ni invadir ámbitos privados.

A nivel nacional, documentos de la Cámara de Diputados han advertido que existe un marco normativo fragmentado en materia de convivencia escolar, con diferencias entre entidades federativas y sin protocolos homogéneos para atender el acoso, incluido el digital.

En este contexto, las discusiones en el Congreso de Jalisco se inscriben en una tendencia más amplia de actualización legislativa frente a los cambios derivados del uso intensivo de tecnologías por parte de niñas, niños y adolescentes.

Datos de organismos especializados han documentado un aumento en los casos de acoso escolar en los últimos años, así como una mayor presencia de conductas vinculadas a entornos digitales, lo que ha contribuido a posicionar el tema en la agenda pública.

Desde el ámbito legislativo, las posturas coinciden en la necesidad de fortalecer la prevención, aunque persisten diferencias sobre los mecanismos específicos, particularmente en lo relacionado con la regulación del uso de dispositivos y redes sociales.

En el sector educativo, especialistas han señalado que cualquier reforma deberá acompañarse de capacitación docente, participación de las familias y recursos suficientes para su implementación, con el fin de evitar que las disposiciones queden en el plano declarativo.

Al cierre de esta semana, las iniciativas continúan en análisis dentro del Congreso del Estado, sin que se haya concretado una reforma integral en materia de convivencia escolar digital, aunque con avances en la construcción de un marco más específico.

La discusión de fondo, sin embargo, permanece abierta: cómo regular un fenómeno que se desarrolla en entornos digitales sin límites físicos claros y cómo definir el papel de las instituciones educativas frente a dinámicas que trascienden el espacio escolar tradicional.