Del hartazgo a la revocación: Cuando la ciudad cobra la factura

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay días en que la política mexicana se presenta como un acto de justicia poética. El martes pasado, en el patio central del Palacio Legislativo de Jalisco, un ciudadano de nombre común y apellido humilde —Hugo Lupercio, vecino del distrito 9, del oriente profundo de Guadalajara— pronunció seis palabras que resumen el cansancio de una capital: “Estamos hartos de no ser atendidos”. No las dijo desde una tribuna partidista, sino desde el agotamiento, ese sentimiento que en la vida pública mexicana suele ser el último escalón antes de la insurrección legal. Y la insurrección legal, hoy, lleva un nombre técnico: revocación de mandato.

Por primera vez en la historia del municipio más rico del occidente, un tapatío presenta formalmente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud para consultar a la ciudadanía si la presidenta municipal, Verónica Delgadillo García, debe permanecer o no en el cargo. Lupercio no llegó solo: llevó consigo el respaldo de la diputada Itzul Barrera Rodríguez, de la dirigencia estatal de Morena encabezada por Erika Pérez, del senador Carlos Lomelí Bolaños, del legislador petista Leonardo Almaguer y de un coro de regidores y operadores de Tlajomulco y Zapopan. Es decir, lo que comenzó como una queja vecinal se convirtió, en cuestión de horas, en un movimiento político con arquitectura de campaña.

Quien conoce el oficio sabe leer entre líneas: la revocación es, antes que un mecanismo, un mensaje. Y el mensaje que se envió desde Morena y el PT no fue dirigido únicamente a la alcaldesa emanada de Movimiento Ciudadano; también fue dirigido al gobernador Pablo Lemus, a la maquinaria naranja que durante una década ha gobernado el estado y a la propia geografía electoral de 2027. Pero conviene no confundir el cálculo con la causa, porque la causa —y aquí está lo que duele— existe.

Existen en las llaves que se abren y escupen agua turbia. Existen en las colonias del oriente que pagan el predial puntualmente, pero donde la patrulla nunca llega. Existen las 478 colonias registradas que pagan impuestos como ciudadanos de primera y reciben servicios como ciudadanos de cuarta.

Hay un dato que la administración Delgadillo preferiría que olvidáramos: hace apenas unos meses, la presidenta municipal celebró en la red social X que Guadalajara había mejorado en la percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. “El mejor resultado desde 2023”, presumió en un ejercicio de optimismo digital que pocas horas después le regresó como un bumerán.

Rogelio Campos, con la frialdad del archivista, recordó que exactamente un año antes la propia alcaldesa había presumido la misma encuesta y que hoy Guadalajara aparece, según la medición vigente, en el top 3 de ciudades con peor percepción de inseguridad del país. “Seguramente guardará silencio”, escribió Campos. Y, en efecto, el silencio de la alcaldesa es el más elocuente de los discursos: es el silencio de quien fue sorprendida por su propia narrativa.

Pero hay algo todavía más incómodo: una de esas frases que la hemeroteca conserva como evidencia. El 2 de junio de 2024, después de emitir su voto en el Colegio Primero de Mayo —en la colonia Talpita, oriente, paradójicamente—, la entonces candidata Verónica Delgadillo dijo, mirando a la cámara con la sonrisa de quien aún no carga el peso del cargo: “Que los ciudadanos decidan”. Lo dijo invitando a que la “democracia fuera una fiesta”, apelando a la voluntad de los tapatíos. Hoy, esa misma voluntad ciudadana, articulada en una solicitud formal de revocación, le toca la puerta. Y conviene preguntar, con la respetuosa malicia de quien hace periodismo: ¿sigue la alcaldesa creyendo que los ciudadanos deben decidir? ¿O resulta que la democracia es fiesta solamente cuando se gana?

La diputada Itzul Barrera describió con precisión quirúrgica la fractura social que Guadalajara arrastra: Una división sistemática donde las políticas públicas privilegian al poniente —ese de avenidas iluminadas, parques inaugurados con banda sinfónica y ciclovías de revista—, mientras el oriente sobrevive entre tinacos vacíos, transporte público deteriorado, calles oscuras y colonias enteras donde la palabra “gobierno” evoca más al cobrador que al servidor. No es un asunto menor; es, como advirtió Lomelí Bolaños, un tema de dignidad humana. El acceso a agua limpia y a una calle segura no son tecnicismos urbanos: son derechos básicos sobre los cuales se mide la decencia de una administración.

Por más que la administración municipal intente desestimar la solicitud como una operación opositora, el caldo en el que se cocina es propio: lo aportó, gota a gota, la falta de respuesta institucional.

Ahora bien, que la causa sea legítima no exime a sus operadores de la obligación de transparencia. Morena y el PT deberán explicar por qué descubren la indignación tapatía justo cuando el calendario electoral comienza a calentarse. José Luis Sánchez ya adelantó que para 2027 pedirán también la revocación del gobernador Lemus. Es decir, el mecanismo, pensado como herramienta de control ciudadano, corre el riesgo de convertirse en un arma de oposición sistemática. Y esa, lectores, es otra forma de simulación democrática. Una herramienta que se desgasta por su uso político deja de servir cuando realmente se necesita.

Pero el problema central no está en quién promueve la revocación, sino en quién la hizo posible con su gestión. Y aquí, la responsabilidad recae en el Ayuntamiento. Verónica Delgadillo tiene dos caminos: el del oído atento, que implica recorrer el oriente sin séquito ni guion, escuchar a las 478 colonias y abrir el cabildo a las demandas que hoy se canalizan por la vía de la protesta porque la institucional fracasó; o el del cerco mediático, ese viejo recurso que consiste en ahogar el malestar bajo una avalancha de comunicados, encuestas favorables y sonrisas en redes. El primero exige humildad política; el segundo, presupuesto de comunicación. Que la alcaldesa elija, sabiendo que ambas opciones serán juzgadas, primero por los ciudadanos del oriente y después por la historia del municipio.

Mientras se reúnen las cerca de 40 mil firmas que el reglamento exige —tres por ciento del padrón—, la alcaldesa tiene tiempo. No mucho, pero lo tiene. El IEPC deberá revisar la solicitud, validar los requisitos y habilitar la aplicación digital para la recolección. Cada uno de esos pasos será también una pasarela política. Cada firma será una boleta anticipada. Y cada día que pase sin agua limpia en una colonia del oriente será un argumento que ningún spot puede limpiar.

Concluyo con una observación que la prudencia del oficio obliga a hacer: la revocación de mandato, como toda figura democrática, no debe celebrarse ni temerse por sí misma; debe valorarse por lo que revela.

Y lo que esta solicitud evidencia es que en Guadalajara hay una ciudad partida en dos: una administración sorda en una mitad y una élite política que descubrió, demasiado tarde, que cuando el ciudadano dice “estamos hartos”, no está pidiendo un comunicado, sino que se le mire a los ojos. Y mirar a los ojos, en política, es de las cosas más difíciles del mundo.

En X: @DEPACHECOS