Revocación y poder

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Se acercan los tiempos políticos. Con el Mundial a la puerta y Jalisco como sede rumbo al 11 de junio, durante el evento y después, los actores políticos buscarán sacar de contexto temas locales para generar malestar y perfilar el voto de la próxima elección. Sin embargo, como ciudadanos, debemos ser cautelosos y distinguir cuándo se trata de una verdadera negligencia, un abuso o incluso un acto de corrupción.

La política ha evolucionado con la tecnología y la comunicación; es momento de que también evolucione el criterio público, para minimizar campañas de desprestigio sin sustento que solo ocupan titulares y no reflejan los problemas reales de Jalisco.

Hoy, en Jalisco, el partido Morena ha anunciado su apoyo a una solicitud de revocación de mandato en contra de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. La solicitud, presentada por un ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se basa en la presunta desatención de colonias del oriente de la ciudad. La revocación de mandato es un instrumento mediante el cual la ciudadanía decide que un servidor público electo termine anticipadamente su cargo.

En Jalisco, su aplicación es compleja: los requisitos y filtros funcionan como un “freno de mano” para evitar que se utilice constantemente como herramienta política por las oposiciones. Si bien es un derecho y un instrumento de participación ciudadana, la revocación de mandato debe emplearse de manera responsable para que no se convierta en una herramienta política más, sino en un verdadero mecanismo de participación ciudadana.

Hasta el momento, y sin antecedentes de que en Jalisco se haya concretado una revocación de mandato, resulta complicado que en esta ocasión ocurra. Lo que sí sucede es que el partido que promueve y respalda la solicitud genera visibilidad sobre sus posicionamientos, colocando el foco de la ciudadanía en su agenda y en su labor de crítica política.

En este caso, la intención política puede leerse con claridad y el trasfondo es también legislativo. Para Morena, la revocación de mandato, tal como está diseñada hoy, difícilmente resulta útil como herramienta de activación inmediata debido a sus filtros; por ello, todo apunta a que buscan evidenciar ante la ciudadanía que es un mecanismo complejo y de difícil ejecución, utilizando como ejemplo el caso de la alcaldesa de Guadalajara. En ese contexto, es previsible que el siguiente paso sea impulsar iniciativas orientadas a simplificar el proceso y reducir sus obstáculos.

Si bien existen argumentos válidos sobre la complejidad del mecanismo, también es cierto que reducir en exceso esos “candados” puede afectar seriamente el equilibrio democrático y la continuidad de las administraciones públicas. El verdadero riesgo para la sociedad no es solo la rigidez del sistema, sino también que un grupo político logre extender su poder de forma indebida y capture espacios estratégicos.

La revocación de mandato debe funcionar, sí, pero como un recurso excepcional ante casos graves de ingobernabilidad o fallas reales en la gestión pública, no como una herramienta de presión política o mediática basada en la inconformidad momentánea. Sin embargo, también es cierto que un exceso de candados puede terminar protegiendo malas administraciones y limitando el control ciudadano.

Sin embargo, habría que recordar que en Jalisco han existido —y aún existen— eventos de tal gravedad que sí pudieron, o podrían, justificar una revocación de mandato; algunos incluso habrían encuadrado plenamente si en su momento hubiera existido la figura jurídica. El caso más contundente es el de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, una tragedia marcada por negligencia institucional, pérdida masiva de vidas y colapso urbano, que claramente habría sido un escenario idóneo para activar este mecanismo.

A ello se suman hechos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, que evidenció la penetración del crimen organizado en espacios de alto nivel; los narcobloqueos de 2015, que mostraron una pérdida de control territorial; la crisis sostenida de desapariciones en el estado; y la contaminación histórica del río Santiago, que ha implicado graves afectaciones a la salud pública. Todos estos casos reflejan que sí han existido momentos en los que la discusión sobre la revocación de mandato no solo habría sido pertinente, sino necesaria frente a fallas estructurales del Estado.

Finalmente, nos toca asumir una ciudadanía crítica y vigilante del entorno institucional y de la gobernabilidad, capaz de distinguir con claridad cuándo existe una afectación real —por irresponsabilidad, negligencia o corrupción— que justifique activar una revocación de mandato. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir este mecanismo en una herramienta de manipulación mediática, utilizada para fines políticos o legislativos disfrazados de participación ciudadana.

Normalizar ese uso distorsiona la democracia, banaliza las crisis verdaderas y termina por debilitar los pocos instrumentos reales que tiene la ciudadanía para exigir cuentas.