Jubilados Libres exige auditoría integral al Ipejal

Por Francisco Junco

Integrantes de la asociación Jubilados Libres informaron que interpusieron una serie de acciones legales contra el director saliente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Juan Partida, al presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, promover procedimientos en el Tribunal de Justicia Administrativa y presentar amparos en el ámbito federal. Afirmaron que el exfuncionario ya fue notificado de los recursos legales iniciados en su contra.

Durante una rueda de prensa, la presidenta de la organización, Vicky Alcántar Martín, señaló que las acciones jurídicas fueron elaboradas con el respaldo del abogado Jesús Salazar Zazueta, del Observatorio Ciudadano de Jalisco en México Pro, y aseguró que buscan fincar responsabilidades por presuntas violaciones a los derechos de los derechohabientes durante los 19 meses de gestión de Partida al frente del instituto.

«Nosotros interpusimos una demanda… Tocamos las puertas de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y Contencioso, además de promover amparos a nivel federal. Él ya está notificado. Estamos destinados a ganar porque la ley nos asiste, aunque esto incluso podrá derivar en una controversia constitucional», afirmó Alcántar Martín.

La dirigente sostuvo que las acciones legales se sustentan en presuntas afectaciones a los derechos humanos de pensionados y jubilados, derivadas, dijo, del desabasto de medicamentos, el rezago de aproximadamente cinco mil cirugías pendientes y decisiones administrativas que, a su juicio, privilegiaron el crecimiento de la estructura burocrática sobre la atención médica y asistencial.

Además de los procesos judiciales, Jubilados Libres exigió al Congreso del Estado iniciar una auditoría integral al Instituto de Pensiones para revisar tanto el manejo financiero como las decisiones administrativas adoptadas durante la administración de Juan Partida, con el propósito de determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.

«El Congreso tiene que ejercer su función reguladora y hacer una auditoría que no sólo sea económica; una auditoría económica y también una auditoría integral del manejo financiero y del comportamiento que tuvo durante estos 19 meses», sostuvo la representante de los jubilados.

Alcántar Martín cuestionó el incremento en la estructura directiva del organismo, al señalar que, mientras en 2017 el instituto operaba con una decena de cargos de alto nivel, actualmente cuenta con más de un centenar. También criticó el aumento salarial aprobado para la Dirección General y la creación de nuevas gerencias, en un contexto de carencias en medicamentos y servicios médicos.

La organización informó que mantiene acercamientos con legisladores federales y locales, así como con representantes de distintos partidos políticos, con el objetivo de impulsar reformas que fortalezcan la rendición de cuentas en el Ipejal y evitar que, afirmaron, vuelvan a repetirse prácticas que comprometan los recursos y la atención de los trabajadores jubilados y pensionados del estado.