Opinión, por Iván Arrazola //

En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.

Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.

El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.

El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.

Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?

La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.

Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.

Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.

La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.

Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?

En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.

De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.

Opinión, por Gerardo Rico //

El cambio de régimen de partidos para la elección de representantes municipales al de usos y costumbres en el municipio de Bolaños marca un hito en la historia reciente de Jalisco. Esta decisión se enmarca en una lucha de muchos años de los pueblos indígenas en nuestro estado que simplemente no había sido escuchada a pesar de movilizaciones y protestas de la comunidad wixárika que habita en la región norte.

Aunque aún falta la aprobación del Congreso del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) informó que luego de la consulta ciudadana realizada el domingo 18 de mayo se obtuvieron los siguientes resultados: participaron tres mil 597 personas, de los cuales dos mil 129 habitantes del lugar votaron a favor, contra mil 468 que lo hicieron en contra y se registraron 468 abstenciones.

El derecho de los pueblos indígenas a votar según sus usos y costumbres, que además está reconocido en el artículo dos de la Constitución General de la República, significa que en el municipio de Bolaños, Jalisco, podrán elegir a sus propias autoridades y sistemas de gobierno de acuerdo a sus tradiciones, en lugar de los métodos convencionales que todos conocemos. Esto les permitirá ejercer su autonomía y autogobierno, respetando su identidad cultural y sistemas normativos propios.

Esta práctica reconoce la diversidad cultural y las formas de organización social propias de cada comunidad indígena, evitando la imposición de un modelo único. El voto, según sus usos y costumbres, no es una exclusión del sistema democrático, sino una forma alternativa de participar en la vida política, respetando sus propias formas de deliberación y toma de decisiones.

Los pueblos indígenas pueden elegir a sus autoridades y representantes sin necesidad de participar en el sistema de partidos políticos. El derecho a votar según usos y costumbres está íntimamente relacionado con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, para que puedan decidir sobre su propio futuro.

Pueden utilizar diferentes formas de voto, como asambleas, votos a mano alzada o por consenso, dependiendo de sus tradiciones y costumbres. Los criterios de elegibilidad para ser candidato o elector pueden variar según la comunidad, pero suelen incluir aspectos como la edad, el conocimiento de la lengua, la experiencia en cargos comunitarios y el respeto a los valores comunitarios. En algunas comunidades, la participación femenina en la toma de decisiones puede ser limitada o inexistente, lo que requiere un esfuerzo para garantizar la igualdad de género en la aplicación de los usos y costumbres.

CARENCIA DE OFERTAS

La determinación de los pueblos indígenas en el país se da ante la falta de ofertas políticas reales de cualquiera de los partidos políticos con registro en la actualidad. Además, es común que, con el sistema vigente, sus gobernantes se designen a través de negociaciones caciquiles, sin alguna consulta previa o —como es costumbre— sean acarreados a mítines o concentraciones en su región o en la zona metropolitana de Guadalajara, como ha ocurrido en innumerables procesos electorales.

Ese hartazgo de los partidos políticos fue, sin duda alguna, uno de los motivos que llevaron a los habitantes de Bolaños a externar su opinión para volver a la elección de usos y costumbres. “Ante la negativa reiterada de autoridades tradicionales wixárikas para permitir la instalación de 12 casillas en su territorio durante los comicios del próximo domingo, las autoridades electorales federales y estatales van a respetar su decisión, aunque sí instalarían casillas especiales en el límite territorial para que quienes deseen participar en la elección sufragando, bajen de la sierra y lo hagan sin conflicto”, así lo consigna una nota informativa del periódico Excélsior del 26 de junio del 2018.

A nivel nacional son 421 los municipios gobernados por usos y costumbres; de estos, 406 están en Oaxaca y el resto en Guerrero, Chiapas y Michoacán. Estos municipios eligen a sus autoridades municipales basándose en sus propios sistemas y tradiciones.

En enero del 2012, Cherán, un pueblo indígena de la etnia purépecha en la región montañosa de Michoacán, se convirtió en ejemplo de organización ciudadana. Primero se organizaron para proteger a sus bosques de los taladores. Luego se atrincheraron, armados, para resistir a las bandas de delincuencia organizada que querían arrasar la comunidad. Y terminaron eligiendo bajo el concepto de usos y costumbres a sus autoridades municipales.

Un concepto simbólico que refleja cómo las comunidades indígenas se organizan de acuerdo a sus usos y costumbres es la cosmovisión, que es la forma particular de ver, entender y relacionarse con el mundo, tanto natural como espiritual, propio de cada pueblo. En muchos casos, las autoridades tradicionales (por ejemplo, los caciques, los ancianos, los chamanes) tienen un papel fundamental en la organización política de las comunidades indígenas.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.

La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.

Un gobernador con prisa y una universidad vigilante

Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.

Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.

La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.

El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?

La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.

Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.

Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.

Poder, autonomía y la sombra de Alfaro

Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.

Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.

Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.

Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.

¿Y ahora qué?

El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.

La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.

En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.