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MUNDO

La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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La rebelión de las masas

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

José Ortega y Gasset, filósofo español, estableció en su obra “La rebelión de las masas”, que data de 1930, que los cambios en las estructuras del poder anticipaban cambios significativos para las naciones. Desde su punto de vista, “las masas” son una nueva clase social. Esta nueva “clase social” no tiene características ni cualidades que la definan, eso sí… es homogénea y ha adquirido poder político y, desde luego, social.

Ortega y Gasset, indica que el poder, en las sociedades antiguas, era detentado por las clases privilegiadas, élites que se consideraban altamente capacitadas para dirigir, para ordenar y guiar a las sociedades.

En el siglo XX, la democracia tiene gran auge. Las masas tienen mayor influencia en la política porque también tienen mejores capacidades que las de antaño; así se alteraron las estructuras del poder. Las masas, señala el filósofo hispano, han tomado el control; ya las élites no son tan abrumadoramente poseedoras de los poderes públicos, políticos y sociales.

Esta nueva situación ha traído un cambio revelador en la sociedad. Es así como la cultura, el pensamiento, el arte han sido influenciados por una realidad moderna y diferente a lo establecido con anterioridad. Ortega y Gasset aclara que este ascenso de las masas, tiene un “lado oscuro”: 1. Que las masas no muestran un interés profundo en el conocimiento ni en la cultura y que el perfeccionamiento personal lo relegan a un plano ínfimo o, lo peor, a nada.

El filósofo no se tienta el corazón al afirmar que “el individuo promedio tiende a la mediocridad; carece de una verdadera visión crítica. Esto, paradójicamente, lleva a una sociedad más homogénea, menos innovadora y propensa a la superficialidad”.

En “La rebelión de las masas”, José Ortega y Gasset critica con esa lucidez filosófica que le caracteriza en sus obras, al “progreso sin dirección”. Considera que la sociedad moderna, basada en la idea de la igualdad y la democracia, “ha perdido el rumbo”… afirma que las élites intelectuales, culturales y políticas, que tradicionalmente guiaban a la sociedad, han sido desplazadas por estas masas homogéneas, “que no tienen la capacidad de generar un pensamiento profundo ni de dirigir al futuro de manera adecuada”.

Por ello, cree el filósofo hispano, que las grandes ideas desaparecerán al no contar con intelectuales y que el dominio de las masas lleve a la decadencia y a la desaparición…de las grandes ideas.

En 1930, cuando se publicó su obra, manifestaba que hay una crisis de autoridad: “En las sociedades modernas ya no existe un respeto genuino por la autoridad, ya sea política, cultural o intelectual”. “Las masas buscan la igualdad en todo; pero es ahí, en la igualdad irrestricta, donde se produce una falta de sentido y dirección”.

La rebelión de las masas es una obra que invita a reflexionar sobre el papel del individuo en una sociedad que, cada vez, es más democrática”. “¿Realmente estamos progresando o estamos perdiendo nuestra capacidad para pensar, crear y vivir de forma auténtica?”

Además, plantea que, en este tipo de sociedades, las masas se rebelan no sólo contra las élites, sino también contra el pensamiento profundo e incluso la cultura; es decir, atenta contra sí misma, contra su propio destino; paradójicamente hay un auge de las ideas antidemocráticas con una postura reformista supuestamente favorecedora de las mayorías.

El progreso entonces significa enterrar instituciones, aunque se sostiene el sistema parlamentario, pero con un tinte totalitario, dictatorial, absolutista y aún…tirano”.

Las masas, sus representantes, son guiadas o guían, según el caso, hacia el conformismo y el menosprecio al que piensa distinto; a quien se ataca, se agrede verbal o físicamente por no estar dentro de la masa, por pensar y actuar de manera independiente”.

Desde ese punto de vista, las masas son maleables, dúctiles y dependientes de quienes se autoproclaman sus representantes. Sus ideólogos no tienen empacho en fomentar la banalidad, la mediocridad e ignorancia para preservarse en los puestos de poder que las masas han conquistado mediante la democracia.

Las masas tratan de destruir y eliminar el talento, la personalidad independiente y a todo aquel que no piense como la mayoría: “Ser diferente es indecente. Las masas arrollan sin pudor ni recato todo lo que es diferente, individual, calificado o selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como las mayorías, corre el riesgo de ser eliminado”. “Vivimos, así, bajo el brutal imperio de las masas”.

El hombre-masa se parece a un niño mimado, que desconoce deberes y límites; a diferencia de las generaciones anteriores que trabajaron y enfrentaron obstáculos para determinar su suerte”. “La generación-masa, toma los logros de la civilización como algo dado, sin preocuparse por preservarlos; el hombre-masa, carece de proyectos, va a la deriva y por eso no construye nada para la sociedad; es perezoso y exigente de privilegios. Defiende a gritos sus pocas ideas que son, la mayoría de las veces, banales”.

Emite opiniones de todo, “guiadas” o copiadas de quienes encabezan a esta nueva generación de ciudadanos… y las repite hasta el cansancio con el fin de establecerlas como única y total verdad. Estamos, según Ortega y Gasset, “en un sistema con el universal derecho a no tener razón, lo que constituye la razón de la sinrazón.”

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El tormento de Tántalo: Políticos que no aprenden a administrar el poder

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La semana pasada reflexioné sobre la necesidad de mantener un equilibrio en la política, recurriendo a las figuras de Sísifo e Ícaro para ilustrar cómo el poder, en su naturaleza cíclica, siempre conlleva ascensos y caídas. Sísifo nos enseñó la persistencia frente a lo inevitable; Ícaro, los peligros de volar demasiado alto.

Sin embargo, la lección central sigue siendo la misma: las caídas son inevitables, y el verdadero arte del liderazgo radica en saber administrar el poder mientras se tiene, en lugar de sucumbir a su seducción o desperdiciarlo en excesos.

Lamentablemente, los líderes políticos actuales parecen haber olvidado esta verdad milenaria, atrapados en un ciclo de ambición, arrogancia y desconexión que los condena a repetir errores del pasado. Para entender este fracaso, recurramos ahora a otro mito griego: el de Tántalo, cuya historia revela con precisión quirúrgica las fallas de quienes ostentan el poder hoy.

Tántalo, en la mitología griega, era un rey favorecido por los dioses, invitado incluso a sus banquetes celestiales. Sin embargo, su codicia y su arrogancia lo llevaron a traicionarlos: robó néctar y ambrosía para compartirlos con los mortales y, en un acto aún más atroz, sacrificó a su propio hijo Pélope para probar la omnisciencia divina. Su castigo fue eterno y cruelmente simbólico: condenado en el inframundo a estar sumergido en agua hasta el cuello, con frutas colgando justo fuera de su alcance, Tántalo sufre hambre y sed perpetuas.

Cada vez que intenta beber, el agua se aleja; cada vez que estira la mano hacia las frutas, estas se elevan. Es un tormento de deseo insatisfecho, un recordatorio de que el poder mal administrado no solo destruye a quien lo ejerce, sino que lo deja en un estado de miseria eterna.

Los líderes políticos de nuestro tiempo son, en muchos sentidos, modernos Tántalos. Tienen a su disposición recursos inimaginables —dinero, influencia, tecnología, apoyo popular— y, sin embargo, parecen incapaces de saciar su hambre de más. En lugar de usar el poder para construir algo duradero, lo despilfarran en proyectos vanidosos, promesas vacías o en la persecución de una aprobación efímera.

Pensemos, por ejemplo, en los gobernantes que llegan al poder con discursos grandilocuentes sobre el bienestar colectivo, pero que pronto se enredan en escándalos de corrupción o en políticas que benefician a unos pocos mientras el resto se hunde en la precariedad. El agua está ahí, al alcance, pero ellos mismos la alejan con sus decisiones.

Uno de los fracasos más evidentes de estos líderes es su incapacidad para reconocer la naturaleza cíclica del poder. Como señalé antes, el poder no es un estado permanente; es un flujo, una marea que sube y baja. Sin embargo, muchos actúan como si su mandato fuera eterno, como si las elecciones, las crisis o las revoluciones no estuvieran ya gestándose en el horizonte.

Esta miopía los lleva a priorizar el corto plazo sobre el legado, a gastar su capital político en victorias superficiales en lugar de sembrar las bases para una estabilidad futura. Tántalo, al menos, tuvo la excusa de la tentación divina; nuestros líderes solo tienen la excusa de su propia ceguera.

Otro aspecto del tormento de Tántalo que resuena en la política actual es la desconexión con las necesidades reales de la gente. El rey griego, en su afán por impresionar a los dioses, olvidó a los mortales que dependían de él.

Hoy, vemos líderes que parecen más interesados en las cámaras, los titulares o las cumbres internacionales que en las calles de sus propios países. Mientras el agua de la confianza pública se evapora y las frutas de la prosperidad se alejan de las mayorías, ellos siguen estirando las manos hacia una gloria personal que nunca alcanzan.

Pensemos en los discursos vacíos sobre el cambio climático mientras las emisiones siguen subiendo, o en las promesas de igualdad que se diluyen en estadísticas de pobreza creciente. Es el mismo patrón: el poder está ahí, pero su administración es un espejismo.

La arrogancia, quizás el pecado más grave de Tántalo también define a muchos líderes actuales. Creyéndose intocables, subestiman las consecuencias de sus actos. Tántalo pensó que podía engañar a los dioses; los políticos de hoy creen que pueden engañar a la historia. Pero el poder, como el agua y las frutas del mito, siempre encuentra la manera de escaparse de quienes lo maltratan.

Las revoluciones, las urnas o simplemente el paso del tiempo terminan por recordarnos que nadie es inmune a la caída. Ejemplos sobran: regímenes que parecían inexpugnables han colapsado en meses, presidentes que se creían imprescindibles han sido olvidados en semanas. El ciclo sigue su curso, implacable.

Entonces, ¿por qué fallan estos líderes en administrar el poder? Porque, como Tántalo, han perdido de vista el propósito del privilegio que se les otorgó. El poder no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para servir, para equilibrar, para construir.

Sin embargo, en lugar de aprender de las caídas de sus predecesores, se entregan a la misma codicia, la misma desconexión, la misma arrogancia. No ven que el agua y las frutas no están fuera de su alcance por un capricho del destino, sino por sus propias manos. El tormento no es el castigo; el tormento es la incapacidad de aprender.

Volviendo a Sísifo e Ícaro, la lección se completa con Tántalo: el poder exige humildad, paciencia y sacrificio. Sísifo nos enseñó a seguir empujando la roca; Ícaro, a no volar demasiado cerca del sol; Tántalo, a no “estirar la mano” hacia lo que no podemos sostener.

Los líderes actuales, atrapados en su propio inframundo, podrían evitar su destino si tan solo miraran hacia arriba y reconocieran que el poder no se trata de acumular, sino de administrar con sabiduría. Hasta que no lo hagan, seguirán condenados a ver cómo el agua se aleja y las frutas se elevan, mientras el ciclo del poder, eterno e indiferente, espera su próxima caída.

 

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Los narcos gringos (segunda parte)

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Opinión, por Gerardo Rico //

En el ecosistema de la distribución de estupefacientes en Estados Unidos, un broker es un individuo que se maneja de manera independiente para concretar negocios entre un productor y un vendedor o distribuir drogas a cambio de una cuota.

El broker se encarga de toda la infraestructura y la logística para mover la droga del punto de partida al punto final. La particularidad de su trabajo consiste en que no tienen a su cargo la responsabilidad de ingresar la droga al país.

“Un broker no marca una diferencia, no distingue; tanto puede trabajar con el Cártel de Juárez, como con el de Sinaloa, con los Zetas, o con los tres al mismo tiempo”. La particularidad de un broker del narcotráfico gringo es que no tiene lealtades, ni firma contratos de exclusividad con nadie: trabaja para el mejor postor, con el cártel que mayores beneficios económicos le aporte, con narcotraficantes pequeños o con cualquier grupo criminal.

Cuando le salen bien las cosas, el broker hace un negocio redondo porque técnica y financieramente recupera todo el dinero que invierte, sin contar los dólares que se embolsa y que tiene garantizado bajo el acuerdo con los cárteles del narcotráfico internacional, su porcentaje de ganancia. Hay que reiterar: en Estados Unidos no hay cárteles, sino pandillas y narcotraficantes independientes.

En el libro «Los narcos gringos, una radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos», del periodista Jesús Esquivel, se pregunta ¿Cuánto dinero le cuesta a un broker fletar la droga de los cárteles mexicanos? De acuerdo a Óscar Hagelsieb, quien fue agente especial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y se infiltró en agrupaciones de motociclistas que trasladan droga a lo largo y ancho de la Unión Americana, señaló que las cantidades de pago dependen del tipo de droga que se trate y del destino final de la misma.

“El transporte de un kilo de cocaína que se lleva de El Paso a la zona de Chicago se puede cobrar hasta en dos mil dólares. El dinero que el broker paga a la empresa de camiones de transporte público o comercial, o al chofer independiente, no sale directo de su bolsillo, sino del de los distribuidores de la mercancía en Estados Unidos, quienes a su vez la entregan a sus despachadores, que al menudeo la venden en calles, escuelas, centros nocturnos de diversión, bares, cantinas, iglesias, centros financieros y hasta a domicilio”.

Una parte importante de la violencia que existe en Estados Unidos tiene que ver con las disputas entre pandilleros por el control del tráfico de drogas al menudeo, de acuerdo al jefe de Operaciones de la DEA Jak Riley. Matiza que las pandillas callejeras y las bandas o clubes de motociclistas de su país son una necesidad del narcofráfico internacional: define sus actividades como “crimen organizado urbano”.

La eliminación de las pandillas callejeras es una tarea casi imposible de concretar, por lo menos mientras se mantenga la tendencia a la alza en la demanda y el consumo de drogas en Estados Unidos. Al problema de narco pandillas callejeras hay que sumar el de las bandas o clubes de motociclistas involucrados en el tráfico de drogas provenientes de México.

“Los conocemos como outlaw motorcycle gangs, son pandilleros que se hacen pasar por integrantes de clubes de motociclismo recreativo, cuando en realidad son delincuentes”, señala Oscar Hagelsieb. Existe un último escalón del narctráfico en Estados Unidos en relación con las pandillas callejeras: la distribución y la venta de droga dentro de las cárceles municipales y estatales.

Miembros de las pandillas acuden a tiendas de autoservicio para robar cualquier cosa e intencionalmente se dejan arrestar por la policía. Les inician juicios en los que reciben sentencias de tres o cuatro años y a través de redes establecidas dentro de las prisiones primero dominan el territorio y posteriormente inician con la distribución de droga que es introducida por familiares, amigos y hasta personas que son enviadas por los líderes de las pandillas

Otra manera de repartir droga en todo el territorio de Estados Unidos son los narcocamioneros, al igual que los motociclistas la tarifa es de acuerdo al tipo de droga y al destino final donde se entregará. En las compañías de transporte interestatal existe un personaje clave para la logistica del traslado de droga y es el despachador, “un despachador tiene la capacidad de poner un camión en cualquier parte de la Unión Americana. Regularmente es un operador directo del broker y de los cárteles mexicanos”.

Los operadores que trabajan para empresas de carga comercial privada son una pieza importante para el rompecabezas del narcotráfico en Estados Unidos. Con pagos menores a los que reciben los narcocamioneros que salen de la frontera sur con cargamentos de droga, sus colegas de empresas privadas regularmente hacen fletes dentro de un mismo estado.

Más del 65% de las 500 mil empresas de transporte de carga comercial infraestatal que tiene registradas el Departamento del Transporte, tienen su sede en los cuatro estados de la frontera sur de Estados Unidos: Texas, Arizona, Nuevo México y California.

Las ganancias del narcotráfico en México ascienden a más de 500 mil millones de dólares al año. Analistas en México y Estados Unidos coinciden en que al Presidente Donald Trump lo que menos le interesa es acabar con los cárteles de la droga en nuestro país y viene por las ganancias del narco, ante el quiebre económico y el déficit que muestran los números de la Unión Americana.

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