MUNDO
La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido
Por María Luisa Ramos Urzagaste //
Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.
Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.
El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.
Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».
Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO
Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».
A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.
EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.
Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».
El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.
A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.
Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.
UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO
La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.
Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.
La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.
Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.
Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO
El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».
Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes.
¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?
LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS
Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».
Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?
Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.
CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS
En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.
El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.
El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.
Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.
La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».
EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA
La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».
El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.
Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.
Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.
Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».
La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.
¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?
Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.
La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.
Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.
Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.
El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.
En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.
Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.
Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.
– Por Mario Ávila
El Ballet Folclórico de Guadalajara se presentó en el Rosemont Theatre de Chicago, en el evento estelar de la Segunda Ruta de la Gira Internacional 2025, México en el Corazón.
Los bailarines tapatíos compartieron escenario con el Mariachi Estelar de México en el Corazón y la Banda Orquesta Colores, y presentaron estampas, música y canciones de Guanajuato, Yucatán y Jalisco ante los más de 4 mil 400 asistentes.
Este espectáculo se realiza anualmente e incluye al Mariachi Estelar como uno de sus principales artistas, junto con el Ballet Folclórico Guadalajara y la Banda Orquesta Colores.
Participaron en el evento Sergio Suárez, presidente de NAIMA (North American Institute for Mexican Advancement); Ron Serpico, alcalde de Melrose Park; Susana Mendoza de Illinois Comptroller; Reyna Torres, cónsul general de México en Chicago; Andrea Blanco, coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco; y Manuel Romo, secretario de Gobierno del Gobierno de Guadalajara.
Esta es la segunda parada de la ruta de México en el corazón, la primera fue en la Ciudad de Sioux City, en Iowa en donde se presentó por primera vez, y más de mil personas asistieron a disfrutar de este espectáculo.
La gira continuará por el Medio Oeste, Sur y la Costa Este de los Estados Unidos.
Para fechas y ciudades entrar en este sitio web: http://www.mexicoenelcorazon.org
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
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