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La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua “gestionada de forma segura”.

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que “más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas”.

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que “el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable”, no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua “se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país” por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y “solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar”.

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además “por medio de un cartel”. Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer “razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización” y deben adjuntar “las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren”.

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como “la guerra del agua“.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas”.

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes” donde “los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que “el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado”.

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado” implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina “demanda inelástica“, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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Las otras muertes registradas durante la pandemia: El negocio del miedo y las verdades a medias

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Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

Como usted sabe la mayoría de los países han iniciado una campaña de vacunación intensiva vs Covid19 para adultos de acuerdo a sus propias capacidades. Hasta hoy hemos visto que dicho virus afecta mucho más a personas de edad media y avanzada que a personas de edad media y joven o infantes. Aunque los jóvenes y niños también padecen de Covid19, parece que su cuerpo esta mejor equipado para combatirlo sin tener mayores problemas. Veremos si las variantes del bicho siguen esa tendencia.

Durante el 2020 los ciudadanos han aceptado medidas de confinamiento y de restricciones no pensadas posibles en la era moderna. Con el pretexto de la salud se ha obligado a millones a seguir “remedios” que han servido u otros que sólo han sido un fraude.

La ambición desmedida se ha unido con la ciencia y el pánico para obtener poder y dinero para unos cuantos, a costa de la salud física y mental de miles de millones.

Antes de ordenar y aceptar otra medida universal de emergencia, de favor consideremos los números y efectos de la medida de emergencia del 2020.

¿SE NOS PASÓ LA MANO?

Medidas draconianas y vacunas para jóvenes y niños sin saber sus efectos a largo plazo y a pesar de que la enfermedad del Covid19 les afecte poco.

En fecha reciente la ONU publicó un estudio hecho para medir los efectos en niños, adolescentes y mujeres en el sur de Asia integrado por ocho países, a un año de las drásticas medidas de confinamientos masivos. Iré al grano, según dicho reporte estas medidas causaron la muerte a cuando menos 228 mil niños.

Así es, un cuarto de millón de inocentes fallecieron porque sus padres o tutores se tuvieron que fletar o incluso festejaron las medidas de encierros, cancelación o dilación de servicios médicos y educativos así como el “distanciamiento social” impuestos por las autoridades para tratar de frenar el contagio del el Covid-19.

Usted puede consultar esta cifra y otros datos interesantes en el estudio titulado “Estudio de los efectos directos e indirectos de la respuesta en contra de la pandemia del Covid-19 en el sur de Asia”.

Estos países son: India, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Bután, Maldivas, Nepal y Afganistán. Su población total acumulada es de 1.8 miles de millones de personas, han reportado 13 millones de enfermos de coronavirus y 113 mil muertes por ese virus. Es decir que hubo más del doble de muertes de menores por los encierros que las muertes totales por la pandemia.

Claro que muchos alegarán que hubo menos muertes de COVID gracias a los encierros y eso no se sabrá nunca, pero lo que sí se sabe es que hay miles de muertes más por sus medidas generales y muy prolongadas. Los excesos son malos, hasta los de protección.

En este estudio que poco se ha difundido, encontramos indicios de la tragedia autogenerada. Muchos dirán que fue por error, por ignorancia pero pocos tendrán el valor de admitir o denunciar que fue por soberbia y por ambición que acompañando al miedo nos obligan a aplicar medidas de emergencia por largos periodos.

El estudio evalúa temas como desnutrición, mortandad infantil, inmunización en contra de otras enfermedades que a diferencia del Covid19, sí matan o incapacitan a los menores, enfermedades mentales y acceso a la educación. En algunos de esos países la mortandad infantil creció hasta en un 15%, y las enfermedades mentales en más de un 21% , ni qué decir del daño sicológico temporal o permanente.

En dicho estudio también se encontró que hubo 3.5 millones de embarazos no deseados por falta de acceso a medidas preventivas y 400 mil de las mismas fueron entre adolescentes.

Conocer el efecto total de las medidas como los encierros tardará años, pero algunos de sus primeros “resultados” no son nada alentadores. Dentro de esas 228 mil muertes encontramos casi seis mil por falta de atención en malaria, tifoidea y tuberculosos.

Otro ejemplo es el de las 11 mil mujeres que fallecieron por mala o nula atención durante el parto o el embarazo.

Aunque no es parte del grupo de países que forman parte de ese estudio, veamos que en el 2019 en EUA fallecieron más de 4 mil menores ahogados en albercas, ríos o lagos, en comparación con los 170 que han muerto por Covid19, y no veo a nadie obligando al cierre de las actividades acuáticas o mandando con la policía clases de natación para todo aquel que quiera subirse a una lancha o comprar un traje de baño. Ni que decir de las muertes por accidentes vehiculares o por bebidas alcohólicas.

Las muertes de menores y mujeres aquí mencionadas en los países del Sur de Asia, son adicionales a las que se daban en ese grupo poblacional durante los años del 2019 y 2018 y se han relacionado directamente con las carencias y efectos que causaron las medidas relacionadas con la pandemia.

¿Se atreverá alguien a realizar un estudio similar a nivel mundial?, más aun, ¿se atreverán a publicarlo?

Yo estaba esperando aplicarme la vacuna de inmediato, de hecho sigo pensando que es un milagro de la ciencia moderna la tecnología utilizada por Moderna y Pfizer, pero creo que el aplicar vacunas obligatorias a nuestros menores debiese ser tema de estudio detenido.

En resumen “las medidas generalmente restrictivas impuestas para atender y atenuar el contagio y la expansión del Covid-19 han contribuido en el aumento de las muertes” sentenció el médico Atnafu Getachew Asfaw responsable de la investigación, valiente y aún empleado de la OMS-ONU que debería darle una clase al titular de la OMS, el filósofo Tédros Adhanom, y a varios más que a catorce meses del inicio de sus “medidas temporales”, no han aprendido nada.

Por lo general el Covid-19 mata a personas en condiciones especiales de enfermedad o debilidad previa, pero la pobreza generalizada y la ignorancia matan mucho más. Si las cifras del sur de Asia fuesen similares en proporción al resto del mundo, podríamos decir que por cada muerto de Covid19 habríamos generado otros dos por los encierros. Naturalmente el sur de Asia es pobre y muchos podrían decir que esa es una de las razones por las que los encierros causaron tanto daño. Si es así, entonces podríamos decir que dichos efectos se repitieron en los países medios y pobres del resto del planeta.

Algunos han tratado de alinear las muertes de Covid-19 por raza pero si vemos países o regiones de varios países, veremos que eso no es constante, pero lo que sí es constante es la mala alimentación y sus múltiples enfermedades asociadas. Si queremos estar mejor debemos comer y actuar mejor.

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El impacto del confinamiento social: Avance del e-commerce, adiós a grandes centros comerciales

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Economía Global, por Alberto Gómez R. //

La economía digital sigue avanzando y, al tiempo que se continúa conformando el contexto para el Gran Reseteo económico global, los modelos de negocio se transforman y otros desaparecen. Tal es el caso de los enormes centros comerciales (shopping malls) específicamente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de espacios comerciales de todo el mundo, con 2.2m2 por habitante; comparativamente, en China son 0.37m2 por persona –una sexta parte que EE.UU.- que ahora tiene en su territorio algunos de los más grandes centros comerciales a nivel mundial.

La desaparición de los centros comerciales estadounidenses -en serios problemas financieros a la par del crecimiento del e-commerce- se ha desarrollado durante décadas.

Pero después de años de especulación sobre cuál podría ser la causa última de su ruina, y cuándo, parece que la pandemia del coronavirus de 2020 parece marcar el punto de no retorno para cientos de centros comerciales en los EE.UU.

Esto se debe a que debido al confinamiento social, restricciones de proximidad y cierre de tiendas físicas durante muchos meses debido a la pandemia, obligaron a los consumidores a aprender a comprar más de las cosas que les gustan, quieren y necesitan en línea, luego de que se ordenaron estrictas restricciones de distanciamiento social para ayudar a detener una marea de casos crecientes de COVID-19.

Los propietarios de centros comerciales ya estaban lidiando con la caída de los alquileres minoristas y la migración de más compradores estadounidenses a las compras en línea mucho antes de la pandemia, que en la primera mitad de 2020 ayudó a acelerar la bancarrota de minoristas de Estados Unidos cuando los cierres de tiendas alcanzaron un récord: más de 8,700 tiendas de grandes cadenas minoristas cerraron durante 2020, entre estas: Stein Mart, Men’s Wearhouse, Lord & Taylor, Microsoft, GNC, JCPenney, Victoria’s Secret, Nordstrom, Sears, Ascena Retail Group (AnnTaylor, LOFT, Lou & Grey, Lane Bryant, Justice, Catherines), Pier 1 Imports, Forever 21, GAP (casi 400 tiendas cerradas), Macy’s, Bed, Bath & Beyond; Express, Neiman Marcus, The Frye; Walmart; y otras muchas.

El espacio vacante es difícil de llenar durante la peor crisis de salud mundial en un siglo, lo que ejerce una presión a la baja sobre los alquileres cobrados y podría significar el fin de aproximadamente el 30-35% de los centros comerciales de EE. UU., Según un equipo de analistas de Morgan Stanley dirigido por Richard Hill, jefe de investigación de bienes raíces comerciales de EE. UU.

Los alquileres de los centros comerciales ya cayeron un 42% estimado este año desde su pico de 2007 de $278 dólares por pie cuadrado según el área bruta alquilable, mientras que el comercio electrónico representó una participación del 44% de las ventas de tiendas en centros comerciales en 2020, contra solo el 8% en 2010, según el equipo.

Para 2021 anticipan una recuperación en los alquileres de los centros comerciales a aproximadamente el 24% de sus máximos históricos de 2007, pero no lo suficiente para evitar el cierre de más centros comerciales. (marketwatch.com)

En los últimos años, el comercio electrónico se ha convertido en una parte indispensable del marco minorista global. Como muchas otras industrias, el panorama minorista ha experimentado una transformación sustancial tras la llegada de internet y, gracias a la digitalización en la vida cotidiana moderna, los consumidores de prácticamente todos los países ahora se benefician de las ventajas de las transacciones en línea. A medida que el acceso y la adopción de internet aumentan rápidamente en todo el mundo, el número de compradores digitales sigue aumentando cada año. En 2020, más de dos mil millones de personas compraron bienes o servicios en línea, y durante el mismo año, las ventas minoristas electrónicas superaron los 4.2 billones de dólares estadounidenses en todo el mundo.

Los usuarios de Internet pueden elegir entre varias plataformas en línea para buscar, comparar y comprar los artículos o servicios que necesitan. Si bien algunos sitios web se dirigen específicamente a clientes B2B (empresa a empresa), a los consumidores individuales también se les presenta una gran cantidad de posibilidades digitales. A partir de 2020, los mercados en línea representan la mayor parte de las compras en línea en todo el mundo. A la cabeza de la clasificación mundial de sitios web minoristas en línea en términos de tráfico se encuentra Amazon: el gigante del comercio electrónico con sede en Seattle (EE.UU.) que ofrece comercio electrónico, servicios informáticos, electrónica de consumo y contenido digital registró más de 5.200 millones de visitantes únicos en junio de 2020, y tan sólo en el cuarto trimestre alcanzó ventas por más de 100 mil millones de dólares. Gran parte de su éxito es debido al estratégico manejo de la información que poseen de los consumidores (data), y a la inversión permanente en tecnología y la mejora continua en su cadena de suministro (logística).

En términos del Valor Bruto de la Mercancía (GMV), sin embargo, Amazon ocupa el tercer lugar detrás de los competidores chinos Taobao y Tmall. Ambas plataformas son operadas por Alibaba Group, el principal proveedor de comercio en línea en Asia.

En 2020, el valor de las ventas minoristas de comercio electrónico en China ascendió a alrededor de 2.3 billones de dólares estadounidenses, frente a los 1.8 billones del año anterior. Se pronosticó que esta cantidad alcanzaría los 3.57 billones de dólares estadounidenses en 2024. Las proyecciones para 2021 son que al menos el 50% de las compras hechas en China se harán en línea. Tan sólo tres grandes empresas de ventas en línea (Alibaba, JD.com, y Pinduoduo) tienen casi el 80% del mercado.

La mayoría de los principales minoristas en línea ya se están preparando para el siguiente paso en las transacciones comerciales: la compra con criptomonedas como el Bitcoin (BTC). PayPal, una de las mayores compañías de pago por Internet del mundo ya acepta pagos hechos con Bitcoin y otras criptomonedas; de la misma manera, Visa y Mastercard aceptan ya pagos con BTC, con lo que se continúa fortaleciendo el ecosistema de las Finanzas Descentralizadas (DeFi); esto una de las razones por las que el Bitcoin ha alcanzado un nuevo histórico de precio: $64,600 dólares.

Al parecer las predicciones hechas por expertos comienzan a cumplirse, ya que algunas de ellas, las más conservadoras, dicen que el precio de la criptomoneda madre, el Bitcoin, alcanzará en 2021 un precio de al menos $100 mil dólares por unidad.

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Las disputas por Mar de China Meridional: Tensión internacional aumenta, sube precio de los commodities

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Economía Global, por Alberto Gómez R. //

La escalada de tensiones internacionales se acrecienta. Al asumir el cargo presidencial el demócrata Joe Biden, era seguro que Estados Unidos buscaría por la vía bélica tratar de conservar su poderío ya en franco declive, ante el ascenso de nuevos poderes económicos, políticos y militares en el orbe, que han significado el fin de la hegemonía estadounidense.

Washington y sus aliados en Oriente –entre ellos Japón- evidencian a cada movimiento sus intenciones sobre su gran rival: China. Las disputas por el Mar de la China Meridional escalan de tono, a la par que se lanzan acusaciones de uno y otro bando tratando de legitimar su presencia militar en la región.

El mar de la China Meridional o el mar del Sur de China es el nombre usado comúnmente para referirse al principal cuerpo de agua del Sudeste Asiático, pues sus aguas bañan las costas de ocho países de la región. La Organización Hidrográfica Internacional (IHO, por sus siglas en inglés) acuñó el nombre South China Sea (su traducción en español es mar del Sur de China) en su publicación Limits of Oceans and Seas en 1953.

Los Estados que limitan con el Mar de China Meridional son los siguientes: Brunéi, Camboya, China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Vietnam, Malasia y Filipinas desde hace algunos años han reclamado ante la Corte Internacional de Justicia su soberanía en las plataformas continentales que se extienden sobre esta región del Mar de China Meridional, logrando fallos a favor de estos, pero que China se niega a acatar, haciendo caso omiso, bajo el reclamo más del 80 por ciento de la región como suya.

Esta región es rica en recursos pesqueros, petróleo y gas natural, y las rutas marítimas que pasan por el Mar de China Meridional son de las más transitadas del mundo, es por ello que esta zona es tan importante para los países en disputa. Naciones occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido también alegan que los conflictos en este mar comprometen la libre navegación en los mares y el comercio internacional, por lo que de escalar a un conflicto mayor, podrían adherirse otras naciones.

Los ejercicios militares llevados a cabo por las naciones circundantes a dicha zona, se han venido desarrollando con mayor frecuencia y amplitud cada vez. En 2019 Taiwán llevó a cabo los mayores ejercicios militares en su historia, bajo un escenario que simulaba la invasión de China sobre su territorio.

Taiwán es una nación insular (isla) a 180 km al este de China, reclamada por el gobierno popular chino como extensión de su territorio bajo argumentos históricos que datan de hace 1700 años, cuando comenzó la explotación de la isla por los chinos. Taiwán ha sido motivo de invasiones y guerras entre países no sólo de oriente, sino de países occidentales como Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

Aunque Taiwán es territorio de China, son dos gobiernos y visiones del mundo totalmente distintas; mientras el taiwanés es un gobierno democrático y abiertamente occidentalizado con reminiscencias de la China Imperial, el gobierno del Partido Comunista Chino (PCCH), impuso un nuevo orden totalmente cerrado a las influencias de occidente a partir del fin de la guerra civil china, en 1949.

Al incrementarse las tensiones políticas entre Taiwán y China, EE.UU. juega el papel de defensor del país insular, ya que es el pretexto ideal para su presencia militar en aquella zona, ahora continuamente patrullada por la armada china, que aumenta en poder y número su vigilancia, así como las maniobras militares que buscan demostrar el poderío del gigante asiático, y disuadir a sus adversarios de cualquier maniobra en su contra.

Las relaciones entre China y EE.UU. podrían desencadenar un conflicto bélico de alcances mayores si los halcones de Washington continúan con su discurso belicista y confrontador, aun a sabiendas que en una guerra armada con China, Estados Unidos perdería, según cálculos hechos por las súper-computadoras del Pentágono.

El clima de tensiones políticas internacionales, impactan directamente en la economía global, agregando a este coctel la crisis económica del covid-19, que ahora comienza a mostrar su verdadero impacto.

En una columna de opinión de The Wall Street Journal, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, racionalizó y defendió el rescate ultra radical -antes inimaginable y verdaderamente atroz- de los titulares de activos (acciones y bonos) desde hace un año por parte de la Fed, cuando en tan sólo tres meses emitió 3 billones de dólares y adquirió activos con ellos, anunciando en los medios tales adquisiciones, así como muchos más billones para futuras compras, para inflar aún más los precios de los activos, haciendo inmensamente ricos a sus titulares. Esta es la razón por la que la desigualdad de la riqueza sigue continua en aumento, incrementando así en 85.6 billones de dólares al 10% superior de los estratos más ricos en EE.UU. Esto quiere decir que el 1% de aquel país –los más ricos- entre el 4º. Trimestre del 2019 y el del 2020, han aumentado su riqueza en 11.7 millones de dólares por persona.

Sin embargo, todo este mar de dinero requiere de legitimidad para continuar su ciclo económico y alargarlo el mayor tiempo posible, porque saben que de ello depende su supervivencia como potencia mundial y es por ello que, como su negocio más rentable son las guerras, comienzan a provocar una oleada de inestabilidad en varias regiones del mundo y no únicamente en el Mar de la China Meridional, sino en Asia, Europa Oriental y Latinoamérica.

Las tensiones políticas internacionales generalmente tienen impacto en algunos commodities como el petróleo, oro, plata, granos, así como en acciones de empresas de logística y del ramo tecnológico, lo que genera un aumento en el precio de los insumos y productos elaborados. Aunado a lo anterior, los conflictos o problemas en puntos geoestratégicos para el tránsito marítimo y comercio internacional, como el Mar de China Meridional, el Canal del Suez –que estuvo cerrado durante 6 días y provocó pérdidas de miles de millones de dólares- o el estrecho de Ormuz –por donde transita el 21% del petróleo líquido mundial y un 1/3 del gas natural del mundo- con la tensión constante entre EE.UU. e Irán que ponen en riesgo ese importante paso marítimo, han provocado el aumento exagerado en el precio de los servicios logísticos, que se refleja en los bolsillos de los consumidores tan fuertemente golpeados desde 2020 con la caída de la economía mundial y el descenso de la demanda, que ha generado graves distorsiones al ciclo económico natural, incrementando las desigualdades económicas en todo el mundo.

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