Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

La semana pasada, el grupo de los cuatro países llamados QUAD, integrado por Japón, India, Australia y Estados Unidos, al que también se ha unido Corea del Sur, se reunió para buscar medidas de independencia con respecto al monopolio de China en el mercado de los minerales llamados “REEs”, tierras raras en español.

El llamado QUAD fue impulsado allá por el 2007 por Enzo Abe, ex primer ministro de Japón, asesinado hace un par de años. Desde su creación ha sido un grupo más diplomático que otras cosas, con el fin de mantener la libre navegación en el Pacífico, en especial en la región del Océano Índico en donde China ha ido amenazando a sus vecinos.

China es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo se llega al control mundial, mientras que las potencias occidentales se debatían entre pronombres y definiciones para dar nombres a deseos sexuales.

Durante la historia de la civilización, los minerales han sido pieza clave que permite a quien los controla poder de influencia para dominar a pueblos y naciones. Podemos hablar de oro, plata, cobre y hasta de la sal, todos básicos e imprescindibles. Unos caros, otros baratos, pero todos muy importantes. De acuerdo con la etapa en la que se encuentra cada civilización, es el uso de los minerales y la prioridad que le asignan.

Podemos hablar de la sal para poder preservar alimentos, purificar y como moneda de cambio, de la pólvora y el acero para las guerras contra armadas de bronce o hierro, del carbón y las mezclas de minerales para la revolución industrial, del petróleo y después del gas y la energía nuclear.

Todo es minerales y su debida transformación. Algunos países de manera activa han promovido la industrialización mineral, otros la consolidación de sus estrategias comerciales cuando no tienen esos minerales en sus propios países, pero las grandes potencias de la humanidad han podido consolidar la capacidad de extracción mineral, de proceso, de comercio interno y externo y de uso para generar artículos de valor agregado. No es una receta secreta sino una receta amarga. Es trabajar o apostarle al futuro. Lo han hecho todos los países y los empresarios más exitosos de la historia.

Pero entremos a hablar de los REEs. En realidad, no son tan “raras” sino que requieren de mucho trabajo mecánico y energético para su purificación. Se identifican a 17 minerales que son de este grupo mismos que son base para la tecnología moderna. China se dio cuenta que tenía estos minerales desde hace casi un siglo allá por 1927.

Así las cosas, China se puso a trabajar en lo que otros no querían hacer. Durante 70 años no pasó casi nada, pero en los 80´s ese gobierno empezó a dar incentivos fiscales a la producción y exportación de esos minerales, en los 90´s la declararon una industria estratégica y 2 años después ya eran el principal productor del mundo. En lograr de bajar la velocidad invirtieron más y presionaron a otros países a dejar sus propias industrias para ser clientes de China. Para el año 2000 ya eran el productor monopolio mundial lo que se ha mantenido.

Una vez que China dominó el mercado de esos minerales los ha utilizado -como todas las potencias lo harían- para presionar o premiar a amigos y enemigos. Un ejemplo nos lo da el pleito territorial del 2010 en el que China prohibió la exportación de esos minerales a Japón y así lo ha hecho con todos los países desarrollados con los que ha tenido diferencias incluido EUA en el 2019 y ahora en el 2025. Los bloqueos han durado poco, pero muestran que pueden generar falta de continuidad en cadenas de producción de industrias de todo tipo desde equipos de comunicaciones hasta la industria militar y energética.

EUA, Canadá, Japón, Corea y claro Europa sabían de estos minerales descubiertos hace casi 300 años, siendo el primero de los 17 en Suecia por el año 1787 y de ahí en otros lados. Pero los del G7 y sus aliados cayeron en la complacencia y dejaron a China el campo de desarrollo. Razones hay muchas, pero todas son excusas. El valor estratégico de estos minerales era sabido desde los años 50 del siglo pasado cuando se dieron cuenta que eran necesarios para las televisiones y algunos aparatos de comunicación.

Esos años coinciden con la fecha en la que China empezó a explotarlos de manera muy modesta, pero ya en los 70, cuando el mundo empezó a ser tecnificado, Occidente y el propio Japón no previeron nada. Fue China quien incentivó la inversión extranjera con la apertura a partir de la relación con Nixon, que también fue impulsada por Luis Echeverria.

Dejemos los 90 años de demora. Durante los últimos 50 años, Occidente siguió apostando a hacer todo en China, y los chinos de manera obvia y natural aprovecharon la ventaja. Ahora Occidente busca alternativas, como se ve con el QUAD -cuarteto- de países del Indo-Pacífico, pero lo mismo aplica para Europa, y habrá que ver qué representa esto para el resto de Asia.

Es fácil entender que las potencias utilizan sus armas para posicionarse; así lo hicieron los turcos con el comercio, los árabes con el petróleo, los estadounidenses con las armas y ahora los chinos con las tierras raras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo único raro de los minerales “raros”, es que alguien quiera hacer el trabajo duro y constante para obtenerlos. Son tan comunes como el cobre en la corteza terrestre. México tiene detectadas millones de toneladas de esos minerales. Si Estados Unidos y Europa quieren, podemos ser socios estratégicos, incluso para la industria maquiladora, de electrónicos, o de autos, que tanto aman nuestros expertos en comercio desde Herminio Blanco hasta la fecha.

Como sugerencia y al margen de esta nota. Reitero mi modesta propuesta y solicitud al gobierno federal y a los de los estados para que detonen la industria de minería con valor agregado que tanto podría darnos. No es un tema de la 4T sino de décadas de abandono enfocadas en la industria de autos y de la maquila fronteriza que han llevado a que la Secretaría de Economía que se comió a la subsecretaria de minería durante el sexenio de Don C. Salinas, no tenga área para la promoción de la industria química de los minerales que abundan en nuestro país.

Para nuestro país las oportunidades son inmensas. La pregunta es: ¿queremos hacer el trabajo? EEUU lo hizo, China lo hizo, Japón lo hizo, ¿lo haremos nosotros o nuestros hijos? Ojalá lo vea en mi tiempo. Pero si no lo veo, es bueno recordar a los jóvenes que el mayor bien es nuestro esfuerzo propio.

El capital humano. Así, Israel es el principal productor de flores y China el de los REEs. Estados Unidos y sus habitantes se arriesgaron y han dado grandes tecnologías al mundo, lo mismo otros países antes y seguro otros después.