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Buscan apagar el fuego de la «casa gris» con gasolina: Piden que investigue el gobierno de EEUU

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Crónicas Depacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

«Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia», aseguró José Ramón López Beltrán, luego de más de dos semanas de esperar una reacción al reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en LatinUS.

Así respondía el hijo del presidente López Obrador a la polémica generada por su estilo de vida en Estados Unidos, dijo que desde 2020 trabaja en Houston, Estados Unidos, como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners.

Sin embargo, el hijo del presidente López Obrador, debió de revalidar sus estudios en Estados Unidos, pues al ser totalmente diferente la ley y los procedimientos legales en aquel país, debió casi volver a estudiar la carrera, y hasta ahora no se ha encontrado documentos ni referencias que acrediten eso.

Al estar trabajando en los Estados Unidos desde hace más de dos años, José Ramon López Beltrán debió de darse de alta en el IRS (Internal Revenue Service). El Servicio de Impuestos Internos, también conocido como Servicio de Rentas Internas, que es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, cualquier persona que trabaje en EU debe presentar su declaración de impuestos año con año, sí sus ingresos brutos son mayores a $10,400 dlls anuales, es decir, $866 dlls al mes, tiene que hacer su declaración anual a fuerzas, por tanto, se está esperando conocer las declaraciones realizadas los dos años anteriores del hijo de López Obrador.

Sí como dice José Ramon López Beltrán, trabaja como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners, esta compañía debió también darlo de alta y declarar que le paga ese sueldo al hijo del presidente de México.

Otras de las acciones que debió realizar José Ramón López Beltrán al empezar a trabajar en Texas es darse de alta en la Texas Workforce Commission (TWC), que es la agencia estatal encargada de supervisar y proveer servicios de desarrollo de fuerza de trabajo a empleadores y solicitantes de empleo de Texas.

Debió además de pagar Medicare y Social Security, si es verdad, que sus ingresos para vivir vienen de su trabajo, el hijo del presidente puede presentar esas declaraciones anuales, y los pagos correspondientes tanto al IRS como al TWC, así terminaría con cualquier duda sobre su forma de ingresos financieros.

Como empleado, el hijo de López Obrador tiene que recibir una forma W2 o la forma 1099 como self-employed, también puede presentarla y terminar con los dimes y diretes.

También hubo respuesta por parte de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, quien según Latinus y Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) trabajó para Baker Hughes, compañía energética que, según el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola fue beneficiada por el Gobierno de México.

Carolyn Adams, declaró que nunca ha trabajado ni colaborado para Baker Hughes y presentó screenshots de una conversación de mensajes, como explicación del acuerdo de renta de la mansión donde vivió con el hijo mayor de López Obrador.

«Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario). Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato depósito en garantía, rentas mensuales», afirmó Adams.

Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó la noche de este viernes que dicha operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.

A través de un comunicado, MCCI señaló que, tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad valuada en poco más de un millón de dólares (20 millones 800 mil pesos) no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), a la que únicamente pueden acceder quienes son miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).

Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR”, declaró una agente con licencia para operar en Texas a MCCI.

Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”

No es normal que en una operación de renta, primero esté en ‘P’ de pending (pendiente) luego ‘W’ de withdrawn (retiramos la oferta del mercado) y después ‘T’ de terminated (se terminó la relación de cliente-agente para promover), cuando se supone que ‘existe’ un contrato”, dijo otro agente.

Un dato que también llama la atención es que, en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa habitaron la casa hasta 2020.

Esta falta de información hace pensar que la operación se realizó por fuera; es decir, entre particulares, o incluso, que no hubo ningún pago de renta o relación contractual de por medio.

Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó (oficialmente). Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”, mencionaron especialistas en el tema a MCCI.

Según el periódico La Jornada, en su nota titulada “Casa de la familia López Adams en Houston fue rentada de forma regular”, del 20 de febrero de 2022, se puede leer:

De acuerdo con documentos en poder de este diario, la residencia situada en 1003 Oakshire In, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada en forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios, Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, y a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.

A fines de enero pasado la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de “conflicto de intereses” porque uno de sus propietarios, Keith, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, La Jornada tuvo acceso no sólo al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.

Finalmente, este diario obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera”, asegura el diario La Jornada respecto al tema de la llamada Casa Gris.

La nota de La Jornada evidencia una contradicción de Carolyn Adams, pues presentan el cheque de Carolyn Adams, lo que contradice el dicho de la esposa de José Ramón López Beltrán en su carta, pues claramente asegura: “nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios ni conocimiento de quiénes eran”.

El cheque a nombre de Keith y Lauren Shilling confirma que sí sabían.

Carolyn Adams, sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.

El pasado 11 de febrero, inversionistas de Baker Hughes, solicitaron al gobierno de los EEUU investigar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades con José Ramón López Beltrán.

En la solicitud enviada al gobierno, advirtieron que “la situación podría verse seriamente comprometida” al existir suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta compañía petrolera, señalando que Adams es una intermediaria con experiencia de acuerdos energéticos a escala internacional.

El conflicto de la Casa Gris, se empieza a mover entre las autoridades de los Estados Unidos, parece que, los asesores del presidente López Obrador buscaron apagar el fuego con gasolina.

En Twitter @DEPACHECOS

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JALISCO

Convoca jurista Diego Valadés a abogados, periodistas y universitarios: Hay que defender el estado de derecho y detener el deterioro institucional

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Por Mario Ávila //

Ante el grave problema de la erosión institucional del país, como consecuencia del deterioro de la gobernabilidad, el abogado Diego Valadés Ríos, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elogió la respuesta espontánea de la sociedad mexicana en defensa de la democracia y el estado de derecho, tarea a la que consideró deben sumarse los abogados del país, los periodistas y los universitarios.

Al participar como conferencista invitado, en el marco de la asamblea del capítulo occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, A.C., Valadés Ríos retrató un panorama desolador para el estado de derecho en el país, pero se congratuló de que “hay un Poder Judicial Federal, que ha hecho frente al embate, solo con argumentos constitucionales; que ha habido órganos constitucionales autónomos que a pesar del vendaval han mantenido su funcionalidad y que hay organizaciones sociales y profesionales, y esta es una de ellas”, dijo refiriéndose al Colegio que lo invitó a dictar su conferencia efectuada la noche del jueves 12 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura que antes albergó a la XV Región Militar en Jalisco.

A este tipo de respuestas -dijo-, podemos agregar también la presencia de una prensa muy analítica, muy crítica en el sentido constructivo, de ahí que a su vez merece esta expresión de solidaridad con los periodistas que han sido victimados, como el caso reciente en Jalisco de Jaime Barrera. Pero los medios de comunicación y los centros de reflexión nacional que son las universidades, en un gran conjunto de instituciones públicas y privadas, que ya atienden a 2 millones de educandos en el país, son entre otras cosas, los elementos que han permitido preservar lo que hasta este momento todavía tenemos.

A la pregunta de qué tarea nos espera para la recuperación del estado de derecho en toda su plenitud, el propio abogado, jurista e investigador mexicano, planteó: “Sobre este aspecto tenemos el problema de una retórica explosiva, que tiende a polarizar y a construir dos grandes núcleos de opinión en el país, contrapuestos entre sí, que impiden el diálogo, que impiden la reconstrucción de instituciones, que impiden los consensos propios de toda democracia.

“La democracia es estrictamente dialógica, que implica la presencia de un diálogo; esto está interrumpido en el país y es lo primero que tenemos que recuperar como base para el restablecimiento de la plenitud del estado de derecho, que se traduce en gobernabilidad y en institucionalidad. Para esto creo que es necesario o posible al menos tres grandes procesos que nos esperan como sociedad política: 1.- Detener el deterioro, 2.- Invertir la tendencia y 3.- Construir una nueva institucionalidad en el país.

“Para esto tenemos ya todos los elementos porque hay una sociedad actuante y una sociedad interesada. Por vez primera en nuestra historia política, las clases medias comienzan a movilizarse en torno al concepto de democracia. Es un fenómeno novedoso, las propuestas de cambio están desde hace mucho tiempo archivadas”, expuso.

Recordó que desde los años 90’s se habló de una necesaria reforma del estado, “no se prestó atención y simplemente se confió en que la democratización de los procesos electorales, eran suficientes para establecer la democracia en el país; pero una democracia se basa sí en procesos electorales que forman parte de la legitimación de origen de quienes ocupan el poder, pero también se necesita la legitimación de quienes desempeñan el poder justamente porque haya mecanismos adecuados de control entre ellos”.

Hacia el futuro -sentenció-, tenemos que pensar por lo mismo en estos tres procesos, que no necesariamente tienen que ser sucesivos en el tiempo, que pueden darse de manera convergente, pero primero será detener la erosión y el déficit de gobernabilidad para lo cual es necesario no hacer reformas jurídicas, sino hacer reformas en la conducta de los agentes del poder, a quienes tenemos que reclamarles respeto por su propia función, respeto por el gobernado y respeto por el adversario.

También tenemos que plantear -abundó-, de momento, el simple cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que sabemos suelen ser preferidas en numerosos casos, sobre todo cuando se mantienen sin integración muchos de los órganos constitucionales que están previstos. Se requiere a la vez, una nueva relación entre Gobierno y Congreso porque el proceso de deterioro ha llevado a que se pierda hasta lo esencial: La cuenta pública, que fue una más de las aportaciones de la Revolución Francesa, en el primer constitucionalismo lo que se planteó fue simplemente que los gobernados participaran en la definición de las exigencias de naturaleza tributaria de parte del gobernante. Y esa fue la Carta Magna de 1215 después se pasó a la regulación del gasto y mucho tiempo después, el proceso llevó siglos, a la revisión de cuentas de cuánto ingresaba y cuánto y cómo se gastaba. Esto fue en la Revolución Francesa.

Colegas, saben lo que ha pasado -cuestionó-, que ya no hay cuenta pública en el país, que la última vez que la cuenta pública se discutió de manera pública en la Cámara de Diputados fue en el 2011, ahora ya la cuenta pública la aprueba una comisión presidida por el partido mayoritario en la Cámara de Diputados y no trasciende más que a aquellos que se interesen por conocer las características de la cuenta y vayan a la página de internet de la Contaduría Mayor de Hacienda, que hoy es el órgano fiscalizador del estado mexicano. Y como no tenemos ya ese mínimo control, como nuestros representantes ni siquiera se enteran y a través de ellos la población de cómo se está disponiendo de nuestros recursos, quiere decir que traemos un déficit institucional muy profundo.

LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS

En la recuperación del país -precisó-, tenemos que advertir que con los elementos que son, sobre todo esa buena sociedad a la que me refería, tenemos que pasar a la reconfiguración del sistema representativo, a la determinación de que el estado mexicano tenga una política de justicia de la que carece, al combate efectivo a la corrupción que entre otras cosas es inmanejable e incontrolable por efectos del mismo sistema político que tenemos.

Porque tenemos un sistema político patrimonialista como ley -sentenció-, conforme al cual quien se adueña del poder político, se adueña por completo de la administración, no tenemos una administración profesional y políticamente neutral, sino que tenemos una administración apendicular del poder político.

En México la lucha electoral, lo mismo en el ámbito federal que en el ámbito local, o en el ámbito municipal, es una lucha por el estatus administrativo y por el abordamiento literalmente en el sentido de abordar la administración y apropiarse de ella mientras se tiene el poder político, por eso se forman hegemonías partidistas en México. Porque el gran incentivo no está ni en la ideología, ni en el programa, ni en la caracterización de los partidos, sino en la apropiación de un gran botín que representa la administración pública y eso tenemos que cambiarlo.

EL SISTEMA JUDICIAL MEXICANO EL MÁS REZAGADO DEL MUNDO

En otro punto de su disertación, el abogado Diego Valadés, planteó que todos los juzgadores mexicanos conocen que el sistema judicial tiene que seguir avanzando, “el sistema judicial mexicano es lamentablemente uno de los más rezagados en el mundo, en el caso de la OCDE es el último; no porque no tengan una alta calidad nuestros juzgadores, sino porque en México tenemos 5 juzgadores por cada 100 mil habitantes, frente a la medida de la OCDE que es de 21 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Y países como Alemania tiene más de 30 juzgadores por 100 mil habitantes. En nuestra propia América, son 11 en Colombia y en Perú y son 25 en Costa Rica y en Uruguay.

“De manera que mientras el Estado Mexicano no atienda este problema, la cuestión judicial tendrá todavía muchos pendientes que atender. Mucho es lo que hacen los jueces que en este momento tenemos. No hay por otra parte, una Secretaría de Justicia, que permita establecer entre otros aspectos los efectos reales de la normativa en rigor, es decir no tenemos estudios de impacto normativo en el país, cuando es el estándar en cualquier democracia consolidada contemporánea”, expuso el jurista, escritor y político mexicano.

Y así como esto nos falta lo esencial -planteó-, el estado mexicano como tal, desde 1917 a la fecha, carece de política de justicia, en 1917 fueron abolidas dos secretarías, la de instrucción y la de justicia. En 1921 se reestableció la de instrucción con el nombre de Educación Pública, pero no se ha vuelto a pensar en la necesidad de una Secretaría de Justicia, no para que manipule, no para que ordene, no para que dirija; al contrario, para que simplemente planifique y ayude al desarrollo de las instancias de la Judicatura mexicana.

El sistema Presidencial -apuntó-, que emanó de la constitución de 1917 derivó en un absolutismo presidencial, porque así como no se han atendido las necesidades de la Judicatura de manera satisfactoria y así como se mantiene muy limitado el sistema representativo del país, entre otras cosas, no puede llevar a cabo ningún tipo de investigación acerca de lo que hace la administración pública, ni de evaluación acerca de los resultados de los diferentes planes nacionales y estatales, ni de la consecuente sanción a aquellos que no cumplan con su responsabilidad. Así como eso ha pasado, de la otra parte, del Ejecutivo, todo lo que hemos tenido ha sido un incremento sucesivo de facultades, muchas de ellas a expensas del sistema federal.

Recordó Diego Valadés, en el marco de la Asamblea general 2024 del Capítulo Occidente del Ilustre Colegio de Abogados de México, fundado en el año de 1760, que el artículo más reformado de la Constitución, con más de 70 enmiendas, “es el artículo 73 que previene cuáles son las facultades del Congreso y si contamos el número de sus fracciones, veremos que frente a las 29 fracciones originales de 1917, se han adicionado 30 más. Y todas esas facultades adicionales que ejerce el Congreso, en suma, se traducen también en atribuciones presidenciales”, sentenció el jurista.

SE PARTIDIZARÁ LA JUSTICIA AL ELEGIR JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

En otro tema por demás relevante y actual, que está en la palestra del Congreso de la Unión, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la incorporó entre las propuestas de reformas constitucionales, destaca el tema de someter al voto popular, la designación de jueces, magistrados y ministros dentro del Poder Judicial.

Ante este panorama de concentración del poder -dijo Valadés Ríos-, hemos visto cómo se va dando una progresiva erosión de las instituciones y entra en una sinergia negativa con el déficit de gobernabilidad al que nos referimos. Esta erosión progresiva tiene muchos elementos de identificación, uno de ellos la propuesta de que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que son casi 1,600 sean elegidos popularmente.

Recordó que esta idea de la elección popular de los jueces, surgió también en la Revolución Francesa, en la primera constitución revolucionaria de 1791 aparecía ya la disposición de que los jueces sería elegidos por el pueblo; se repitió en la de 1795, en la de 1797 y fue derogada en la de 1802 porque se había partidizado e ideologizado la administración de la justicia.

Y abundó: “Tuvo un efecto en el sistema constitucional americano, particularmente por la gran importancia que le dieron los presidentes que se sintieron agraviados porque era inadmisible que la judicatura derogara una decisión legislativa; de tal manera fue tan fuerte este impacto, que en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en Estados Unidos, se produjo casi 50 años después y una de las respuestas consistió la elección de los juristas, pero nada más en el ámbito local, nunca se ha planteado en el ámbito federal. En este caso casi la mitad de los estados, en Estados Unidos, eligen jueces popularmente, pero no han podido evitar, según o reconocen ellos mismos, la partidización de la Judicatura”.

Finalizó diciendo: “Ahora bien, cuando se plantea la partidización de la Judicatura en un proceso constructivo de una nueva hegemonía de partido, es evidente que de lo que se trata es de propiciar la demagogia y la subordinación judicial a la estructura partidista”.

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NACIONALES

Las fiscalías en México: Entre la subordinación y la insurrección

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Opinión, por Iván Arrazola //

Hay un problema con el funcionamiento de las fiscalías en los estados, ese problema tiene que ver con un diseño institucional, las fiscalías, que son los órganos encargados de investigar y perseguir delitos, y de reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, se encuentran bajo el acecho de los poderes locales en México.

Estos órganos que deberían de servir como instancias encargadas de investigar y hacer valer la justicia en el país, en realidad se encuentran al servicio de la clase política.

A partir de las reformas que se hicieron en el 2008 al sistema judicial, se buscó hacer de estos organismos, instancias independientes que no estuvieran al servicio de los gobernantes, su actuación tendría que ser completamente imparcial, libre de presiones políticas y siempre buscando que se haga justicia. Por eso se hicieron modificaciones para que el periodo del fiscal durara más allá del periodo del gobernador en turno, también se pensó en que fuera el Congreso el que nombrara al fiscal para evitar una relación de complicidad entre fiscal y gobernador.

Pues bien, ese diseño parece que poco ha ayudado, en muchos lugares, estas instituciones ejercen abiertamente una actitud sumisa y complaciente con el poder político, como sucede con la FGR. Atrás quedaron las diferentes protestas cuando Peña Nieto intentó designar en el cargo a una persona cercana a su partido como fiscal. El primer fiscal de la historia nombrado por López Obrador, no pasará a la historia por ser el más imparcial.

En días pasados el presidente relataba cómo reunió a Alejandro Gertz, fiscal general de la República y al propio Arturo Zaldívar, para que ejercieran acción penal en contra de Jesús Murillo Karam, lejos de la independencia que deberían mostrar los dos personajes. El relato muestra como en México hay cosas que no cambian, entre ellas la sumisión de la instancia encargada de procurar justicia, y que al menos una parte del poder encargado de impartir justicia también muestra una actitud sumisa ante el poder político.

Esto ha ocurrido en Morelos, donde el fiscal Uriel Carmona ha sido objeto de una persecución judicial no solo por parte del gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, una de sus principales enemigas es la candidata Claudia Sheinbaum, que buscó por todos los medios encarcelar al fiscal de Morelos por el caso de la joven Ariadna López, por las diferencias entre las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos por las causas que ocasionaron la muerte de la joven. El fiscal pudo defenderse legalmente y continuar en el cargo, la candidata morenista ha señalado que buscará que su partido gane la mayoría calificada en el Congreso para destituir al fiscal.

También ocurrió en Veracruz, donde el ex fiscal Jorge Winckler fue perseguido por el gobernador morenista Cuitláhuac García, hasta que consiguió su destitución, Winckler fue una pieza clave en la investigación en contra de Javier Duarte por el desvío de recursos públicos, para García el funcionario resultaba incomodo, por lo que utilizó todos los recursos a su alcance para removerlo.

Pero no solo ocurre en estados gobernados por Morena, en Nuevo León el gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano, ha llamado “capo” y “patán” al fiscal Pedro Arce y ha solicitado al Congreso del Estado la destitución del funcionario para poder mejorar la “seguridad” en la entidad. Como se puede apreciar, el patrón que aplica es el mismo para poder justificar o explicar actos de inseguridad se recurre a las mismas estrategias, señalar a estos funcionarios por los problemas de inseguridad que hay en los distintos estados.

En días recientes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se unió a la lista de gobernadores que ha solicitado la remoción del fiscal, la gobernadora cuestionada por el clima de inseguridad que azota al estado de Guerrero decidió prescindir del Secretario de Gobierno, del Secretario de Seguridad y de la fiscal Sandra Valdovinos, mientras los primeros dos presentaron su renuncia, la fiscal se negó a dejar el cargo y señaló que es el Congreso el que debe de resolver si considera su separación del cargo.

La situación en el estado de Guerrero se encuentra fuera de control, a tal grado que los pactos entre el crimen organizado y la Iglesia parecen tener un efecto más eficaz que cualquier acción gubernamental. La remoción de los funcionarios parece más una medida desesperada de la gobernadora.

Lejos de que la destitución de fiscales ayude a terminar con los problemas de seguridad, los fiscales sirven como chivos expiatorios para justificar la ineficiencia de los gobernantes o se convierten en enemigos declarados cuando no responden a los deseos de éstos. No se hace un análisis profundo de las condiciones en las que operan estas dependencias, la mayoría de las fiscalías del país no cuentan con el personal suficiente para atender todas las denuncias que se presentan, en otros casos es el nivel de saturación de trabajo que presentan los ministerios públicos lo que les hace imposible realizar trabajo de investigación y reunir las pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, pero la clase política solo piensa en una cosa la sumisión o la venganza.

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NACIONALES

Compromiso por la paz

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La vida política en nuestro país, transcurre veloz, en carrera contra el reloj electoral y por lo mismo, viciada de superficialidad. En las campañas, ningún tema se aborda a profundidad, se convierten en tópicos, lugares comunes en los discursos que llenan la conversación pública en medios y redes sociales.

Hay coincidencia en que el principal problema que preocupa a la población es el de la seguridad, pero el documento más completo sobre el tema que se ha hecho público, gracias a la Conferencia del Episcopado Mexicano, se ha perdido en el ruido de lo sensacional que resulta oponerse a él.

La candidata del partido en el gobierno manifestó que no comparte el diagnóstico pesimista ni la visión de que prevalezcan el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre, y eso bastó para que los titulares y comentarios se olvidaran de lo fundamental, analizar el documento y las propuestas.

Los opositores se limitaron a asentir y firmar el compromiso, sin conocerlo, solo para quedar bien y en consecuencia, las propuestas de todos, oficialistas y oposiciones siguen perdidos en propuestas efectistas sin entender el contenido del diagnóstico más extenso que se haya elaborado.

El documento abarca 7 temas: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos y resulta de un diálogo entre más de 1600 instituciones y de la realización de más de mil foros y conversatorios y por ello debiera merecer mayor atención, no solo de los firmantes, sino de los propios medios para que la sociedad esté mejor informada sobre el problema, que hoy pareciera circunscribirse a un resumen de nota roja y al miedo que provoca ver tanta violencia.

A una semana de la firma del documento por los candidatos, en sus propuestas seguimos viendo generalidades, propuestas efectistas que ganan titulares efímeros pero extravían la mirada sobre lo sustancial.

La candidata oficial sigue hablando de atacar las causas de las conductas antisociales, así, generalizando, y ganar la paz, es decir más abrazos y becas, cuyos resultados a cinco años ya los vemos.

No sorprende que esté en desacuerdo con los diagnósticos del documento, porque hacerlo implicaría reconocer el fracaso de la política sexenal. Dar dinero a los jóvenes y campesinos no ha traído la paz y en cambio disminuir los presupuestos para las policías estatales y municipales y mejoramiento del sistema legal y penitenciario, resultó en un mayor campo de acción para la delincuencia.

La sociedad, todos, debiéramos conocer el documento que firmaron los candidatos, para exigirles congruencia y sobre todo seriedad. El compromiso por la paz que firmaron asevera, y lo comparto, que se requiere una política de Estado surgida desde lo local y con el consenso y participación de todos. Formula estrategias a nivel municipal, estatal y federal para cada uno de los 7 temas abordados, que pueden o no ser coincidentes con lo que algunos piensen, pero es al menos una guía de ruta para cualquier gobierno.

No elude el papel de la sociedad, de nosotros como individuos, y plantea la necesidad de que el gobierno termine con los cotos de impunidad que han robado a la sociedad los espacios para su desenvolvimiento, para la formación de ciudadanos responsables y para la recuperación de la cohesión social.

No es un documento perfecto, pero conocerlo y entenderlo es un buen punto de partida si queremos que nuestro país, nuestras comunidades, recuperen la paz.

No debiera el episcopado mexicano, quedarse en la conformidad por la aceptación del documento por los principales actores políticos del momento. Evitar la intrascendencia es un imperativo y por lo tanto, debiera dársele la máxima publicidad.

El esfuerzo de diálogo social que dio vida al documento, debe continuar para su difusión y comprensión; para que la sociedad se enfrente a sus propios miedos y limitaciones y venga una toma de conciencia necesaria para la participación.

De nada servirá que los candidatos hayan firmado, porque ellos quedaron conformes con la fotografía y siguen con sus agendas y propuestas parciales y extraviadas. Una vez que se admite que la solución parte de lo local, es ahí donde debe incidirse en la comprensión del problema, que rebasa ya el simple conteo de los asesinatos y extorsiones.

La sociedad, en amplios sectores está infectada por las conductas antisociales y se celebran las apologías del consumo y el mundo del narco, presente en la música y comedias televisivas, que hacen ídolos de sus figuras.

Tiene razón el documento, la paz no será solo asunto de represión, fuerza y aplicación de la ley. Urge recuperar el tejido social, la humanidad de la sociedad, el respeto y el cuidado mutuo entre los ciudadanos y sobre todo la rigurosa aplicación de la ley, para lo cual pueden requerirse mejores cárceles, pero siempre será mejor tener cárceles vacías, ausencia de delitos y mejores ciudadanos, como en Dinamarca dijera el clásico.

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