NACIONALES
Buscan apagar el fuego de la «casa gris» con gasolina: Piden que investigue el gobierno de EEUU

Crónicas Depacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
«Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia», aseguró José Ramón López Beltrán, luego de más de dos semanas de esperar una reacción al reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en LatinUS.
Así respondía el hijo del presidente López Obrador a la polémica generada por su estilo de vida en Estados Unidos, dijo que desde 2020 trabaja en Houston, Estados Unidos, como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners.
Sin embargo, el hijo del presidente López Obrador, debió de revalidar sus estudios en Estados Unidos, pues al ser totalmente diferente la ley y los procedimientos legales en aquel país, debió casi volver a estudiar la carrera, y hasta ahora no se ha encontrado documentos ni referencias que acrediten eso.
Al estar trabajando en los Estados Unidos desde hace más de dos años, José Ramon López Beltrán debió de darse de alta en el IRS (Internal Revenue Service). El Servicio de Impuestos Internos, también conocido como Servicio de Rentas Internas, que es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, cualquier persona que trabaje en EU debe presentar su declaración de impuestos año con año, sí sus ingresos brutos son mayores a $10,400 dlls anuales, es decir, $866 dlls al mes, tiene que hacer su declaración anual a fuerzas, por tanto, se está esperando conocer las declaraciones realizadas los dos años anteriores del hijo de López Obrador.
Sí como dice José Ramon López Beltrán, trabaja como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners, esta compañía debió también darlo de alta y declarar que le paga ese sueldo al hijo del presidente de México.
Otras de las acciones que debió realizar José Ramón López Beltrán al empezar a trabajar en Texas es darse de alta en la Texas Workforce Commission (TWC), que es la agencia estatal encargada de supervisar y proveer servicios de desarrollo de fuerza de trabajo a empleadores y solicitantes de empleo de Texas.
Debió además de pagar Medicare y Social Security, si es verdad, que sus ingresos para vivir vienen de su trabajo, el hijo del presidente puede presentar esas declaraciones anuales, y los pagos correspondientes tanto al IRS como al TWC, así terminaría con cualquier duda sobre su forma de ingresos financieros.
Como empleado, el hijo de López Obrador tiene que recibir una forma W2 o la forma 1099 como self-employed, también puede presentarla y terminar con los dimes y diretes.
También hubo respuesta por parte de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, quien según Latinus y Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) trabajó para Baker Hughes, compañía energética que, según el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola fue beneficiada por el Gobierno de México.
Carolyn Adams, declaró que nunca ha trabajado ni colaborado para Baker Hughes y presentó screenshots de una conversación de mensajes, como explicación del acuerdo de renta de la mansión donde vivió con el hijo mayor de López Obrador.
«Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario). Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato depósito en garantía, rentas mensuales», afirmó Adams.
Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó la noche de este viernes que dicha operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.
A través de un comunicado, MCCI señaló que, tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad valuada en poco más de un millón de dólares (20 millones 800 mil pesos) no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), a la que únicamente pueden acceder quienes son miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).
“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR”, declaró una agente con licencia para operar en Texas a MCCI.
“Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”
“No es normal que en una operación de renta, primero esté en ‘P’ de pending (pendiente) luego ‘W’ de withdrawn (retiramos la oferta del mercado) y después ‘T’ de terminated (se terminó la relación de cliente-agente para promover), cuando se supone que ‘existe’ un contrato”, dijo otro agente.
Un dato que también llama la atención es que, en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa habitaron la casa hasta 2020.
Esta falta de información hace pensar que la operación se realizó por fuera; es decir, entre particulares, o incluso, que no hubo ningún pago de renta o relación contractual de por medio.
“Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó (oficialmente). Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”, mencionaron especialistas en el tema a MCCI.
Según el periódico La Jornada, en su nota titulada “Casa de la familia López Adams en Houston fue rentada de forma regular”, del 20 de febrero de 2022, se puede leer:
“De acuerdo con documentos en poder de este diario, la residencia situada en 1003 Oakshire In, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada en forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios, Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, y a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.
A fines de enero pasado la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de “conflicto de intereses” porque uno de sus propietarios, Keith, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, La Jornada tuvo acceso no sólo al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.
Finalmente, este diario obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera”, asegura el diario La Jornada respecto al tema de la llamada Casa Gris.
La nota de La Jornada evidencia una contradicción de Carolyn Adams, pues presentan el cheque de Carolyn Adams, lo que contradice el dicho de la esposa de José Ramón López Beltrán en su carta, pues claramente asegura: “nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios ni conocimiento de quiénes eran”.
El cheque a nombre de Keith y Lauren Shilling confirma que sí sabían.
Carolyn Adams, sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.
El pasado 11 de febrero, inversionistas de Baker Hughes, solicitaron al gobierno de los EEUU investigar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades con José Ramón López Beltrán.
En la solicitud enviada al gobierno, advirtieron que “la situación podría verse seriamente comprometida” al existir suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta compañía petrolera, señalando que Adams es una intermediaria con experiencia de acuerdos energéticos a escala internacional.
El conflicto de la Casa Gris, se empieza a mover entre las autoridades de los Estados Unidos, parece que, los asesores del presidente López Obrador buscaron apagar el fuego con gasolina.
En Twitter @DEPACHECOS
Deportes
Se pospone el primer partido de Chivas en el Torneo Apertura de la Liga MX

-Por Redacción Conciencia Pública con datos de ADN40
El torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó el viernes 11 de julio con varios partidos, pero uno de los encuentros más esperados, Chivas vs Tigres, no se disputó como estaba programado para la Jornada 1.
La ausencia del partido llamó la atención, ya que ambos equipos son protagonistas habituales del futbol mexicano. Desde el calendario oficial ya se había informado que este encuentro quedaría pendiente.
El motivo principal por el cual no se jugó el duelo entre Chivas y Tigres fue debido a remodelaciones en el Estadio Akron, casa del Club Guadalajara. Estas obras forman parte de los preparativos para el Mundial 2026, en el que dicho recinto será una de las sedes.
Las autoridades del estadio informaron que mantendrán sus puertas cerradas durante algunos días para garantizar que el inmueble cumpla con los estándares exigidos por la FIFA.
Ante esta situación, la Liga MX reprogramó el partido para el 17 de septiembre de 2025 a las 19:05 horas. Mientras tanto, tanto Chivas como Tigres pospondrán su debut oficial en el torneo hasta la segunda jornada, cuando se enfrenten a León y Juárez respectivamente, bajo la dirección de sus nuevos entrenadores, Gabriel Milito y Guido Pizarro.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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