NACIONALES
Controvertido fin de año: Término de islotes autonómicos y reminiscencias para olvidar
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Llegamos al tope del año, lapso de sucesos sensacionales para las mayorías y amargos para puñados. No nos ocuparemos por ahora del inmediato futuro, que esperando sea propicio, advierte desafíos revoltosos. Nuestro comentario resulta porque como estamos en el tramo final del 2024, concluimos que para acentuar nuestra confianza debemos inquietarnos poco, a cambio de optar por deleitarnos mucho con lo que tenemos a nuestro alcance. De esa manera, no solo terminaremos felices esta cincuentena de semanas transcurridas, sino que recibiremos alegres el inminente 2025.
Nuestra patria requiere de pobladores, -votantes, infantes y jóvenes- que unidos por la historia nacional e impulsados por la fraternidad y la democracia, con afán de justicia y prosperidad nos permita divisar un porvenir halagüeño.
Claro que, ante el vértigo de los festejos navideños y la proximidad del año nuevo, no debemos pasar por alto ciertos acontecimientos de suma trascendencia. Entre ellos, aparte de la controvertida reforma judicial y otras iniciativas de enmiendas constitucionales, la más reciente novedad en tal ámbito es lo que publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 20 de diciembre reciente, referente al finiquito de siete entes autónomos surgidos durante la época denominada del neoliberalismo, es decir cuando gobernaron a la nación el PRI, el PAN y la amalgama de ambos, es decir el PRIAN.
Previamente –el día10- tras el cómputo de votos aprobatorios de 21 congresos locales, se anunció que la Cámara de Diputados había declarado la validez constitucional de las reformas en materia de simplificación orgánica para extinguir a los aludidos organismos.
Esa publicación del DOF implica la desaparición efectiva del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Las funciones de esos institutos serán asumidas por distintas dependencias federales, incluyendo una de creación especial. En cuanto a los ahorros que generen tales supresiones, se aplicarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Esos organismos autonómicos, son oficinas que se encargan, dentro del sistema público, de cometidos ordinariamente encargadas al gobierno federal, pero que, a través de los casi ocho lustros del neoliberalismo, se fueron creando con el argumento de que esas ocupaciones deben ser “ciudadanizadas” a efecto de que sus disposiciones fuesen independientes y en consecuencia no influidas por los intereses de la administración federal centralizada.
En pocas palabras, esas instituciones, aunque vinculadas al Sector Público, su calidad de entidad autónoma les permite determinar en sus asuntos de competencia exclusiva, con independencia del área gubernamental en la que estén ubicadas, autogobernándose y hasta pudiendo dictar normas para lograr sus objetivos.
El principal problema de la formación de esas instituciones burocráticas residió en que, la mera verdad, surgieron para complacer partidos políticos, compromisos inconfesables y grupos de presión. Por lo tanto, la ciudadanización fue una ilusión, y las decisiones de dichas entidades oficiales, tuvieron manifiestas tendencias favorecedoras de grandes empresas, notables personajes o grupos poderosos. PEMEX -que casi lo quebraron deliberadamente- y el sector eléctrico -que fue disminuido- son ejemplos de cómo se actuó en contra de la soberanía nacional y los intereses populares.
Por otra parte, los organismos autónomos, fueron en general un pesado lastre económico, al tiempo que sus dirigentes crearon burocracias doradas, recibiendo percepciones muy elevadas y prestaciones privilegiadas, aspectos que los servidores públicos no suelen percibir; incluso, varios directores de tales instituciones recurrieron al amparo para continuar ganando salarios mayores a la Presidenta de la República, lo cual es violatorio del artículo 127 constitucional; lo peor es que el poder judicial los complació, quizás porque los juzgadores tenían la misma infracción.
De la septena de órganos eliminados, quizás el que más bullicio armó fue el INAI, cuya esfera de competencia no cabe duda de que es trascendente, para la conducta de sus mandamases, dejaron bastante que desear. Estos, cuando vieron que su liquidación iba en serio, ofrecieron reajustar sus gastos, pero ya no convencieron a la Presidenta Sheinbaum, quien afirmó que en esa organización había prácticas corruptas y que los recursos públicos que se les asigna anualmente pueden destinarse a otras necesidades, además de que sus quehaceres, es decir lograr la transparencia del gobierno, “va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, organismo que surgió de la transformación de la secretaría de la Función Pública.
El crítico de esta reforma, Salvador Romero Espinoza, -jefe del ITEI Jalisco- expresó: “La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.” Esto lo escribió en Nexos, la revista de Héctor Aguilar Camín, (el sistémico impugnador de la Cuatro T). Cada lector saque sus conclusiones, pues nutrido grupo opina que tiene conflicto de intereses en este proceso.
Quizás el segundo organismo más controvertido es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sin embargo, sobresale que su actividad es más bien duplicidad frente la misión del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cuyas investigaciones tienen enorme aceptación y prestigio por su profesionalismo.
De las demás entidades desaparecidas, es evidente que sus misiones quedarán más que cubiertas por las secretarías de su esfera, descollando la Secretaría de Energía, que recupera ramos que se le habían desmembrado en materia de energéticos: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Subrayamos lo que declaró la secretaria de esta dependencia, Luz Elena González Escobar: “con la iniciativa de reforma al Sector Energético se fortalecerá la planeación para garantizar el abasto y la confiabilidad de energía eléctrica en todas las regiones del país”.
De medianos saldos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) será absorbida por la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora quedará dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Por lo que ve a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), por lógica pasa a la Secretaría de Educación Pública.
Finalmente a moción del diputado Ricardo Monreal Ávila (coordinador de Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar -del mismo partido-, al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que primariamente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Los artículos que fueron modificados o adicionados, de la Constitución Federal, según el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, fueron los números 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123. Los congresos de la Unión y el de cada una de las Entidades federativas, tienen 90 días para que a partir de la vigencia de las reformas (21 de diciembre) lleven a cabo las adecuaciones que resulten necesarias.
La Presidencia de la República emitirá los decretos y acuerdos que sean conducentes para ese mismo efecto. De esta manera, se acabaron los islotes autonómicos que el neoliberalismo impúdico del PRIAN nos impuso a los mexicanos.
Finalmente, mencionaremos una remembranza para olvidar, registrada el 20 del mes último de 1994, aunque la terca realidad nos lo impide: “el error de diciembre” de ese año, cuando el recién entrado mandatario Ernesto Zedillo, dispuso pésimas medidas que generaron brutal crisis económica (también llamada del efecto Tequila) a tal grado que repercutió en Latinoamérica.
Al respecto, Carlos Salinas de Gortari, quien bastante culpa tuvo en el tema, forjó esa frase para imputar a la administración entrante de Zedillo Ponce de León, la responsabilidad y exceptuar de culpa a la política económica de su periodo. La crisis provocó la devaluación del peso mexicano con relación al dólar en casi un 300%, lo cual desencadenó altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y aprietos en la actividad comercial; como consecuencia miles de empresas recortaron sus plantillas de personal o de plano desaparecieron.
El nefasto Zedillo no solo hizo eso, sino que nos heredó el apabullante FOBAPROA, (establecimiento creado por Salinas en 1990, pero puesto en acción por Zedillo para encarar el error de diciembre) llamado el robo más grande del siglo que aún seguimos pagando los mexicanos, en tanto que el expresidente se pasea por el mundo entero como alto empleado -muy bien pagado- de empresas extranjeras que él favoreció en su mandato, además de ser favorito pensionado por el Banco de México con jugosa cantidad.
Por lo anterior, es que tal evocación debería ser para el olvido, pero lamentablemente, siendo tan pesada carga para varias décadas, no la podemos borrar.
Por lo tanto, especialmente por estos días, llenemos nuestras vidas de júbilo con familiares y amigos, festejemos posadas, nochebuena, final de año y recarguemos nuestro espíritu para que la cercana cuesta de enero, la superemos como actuamos los mexicanos en general y en particular los moradores de Jalisco: con prestancia, tenacidad, trabajo, solidaridad y la fortuna de poseer salud, familia y amistades, que son ni más ni menos, el mayor de los tesoros con que podemos contar.
NACIONALES
El fin de los contrapesos: La desaparición de los organismos autónomos en México
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un decreto que marcará un antes y un después en la historia política y administrativa de México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento consuma la extinción de siete órganos autónomos de ámbito federal y 32 estatales dedicados a la transparencia.
Bajo el amparo de una reforma constitucional de «simplificación orgánica», las funciones de estas entidades pasarán a depender de dependencias del Ejecutivo, mientras sus recursos se dirigirán al Fondo de Pensiones del Bienestar.
La reforma elimina organismos emblemáticos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. En el caso de Coneval, por ejemplo, sus funciones pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La justificación del Poder Ejecutivo Federal se centra en la optimización de recursos y en la promesa de un modelo más eficiente. Los fondos ahorrados por la extinción de los órganos autónomos se destinarán al fortalecimiento del sistema de pensiones, una de las banderas de la administración actual. Sin embargo, detrás de esta narrativa de ahorro y bienestar social se esconde un mensaje que apunta hacia una preocupante centralización del poder.
La desaparición de estos organismos genera diversas preguntas sobre el futuro de la transparencia, la regulación económica y la garantía de derechos fundamentales. Estos entes fueron creados como contrapesos al poder presidencial, asegurando que decisiones claves se tomaran con independencia y especialización. Con su eliminación, se corre el riesgo de que estas funciones sean absorbidas por instancias que carecen de la autonomía necesaria para actuar sin presiones políticas.
El caso del INAI es particularmente ilustrativo. Durante más de dos décadas, este instituto permitió a los ciudadanos acceder a información clave sobre corrupción, derechos humanos y gestión pública. Expedientes como los relacionados con Ayotzinapa, Odebrecht y La Estafa Maestra fueron revelados gracias a su labor. Ahora, aunque los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen reconocidos en la Constitución, su ejercicio pleno parece cada vez más incierto.
Desde una perspectiva política, la medida de Sheinbaum no puede desvincularse del contexto más amplio de su administración. Este decreto es parte de una estrategia que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, desarticulando los contrapesos institucionales que han sido fundamentales para la consolidación democrática del país.
La extinción de organismos como el INAI o la Cofece también envía un mensaje claro a los sectores privado y social: las decisiones en materia de regulación y transparencia ahora estarán bajo el control directo del gobierno. Esto podría desalentar la inversión, debilitar la competencia económica y abrir la puerta a decisiones opacas que beneficien a ciertos intereses políticos.
Otro impacto preocupante es la pérdida del conocimiento técnico y la experiencia acumulada en estos organismos. Miles de trabajadores especializados enfrentan la incertidumbre de despidos o reubicaciones en un aparato gubernamental que no necesariamente está preparado para absorber sus funciones. Este vacío de conocimiento podría tener consecuencias graves en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y educación.
En su comunicado respecto al tema de su desaparición, el INAI reafirmó su compromiso de trabajar hasta el último día para garantizar los derechos que dieron origen a su creación. Además, hizo un llamado a la sociedad para que continúe exigiendo transparencia y protección de datos personales como herramientas fundamentales para una democracia de calidad.
La sociedad civil también tiene un papel crucial en este escenario. La demanda ciudadana será clave para que los derechos a la información y a la privacidad no se conviertan en letra muerta. El reto es inmenso: sin instituciones especializadas que sirvan como mediadoras entre el gobierno y los ciudadanos, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dependerá en gran medida de la organización y movilización ciudadana.
La desaparición de los órganos autónomos representa un cambio profundo en el diseño institucional de México. Si bien la promesa de simplificación y ahorro puede resultar atractiva en el corto plazo, las implicaciones de largo plazo podrían socavar los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
El gobierno señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales seguirán vigentes y serán tutelados por un nuevo modelo institucional. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre las leyes secundarias necesarias para asegurar estos derechos, ni sobre el diseño que adoptará la futura estructura de garantía.
El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esta centralización del poder no está destinada a consolidar un control absoluto, sino a fortalecer un gobierno más eficiente y transparente. Sin embargo, la ausencia de mecanismos claros que garanticen la independencia de las nuevas instancias genera dudas fundadas sobre la verdadera naturaleza de esta reforma.
Desde una perspectiva política, este movimiento revela una tensión entre la austeridad republicana y la necesidad de mantener instituciones robustas e independientes. Si bien los recursos obtenidos podrían ser destinados a programas sociales, la desaparición de estos órganos podría costar caro a la credibilidad democrática de México.
La crónica de esta decisión no termina con la publicación en el DOF. La historia se escribirá en los días, meses y años por venir, en cómo la sociedad y el gobierno aborden este cambio sin precedentes. Porque en política, como en la vida, las decisiones que centralizan el poder siempre tienen consecuencias; y en el caso de México, estas aún están por revelarse.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
Por una transformación no ficticia
Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Una vez acomodadas las calabazas en la carreta, lo menos que podemos esperar los ciudadasnos es que nuestras autoridades, municipales, estatales y federales, superen la mediocridad y ofrezcan mejores y más eficaces formas de gobernar. No será muy difícil averiguar quién o quiénes estarán pensando sólo en su carrera política, quien en los huesos futuros y quién en la verdadera naturaleza de la política, como propiciadora del bien común.
Da muy mala espina que los legisladores, federales y estatales estén en manos de un único partido. Al no tener contrapeso real, las facciones mayoritarias pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana, siempre “en nombre del pueblo” al que algunos tildan de sabio, lo que es muy, pero muy cuestionable.
Si algo se ha manipulado hasta la saciedad es a la sociedad cuando, por fórmulas matemáticas convenencieras, creadas por políticos, se le obliga a aceptar como “legítimas” las decisiones de un puñado de sátrapas que, cínicamente, se consideran la única, la verdadera e inmaculada “voz” del pueblo.
Si en verdad hubiera espíritu político de beneficio social, los politicastros que nos gobiernan deberían haber propiciado la democracia representativa en todos y cada uno de los órganos de gobierno y con entereza, rectitud, honradez y honestidad (que parece lo mismo, pero no es igual) abandonar la codicia de gobernar con una visión única, totalitaria, dictatorial.
Los mexicasnos sabemos lo que significa tener gobiernos desequilibrados, en todos los sentidos posibles. Hemos padecido la dictablanda (Vargas Llosa dixit) del PRI; hemos sufrido el totalitarismo de un partido hegemónico, que no permitía la mínima voz discordante; que no titubeó en destruir al equilibrio sano… generador de progreso y equidad, así como de asnificar al grueso de la población con propaganda subliminal o abiertamente en los medios de información.
Tras años de lucha de algunos partidos y librepensadores de oposición, así como de ciudadasnos organizados para generar equilibrios con los gobernantes, se creía superada la prueba que prevaleció alrededor de 70 años con los colores de México y las siglas del PRI.
Es cierto, nada ni nadie es perfecto. Tanto el hegemónico partido, hecho gobierno o viceversa, así como los partidos de oposición, tienen y tendrán defectos, pero los electores siempre esperan que sean los mínimos, pero parecen los mismos.
La reversa también es cambio, canturreaban los golondrinos de la grilla cuando los gobiernos fueron de “los conservadores”. Se aludía a la ideología pues se consideraban retrógradas algunas medidas gubernamentales más que nada.
Hoy día, la regresión es la agresión a todo, cuando menos una gran parte de lo que los ciudadasnos, englobados dentro o fuera de los partidos políticos, lograron a fuerza de mazazos sociales. Los “progresistas” han dado muestras de ir al revés. Su reloj, como el de Penélopri, se paró en los felices años de totalitarismo y caciquismo emanado de la Revolución.
No sólo MORENA añora esa etapa; los demás partidos, en pleno siglo 21, maniobran para lograr la sospechosa y amañada unanimidad que, invariablemente, conduce al estancamiento nacional.
¿Cómo es que la sociedad mexicana permite o ha permitido este regresar al pasado sin pensar en el futuro? ¿Cómo es que el partido en el poder en nombre de 35 millones de votantes se apropia de la voluntad de 120 millones de personas? Lo peor… ¿cómo es que sigue adelante esta manera maniquea de manejar al país sin que se frene el daño que, indefectiblemente se hace a las formas democráticas de gobernar?
Y si, como dicen los espirituales, “como es arriba es abajo”, en Jalisco no cantamos mal las rancheras. Tenemos un congreso local muy a modo para que el gobernador proponga lo que se le venga en gana y sus diputados, que no del pueblo, lo aprueben.
Con esa perspectiva política, poca es la esperanza de acceder a los gobiernos democráticos que tanto nos han vendido con palabrería los verdaderos detentadores del poder en nuestro país: los partidos políticos. Mismos que tienen en su ADN al sistema que el PRI ejerció en sus 70 años de poder. Mientras siga esa manera de actuar, seguiremos esperando un cambio verdadero, una transformación que no sea ficticia.
NACIONALES
El fentanilo, una sombra oscura sobre la salud pública
Bioética, por Omar Becerra //
El fentanilo, un opioide sintético de potencia extraordinaria, ha castrado una sombra alargada sobre la salud pública a nivel mundial. Su fácil acceso, su bajo costo y su alta potencia adictiva lo han convertido en una de las drogas más peligrosas de nuestro tiempo.
México, desafortunadamente, se ha visto inmerso en esta crisis, enfrentando un aumento significativo en el número de muertes por sobredosis y un desafío complejo para las instituciones de salud y seguridad.
El consumo de fentanilo en México ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Su presencia se ha extendido a todas las regiones del país, infiltrándose en todos los estratos sociales. Las razones detrás de este fenómeno son múltiples y complejas, entre las que destacan, la produccion y tráfico.
México se ha convertido en un importante productor y distribuidor de fentanilo, lo que ha generado un aumento significativo en el número de muertes por sobredosis. Los carteles de la droga han encontrado en esta sustancia una fuente de ingresos altamente lucrativa, debido a su fácil producción y a la alta demanda en el mercado estadounidense, tambien el consumo.
El consumo de fentanilo se ha extendido a todos los sectores de la sociedad, desde jóvenes hasta adultos mayores. La facilidad de acceso y el bajo costo de esta droga la han convertido en una alternativa atractiva para aquellos que ya consumen otras sustancias o que buscan experimentar nuevas sensaciones, esto trae consigo un impacto en la salud grave.
Las sobredosis de fentanilo han causado un aumento en la demanda de servicios de salud, lo que ha puesto bajo presión a los sistemas de salud pública. Las consecuencias de estas sobredosis son devastadoras, tanto para los individuos como para sus familias y comunidades.
Aquí es en donde aparecen distintos aspectos bioéticos complejos, que desafían los sistemas de salud y las instituciones sociales.
Teniendo los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo garantizar el derecho a la salud de las personas que consumen fentanilo, al tiempo que se combaten los efectos negativos de esta droga? ¿Cómo equilibrar el deseo de ayudar a las personas que sufren de adicción con la necesidad de proteger a la sociedad de los efectos del consumo de fentanilo?¿Hasta qué punto el Estado puede intervenir en las decisiones de las personas sobre su propio cuerpo y su salud?¿Cómo abordar las desigualdades sociales que contribuyen al consumo de drogas, como la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia?
Para enfrentar esta crisis, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario que incluya:
- Prevención: Implementar programas de prevención del consumo de drogas en escuelas y comunidades, fomentando la educación sobre los riesgos del fentanilo y promoviendo estilos de vida saludables.
- Tratamiento: Ampliar el acceso a tratamientos para la adicción al fentanilo, como la terapia de reemplazo de opioides y la terapia cognitivo-conductual. Es fundamental ofrecer servicios de tratamiento accesibles y de alta calidad, que permitan a las personas superar su adicción y reintegrarse a la sociedad.
- Reducción de daños: Proporcionar servicios de reducción de daños, como agujas limpias y pruebas de drogas, para reducir los riesgos asociados al consumo de fentanilo. Estas medidas pueden salvar vidas y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.
- Aplicación de la ley: Combatir el tráfico de fentanilo y desmantelar las redes criminales involucradas en este delito. Es necesario fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para combatir el tráfico de drogas y reducir la oferta de fentanilo.
- Investigación: Fomentar la investigación sobre el fentanilo y sus efectos en el organismo. La investigación científica es fundamental para desarrollar nuevas terapias y estrategias de prevención.
La crisis del fentanilo en México representa un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva bioética, reconociendo la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas. Al mismo tiempo, es necesario adoptar medidas efectivas para prevenir el consumo de fentanilo, tratar a las personas que sufren de adicción y combatir el tráfico de esta droga.
La solución a esta crisis no es sencilla y requerirá de la colaboración de todos los actores involucrados, desde el gobierno hasta la sociedad civil. Es fundamental invertir en programas de prevención, tratamiento y reducción de daños, así como en la investigación científica. Solo a través de un enfoque integral y multidisciplinario podremos enfrentar este desafío y construir un futuro más saludable para todos.
La bioetica es una disciplina muy importante para poder salir de esta crisis de drogas en nuestro pais.
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