JALISCO
Desaparecerán la Juntas de Conciliación: El nuevo modelo de impartición de justicia laboral
Por Juan Huerta Peres (*)
La resolución de los conflictos laborales en México fue por muchos años confiado a las autoridades judiciales en tribunales generales, en donde el trabajo era visto como una mercancía, sujeto a las leyes mercantiles y de comercio, dándose con ello abusos y atropellos al sector obrero, pues las resoluciones y sentencias eran apoyadas en criterios de “estricto derecho” y atendiendo a una técnica de interpretación fría y estricta, en donde no se reconocía el sentido social y humano del trabajo ya que no existía una Ley labora.
Es por ello que los trabajadores exigieron al Estado una solución, siendo para ello parte fundamental de la Revolución de 1917, que culminó con la primera Constitución Política con sentido social del mundo que generó nuestra Ley Federal del Trabajo.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco fue creada por Decreto el 21 de octubre de 1920, como una respuesta a las exigencias de impartición de justicia laboral, conformado de manera tripartita por un representante del gobierno, uno de los patrones y un representante de los trabajadores, erigiéndose en un verdadero tribunal laboral, que se alejó de la interpretación literal y restrictiva de la Ley, para dar paso a una impartición de justicia con visión social, mediante el equilibrio del capital y el trabajo.
Sin embargo la normatividad Constitucional no se vió reflejada del todo en la realidad, con años de abandono presupuestal, el mínimo personal jurisdiccional, bajos salarios, poca oferta de empleo, uso incorrecto de la subcontratación laboral, competencia desleal, la falta de acción de un sindicalismo real y efectivo, entre otros factores, dio como resultado una saturación en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, teniendo como consecuencia lógico-necesaria una justicia laboral lenta, poco eficiente y que quedaba mucho a deber a los fines de la justicia social.
Es por ello que se hizo necesario cambiar nuestro modelo de impartición de justicia y Siguiendo el lineamiento marcado por la negociación de tratados internacionales, en última instancia el T-MEC, el primero de mayo de dos mil diecinueve se materializó la reforma en materia de justicia laboral que aquí nos ocupa, hoy las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen fecha de caducidad, pero su sentido inicial de justicia social debe seguir vigente, dando paso a la impartición de justicia laboral en dos fases, la conciliación obligatoria a cargo de un Organismo Público Descentralizado y la fase del arbitraje en tribunales judiciales especializados en materia laboral del Poder Judicial.
Con la citada reforma se da paso a una nueva realidad laboral la cual se rige principalmente en 3 ejes rectores mencionados a continuación:
Antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo. Para ello, se crean Centros de Conciliación Laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos.
De no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago. Se regula por los artículos 684-A al 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Es una instancia gratuita, imparcial y confidencial. Además, es rápida y ágil pues tiene una duración máxima de 45 días.
De no lograr un acuerdo, se emitirá una constancia de no conciliación para poder iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales competentes.
No será necesario agotar esta instancia en casos de discriminación, acoso y violencia laboral, y en general, violaciones a los derechos humanos; así como para la designación de beneficiarios, entre otros. Se regula por los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo.
El nuevo procedimiento laboral se rige por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. La fase escrita consiste en la presentación y contestación de la demanda, incluyendo las pruebas; y en la admisión de réplicas y reconvenciones.
ETAPA DE CONCILIACIÓN Y ETAPA DE JUICIO
Audiencia preliminar. Se depura el procedimiento, se establecen hechos no controvertidos, se admiten o desechan pruebas y se cita a audiencia de juicio.
Audiencia de juicio. Se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se emite sentencia.
Los trabajadores podrán decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, los trabajadores podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos. No más sindicatos simulados y líderes sin representatividad.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago.
LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL: Los trabajadores serán consultados y habrá elecciones de dirigentes sindicales.
Se regula por los artículos 371 y 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, y por el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Se prohíben las votaciones a mano alzada o a través de delegados.
En la conformación de las planillas, se deberá garantizar la representación proporcional de género.
La autoridad laboral podrá verificar la elección en cualquier momento, a solicitud del sindicato o de por lo menos el 30% de sus afiliados. En caso de irregularidades, la elección será nula y la autoridad organizará una nueva.
OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE REPRESENTATIVIDAD
Se regula por el artículo 390 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
El sindicato que pretenda negociar un contrato colectivo inicial deberá acreditar previamente el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores.
En caso de que dos o más sindicatos soliciten la misma constancia de representatividad, la autoridad organizará una consulta a los trabajadores para determinar cuál tiene el respaldo mayoritario.
No será posible emplazar a huelga para solicitar la firma de un contrato inicial si no se cuenta con la constancia de representatividad.
Se regula por los artículos 390 Ter y 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo.
Los trabajadores deberán aprobar los acuerdos negociados por su sindicato con el empleador sobre los términos del contrato colectivo inicial o del convenio de revisión integral (cada dos años).
La consulta será convocada y organizada por el sindicato que solicite la firma o la revisión contractual. Para ello, deberá dar aviso a la autoridad sobre la convocatoria y los resultados de la consulta.
Si la mayoría de los trabajadores no aprueban el acuerdo negociado, el sindicato podrá estallar la huelga o prorrogar la pre huelga para negociar y consultar un nuevo acuerdo.
La autoridad podrá verificar la consulta en cualquier momento. En caso de irregularidades, la consulta será nula y deberá organizarse una nueva.
Se regula por el Artículo Décimo Primero transitorio de la Ley Federal del Trabajo.
Los trabajadores deberán aprobar el contenido de los contratos colectivos de trabajo vigentes que se hayan depositado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La consulta será convocada y organizada por el sindicato titular del contrato colectivo. Para ello, deberá dar aviso a la autoridad sobre la convocatoria y los resultados de la consulta.
APROBACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS Y CONVENIOS DE REVISIÓN: Legitimación de contratos colectivos existentes
En caso de que la mayoría de trabajadores desapruebe el contrato colectivo o el sindicato no realice la consulta antes del 1° de mayo de 2023, éste se tendrá por terminado. Sin embargo, los trabajadores conservarán todos los derechos y prestaciones establecidos en el contrato colectivo.
Un organismo público responsable de la conciliación laboral en materia federal; del registro sindical de asociaciones, contratos colectivos, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo a nivel nacional; y de la verificación y seguimiento de procesos de democracia sindical.
El Centro es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Su Junta de Gobierno está integrada por la STPS; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El personal del Centro es reclutado y seleccionado a través de concursos públicos y abiertos, con perspectiva de género, que garantizan el derecho a participar en igualdad de condiciones al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
La capacitación del personal incorpora en sus programas los más altos estándares metodológicos acordes a cada rama de especialidad, así como contenidos en materia de orientación y en asesoría de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad.
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y RESGISTRO LABORAL
El centro contará con oficinas de conciliación y registro en las 32 entidades federativas, las cuales ofrecerán orientación y asesoría especializada.
Dicho espacio apuesta por la modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio, permitiendo al público realizar en línea solicitudes de conciliación o trámites de registro.
* Por Juan Huerta Peres es Secretario Adjunto encargado de despacho de la Federación de Trabajadores de Jalisco.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
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