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NACIONALES

Documento de la UAM sobre el desmantelamiento de laboratorios: De cómo México abandonó la producción de vacunas

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

En 1970, nuestro país apareció entre las primeras siete naciones en el mundo como productor del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveía a 15 países y era un referente al producir además el 90 por ciento de los requerimientos locales en vacunas, según se asienta en el documento “La articulación público-privada en la producción de vacunas en México”.

Esa posición privilegiada fue desmantelada por la indolencia de los gobernantes neoliberales tanto del PRI como del PAN, los cuales a partir de la década de los noventa, en que se suprimieron recursos, desaparecieron la unidad administrativa que producía vacunas y crearon una empresa paraestatal bajo la figura de Asociación Público-Privada, que ahora es meramente una intermediaria entre las trasnacionales y las dependencias federales del sector salud.

Este trabajo, elaborado en 2016 por las investigadoras Silvia Tamez, Catalina Eibenschutz, Xareni Zafra y Raquel Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el cómo se fueron desmantelando los institutos que daban prestigio y certidumbre al país en materia de producción de vacunas.

En México hasta el decenio de los ochenta existió un franco predominio del sector público de la atención de la salud, pero a partir del nuevo milenio es observable una fuerte tendencia al ascenso de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos”, explican.

Al contrario de lo que afirman los neoliberales, las investigadoras advierten que los procesos privatizadores de los servicios públicos “han dado muestra de su incapacidad para responder las exigencias del entorno, ya que los resultados han sido muy pobres y en algunos casos hasta negativos”.

Para el tema de la producción de vacunas, consideran que haberlo entregado a las farmaceúticas extranjeras, es además “un proceso de pérdida de soberanía sanitaria”.

Recuerdan que México producía vacunas desde 1939 y el proceso se fortaleció en 1956 y en 1960 al crearse los Institutos de Higiene y de Virología respectivamente, citando al académico Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, se dejó de invertir en infraestructura e inició la decadencia de los citados institutos, los cuales en el sexenio de Ernesto Zedillo desaparecieron como tales y fueron integrados a la Secretaría de Salud y a partir de 1998 ya ni siquiera hubo producción para cubrir el esquema básico de vacunación.

Para esas fechas, ya el Congreso había aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas, instrumento jurídico que las investigadoras de la UAM la definen como herramienta que “legaliza plenamente lo ilegal para terminar de saquear a la nación”.

Hasta 1998 las ya entonces pocas vacunas disponibles fueron producidas por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, unidad administrativa de la Secretaría de Salud Federal; en 1999, Ernesto Zedillo creó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa privada con participación mayoritaria estatal bajo el esquema de APP.

El objetivo de la nueva empresa según difundió el gobierno en ese entonces, era “incrementar la eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de calidad”. Las investigadoras de la UAM, creen que ninguno de esos objetivos se ha cumplido.

Resaltan que en mayo de 2003, el entonces presidente Vicente Fox promovió una reforma a la Ley General de Salud, para que a través de la empresa Birmex se enfrentara una posible pandemia de influenza y se aprobó que se financiaran los trabajos necesarios tomando recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Las investigadoras analizan en lo particular el origen de la pandemia de influenza en 2009 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y señalan que en la primera sesión extraordinaria en enero de ese año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se acordó solicitar un préstamo al Banco Mundial de 1.7 millones de dólares para enfrentar de manera eficiente la pandemia, recursos cuya aplicación nunca fue clara.

Avanzado el año, relatan las investigadoras, las críticas más fuertes eran en el sentido de que el gobierno federal ocultó datos sobre la gravedad de la pandemia e incluso el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), “dedujo que los brotes iniciaron en enero de 2009 y no en abril cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria”.

A nivel internacional también fue muy cuestionada la decisión de la Organización Mundial de la Salud al emitir la declaración de pandemia por AH1N1, pues las cifras disponibles en 2010 no reflejaban tal gravedad. Sin embargo, en noviembre de 2012 la revista The Lancet publicó un estudio en el cual se concluía que la mortandad registrada fue mayor en 15 veces a la reportada en 2009, superando las 250 mil muertes.

En agosto del mismo año, el Consejo Técnico del CNPSS otorgó 1,158.3 millones de pesos para la adquisición de las vacunas contra el AH1N1. “Conviene destacar que el titular de la CNPSS señaló que con los recursos que se estaban utilizando para la pandemia, se dejaban de atender servicios de salud como la insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, en infartos, entre otros”, consigna el documento.

Las consecuencias para estos enfermos no fueron los únicos problemas que se generaron, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se pagaron sobrecostos en la adquisición de vacunas contra el AH1N1 por un monto superior a los 119 millones de pesos, tan solo por la intermediación de la empresa Birmex, la compra se realizó con bases de manuales que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto ilegales, además de que la vacuna estaba en etapa de ensayos clínicos y tanto Birmex como Sanofi y Glaxo se deslindaron mañosamente de posibles daños a la salud de los pacientes en los contratos.

Otro delito verificado por la ASF, fue que de las 13 millones 085 mil dosis de la vacuna compradas, 4 millones 188 mil se esfumaron y ni la empresa Birmex o la Secretaría de Salud dieron explicación sobre el destino de las mismas. Por estos delitos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la empresa Birmex, que se solventara el daño patrimonial y se procediera legalmente contra los responsables de los delitos. Nunca se informó de alguna sanción.

Las académicas de la UAM concluyen que el problema de este tipo de empresas con base APP, conlleva “la renuncia de los gobiernos a su soberanía”, en este caso en el tema de salud. Citan como ejemplo el Plan Global de Vacunación 2010-2020 (GVAP), que es financiado por instancias internacionales, entre ellas la OMS y gobiernos de varios países, pero el producto es propiedad de empresas trasnacionales.

Independientemente de este debate, el cúmulo de irregularidades que destacó la prensa nacional y han reiterado con precisión y a detalle las auditorías que la ASF hizo a Birmex, conformaron el escenario ideal para la transferencia de grandes flujos de dinero público a las industrias productoras de vacunas y antivirales”.

BIRMEX, EL LADO OSCURO DE LAS VACUNAS

-Invirtió casi 1 mil millones de pesos en la construcción de una planta para producir vacunas en Cuautitlán Izcalli que inició en 2007. Para 2017, todavía inconclusa la obra, declararon que la estructura no resistiría la carga y de enero a marzo de 2018 fue demolida. Fungieron entonces como secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorikzki y José Narro Robles.

-En su informe final de administración en 2018, reportó procesos judiciales pendientes, entre penales, mercantiles, civiles y laborales, a través de los cuales le reclaman pagos a la empresa que suman más de 500 millones de pesos.

-En 2018 ocupó el lugar 158 entre 261 entes evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación. En 2013, registró un altísimo incumplimiento en metas del 64.99%.

-En 2018 inició la construcción de la nueva planta en Cuautitlán Izcalli para producir vacunas y anunció una inversión de 1 mil millones de pesos, sin requerir aportaciones del gobierno federal. No aclara la empresa el compromiso con su socio Sanofi, pero desde 2015 le transfirió la hipoteca del terreno.

-A noviembre de 2018, reportó activos por 3 mil 109 millones 979 mil pesos. En pasivos registró 818 millones 769 mil 500 pesos, lo cual considera una estabilidad financiera razonable.

-Por ser una paraestatal, el manejo presupuestario es discrecional y no presenta informes de balance de operación, de presupuesto y financieras a las autoridades.

-La compra de vacunas y reventa a las instituciones de salud federal, llegan con sobreprecio como ha observado la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual no cumple con el principal objetivo que justifica su creación, que era mejorar precio y calidad de servicio.

-En las compras anuales de vacuna para prevenir el AH1N1 influenza, las dosis no han superado los 15 millones, que son insuficientes para la población de adultos mayores y niños, según los datos del Censo INEGI 2020.

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CARTÓN POLÍTICO

¿Dormirá tranquilo en Madrid?

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JALISCO

La justicia, un privilegio inalcanzable: Teuchitlán, la negación como crimen de Estado

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.

Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.

Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.

«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».

Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.

La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.

La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».

Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.

La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.

Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».

La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.

Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.

Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.

Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.

Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.

En X @DEPACHECOS

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JALISCO

La bestia de Teuchitlán

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Opinión, por Fernando Plascencia //

¿Qué nos hace humanos? La dichosa pregunta se ha respondido de muchas maneras. Dirían los antiguos que la racionalidad, o que tenemos un alma incrustada y atrapada en el cuerpo que funge como cárcel, o más complejo, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos como seres pensantes. La pregunta viene bien ahora.

Lo que ocurrió en Teuchitlán descompone cada supuesto de humanidad. La racionalidad se perdió, llegó el animalismo, se diría, pero ya Mary Midgley vino a decirnos que no hay animal más cruel que el humano, ni el feroz lobo es capaz de desollar a sus presas, porque no son rivales, son presas. ¿Nos distingue el alma? Pero quién con alma sería capaz de cometer atrocidades contra decenas de seres humanos, un desalmado. No se ve más el reflejo del alma en los ojos, los ojos solo reflejan desdicha y sufrimiento.

No importa a dónde vayamos, la violencia nos persigue y nos hace cada vez menos humanos. Nos persigue para condenarnos y llevarnos de su mano. Como sociedad no hemos sido capaces de evitarla. Como humanidad nos sentamos en comunidad, creamos normas, para no hacernos daño los unos a los otros, cuán lejos nos sabemos de eso.

El contrato social que nos hizo humanos en el principio – cuál principio – se rompe y se rompe a cada rato. Teuchitlán lo confirma, el desmoronamiento de lo que creíamos nos quita lo humano. ¿Qué somos ya?

Desde hace años se habla de deshumanización, de una extrañeza que nos invade y nos hace menos humanos. ¿Somos menos humanos con cada tragedia como la de Teuchitlán? ¿El humano que se atrevió a tanto con qué será comparado? No hay más comparación que con el mismo humano. La bestia que llevamos dentro emerge y no como bestia de la naturaleza, sino como la bestia que no conoce el límite moral, porque sí hay animales que viven con una moralidad más digna.

Nuestra humanidad se encuentra extraviada y con símbolos y con ríos de sangre y dolor lo comprobamos. 400 zapatos son la muestra de una capacidad infinita de derrotar al rival como sea necesario y con los medios que se tengan al alcance, pero más que derrotar al rival nos derrotamos a nosotros mismos. Fuimos capaces de crear un Estado, tan sofisticado en algunas partes con instituciones que resuelven el más pequeño inconveniente público, pero ahora no somos capaces de protegernos.

La humanidad se nos va de las manos, eso que se propuso como proyecto de humanidad no quedó más que en el papel de tratados morales y filosóficos. El trazado racional que por mucho tiempo hemos tratado de seguir se tambalea y estamos a la deriva no solo de una razón instrumental, sino de una lógica de violencia por la violencia. Lo que creamos para servirnos de protección ha dejado de servirnos y ha servido para incrementarla – la violencia -, con disposición para que unos cuanto sigan al margen. Pero lo que se predice es que la violencia está por atacarnos a todos y de una vez por todas no habrá quién se salve, será responder o morir.

Más que nunca es falso que somos los seres del centro de la vida social, qué limitados estamos para salir de la violencia, y es que ningún impulso nos ha sacado de ese baño de sangre. Divinizar la violencia es el camino más torpe que pudimos tomar o ¿será que el exceso de libertad nos trajo hasta aquí?

Lo que ocurrió en Teuchitlán debe ser llamado como uno de los peores actos que como sociedad nos han ocurrido. Qué lejos nos pone de una idea de sociedad que seguimos compartiendo muchos, donde la violencia debe ser el instinto más controlable que tengamos. La violencia es biológicamente natural, pero debemos entender cómo moderarla y evitar que los conflictos lleguen a más. La información más valiosa que tenemos es que la violencia no es el único impulso que tenemos, ni el mejor, sino que tenemos instintos que juegan un papel fundamental como sociedades: la cooperación o la empatía.

No reforzar la violencia y sus conductas es vital como humanidad, si no es real que el hombre es lobo para el hombre es porque tenemos más caminos y Teuchitlán no es el destino ineludible del que no podamos escapar, sino debe ser el inicio de entender que como sociedad y humanidad no es lo que queremos muchas, pero muchas personas.

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