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Documento de la UAM sobre el desmantelamiento de laboratorios: De cómo México abandonó la producción de vacunas

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

En 1970, nuestro país apareció entre las primeras siete naciones en el mundo como productor del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveía a 15 países y era un referente al producir además el 90 por ciento de los requerimientos locales en vacunas, según se asienta en el documento “La articulación público-privada en la producción de vacunas en México”.

Esa posición privilegiada fue desmantelada por la indolencia de los gobernantes neoliberales tanto del PRI como del PAN, los cuales a partir de la década de los noventa, en que se suprimieron recursos, desaparecieron la unidad administrativa que producía vacunas y crearon una empresa paraestatal bajo la figura de Asociación Público-Privada, que ahora es meramente una intermediaria entre las trasnacionales y las dependencias federales del sector salud.

Este trabajo, elaborado en 2016 por las investigadoras Silvia Tamez, Catalina Eibenschutz, Xareni Zafra y Raquel Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el cómo se fueron desmantelando los institutos que daban prestigio y certidumbre al país en materia de producción de vacunas.

En México hasta el decenio de los ochenta existió un franco predominio del sector público de la atención de la salud, pero a partir del nuevo milenio es observable una fuerte tendencia al ascenso de la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos”, explican.

Al contrario de lo que afirman los neoliberales, las investigadoras advierten que los procesos privatizadores de los servicios públicos “han dado muestra de su incapacidad para responder las exigencias del entorno, ya que los resultados han sido muy pobres y en algunos casos hasta negativos”.

Para el tema de la producción de vacunas, consideran que haberlo entregado a las farmaceúticas extranjeras, es además “un proceso de pérdida de soberanía sanitaria”.

Recuerdan que México producía vacunas desde 1939 y el proceso se fortaleció en 1956 y en 1960 al crearse los Institutos de Higiene y de Virología respectivamente, citando al académico Alejandro Alagón Cano, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Al asumir el poder Carlos Salinas de Gortari, se dejó de invertir en infraestructura e inició la decadencia de los citados institutos, los cuales en el sexenio de Ernesto Zedillo desaparecieron como tales y fueron integrados a la Secretaría de Salud y a partir de 1998 ya ni siquiera hubo producción para cubrir el esquema básico de vacunación.

Para esas fechas, ya el Congreso había aprobado la Ley de Asociaciones Público Privadas, instrumento jurídico que las investigadoras de la UAM la definen como herramienta que “legaliza plenamente lo ilegal para terminar de saquear a la nación”.

Hasta 1998 las ya entonces pocas vacunas disponibles fueron producidas por la Gerencia General de Biológicos y Reactivos, unidad administrativa de la Secretaría de Salud Federal; en 1999, Ernesto Zedillo creó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, una empresa privada con participación mayoritaria estatal bajo el esquema de APP.

El objetivo de la nueva empresa según difundió el gobierno en ese entonces, era “incrementar la eficiencia de los procesos productivos, desarrollar nuevos productos, mejorar las prácticas comerciales, desarrollar otros mercados y mejorar los estándares de calidad”. Las investigadoras de la UAM, creen que ninguno de esos objetivos se ha cumplido.

Resaltan que en mayo de 2003, el entonces presidente Vicente Fox promovió una reforma a la Ley General de Salud, para que a través de la empresa Birmex se enfrentara una posible pandemia de influenza y se aprobó que se financiaran los trabajos necesarios tomando recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Las investigadoras analizan en lo particular el origen de la pandemia de influenza en 2009 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y señalan que en la primera sesión extraordinaria en enero de ese año del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se acordó solicitar un préstamo al Banco Mundial de 1.7 millones de dólares para enfrentar de manera eficiente la pandemia, recursos cuya aplicación nunca fue clara.

Avanzado el año, relatan las investigadoras, las críticas más fuertes eran en el sentido de que el gobierno federal ocultó datos sobre la gravedad de la pandemia e incluso el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), “dedujo que los brotes iniciaron en enero de 2009 y no en abril cuando el gobierno federal decretó la alerta sanitaria”.

A nivel internacional también fue muy cuestionada la decisión de la Organización Mundial de la Salud al emitir la declaración de pandemia por AH1N1, pues las cifras disponibles en 2010 no reflejaban tal gravedad. Sin embargo, en noviembre de 2012 la revista The Lancet publicó un estudio en el cual se concluía que la mortandad registrada fue mayor en 15 veces a la reportada en 2009, superando las 250 mil muertes.

En agosto del mismo año, el Consejo Técnico del CNPSS otorgó 1,158.3 millones de pesos para la adquisición de las vacunas contra el AH1N1. “Conviene destacar que el titular de la CNPSS señaló que con los recursos que se estaban utilizando para la pandemia, se dejaban de atender servicios de salud como la insuficiencia renal crónica, hemofilia, leucemia en adultos, en infartos, entre otros”, consigna el documento.

Las consecuencias para estos enfermos no fueron los únicos problemas que se generaron, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se pagaron sobrecostos en la adquisición de vacunas contra el AH1N1 por un monto superior a los 119 millones de pesos, tan solo por la intermediación de la empresa Birmex, la compra se realizó con bases de manuales que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto ilegales, además de que la vacuna estaba en etapa de ensayos clínicos y tanto Birmex como Sanofi y Glaxo se deslindaron mañosamente de posibles daños a la salud de los pacientes en los contratos.

Otro delito verificado por la ASF, fue que de las 13 millones 085 mil dosis de la vacuna compradas, 4 millones 188 mil se esfumaron y ni la empresa Birmex o la Secretaría de Salud dieron explicación sobre el destino de las mismas. Por estos delitos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y de la empresa Birmex, que se solventara el daño patrimonial y se procediera legalmente contra los responsables de los delitos. Nunca se informó de alguna sanción.

Las académicas de la UAM concluyen que el problema de este tipo de empresas con base APP, conlleva “la renuncia de los gobiernos a su soberanía”, en este caso en el tema de salud. Citan como ejemplo el Plan Global de Vacunación 2010-2020 (GVAP), que es financiado por instancias internacionales, entre ellas la OMS y gobiernos de varios países, pero el producto es propiedad de empresas trasnacionales.

Independientemente de este debate, el cúmulo de irregularidades que destacó la prensa nacional y han reiterado con precisión y a detalle las auditorías que la ASF hizo a Birmex, conformaron el escenario ideal para la transferencia de grandes flujos de dinero público a las industrias productoras de vacunas y antivirales”.

BIRMEX, EL LADO OSCURO DE LAS VACUNAS

-Invirtió casi 1 mil millones de pesos en la construcción de una planta para producir vacunas en Cuautitlán Izcalli que inició en 2007. Para 2017, todavía inconclusa la obra, declararon que la estructura no resistiría la carga y de enero a marzo de 2018 fue demolida. Fungieron entonces como secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorikzki y José Narro Robles.

-En su informe final de administración en 2018, reportó procesos judiciales pendientes, entre penales, mercantiles, civiles y laborales, a través de los cuales le reclaman pagos a la empresa que suman más de 500 millones de pesos.

-En 2018 ocupó el lugar 158 entre 261 entes evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación. En 2013, registró un altísimo incumplimiento en metas del 64.99%.

-En 2018 inició la construcción de la nueva planta en Cuautitlán Izcalli para producir vacunas y anunció una inversión de 1 mil millones de pesos, sin requerir aportaciones del gobierno federal. No aclara la empresa el compromiso con su socio Sanofi, pero desde 2015 le transfirió la hipoteca del terreno.

-A noviembre de 2018, reportó activos por 3 mil 109 millones 979 mil pesos. En pasivos registró 818 millones 769 mil 500 pesos, lo cual considera una estabilidad financiera razonable.

-Por ser una paraestatal, el manejo presupuestario es discrecional y no presenta informes de balance de operación, de presupuesto y financieras a las autoridades.

-La compra de vacunas y reventa a las instituciones de salud federal, llegan con sobreprecio como ha observado la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual no cumple con el principal objetivo que justifica su creación, que era mejorar precio y calidad de servicio.

-En las compras anuales de vacuna para prevenir el AH1N1 influenza, las dosis no han superado los 15 millones, que son insuficientes para la población de adultos mayores y niños, según los datos del Censo INEGI 2020.

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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