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OPINIÓN

La inmunidad de rebaño

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Opinión, por Jesús Armando Liogon Beltrán //

«La filosofía de la ciencia es derribar los muros de la ignorancia», afirma el Dr. William H. Foege Profesor Emérito con Distinción Presidencial de Salud Internacional (Fundacion Rockefeller): «La filosofía de la medicina es utilizar esa verdad para cada paciente, pero la filosofía de la salud pública es utilizar esa verdad para todos».

A casi un año de que la Pandemia COVID19 se decretara oficial en México la evaluación y resultados es terrible y al día ayer domingo 21 de febrero la cifra de contagiados acumulados es de 2,236,606 casos confirmados; en tanto el total de muertos en territorio azteca ascendió a 180, 107.

Al paso que vamos, todo indica que México opera la estrategia muda: “inmunidad de rebaño” para frenar el COVID19, lo cual puede resultar fatal, ya que genera más decesos y mayor incertidumbre ante ésta terrible contagio.

La polémica y debate para lograr la inmunidad colectiva y de posibles rebrotes siguen a la orden del día; sin duda una vacunación eficaz puede ser la soñada solución, sin embargo aún hay dudas en su eficacia y lo más grave no se garantiza el suministro profesional; plagado además de tintes partidista con efectos electorales.

La semana pasada la autoridad de salud estaba implementando acciones que protegen a los grupos más vulnerables con la esperanza de que dichas medidas sin tener la inmunidad de rebaño como un objetivo principal; éste programa nacional de vacunación para proteger y atender a 15.4 millones de personas mayores de 60 años o más, será positivo cuando lleguen las vacunas.

Bien vale evaluar la declaración del  subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez: “Tenemos capacidad para la vacunación, sin mucho problema pueden vacunarse 3 millones de personas por semana, nos alcanza, siempre y cuando tengamos la vacuna. Estamos pensando que cada brigada pueda vacunar a 300 personas, no sólo en un día, sino en cuatro días, en el caso de comunidades más remotas, apartadas”.

Lo anterior afecta el programa nacional de vacunación es importante partir del último censo dado a conocer por el INEGI el mes de enero del 2021 la Población general en México 126,014,024; desde luego conocer el número de personas mayores de 18 años registrados en el Padrón Electoral RFE- INE: 93,631,220 Ciudadanos Registrados con Corte al 22 de enero de 2021.

No hay un programa eficiente para operar la vacuna y frenar el COVID19, lo cual deja claro que el Estado mexicano construye el programa de inmunidad de grupo (inmunidad de rebaño) frente al SARS-CoV—2 a través de la infección natural, que resulta teóricamente posible, pero ese camino para alcanzar su objetivo no es sencillo ni ético, ya que las consecuencias sociales y número de decesos podrían ser devastador y lamentable.

Consecuentemente ni más…ni menos…sólo lo justo!… Es grave y preocupante que el Estado Mexicano implemente a través de la Secretaría de Salud el Programa “Inmunidad de rebaño” estrategia muda para frenar al covid19. lo cual es una tragedia de 235,700 decesos más!… Existen dos posibles enfoques para alcanzar una inmunidad de grupo contra el Sars-cov-2:

1) una campaña de vacunación masiva, que requiere el desarrollo de una vacuna efectiva y segura. Dar prioridad a las medidas que protegen a los grupos más vulnerables y adultos mayores con la esperanza de que la inmunidad colectiva se logre eventualmente como un subproducto de dichas medidas sin tener la inmunidad de rebaño como un objetivo principal en sí mismo.

2) la inmunización natural con el virus a lo largo del tiempo. Las consecuencias de este último enfoque son graves: una gran parte de la población necesitaría infectarse con el virus y fallecerían millones de personas. Por lo tanto, en ausencia de un programa de vacunación, no se debería establecer como objetivo final la inmunidad de grupo.

Apostar por el contagio natural para controlar el brote provocaría un ciclo desalentador que duraría meses o años y en el que los casos disminuirían y luego aumentarían. Es necesario y apremiante instrumentar un Plan Nacional para operar una vacuna eficaz, con la participación integral de los tres Poderes de la Unión; así como los tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, las instituciones educativas, las fuerzas productivas empresariales, Organismos no gubernamentales, Organismos Altuistas, Fundaciones, todos unidos y hermanados por México y para los mexicanos, sin colores partidista y sin proselitismo electoral.

De no ser así el programa que refiere el gobierno federal es insuficiente, según lo afirma el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez: “Tenemos capacidad para la vacunación,… de 3 millones de personas por semana, nos alcanza, siempre y cuando tengamos la vacuna…

Ante la falta de un Programa Nacional e integral de vacunación, a 11 meses de inicio formal de la Pandemia la estadística de Muertes o deceso por Covid19 van 180 mil.

Para vacunar a 93,631.220 millones de mexicanos mayores de 18 años tendrá que transcurrir 7.8 meses, multiplicado por dos vueltas (dos aplicaciones de la vacuna resultaría 15.6 meses o sea 1 año 3 meses, 15 días lamentablemente un incremento de 235,700 decesos más; considerando que al día de ayer se registró 180 mil 107 defunciones, un promedio de 16,363 decesos por mes, cálculo obligado que presento en nuestra reflexión editorial de hoy, ante la preocupación que me ocupa la delicada y penosa circunstancia por la que estamos transitando en México.

Twitter: @JALiogon

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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