NACIONALES
Ecos de la Reforma Judicial: De presidenta a presidenta, crónica de un forcejeo presentido

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Se ha convenido por todos los mexicanos, o casi, que el actual es tiempo de mujeres. Y como cabal ejemplo se trae a colación el hecho de que tenemos dos primeras presidentas en esferas esenciales del poder público nacional: Claudia Sheinbaum Pardo, científica y política quien es titular del Poder Ejecutivo Federal, o sea presidenta de la República, y Norma Lucía Piña Hernández, jurista y ministra, quien funge como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJ-, es decir, simboliza al Poder Judicial Federal.
Proverbialmente, los poderes constitucionales deben ser armónicos, pero debemos admitir que, durante el priiato, las Cámaras (Diputados y Senadores) fueron muy obsecuentes del Ejecutivo, y no se diga el Poder Judicial, tratado siempre como un apéndice del presidencialismo vigente.
A partir de 2018, cuando arribó al gobierno general la posición de izquierda representada por Morena y sus aliados -PT y PVEM- los tres poderes constitucionales actuaron con más o menos independencia. Sin embargo, luego de las elecciones de junio de este feneciente 2024, cuando la ciudadanía votante le dio enorme ventaja al Lopezobradorismo, por lo que los morenistas y asociados obtuvieron mayoría calificada y en consecuencia el gobierno de la Cuarta Transformación -4T- pudo cristalizar lo que llamó Plan C, que había sustituido a los planes A y B que contenían diversas iniciativas de reformas constitucionales, y que habían fracasado en el legislativo durante la segunda parte del periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o en su caso, cuando eran leyes secundarias, se frenaron en la Suprema Corte de Justicia, motivada para actuar por partidos de la oposición o por organismos no gubernamentales de inspiración prianista o empresarial, es decir de la llamada derecha política.
Por cierto, desde el 2 de enero de 2023, había llegado a la presidencia de la SCJ, por primera vez en la historia del Poder Judicial, una mujer: la ministra Licenciada Norma Lucía Piña Hernández. Con su arribo, los juzgadores federales multiplicaron sus acciones de amparo sobre operaciones de la 4T, todo ello festejado por los oposicionistas y con desabrida actitud gobiernista.
Con singular visión, el 5 de febrero de este año, el ahora expresidente AMLO, presentó un paquete de 20 propuestas reformatorias, la mayoría de índole constitucional, y pocas sobre normas de corte secundario. La meta era alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en los comicios de junio y así poder concretar legislativamente esas iniciativas. Celebrada la jornada electoral, triunfó arrolladoramente el Lopezobradorismo, logrando mayorías calificadas en las Cámaras, y dando la presidencia de la república a la ilustrada Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que desempeñaría tan alto cargo a lo largo de 200 años de historia independiente mexicana. De esa manera quedaron frente a frente dos distinguidas damas y presidentas, una de la Corte -prácticamente del Poder Judicial- y otra del Poder Ejecutivo.
Si desde el segundo trienio del período de AMLO, se habían distanciado los intereses de la 4T y del Poder Judicial Federal, se vio con expectativa como actuaría la sucesora de AMLO. Desde el momento inicial -1 de octubre reciente- del sexenio Claudista, se advirtió que su titular no actuaría contra su antecesor. Por lo tanto, eran de esperarse constantes jaloneos entre las dos presidentas. Y la ocasión se dio a propósito de la reforma del Poder Judicial.
La primera mandataria sugirió y así se hizo, que hubiese en el Congreso de la Unión una etapa o especie de parlamento abierto para escuchar a todos los interesados en la comentada iniciativa judicial. Fueron muchas las sesiones llevadas a cabo, y a ellas concurrieron desde los miembros de la SCJ, magistrados y juzgadores tanto de índole federal como estatal, como académicos y abogados de diversas instituciones. Hubo varias modificaciones a la original proposición de reforma constitucional, finalmente los críticos de ella quedaron inconformes desatando una áspera refutación mediática; comentócratas y los miembros de la justicia federal, fueron el alma de esa férrea impugnación, contando con la anuencia de la presidenta de la SCJ.
En esa ríspida contienda, en julio de este año, en un Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, expresó la guía de la SCJ: la reforma judicial es “… un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro País» (El Mañana, 8-VII-2024). Luego a principios de septiembre la presidenta Piña Hernández planteó un proyecto de reforma, muy diferente al que tenía el Poder Legislativo. Una frase de ella lo dice todo: “la demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende”.
A esos cuestionamientos, la presidenta electa declaró el mes de la Patria: con la reforma judicial “habrá más y mejor estado de derecho y más democracia para todas y todos”. Enseguida, ante diputados de su partido, agregó: “La propuesta aspira a poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos”. (Prensa Latina, sep.4/2024).
Así transcurrieron los días, hasta que el 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la multicitada reforma constitucional. El siguiente episodio pasmoso, fue cuando la SCJ discutió si era posible echar atrás la susodicha reforma, y en dramático acto, faltó un voto para que el pleno de la Corte aprobara esa proposición: con visible nerviosismo, la ministra Piña intentó que, en vez de 8 votos, solo se requirieran seis para declarar que si podía revertirse la modificación constitucional que nos ocupa, pero de nueva cuenta fue derrotada. Y así se selló que la Carta Magna y su reforma en materia judicial, quedaba firme. (Sesión 5 de noviembre, SCJ). Al respecto la presidenta del país afirmó el miércoles 6 de noviembre: “el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad”. (Aristegui noticias, 6-11-2024).
El asalto final, se verificó el pasado 10 de diciembre, con motivo del que será el postrero informe de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El evento se vio desairado por muchas personalidades, destacando desde luego las ausencias de la presidenta Sheinbaum, de los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como de la presidenta del Tribunal Federal Electoral.
La ministra presidenta señaló en un comunicado oficial, que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial. En un párrafo -, aludiendo asuntos que contravinieron intenciones gubernamentales, dijo la presidenta: «Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco». Incluso, se dice recibieron amenazas.
En la mañanera del 11 del mes decembrino, sobre lo dicho por Piña Hernández, estipuló la presidenta de México: es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo; ni del “presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza”.
La jefa del Ejecutivo Federal agregó que todo integrante del Poder Judicial, particularmente, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, “son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, … ser oscuros”, y por ello, se deben “hacer públicas algunas decisiones que se toman,…y que se manifiestan en “La Mañanera”, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada; o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses, y meses, para poder determinar una resolución de la Corte, por intereses personales o mercantiles; o casos en donde la Corte decidió legislar, contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución”.
En base a lo anterior, “en realidad el fondo es que el Poder Judicial y, particularmente, una parte de los ministros y ministras de la Corte, representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo”.
Por otra parte, aseveró Sheinbaum que la Transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México, “un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia” y contra lo que dicen los detractores de la reforma, “los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que “esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de derecho,… es todo lo contrario, ahora, va a haber autonomía del Poder Judicial por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo”.
“Si —lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta—, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo: en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados prácticamente por él en un acuerdo entre el PRI y el PAN…” Por consiguiente, asegura la mandataria, “lo que hay es dos proyectos de nación: Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios. Y, otro, avanzar con la Transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer -la presidenta de la Corte- con su informe? Pues el viejo régimen”.
De esta forma, prácticamente concluye este jaloneo entre presidentas, que como intitulamos esta colaboración, no fue sino la crónica de un forcejeo presentido.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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