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NACIONALES

El balón está en la corte: INE, TRIFE e INAI contra la intolerancia y soberbia presidencial

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Por Francisco Ruiz Quirrin //

EL INE, el TRIFE, la COFECE y el INAI, organismos autónomos creados bajo el consenso de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión en los últimos 20 años, están ahora presentando una lucha en contra de la imposición, la intolerancia y el totalitarismo surgido desde palacio nacional por voz del Presidente López Obrador.

Las instituciones mencionadas fortalecieron al Estado Mexicano por encima de los gobiernos temporales con un objetivo muy preciso: Lograr un verdadero equilibrio de poderes.

Y es ahora, cuando evidentemente la “cuatroté” busca pasar por encima de la Ley con el pretexto de defender a los pobres y combatir la corrupción, que estos organismos cumplen simplemente con la obligación para la que fueron creados: Hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Igual que el Presidente, los directivos, consejeros y magistrados de estas instituciones hicieron un juramento al tomar posesión de sus cargos, bajo la advertencia de que en caso de no cumplir, “el pueblo se los demande”.

Esto último significa que cada uno de estos personajes está sujeto no sólo a un juicio político, a procesos administrativos y penales, sino también al juicio de la historia.

Si a esas vamos habría qué comenzar por el propio Presidente López Obrador, quien no sólo ha violado preceptos constitucionales, sino que puede ser juzgado también por incitar a la división entre los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y de manera particular, su presidente, Lorenzo Córdova, ha sido atacado, vilipendiado y amenazado por el Presidente y por actores políticos como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado y el “violador” de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Aún así, Córdova se ha sostenido en sus convicciones y en la razón elemental de su cargo: Cumplir con la Ley. Ha tenido el cuidado de no envolverse en un debate ni con el Presidente ni con otros dirigentes o candidatos.

Son actores políticos. Ellos son jugadores. En el INE somos árbitros. Sólo los vigilamos”, ha reiterado.

Por ello, hasta en dos ocasiones resolvieron por mayoría de votos que Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes por MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, violaron la Ley al no informar de sus gastos de precampaña y por ello debería retirársele sus candidaturas.

López Obrador, Félix Salgado, Mario Delgado y Morón, aprovecharon sus foros para reiterar los ataques contra el INE. Se dejó correr la especie incluso, que desde el Congreso de la Unión podría promoverse la desaparición del árbitro electoral.

No sólo eso. Estaban seguros de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y gracias a que su presidente, el magistrado José Luis Vargas, lleva la “cuatroté” en la sangre, saldrían victoriosos y se burlarían de Córdova y los demás.

No fue así. Sólo Vargas votó a favor de devolverle las candidaturas a Félix y Morón. Los seis magistrados restantes votaron en contra. Y se les cayeron.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es otro organismo autónomo creado para regular y equilibrar con el gobierno en turno la política en materia económica.

Ante el empeño intolerante de palacio nacional de privilegiar las energías fósiles como el combustóleo y el carbón, se impuso la “contrarreforma” eléctrica. El Presidente dijo que el propósito era levantar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Al parecer no le importaron a López Obrador las consecuencias negativas para México ante las reacciones de gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, que refrendaron con nuestro país un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, basado precisamente en el tema de la generación de energías, en el uso de fuentes limpias como el sol y el aire.

Ante esta realidad, la COFECE ha anunciado la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya a fines del año pasado, una promoción similar echó abajo el decreto “Nahle” que privilegiaba la generación de energía en base a fuentes fósiles que el mundo está desechando.

La Comisión Federal de Competencia Económica, también está cumpliendo con el propósito para el que fue creada y suma a la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, por encima del gobierno en turno.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es una más de estas instituciones cuyo objetivo es perfeccionar la Democracia en nuestro país. La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del servicio público fue y ha sido siempre una exigencia del pueblo de México.

Sin embargo, para López Obrador, el INAI debe desaparecer porque esa función la podría llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Pero ahí están los números oficiales. Esta dependencia en manos de Irma Eréndira Sandoval, ha sido de las más opacas en el actual régimen.

Bueno, el INAI acaba de anunciar una férrea oposición a la ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, iniciativa que aprobaron los “morenistas” en el Congreso de la Unión, sabedores de que el objetivo es controlar la vida privada de los ciudadanos de México.

Se ha confirmado que ofrecer los datos biométricos de las personas, sólo nos hace vulnerables ante el Estado…y ante el crimen. El INAI elabora ahora una controversia constitucional para tratar de echar abajo esa lesiva legislación.

La actitud asumida por quienes están al frente de estas instituciones, permiten retomar la confianza en el Estado Mexicano, fortalecido por un verdadero equilibrio de poderes.

Todos esperamos que triunfen por encima de intereses mezquinos.

¿Y LA SUPREMA CORTE?

CON EL MAYOR cinismo, el Presidente López Obrador reveló hace unos días que su intención era “reformar” al Poder Judicial Federal para “evitar que continúe al servicio de los más poderosos, como en el pasado”… Nunca admitió AMLO que el objetivo final es controlar desde palacio nacional a otro de los poderes del Estado Mexicano… Por eso dejó entrever que fue su idea la de buscar a través de las cámaras de senadores y diputados, extender dos años la permanencia en el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus “abyectos”, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aún violando flagrantemente el artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años sin derecho a reelección, al ministro-presidente.

El Poder Judicial Federal es un tribunal constitucional; está obligado a ceñirse a lo expresado en nuestra Carta Magna y representa una garantía en el cumplimiento del Estado de Derecho en México… ¿Cómo podría Saldívar votar en ese tema, cuando es juez y parte?… ¿Cómo podría asumir una postura a su favor, cuando en el pasado reciente votó en contra de las pretensiones del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, de extender su mandato en esa entidad federativa?

Porque una cosa está muy clara: Saldívar no ha condenado hasta este momento la violación constitucional por parte de los senadores y diputados. Resulta más que obvio que al ministro-presidente le gustó la posibilidad de permanecer dos años más en el cargo, y se sabe instrumento de López Obrador para la creación del marco jurídico que permita el control desde Palacio Nacional de la Suprema Corte.

Si esto se logra estaremos en un Estado totalitario; los balones están en la cancha del Poder Judicial Federal. Las y los señores ministros tienen la misión histórica de velar por las libertades en este país, exigiendo el estricto cumplimiento de la Constitución. Es la guerra, es la vigencia y objetividad de la ley contra la voluntad centralista, intolerante y totalitaria que se desprende de Palacio Nacional.

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NACIONALES

Lecciones del 3 de febrero

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Opinión, por Iván Arrazola //

El lunes 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un momento clave en su mandato, enmarcado por la tensión y la incertidumbre. Apenas dos días antes, el sábado 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la imposición de aranceles a México, argumentando una «alianza intolerable» entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. La medida entraría en vigor el martes 4 de febrero y de inmediato generó una crisis diplomática y económica, la reacción de la presidenta Sheinbaum permitió alcanzar un acuerdo con Trump.

El riesgo no era menor, considerando que aproximadamente el 80% de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos, con un valor que alcanzó los 505,851 millones de dólares en 2024. La imposición de un arancel del 25%, como lo planteó el presidente Trump, habría sido catastrófica para la economía mexicana.

Los acuerdos entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump incluyeron: 1) suspensión por un mes de los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, 2) despliegue inmediato de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para combatir el tráfico de fentanilo, 3) compromiso de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia México, y 4) creación de un grupo de trabajo binacional para coordinar estrategias de seguridad y comercio.

La decisión de suspender los aranceles por un mes trajo estabilidad a los mercados, lo que se reflejó en una inmediata apreciación del peso. Antes del anuncio, el tipo de cambio había superado la barrera de los 21 pesos por dólar el sábado 1 de febrero, pero tras la llamada entre los mandatarios, la cotización se ajustó rápidamente a la baja.

Por otro lado, el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte se llevó a cabo de manera inmediata, cumpliendo con uno de los compromisos asumidos en la negociación. Sin embargo, uno de los puntos que aún genera incertidumbre es la solicitud del gobierno mexicano para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos, cuya implementación y seguimiento no han sido detallados con claridad.

En los días posteriores, la presidenta Sheinbaum expresó que se sintió respaldada por las cámaras empresariales, destacando su apoyo incondicional durante la crisis. Además, enfatizó que la unidad nacional se hizo evidente en torno a su liderazgo, reforzando su papel como mediadora en un momento crítico para la economía y la relación bilateral con Estados Unidos.

Sin embargo, este momento de consolidación política se vio opacado un día después mostrando una careta de gobierno excluyente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum al marginó a la presidenta de la SCJN, ministra Norma Piña de la ceremonia para conmemorar en Querétaro el aniversario de la Constitución, lo que contrasta con la llamada de “unidad nacional”.

En su conferencia matutina del día siguiente la presidenta fue cuestionada sobre la ausencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la ceremonia.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene un carácter republicano y que solo habían sido invitados los poderes Ejecutivo y Legislativo, sugiriendo que el Poder Judicial no ha sido respetuoso de las decisiones de los otros dos poderes, razón por la cual no fue incluido en el evento. No obstante, la ausencia de Piña contrastó con la presencia de tres ministras de la Corte: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, todas ellas cercanas al oficialismo.

La semana ha estado marcada por contrastes. Por un lado, se logró desactivar, al menos temporalmente, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que brindó un respiro a la economía mexicana. Sin embargo, este episodio dejó en claro el tono que caracterizará las negociaciones con el presidente Trump: una dinámica en la que la amenaza y la presión servirán como herramientas para consolidar su imagen ante su electorado.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha promovido un discurso en favor de las mujeres, su negativa a reconocer el papel de la ministra presidenta de la Suprema Corte refleja que el encono y la soberbia política pesan más que la coherencia con sus propios principios. La llamada «unidad nacional» dentro de la Cuarta Transformación parece estar reservada únicamente para quienes forman parte de su movimiento, mientras que aquellos que no se alinean con su proyecto pueden son marginados.

Por último, no se puede pasar por alto la reacción de la presidenta Sheinbaum ante la acusación de Trump sobre la alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. En un primer momento, su respuesta fue un rechazo categórico, argumentando que el problema del narcotráfico es una cuestión interna de Estados Unidos, posteriormente intentó matizar lo dicho por Estados Unidos al señalar que estaban mal informados y que las acusaciones correspondían, en realidad, al sexenio de Felipe Calderón y su vínculo con Genaro García Luna. A pesar de estos intentos por deslindarse, la sospecha y la sombra de la colusión entre el gobierno y el crimen organizado persisten.

 

 

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NACIONALES

México: ¿Víctima o protagonista ante Trump?

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Desde los Campos del Poder, por Benjamín Mora Gómez //

Hace pocos días, tras la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en México se nos dijo que la presidenta había ganado tiempo ante la imposición de gravámenes a nuestras exportaciones a Estados Unidos, presumiendo de que ella había ganado en esa escaramuza; hoy, la realidad pareciera demostrar lo contrario y que fue el presidente norteamericano quien ganó tiempo para armar su estrategia de exterminio de dos de los cárteles más importantes de México: Los chapitos y Jalisco Nueva Generación.

Me llama la atención la selección hecha por el gobierno de Trump de los primeros cárteles a quiénes extinguir. Desde mediados de octubre de 2024, según una investigación de Illicit Investigations, con el propósito de acabar con la gente de Ismael “Mayo” Zambada, gente de Iván Archivaldo Guzmán habría formalizado una alianza con gente del Nemesio “el Mencho” Oseguera en estados como Zacatecas, Nayarit y Chiapas. El Mayo ha resultado de gran ayuda al gobierno norteamericano en un tema tan sensible como el del narcotráfico.

Hay muchas especulaciones del porqué un avión espía norteamericano y grandes buques de guerra de aquel país han entrado al Mar de Cortés, especialmente frente a Sinaloa, que senadores de oposición piden aclarar. Hay quienes suponen que es parte de los acuerdos entre los dos presidentes a fin de permitir a Estados Unidos realizar labores de inteligencia y espionaje sobre territorio mexicano.

La presidenta Sheinbaum ha buscado dejar en claro que ella NO está vinculada con ningún cártel de la droga, en respuesta a la acusación de Donald Trump sobre el particular contra el gobierno de México, y de manera específica del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

López Obrador, siempre rústico en su decir y actuar, no pudo entender que su vida era ejemplo y punto de reflexión, para bien o mal, para todos en México y el mundo. Lo vulgar fue su costumbre porque lo pedestre era y es su esencia. Nunca quiso crecer en dignidad y valía.

López Obrador teatralizó todo en su gobierno. Al no tener materia gris suficiente para ser presidente, vivió de apariencias mañaneras, dramatizando lo que era vano; por desgracia, sus contrarios lo advirtieron tarde, cayendo en el abismo de sus indolencias.

Hay quien cree que López Obrador era leal a sí mismo en su proceder; yo difiero. Como presidente de México tuvo un mandato fundamental: “Desarrollar una genuina personalidad de presidente”. Lo vistieron con buena ropa, pero no pudo evitar convertirla en harapos al momento de vestirla. Mona era y mona se quedó. Y aunque no voté por la señora Sheinbaum, debo aceptar que día a día se diferencia más y más de su predecesor.

Hoy pagamos las lamentaciones mañaneras de López Obrador por la condena judicial del Chapo en EEUU, su encuentro con la mamá del Chapo y la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán. Todo aquello y más, hoy, desde las oposiciones, muchos lo usan para acusar de Claudia Sheinbaum de ser lo mismo; su aparentemente inmovilismo ante casos como el que se vive en Sinaloa con el gobernador Rocha y de otros estados de la república parecieran acusarla, pero quizá cuide las formas que dan fondo y solo espere al momento en que ella tenga todo el poder para actuar sin poner en riesgo ni a su gobierno ni a sí misma.

Trump actuará y México se empezará a limpiar. Desde Calderón, pasando por Peña Nieto y López Obrador no se tuvo la fuerza ni la claridad estratégica para acabar con los cárteles; quizá Sheinbaum haya decidido tomar otro camino. Donald Trump se ha comprometido a detener el tráfico de armas hacia México. Eso no se había logrado antes con tanta puntualidad.

Es increíble pensar que cualquier turista que llegue a Acapulco, Cancún, Chapala, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Guadalajara u otros destinos en México, pueda adquirir cualquier droga en unas cuantas horas y nuestra policía no encuentre y arreste a quiénes la trafican y venden. Hay droga disponible en restaurantes, bares, antros y tienditas de barrio.

En Jalisco, seguramente el gobierno norteamericano, a través de su consulado, ya tenga una radiografía puntual de la presencia del narco en cada ciudad del estado y en los gobiernos municipales. Veremos que sucede en los días siguientes en cuanto a sus decisiones en contra del Mencho y su Jalisco Nueva Generación.

Sean como fueren las decisiones, éstas deberán ser casi quirúrgicas para evitar que la guerra declarada por Trump nos alcance en nuestras vidas diarias. Estamos ante un posible cambio radical en México que no debería tomarnos por sorpresa. Quien mejor se prepare, ganará.

Cuando Ricardo Anaya, senador por el PAN, exige, públicamente, que la secretaría Rosa Icela Rodríguez de Gobernación y el canciller Juan Ramón de la Fuente expliquen los alcances de los acuerdos entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, no demuestra su amor a la verdad sino un muy evidente y lamentable afán protagónico y que no entiende que hay acuerdos del más alto nivel que nos deben sacarse a la luz a fin de no oscurecer el futuro común. Anaya demuestra ser un imberbe político. Hay veces que el silencio ayuda a disimular limitaciones personales.

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MUNDO

La sombra alargada del crimen organizado sobre la salud

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Bioética, por Omar Becerra Partida //

La intersección entre la bioética y el crimen organizado representa una de las problemáticas más complejas y desafiantes de nuestro tiempo. Tradicionalmente, la bioética se ha enfocado en cuestiones intrínsecamente humanas como la vida, la muerte, la salud y la enfermedad, enmarcadas en un contexto de ética médica y científica. Sin embargo, la creciente influencia del crimen organizado en diversos ámbitos, incluyendo el de la salud, ha obligado a replantear los límites de esta disciplina.

El crimen organizado ha encontrado en la salud un lucrativo campo de acción. Desde el tráfico de órganos hasta la producción y distribución de sustancias ilegales, las actividades criminales han contaminado un sector que debería estar al servicio del bienestar humano. Esta situación plantea una serie de interrogantes éticas que van más allá de los dilemas clásicos de la biomedicina.

Uno de los ejemplos más claros de la perversión de los principios bioéticos por parte del crimen organizado es el tráfico de órganos. Esta práctica, en la que personas en situación de vulnerabilidad son explotadas y sometidas a procedimientos quirúrgicos clandestinos, constituye una grave violación de los derechos humanos y de los principios fundamentales de la bioética, como la autonomía del paciente y la prohibición de la comercialización de órganos.

La producción y el tráfico de drogas, especialmente de sustancias sintéticas como el fentanilo, representan otro gran desafío para la salud pública y la bioética. El crimen organizado se ha aprovechado de la vulnerabilidad de las personas adictas para obtener ganancias económicas, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La producción y distribución de drogas ilegales no solo viola las leyes, sino que también contradice los principios de beneficencia y no maleficencia, al causar un daño significativo a la salud de las personas.

La falsificación de medicamentos es otra actividad criminal que tiene graves consecuencias para la salud pública. Los medicamentos falsificados pueden ser ineficaces o contener sustancias tóxicas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Esta práctica, además de ser un delito, constituye una grave violación de los principios de beneficencia y justicia, al privar a las personas de acceso a tratamientos seguros y efectivos.

La intersección entre la bioética y el crimen organizado plantea una serie de desafíos complejos:

  1. Vulnerabilidad de las personas: Las personas más vulnerables, como los migrantes, los presos y los pobres, son las más expuestas a las actividades criminales relacionadas con la biomedicina.
  2. Conflicto de intereses: Los intereses económicos del crimen organizado pueden entrar en conflicto con los principios bioéticos, lo que dificulta la aplicación de normas y estándares éticos.
  3. Falta de regulación: La rápida evolución de las tecnologías biomédicas y la globalización han dificultado la creación de marcos regulatorios adecuados para prevenir y combatir las actividades criminales en este ámbito.

Para abordar esta problemática, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre a profesionales de la salud, del derecho, de las ciencias sociales y de las fuerzas de seguridad.

Es necesario desarrollar marcos regulatorios sólidos y eficaces para prevenir y combatir las actividades criminales relacionadas con la biomedicina.

Tambien, es fundamental fomentar la investigación biomédica ética, transparente y responsable.

La cooperación internacional es esencial para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de órganos y medicamentos falsificados.

Es necesario sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con las actividades criminales en el ámbito de la salud y promover la educación en bioética.

En conclusión, la intersección entre la bioética y el crimen organizado representa un desafío complejo y multifacético. Para hacer frente a esta problemática, es necesario adoptar un enfoque integral que combine medidas legales, políticas y educativas. La protección de la salud y los derechos humanos debe ser una prioridad en este contexto.

Veremos que nos espera con el gobierno entrante respecto a estos temas.

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