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El balón está en la corte: INE, TRIFE e INAI contra la intolerancia y soberbia presidencial

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Por Francisco Ruiz Quirrin //

EL INE, el TRIFE, la COFECE y el INAI, organismos autónomos creados bajo el consenso de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión en los últimos 20 años, están ahora presentando una lucha en contra de la imposición, la intolerancia y el totalitarismo surgido desde palacio nacional por voz del Presidente López Obrador.

Las instituciones mencionadas fortalecieron al Estado Mexicano por encima de los gobiernos temporales con un objetivo muy preciso: Lograr un verdadero equilibrio de poderes.

Y es ahora, cuando evidentemente la “cuatroté” busca pasar por encima de la Ley con el pretexto de defender a los pobres y combatir la corrupción, que estos organismos cumplen simplemente con la obligación para la que fueron creados: Hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Igual que el Presidente, los directivos, consejeros y magistrados de estas instituciones hicieron un juramento al tomar posesión de sus cargos, bajo la advertencia de que en caso de no cumplir, “el pueblo se los demande”.

Esto último significa que cada uno de estos personajes está sujeto no sólo a un juicio político, a procesos administrativos y penales, sino también al juicio de la historia.

Si a esas vamos habría qué comenzar por el propio Presidente López Obrador, quien no sólo ha violado preceptos constitucionales, sino que puede ser juzgado también por incitar a la división entre los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y de manera particular, su presidente, Lorenzo Córdova, ha sido atacado, vilipendiado y amenazado por el Presidente y por actores políticos como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado y el “violador” de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Aún así, Córdova se ha sostenido en sus convicciones y en la razón elemental de su cargo: Cumplir con la Ley. Ha tenido el cuidado de no envolverse en un debate ni con el Presidente ni con otros dirigentes o candidatos.

Son actores políticos. Ellos son jugadores. En el INE somos árbitros. Sólo los vigilamos”, ha reiterado.

Por ello, hasta en dos ocasiones resolvieron por mayoría de votos que Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes por MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, violaron la Ley al no informar de sus gastos de precampaña y por ello debería retirársele sus candidaturas.

López Obrador, Félix Salgado, Mario Delgado y Morón, aprovecharon sus foros para reiterar los ataques contra el INE. Se dejó correr la especie incluso, que desde el Congreso de la Unión podría promoverse la desaparición del árbitro electoral.

No sólo eso. Estaban seguros de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y gracias a que su presidente, el magistrado José Luis Vargas, lleva la “cuatroté” en la sangre, saldrían victoriosos y se burlarían de Córdova y los demás.

No fue así. Sólo Vargas votó a favor de devolverle las candidaturas a Félix y Morón. Los seis magistrados restantes votaron en contra. Y se les cayeron.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es otro organismo autónomo creado para regular y equilibrar con el gobierno en turno la política en materia económica.

Ante el empeño intolerante de palacio nacional de privilegiar las energías fósiles como el combustóleo y el carbón, se impuso la “contrarreforma” eléctrica. El Presidente dijo que el propósito era levantar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Al parecer no le importaron a López Obrador las consecuencias negativas para México ante las reacciones de gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, que refrendaron con nuestro país un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, basado precisamente en el tema de la generación de energías, en el uso de fuentes limpias como el sol y el aire.

Ante esta realidad, la COFECE ha anunciado la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya a fines del año pasado, una promoción similar echó abajo el decreto “Nahle” que privilegiaba la generación de energía en base a fuentes fósiles que el mundo está desechando.

La Comisión Federal de Competencia Económica, también está cumpliendo con el propósito para el que fue creada y suma a la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, por encima del gobierno en turno.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es una más de estas instituciones cuyo objetivo es perfeccionar la Democracia en nuestro país. La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del servicio público fue y ha sido siempre una exigencia del pueblo de México.

Sin embargo, para López Obrador, el INAI debe desaparecer porque esa función la podría llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Pero ahí están los números oficiales. Esta dependencia en manos de Irma Eréndira Sandoval, ha sido de las más opacas en el actual régimen.

Bueno, el INAI acaba de anunciar una férrea oposición a la ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, iniciativa que aprobaron los “morenistas” en el Congreso de la Unión, sabedores de que el objetivo es controlar la vida privada de los ciudadanos de México.

Se ha confirmado que ofrecer los datos biométricos de las personas, sólo nos hace vulnerables ante el Estado…y ante el crimen. El INAI elabora ahora una controversia constitucional para tratar de echar abajo esa lesiva legislación.

La actitud asumida por quienes están al frente de estas instituciones, permiten retomar la confianza en el Estado Mexicano, fortalecido por un verdadero equilibrio de poderes.

Todos esperamos que triunfen por encima de intereses mezquinos.

¿Y LA SUPREMA CORTE?

CON EL MAYOR cinismo, el Presidente López Obrador reveló hace unos días que su intención era “reformar” al Poder Judicial Federal para “evitar que continúe al servicio de los más poderosos, como en el pasado”… Nunca admitió AMLO que el objetivo final es controlar desde palacio nacional a otro de los poderes del Estado Mexicano… Por eso dejó entrever que fue su idea la de buscar a través de las cámaras de senadores y diputados, extender dos años la permanencia en el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus “abyectos”, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aún violando flagrantemente el artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años sin derecho a reelección, al ministro-presidente.

El Poder Judicial Federal es un tribunal constitucional; está obligado a ceñirse a lo expresado en nuestra Carta Magna y representa una garantía en el cumplimiento del Estado de Derecho en México… ¿Cómo podría Saldívar votar en ese tema, cuando es juez y parte?… ¿Cómo podría asumir una postura a su favor, cuando en el pasado reciente votó en contra de las pretensiones del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, de extender su mandato en esa entidad federativa?

Porque una cosa está muy clara: Saldívar no ha condenado hasta este momento la violación constitucional por parte de los senadores y diputados. Resulta más que obvio que al ministro-presidente le gustó la posibilidad de permanecer dos años más en el cargo, y se sabe instrumento de López Obrador para la creación del marco jurídico que permita el control desde Palacio Nacional de la Suprema Corte.

Si esto se logra estaremos en un Estado totalitario; los balones están en la cancha del Poder Judicial Federal. Las y los señores ministros tienen la misión histórica de velar por las libertades en este país, exigiendo el estricto cumplimiento de la Constitución. Es la guerra, es la vigencia y objetividad de la ley contra la voluntad centralista, intolerante y totalitaria que se desprende de Palacio Nacional.

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Tres personajes de Morena en problemas

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Muy preocupado se le ha visto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la tragedia que ocurrió en un tramo de la Línea Dorada o Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Tal parece que la preocupación no es por las decenas de muertos y lesionados, sino por la zancadilla política que repercutirá entre sus consentidos para que ocupen nuevos cargos; alguno de ellos sería el sucesor en el mandato presidencial.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, están resintiendo las serias críticas por lo ocurrido hace casi una semana en donde han perdido la vida por lo menos 26 personas.

Como el actual gobierno se ha caracterizado por sus “brillantes puntadas” y en algunos aflora su naquez, como decía una comediante, apareció con una “destacada” defensa la senadora, militante del Partido Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, a decir: “Hay gente perversa en México. En un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga”.

Creo que sí hay gente perversa, pero debe haber más gente que no razona lo que dice y por eso apareció en las redes sociales una recomendación que dice: “Se les pide atentamente no andar no andar moviendo las ballenas del Metro porque se cae, atentamente la Unidad de Inteligencia de la 4T”.

Claramente se ve que es una broma, sin embargo la destacada legisladora debe de estar convencida de que se propague la advertencia.

Por otra parte quien también debiera sentir “frío” en su carrera política, con todo y que es el responsable nacional del partido gobernante Morena, es Mario Delgado, quien ocupó el importante cargo de Finanzas en el gobierno del entonces DF con Marcelo Ebrard. Por decisiones de Mario Delgado se cambió la compra de los carros de la Línea 12, que se llevaría a cabo con la empresa Bombardier, y los que se estimaban tendrían un peso 170 toneladas cada uno.

La adquisición de esos carros fue por adjudicación directa y se estimaba un costo de esa época (2012) de 12 mil millones de pesos, pero la decisión del político dirigente de Morena propició que se compraran a otra empresa en arrendamiento, a la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con un costo de 18 mil millones de pesos.

En notas periodísticas de la vergonzosa Línea 12 apareció una minuta que se realizó durante la relación de pruebas; se determinó que en esa línea ya se habían registrado un total aproximado de once mil fallas, pero al acercarse el fin de la administración de Marcelo Ebrard y con la insistencia de inaugurar el servicio, el área de normatividad de la Sistema de Transporte Colectivo Metro y el sindicato debían recibir las obras en su totalidad.

Hubo negativa de recibir las obras y unos días antes de la inauguración, el 30 de octubre de 2012, se elaboró una acta-recepción del consorcio español CAF, la cual fue firmada por el director general del Metro, Francisco Bojórquez, y como testigo Marcelo Ebrard.

La siguiente administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera, nombró director al político Joel Ortega, quien en los primeros meses se mostró muy crítico por el estado de la línea y cuestionó la validez del acta de recepción del 30 de octubre de ese 2012.

En la actualidad la Jefa de Gobierno parece querer demostrar el gran apoyo que hace su gobierno a los familiares de las personas que fallecieron en el desplome de la trabe cercana a Tláhuac, y hasta como un logro anunció que se indemnizará a deudo con 650 mil pesos, casi el doble de lo que primero quería dar la aseguradora.

Al consultar al catedrático de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara, licenciado Saúl Cotero Bernal, me ilustró al decir que el Código Civil de la Ciudad de México establece en su artículo 1913, que: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que  demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causados”.

Ahora bien, en el numeral 1915 se señala el pago de daños y perjuicios: “Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

Añade que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y se extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, señala la LFT.

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles, se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Según lo previsto por el Artículo Tercero del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, la mención salario mínimo debe calcularse en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, la UMA del 2021 es igual a 89.62 pesos, que multiplicados por cuatro resulta en 358.48 pesos, que conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (artículos 500 y 502) por causa de muerte se debe multiplicar por cinco mil y resultan un millón 792 mil 400 pesos, sin dejar de observar que se deben cubrir los gastos de hospitalización y médicos.

Así que parece que les pretenden dar migajas a los familiares y deudos de los afectados, pero ya veremos si los llegan a defender algunos abogados o los dejan desprotegido.

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Gobierno carismático, ¿eficaz?

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Gracias a la evolución democrática que nos ha llevado dos siglos, podemos considerarnos un Estado moderno, en el que las relaciones entre gobernantes y gobernados se armonizaron a través de las instituciones.

Con esta concepción entramos al siglo XXI, habiendo logrado, durante las postrimerías del siglo anterior, limitar el poder omnímodo del presidente de la República, no solo con el relativo equilibrio que da la división de poderes, sino también con un conjunto de instituciones que además de poner límites a la autoridad, inciden en aspectos de la vida social, económica y política.

En un Estado moderno, el poder ya no lo ejercen las personas, sino las instituciones que organizan políticamente a la sociedad y esto incluye a la presidencia de la república, el congreso, la suprema corte y los jueces, los institutos, organismos y autoridades civiles, los partidos, que actuando concertadamente configuran un régimen, es decir, el gobierno de un Estado moderno que, en la actual administración parecen decididos a acabar con él.

La teoría política considera que la supremacía del gobierno sobre los demás centros de poder, radica en el monopolio de la fuerza, el uso de ella o la sola amenaza de utilizarla, sin embargo, advierte que, la real fortaleza de un gobierno moderno no radica en ello, sino en la obtención de consensos, y que “solo en casos excepcionales, cuando las instituciones entran en crisis, el gobierno adquiere carácter carismático y su eficacia depende del prestigio, del ascendiente y de las cualidades personales del jefe de gobierno” (Lucio Levy. Diccionario de Política. Ed. SigloXXI,P110). Cabe decir que en México las instituciones no estaban en crisis, las están poniendo en crisis.

Actualmente, obtener consensos en México se ha vuelto un imposible. El discurso polarizante del Presidente, su agresiva retórica que divide a la nación en “o conmigo o contra mí”, ha llevado a los que piensan diferente a radicalizar posiciones dando lugar a un diálogo de sordos, y a una situación de estancamiento que perjudica al país. El gobierno carismático, ha limitado o neutralizado a la mayoría de las instituciones y ha sido sumamente exitoso en concentrar el poder, incluso el militar, presente en cada vez más aspectos de la vida nacional.

Los partidos, que hasta antes de este gobierno eran el medio para buscar y obtener consensos, están ausentes, carentes de propuesta y sus líderes y figuras destacadas brillan por su silencio, temerosos tal vez de que la Unidad de Inteligencia Financiera escudriñe en su patrimonio, como lo ha hecho con algunos de los adversarios, reales o supuestos, del titular del ejecutivo.

Así pues, sin consensos, con ataques y amenazas constantes a las instituciones y organismos autónomos, estamos en efecto, frente a una transformación del régimen. El Presidente no engaña, advierte que eso busca, pero es evidente que la propuesta y la ruta están influenciadas por teorías económicas de principios del Siglo XX.

Un sistema de gobierno autócrata, en el que las instituciones que sobrevivan serán instrumentos para consolidar el poder político y no herramientas para contener al mismo. Volvemos al nacionalismo y a la supremacía del estado paternalista y controlador del desarrollo, en abierta confrontación con las fuerzas de la economía y la liberalidad del comercio internacional.

El lema de Primero los pobres, lleva implícito el acceder al estado de bienestar, siendo ésta, bienestar, la palabra seminal del régimen sin embargo, en esto, el gobierno está demostrando no ser igual de efectivo que en la concentración de poder. Pese a la implementación de un sistema fiscal enfocado a gravar las ganancias de los particulares y grandes empresas, al estrangulamiento del presupuesto operativo del gobierno y a la transferencia de recursos en forma directa a segmentos sociales, no se ha logrado incidir en la reducción de la desigualdad, la estratificación social no cambia, y las condiciones de vida de la clase trabajadora y clase media baja no mejoran.

Las recetas tradicionales, como elevar el salario o incrementar la participación en las utilidades no tendrán mayor impacto en un ambiente de crecimiento inflacionario como se perfila y de estancamiento de la inversión productiva como se ha observado durante los últimos dos años.

Tampoco ayudará que las empresas productivas del estado vuelvan a ser dominantes pues sus ingresos no bastarán para sufragar la política asistencialista ni impulsarán el desarrollo del país, de por sí ya rezagado ante el contexto internacional en múltiples aspectos, especialmente el ambiental y educativo.

Sería deseable que la política de desarrollo que el gobierno perfila funcionara para lograr un mejor equilibrio social, pero los indicadores reales de la marcha económica y de los programas sociales, no son favorables en el presente y tampoco lo serán en el futuro.

Desafortunadamente la acumulación de poder político no va aparejada con la eficiencia gubernamental pues la administración está más ocupada en la revisión histórica del sistema, para encontrar justificación al liderazgo moral que intentan encarnar y a la legitimación del asalto al poder absoluto, que en la búsqueda de soluciones para los graves problemas nacionales.

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El verdadero costo de la corrupción

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Opinión no pedida, por Armando Morquecho //

El 29 de julio del 2007 se aplicó en la Ciudad de México una encuesta denominada “Consulta Verde”, a través de ésta se preguntó a los ciudadanos qué opinaban sobre el transporte público de la ciudad, el manejo del agua, y también se planteó la construcción de la Línea 12 del Metro, para la cual propusieron dos rutas: Iztapalapa-Acoxpa e Iztapalapa-Tláhuac.

El 7 de agosto del mismo año se dieron los resultados de la consulta y estos arrojaban que la opción más votada por la ciudadanía fue la ruta Iztapalapa-Tláhuac; al día siguiente, se presentó de manera oficial el proyecto denominado: Línea 12: línea dorada, la línea del Bicentenario.

Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, explicó que esta obra beneficiaría a la población que vive en el oriente de la ciudad, esto debido a que la línea estaba diseñada para tener 23 estaciones a lo largo de 24 kilómetros y además sería subterránea.

Pero bien dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, y finalmente se informó que la obra en su totalidad no sería subterránea, sino que sería hibrida y llevaría una parte elevada, esto, evidentemente generó mucha polémica ya que desarrollar la parte elevada implicaba intervenir la avenida Tláhuac que es muy angosta y por lo tanto las obras aumentaría el caos vial.

Pese a su polémica inicial, la construcción inició el 12 de julio del año 2008 y estaría a cargo del consorcio integrado por ICA-Carso-Alstom, quienes obtuvieron el contrato para realizar la obra civil y electromagnética, trabajo por el que cobrarían aproximadamente 17,500 millones de pesos en lugar de los 19,500 que en su momento propusieron, por su parte, la empresa española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) tendría bajo su responsabilidad elaborar los trenes, la rodadura y los servicios de mantenimiento, todo por aproximadamente unos 1,600 millones de dólares.

4 años después y con un retraso de 10 meses de la fecha que se pactó en el contrato, el 30 de octubre del 2012 la construcción de la Línea Dorada fue inaugurada y el evento contó con la presencia del entonces presidente de México Felipe Calderón, con Miguel Ángel Mancera y con Carlos Slim, cuya empresa participó en la construcción.

Pero la luna de miel con la Línea Dorada del metro terminó, y tan solo 2 meses después se destaparon todas las irregularidades alrededor de esta obra; primero, y para no perder la costumbre, se expuso que al igual que la gran mayoría de las obras públicas en México, esta costó más de lo que se había presupuestado originalmente.

Dos años y un autoexilio después, el entonces director general del metro anunció que la mitad de la línea, estaría cerrada al menos 6 meses porque había un desgaste ondulatorio en las vías, situación que ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Por su parte, Alonso Quintana, Director General de ICA, aseguró que la obra en sí, estaba bien hecha, pero que el problema en realidad eran los trenes, ya que estos no eran compatibles con la vía, esto según la información publicada por El Financiero.

Una vez que “solucionaron” este problema, en el 2015 se abrieron el resto de las estaciones y en la “reinauguración” el gobierno local informó que había 80 indagatorias por las fallas en la construcción, que 46 funcionarios estaban involucrados y que 12 tenían imputaciones penales. Así quedó este capítulo.

Ahora nos trasladamos al 2017, ya que después del fuerte sismo que azotó a la Ciudad de México el 19 de septiembre, vecinos, usuarios y hasta el propio metro alertaron a de grietas en algunas columnas del tramo elevado de la línea 12, una vez anunciado esto, una vez más se cerraron 6 estaciones para ser una vez más “reparadas”, pese a esto, vecinos y usuarios continuaron haciendo público su miedo a que la estructura pudiera colapsar debido a las grietas.

Lamentablemente la historia de complicaciones, fallas e irregularidades de la Línea 12 no termina aún, ya que el 3 de mayo del año en curso, una serie de negligencias así como una gran cadena de corrupción ocasionaron que la noche del pasado lunes, a las 10:50 p.m. una de las columnas que sostenía las vías colapsó, cobrando así la vida de 25 personas que se encontraban rumbo a reunirse con sus seres queridos: hijos, padres, madres, esposas, hermanos, etc.

El costo de la corrupción, va más allá del impacto que ésta tiene en nuestra economía, la corrupción impacta directamente en nuestras vidas, libertad, seguridad y salud, y eso, es lo que las autoridades encargadas de investigar.

Hoy más que nunca es necesario separar lo legal de lo político, que aunque son complementarios en algunas situaciones, en este caso en particular, y sobre todo en el contexto de un proceso electoral en el que está en juego tanto, es necesario que se excluya por completo lo político, ya que las vidas que se perdieron por una serie de negligencias e irregularidades, van más allá de cualquier aspiración política para el 2024.

Lo sucedido el lunes no es exclusivo de la Ciudad de México, a todos nos importa no solo que se esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables, ya que a raíz de este evento, se podrá sentar un verdadero precedente en la lucha contra la corrupción.

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