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NACIONALES

El mensaje de la 4T a los gobernadores rebeldes: Francisco García Cabeza de Vaca y la Alianza Federalista que no fue

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Por Daniel Emilio Pacheco //

El estar en medio de un proceso electoral tiene a nuestras autoridades metidas en el afán de mantener la chamba, de conservar sus beneficios y por eso, cada uno está viendo para lo suyo.

Ahí está el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la discusión de si es cuestión política o un ejercicio de justicia tiene dividida a la opinión política en algunos momentos y digo en algunos momentos porque la verdad es que no a todos les ha importado el tema, y si no me cree mire:

La hasta hace unos meses mediática Alianza Federalista de Gobernadores, lo único que ha hecho es hacer su posicionamiento en un escrito anexado en un twit, “Cumplir la Ley con estricto apego a la Constitución no es opcional. Desde la #AF convocamos a la @Mx_Diputados a respetar el debido proceso y los derechos del Gobernador @fgcabezadevaca, quien hoy es perseguido por la maquinaria del poder”, dice la Alianza en su red social.

El problema con esta Alianza Federalista es que, después de estas elecciones algunos ya se van:

– Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León (independiente) se va después de las elecciones de junio.

– Miguel Riquelme, Coahuila (PRI) se va en el 2023.

– Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN) debería irse en 2022, sin embargo, el desafuero que la FGR presentó el 23 de febrero de este año, en la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, le pone contra la pared.

– José Rosas Aispuro, Durango (PAN) sale el próximo año.

– Silvano Aureoles, Michoacán (PRD) se va este año.

– José Ignacio Peralta, Colima (PRI) se va este año.

– Diego Sinhué, Guanajuato (PAN) sale hasta 2024.

– Javier Corral, Chihuahua (PAN) se va este año.

– Martín Orozco, Aguascalientes (PAN) se va el próximo año.

Y, por último: Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco (MC) deja el poder en 2024.

Como dice la canción de los 10 gobernadores que apoyaban, de los diez que la Alianza Federalista formaban, después de estas elecciones quedan seis, seis, seis.

Dependiendo de quién gane la elección, será posible saber si el nuevo gobernador apoyará la Alianza Federalista, pero, como que entrar a gobernar y llegar enfrentando al Gobierno Federal no es muy buena idea.

Pero, los otros que no se van este año están ocupados en ganar las elecciones en su estado, para poder tener un cierre de gobierno que, luego no les ataquen. En ese caso están tres gobernadores, sí contamos entre ellos a García Cabeza de Vaca, pero, si el desafuero se da, este mismo año, la Alianza Federalista de Gobernadores perdería la mitad de sus miembros. Y el próximo año a otros dos, perdiendo con ello a siete integrantes.

Agregar integrantes a la Alianza no se ve sencillo, aplicación del desafuero a García Cabeza de Vaca será una sombra que flotará sobre la cabeza de quien busque criticar al Gobierno Federal y esto en parte, gracias al manejo en medios que ambos lados han hecho del proceso, un proceso que se sustenta en causas legales y que debería seguir su proceso normal, pero, que al politizarlo quienes pierden son nuestras instituciones y procesos de justicia.

Las cosas no van bien para la Alianza  federalista, sus temas se caen y su influencia a nivel nacional no prosperó. 

Las acciones políticas por parte del Gobernador de Jalisco con respecto a la Alianza Federalista son ya muy claras. A la reunión del 26 de febrero Enrique Alfaro no asistió; en sus menciones donde señala la falta de apoyo del Gobierno Federal ya no menciona a la Alianza, ni apoya o comenta los temas de los federalistas.

El famoso tema de la revisión del Pacto Fiscal está en el olvido, tanto por la Alianza Federalista, como por la “Mesa que no es mesa” enfocada en la revisión del Pacto Fiscal en Jalisco, esa donde Enrique Alfaro impuso a Enrique Toussaint, quien designó a los participantes y además preside la mesa, “organización ciudadana” que desde hace 73 días son incapaces de subir siquiera su tercera minuta de sus sesiones.

El tema de las vacunas contra Covid-19 fue otra de las banderas que manejaba la Alianza Federalista, en Jalisco, ya se “arregló” el cómo buscar vacunas para los jaliscienses en el extranjero: El Gobierno de Jalisco pagará 1.6 millones de pesos para que le asesoren en la compra de vacunas en el extranjero y para elaborar el Plan Estatal de Vacunación. Grupo BGMT será quien gane ese dinero. Sin embargo, cada semana, el mismo Gobierno de Jalisco está reportando la llegada de vacunas.

El tiempo, es lo que está desinflando a la Alianza Federalista, el tiempo y la realidad que se va mostrando conforme avanzan las administraciones estatales y federal.

La Alianza Federalista es una pugna motivada por dinero, pues los gobernadores aprovechan la falta de transparencia y rendición de cuentas para manipular a discreción los recursos obtenidos ministrados por la federación a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

La participación de un gobierno estatal en la Alianza Federalista no es parte de un ejercicio democrático, pues los ciudadanos de estos estados no han sido consultados si los gobernadores de dichas entidades federativas políticamente disonantes reflejan la voluntad soberana depositada en ellos.

Sin embargo, Enrique Alfaro y otros tres gobernadores han indicado que convocarán a una consulta a sus ciudadanos, para determinar si quieren o no salirse de la Federación, pero, contar con una herramienta legal de participación electoral que permita a los ciudadanos decidir por medio de su participación la salida del Pacto Fiscal o Federal, les va a llevar más tiempo de lo que algunos gobernadores tienen ya de permanencia al frente de su estado.

Los señalamientos en contra de J García Cabeza de Vaca iniciaron cuando recién tomó posesión de su cargo, diferentes agencias informativas entre ellas APRO, hacían pública su 3 de 3:

En su declaración, García Cabeza de Vaca precisa que su esposa, Mariana Gómez, gana la cantidad anual de un millón 074 mil 976 pesos. En lo que corresponde a bienes inmuebles, detalla que tiene un departamento ubicado en Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con un valor de 14 millones 300 mil pesos. Otra de sus propiedades es una casa ubicada en Reynosa, con un valor de 905 mil 228 pesos en un terreno de 722.35 metros cuadrados y una construcción de 464 metros cuadrados.

Según el gobernador tamaulipeco, ésta fue una donación en 2014 de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti. En cuanto a los bienes inmuebles que posee “el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos”, enlista diez propiedades, de las cuales una está ubicada en McAllen Texas.

Suma, además, siete terrenos: tres a nombre de su esposa y cuatro que fueron declarados como “cónyuge en copropiedad”, y reporta tres cuentas de banco donde tiene menos de 250 mil pesos y una en la que el saldo es “igual o mayor a $750,000 y menor a $2,000,000.00”.

Asimismo, en inversión de organizaciones privadas de “Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, S.P.R. de R.L.” y “Desarrolladora y Constructora C DE V, S.A. de C.V.” reporta de saldo “igual o mayor a $2,000,000.00 y menor a $5,000,000.00”, y la segunda refiere que es “igual o mayor a $5,000,000.00”.

De su esposa se enlistan tres cuentas con valor menor a 250 mil pesos y una “igual o mayor a cinco millones de pesos”. En cuanto a los vehículos, el gobernador afirma que tiene dos unidades modelos 2012 de 762 mil 500 pesos y 2013 de 659 mil 900 pesos, así como 840 mil pesos en obras de arte, 600 mil pesos en joyas y un millón de pesos en menaje de casa.

Según información difundida por diversas agencias, en el documento que contiene la información patrimonial destaca que la remuneración neta anual por cargos públicos, que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, es de 2 millones 892 mil 466 pesos, cantidad obtenida en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Salió buen administrador Javier García Cabeza de Vaca…

JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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