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El mensaje de la 4T a los gobernadores rebeldes: Francisco García Cabeza de Vaca y la Alianza Federalista que no fue

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Por Daniel Emilio Pacheco //

El estar en medio de un proceso electoral tiene a nuestras autoridades metidas en el afán de mantener la chamba, de conservar sus beneficios y por eso, cada uno está viendo para lo suyo.

Ahí está el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la discusión de si es cuestión política o un ejercicio de justicia tiene dividida a la opinión política en algunos momentos y digo en algunos momentos porque la verdad es que no a todos les ha importado el tema, y si no me cree mire:

La hasta hace unos meses mediática Alianza Federalista de Gobernadores, lo único que ha hecho es hacer su posicionamiento en un escrito anexado en un twit, “Cumplir la Ley con estricto apego a la Constitución no es opcional. Desde la #AF convocamos a la @Mx_Diputados a respetar el debido proceso y los derechos del Gobernador @fgcabezadevaca, quien hoy es perseguido por la maquinaria del poder”, dice la Alianza en su red social.

El problema con esta Alianza Federalista es que, después de estas elecciones algunos ya se van:

– Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León (independiente) se va después de las elecciones de junio.

– Miguel Riquelme, Coahuila (PRI) se va en el 2023.

– Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN) debería irse en 2022, sin embargo, el desafuero que la FGR presentó el 23 de febrero de este año, en la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, le pone contra la pared.

– José Rosas Aispuro, Durango (PAN) sale el próximo año.

– Silvano Aureoles, Michoacán (PRD) se va este año.

– José Ignacio Peralta, Colima (PRI) se va este año.

– Diego Sinhué, Guanajuato (PAN) sale hasta 2024.

– Javier Corral, Chihuahua (PAN) se va este año.

– Martín Orozco, Aguascalientes (PAN) se va el próximo año.

Y, por último: Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco (MC) deja el poder en 2024.

Como dice la canción de los 10 gobernadores que apoyaban, de los diez que la Alianza Federalista formaban, después de estas elecciones quedan seis, seis, seis.

Dependiendo de quién gane la elección, será posible saber si el nuevo gobernador apoyará la Alianza Federalista, pero, como que entrar a gobernar y llegar enfrentando al Gobierno Federal no es muy buena idea.

Pero, los otros que no se van este año están ocupados en ganar las elecciones en su estado, para poder tener un cierre de gobierno que, luego no les ataquen. En ese caso están tres gobernadores, sí contamos entre ellos a García Cabeza de Vaca, pero, si el desafuero se da, este mismo año, la Alianza Federalista de Gobernadores perdería la mitad de sus miembros. Y el próximo año a otros dos, perdiendo con ello a siete integrantes.

Agregar integrantes a la Alianza no se ve sencillo, aplicación del desafuero a García Cabeza de Vaca será una sombra que flotará sobre la cabeza de quien busque criticar al Gobierno Federal y esto en parte, gracias al manejo en medios que ambos lados han hecho del proceso, un proceso que se sustenta en causas legales y que debería seguir su proceso normal, pero, que al politizarlo quienes pierden son nuestras instituciones y procesos de justicia.

Las cosas no van bien para la Alianza  federalista, sus temas se caen y su influencia a nivel nacional no prosperó. 

Las acciones políticas por parte del Gobernador de Jalisco con respecto a la Alianza Federalista son ya muy claras. A la reunión del 26 de febrero Enrique Alfaro no asistió; en sus menciones donde señala la falta de apoyo del Gobierno Federal ya no menciona a la Alianza, ni apoya o comenta los temas de los federalistas.

El famoso tema de la revisión del Pacto Fiscal está en el olvido, tanto por la Alianza Federalista, como por la “Mesa que no es mesa” enfocada en la revisión del Pacto Fiscal en Jalisco, esa donde Enrique Alfaro impuso a Enrique Toussaint, quien designó a los participantes y además preside la mesa, “organización ciudadana” que desde hace 73 días son incapaces de subir siquiera su tercera minuta de sus sesiones.

El tema de las vacunas contra Covid-19 fue otra de las banderas que manejaba la Alianza Federalista, en Jalisco, ya se “arregló” el cómo buscar vacunas para los jaliscienses en el extranjero: El Gobierno de Jalisco pagará 1.6 millones de pesos para que le asesoren en la compra de vacunas en el extranjero y para elaborar el Plan Estatal de Vacunación. Grupo BGMT será quien gane ese dinero. Sin embargo, cada semana, el mismo Gobierno de Jalisco está reportando la llegada de vacunas.

El tiempo, es lo que está desinflando a la Alianza Federalista, el tiempo y la realidad que se va mostrando conforme avanzan las administraciones estatales y federal.

La Alianza Federalista es una pugna motivada por dinero, pues los gobernadores aprovechan la falta de transparencia y rendición de cuentas para manipular a discreción los recursos obtenidos ministrados por la federación a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

La participación de un gobierno estatal en la Alianza Federalista no es parte de un ejercicio democrático, pues los ciudadanos de estos estados no han sido consultados si los gobernadores de dichas entidades federativas políticamente disonantes reflejan la voluntad soberana depositada en ellos.

Sin embargo, Enrique Alfaro y otros tres gobernadores han indicado que convocarán a una consulta a sus ciudadanos, para determinar si quieren o no salirse de la Federación, pero, contar con una herramienta legal de participación electoral que permita a los ciudadanos decidir por medio de su participación la salida del Pacto Fiscal o Federal, les va a llevar más tiempo de lo que algunos gobernadores tienen ya de permanencia al frente de su estado.

Los señalamientos en contra de J García Cabeza de Vaca iniciaron cuando recién tomó posesión de su cargo, diferentes agencias informativas entre ellas APRO, hacían pública su 3 de 3:

En su declaración, García Cabeza de Vaca precisa que su esposa, Mariana Gómez, gana la cantidad anual de un millón 074 mil 976 pesos. En lo que corresponde a bienes inmuebles, detalla que tiene un departamento ubicado en Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con un valor de 14 millones 300 mil pesos. Otra de sus propiedades es una casa ubicada en Reynosa, con un valor de 905 mil 228 pesos en un terreno de 722.35 metros cuadrados y una construcción de 464 metros cuadrados.

Según el gobernador tamaulipeco, ésta fue una donación en 2014 de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti. En cuanto a los bienes inmuebles que posee “el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos”, enlista diez propiedades, de las cuales una está ubicada en McAllen Texas.

Suma, además, siete terrenos: tres a nombre de su esposa y cuatro que fueron declarados como “cónyuge en copropiedad”, y reporta tres cuentas de banco donde tiene menos de 250 mil pesos y una en la que el saldo es “igual o mayor a $750,000 y menor a $2,000,000.00”.

Asimismo, en inversión de organizaciones privadas de “Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, S.P.R. de R.L.” y “Desarrolladora y Constructora C DE V, S.A. de C.V.” reporta de saldo “igual o mayor a $2,000,000.00 y menor a $5,000,000.00”, y la segunda refiere que es “igual o mayor a $5,000,000.00”.

De su esposa se enlistan tres cuentas con valor menor a 250 mil pesos y una “igual o mayor a cinco millones de pesos”. En cuanto a los vehículos, el gobernador afirma que tiene dos unidades modelos 2012 de 762 mil 500 pesos y 2013 de 659 mil 900 pesos, así como 840 mil pesos en obras de arte, 600 mil pesos en joyas y un millón de pesos en menaje de casa.

Según información difundida por diversas agencias, en el documento que contiene la información patrimonial destaca que la remuneración neta anual por cargos públicos, que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, es de 2 millones 892 mil 466 pesos, cantidad obtenida en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Salió buen administrador Javier García Cabeza de Vaca…

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Tres personajes de Morena en problemas

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Muy preocupado se le ha visto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la tragedia que ocurrió en un tramo de la Línea Dorada o Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Tal parece que la preocupación no es por las decenas de muertos y lesionados, sino por la zancadilla política que repercutirá entre sus consentidos para que ocupen nuevos cargos; alguno de ellos sería el sucesor en el mandato presidencial.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, están resintiendo las serias críticas por lo ocurrido hace casi una semana en donde han perdido la vida por lo menos 26 personas.

Como el actual gobierno se ha caracterizado por sus “brillantes puntadas” y en algunos aflora su naquez, como decía una comediante, apareció con una “destacada” defensa la senadora, militante del Partido Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez, a decir: “Hay gente perversa en México. En un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga”.

Creo que sí hay gente perversa, pero debe haber más gente que no razona lo que dice y por eso apareció en las redes sociales una recomendación que dice: “Se les pide atentamente no andar no andar moviendo las ballenas del Metro porque se cae, atentamente la Unidad de Inteligencia de la 4T”.

Claramente se ve que es una broma, sin embargo la destacada legisladora debe de estar convencida de que se propague la advertencia.

Por otra parte quien también debiera sentir “frío” en su carrera política, con todo y que es el responsable nacional del partido gobernante Morena, es Mario Delgado, quien ocupó el importante cargo de Finanzas en el gobierno del entonces DF con Marcelo Ebrard. Por decisiones de Mario Delgado se cambió la compra de los carros de la Línea 12, que se llevaría a cabo con la empresa Bombardier, y los que se estimaban tendrían un peso 170 toneladas cada uno.

La adquisición de esos carros fue por adjudicación directa y se estimaba un costo de esa época (2012) de 12 mil millones de pesos, pero la decisión del político dirigente de Morena propició que se compraran a otra empresa en arrendamiento, a la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con un costo de 18 mil millones de pesos.

En notas periodísticas de la vergonzosa Línea 12 apareció una minuta que se realizó durante la relación de pruebas; se determinó que en esa línea ya se habían registrado un total aproximado de once mil fallas, pero al acercarse el fin de la administración de Marcelo Ebrard y con la insistencia de inaugurar el servicio, el área de normatividad de la Sistema de Transporte Colectivo Metro y el sindicato debían recibir las obras en su totalidad.

Hubo negativa de recibir las obras y unos días antes de la inauguración, el 30 de octubre de 2012, se elaboró una acta-recepción del consorcio español CAF, la cual fue firmada por el director general del Metro, Francisco Bojórquez, y como testigo Marcelo Ebrard.

La siguiente administración, encabezada por Miguel Ángel Mancera, nombró director al político Joel Ortega, quien en los primeros meses se mostró muy crítico por el estado de la línea y cuestionó la validez del acta de recepción del 30 de octubre de ese 2012.

En la actualidad la Jefa de Gobierno parece querer demostrar el gran apoyo que hace su gobierno a los familiares de las personas que fallecieron en el desplome de la trabe cercana a Tláhuac, y hasta como un logro anunció que se indemnizará a deudo con 650 mil pesos, casi el doble de lo que primero quería dar la aseguradora.

Al consultar al catedrático de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara, licenciado Saúl Cotero Bernal, me ilustró al decir que el Código Civil de la Ciudad de México establece en su artículo 1913, que: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que  demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causados”.

Ahora bien, en el numeral 1915 se señala el pago de daños y perjuicios: “Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

Añade que para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruple del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y se extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, señala la LFT.

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles, se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Según lo previsto por el Artículo Tercero del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, la mención salario mínimo debe calcularse en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, la UMA del 2021 es igual a 89.62 pesos, que multiplicados por cuatro resulta en 358.48 pesos, que conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (artículos 500 y 502) por causa de muerte se debe multiplicar por cinco mil y resultan un millón 792 mil 400 pesos, sin dejar de observar que se deben cubrir los gastos de hospitalización y médicos.

Así que parece que les pretenden dar migajas a los familiares y deudos de los afectados, pero ya veremos si los llegan a defender algunos abogados o los dejan desprotegido.

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Gobierno carismático, ¿eficaz?

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Gracias a la evolución democrática que nos ha llevado dos siglos, podemos considerarnos un Estado moderno, en el que las relaciones entre gobernantes y gobernados se armonizaron a través de las instituciones.

Con esta concepción entramos al siglo XXI, habiendo logrado, durante las postrimerías del siglo anterior, limitar el poder omnímodo del presidente de la República, no solo con el relativo equilibrio que da la división de poderes, sino también con un conjunto de instituciones que además de poner límites a la autoridad, inciden en aspectos de la vida social, económica y política.

En un Estado moderno, el poder ya no lo ejercen las personas, sino las instituciones que organizan políticamente a la sociedad y esto incluye a la presidencia de la república, el congreso, la suprema corte y los jueces, los institutos, organismos y autoridades civiles, los partidos, que actuando concertadamente configuran un régimen, es decir, el gobierno de un Estado moderno que, en la actual administración parecen decididos a acabar con él.

La teoría política considera que la supremacía del gobierno sobre los demás centros de poder, radica en el monopolio de la fuerza, el uso de ella o la sola amenaza de utilizarla, sin embargo, advierte que, la real fortaleza de un gobierno moderno no radica en ello, sino en la obtención de consensos, y que “solo en casos excepcionales, cuando las instituciones entran en crisis, el gobierno adquiere carácter carismático y su eficacia depende del prestigio, del ascendiente y de las cualidades personales del jefe de gobierno” (Lucio Levy. Diccionario de Política. Ed. SigloXXI,P110). Cabe decir que en México las instituciones no estaban en crisis, las están poniendo en crisis.

Actualmente, obtener consensos en México se ha vuelto un imposible. El discurso polarizante del Presidente, su agresiva retórica que divide a la nación en “o conmigo o contra mí”, ha llevado a los que piensan diferente a radicalizar posiciones dando lugar a un diálogo de sordos, y a una situación de estancamiento que perjudica al país. El gobierno carismático, ha limitado o neutralizado a la mayoría de las instituciones y ha sido sumamente exitoso en concentrar el poder, incluso el militar, presente en cada vez más aspectos de la vida nacional.

Los partidos, que hasta antes de este gobierno eran el medio para buscar y obtener consensos, están ausentes, carentes de propuesta y sus líderes y figuras destacadas brillan por su silencio, temerosos tal vez de que la Unidad de Inteligencia Financiera escudriñe en su patrimonio, como lo ha hecho con algunos de los adversarios, reales o supuestos, del titular del ejecutivo.

Así pues, sin consensos, con ataques y amenazas constantes a las instituciones y organismos autónomos, estamos en efecto, frente a una transformación del régimen. El Presidente no engaña, advierte que eso busca, pero es evidente que la propuesta y la ruta están influenciadas por teorías económicas de principios del Siglo XX.

Un sistema de gobierno autócrata, en el que las instituciones que sobrevivan serán instrumentos para consolidar el poder político y no herramientas para contener al mismo. Volvemos al nacionalismo y a la supremacía del estado paternalista y controlador del desarrollo, en abierta confrontación con las fuerzas de la economía y la liberalidad del comercio internacional.

El lema de Primero los pobres, lleva implícito el acceder al estado de bienestar, siendo ésta, bienestar, la palabra seminal del régimen sin embargo, en esto, el gobierno está demostrando no ser igual de efectivo que en la concentración de poder. Pese a la implementación de un sistema fiscal enfocado a gravar las ganancias de los particulares y grandes empresas, al estrangulamiento del presupuesto operativo del gobierno y a la transferencia de recursos en forma directa a segmentos sociales, no se ha logrado incidir en la reducción de la desigualdad, la estratificación social no cambia, y las condiciones de vida de la clase trabajadora y clase media baja no mejoran.

Las recetas tradicionales, como elevar el salario o incrementar la participación en las utilidades no tendrán mayor impacto en un ambiente de crecimiento inflacionario como se perfila y de estancamiento de la inversión productiva como se ha observado durante los últimos dos años.

Tampoco ayudará que las empresas productivas del estado vuelvan a ser dominantes pues sus ingresos no bastarán para sufragar la política asistencialista ni impulsarán el desarrollo del país, de por sí ya rezagado ante el contexto internacional en múltiples aspectos, especialmente el ambiental y educativo.

Sería deseable que la política de desarrollo que el gobierno perfila funcionara para lograr un mejor equilibrio social, pero los indicadores reales de la marcha económica y de los programas sociales, no son favorables en el presente y tampoco lo serán en el futuro.

Desafortunadamente la acumulación de poder político no va aparejada con la eficiencia gubernamental pues la administración está más ocupada en la revisión histórica del sistema, para encontrar justificación al liderazgo moral que intentan encarnar y a la legitimación del asalto al poder absoluto, que en la búsqueda de soluciones para los graves problemas nacionales.

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El verdadero costo de la corrupción

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Opinión no pedida, por Armando Morquecho //

El 29 de julio del 2007 se aplicó en la Ciudad de México una encuesta denominada “Consulta Verde”, a través de ésta se preguntó a los ciudadanos qué opinaban sobre el transporte público de la ciudad, el manejo del agua, y también se planteó la construcción de la Línea 12 del Metro, para la cual propusieron dos rutas: Iztapalapa-Acoxpa e Iztapalapa-Tláhuac.

El 7 de agosto del mismo año se dieron los resultados de la consulta y estos arrojaban que la opción más votada por la ciudadanía fue la ruta Iztapalapa-Tláhuac; al día siguiente, se presentó de manera oficial el proyecto denominado: Línea 12: línea dorada, la línea del Bicentenario.

Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, explicó que esta obra beneficiaría a la población que vive en el oriente de la ciudad, esto debido a que la línea estaba diseñada para tener 23 estaciones a lo largo de 24 kilómetros y además sería subterránea.

Pero bien dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, y finalmente se informó que la obra en su totalidad no sería subterránea, sino que sería hibrida y llevaría una parte elevada, esto, evidentemente generó mucha polémica ya que desarrollar la parte elevada implicaba intervenir la avenida Tláhuac que es muy angosta y por lo tanto las obras aumentaría el caos vial.

Pese a su polémica inicial, la construcción inició el 12 de julio del año 2008 y estaría a cargo del consorcio integrado por ICA-Carso-Alstom, quienes obtuvieron el contrato para realizar la obra civil y electromagnética, trabajo por el que cobrarían aproximadamente 17,500 millones de pesos en lugar de los 19,500 que en su momento propusieron, por su parte, la empresa española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) tendría bajo su responsabilidad elaborar los trenes, la rodadura y los servicios de mantenimiento, todo por aproximadamente unos 1,600 millones de dólares.

4 años después y con un retraso de 10 meses de la fecha que se pactó en el contrato, el 30 de octubre del 2012 la construcción de la Línea Dorada fue inaugurada y el evento contó con la presencia del entonces presidente de México Felipe Calderón, con Miguel Ángel Mancera y con Carlos Slim, cuya empresa participó en la construcción.

Pero la luna de miel con la Línea Dorada del metro terminó, y tan solo 2 meses después se destaparon todas las irregularidades alrededor de esta obra; primero, y para no perder la costumbre, se expuso que al igual que la gran mayoría de las obras públicas en México, esta costó más de lo que se había presupuestado originalmente.

Dos años y un autoexilio después, el entonces director general del metro anunció que la mitad de la línea, estaría cerrada al menos 6 meses porque había un desgaste ondulatorio en las vías, situación que ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Por su parte, Alonso Quintana, Director General de ICA, aseguró que la obra en sí, estaba bien hecha, pero que el problema en realidad eran los trenes, ya que estos no eran compatibles con la vía, esto según la información publicada por El Financiero.

Una vez que “solucionaron” este problema, en el 2015 se abrieron el resto de las estaciones y en la “reinauguración” el gobierno local informó que había 80 indagatorias por las fallas en la construcción, que 46 funcionarios estaban involucrados y que 12 tenían imputaciones penales. Así quedó este capítulo.

Ahora nos trasladamos al 2017, ya que después del fuerte sismo que azotó a la Ciudad de México el 19 de septiembre, vecinos, usuarios y hasta el propio metro alertaron a de grietas en algunas columnas del tramo elevado de la línea 12, una vez anunciado esto, una vez más se cerraron 6 estaciones para ser una vez más “reparadas”, pese a esto, vecinos y usuarios continuaron haciendo público su miedo a que la estructura pudiera colapsar debido a las grietas.

Lamentablemente la historia de complicaciones, fallas e irregularidades de la Línea 12 no termina aún, ya que el 3 de mayo del año en curso, una serie de negligencias así como una gran cadena de corrupción ocasionaron que la noche del pasado lunes, a las 10:50 p.m. una de las columnas que sostenía las vías colapsó, cobrando así la vida de 25 personas que se encontraban rumbo a reunirse con sus seres queridos: hijos, padres, madres, esposas, hermanos, etc.

El costo de la corrupción, va más allá del impacto que ésta tiene en nuestra economía, la corrupción impacta directamente en nuestras vidas, libertad, seguridad y salud, y eso, es lo que las autoridades encargadas de investigar.

Hoy más que nunca es necesario separar lo legal de lo político, que aunque son complementarios en algunas situaciones, en este caso en particular, y sobre todo en el contexto de un proceso electoral en el que está en juego tanto, es necesario que se excluya por completo lo político, ya que las vidas que se perdieron por una serie de negligencias e irregularidades, van más allá de cualquier aspiración política para el 2024.

Lo sucedido el lunes no es exclusivo de la Ciudad de México, a todos nos importa no solo que se esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables, ya que a raíz de este evento, se podrá sentar un verdadero precedente en la lucha contra la corrupción.

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