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NACIONALES

El choque de AMLO y el embajador de EEUU: Cimbra estructuras del país la reforma al Poder Judicial

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Por Mario Ávila //

Una vez consumada y asignada legalmente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para las tres fuerzas políticas de Morena, PT y PVEM y habiéndose quedado a solo tres votos de esa meta en el Senado de la República, los enemigos de la Cuarta Transformación han provocado el inicio de un cisma en las estructuras sociales, políticas y económicas del país.

Para ello, no solo han echado mano de sus cuadros en los partidos políticos del PAN y PRI, sino de la fuerza laboral del Poder Judicial, ya que se trata sin duda de la reforma de mayor calado, habida cuenta de que se plantea un parteaguas en la impartición de justicia en México, toda vez que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de ser electos mediante el voto popular.

Este segmento opositor, contó esta semana con el apoyo sorpresivo y relevante a nivel internacional, de parte de los embajadores en México, de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, quienes, aclarando que su opinión se daba con absoluto respeto a la soberanía nacional, coincidieron en que la elección por voto popular en el Poder Judicial, afectada la confianza de los inversionistas y podría tener repercusiones en el T-MEC.

Particularmente el embajador estadounidense, Ken Salazar, mediante un comunicado dice creer “que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”. A lo que la presidente electa Claudia Sheinbaum le respondió con el dato de que, en su país, 43 de los 50 estados eligen a sus jueces mediante el voto popular.

Por su parte el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte; incluso señaló que la reforma judicial puede afectar ese “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México.

Y aunque ya se sabía por los resultados de la elección del 2 de junio, organizaciones de la sociedad civil, así como algunos opinólogos y medios de comunicación, lo mismo que abogados y líderes de colegios de juristas, se muestran sorprendidos por el reparto desde el INE de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hablando de una “ilegal” sobre representación e incluso de un golpe a la democracia.

Incluso, fue un abogado, el titular de la PGR en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ex ministro de la SCJN en el mismo sexenio, Diego Valadés Ríos, quien en entrevista con Adela Micha elucubró que sería un tema de dinero, el que estaría detrás de la reforma al Poder Judicial.

En su opinión, el gobierno de la Cuarta Transformación va por las reservas del Banco de México, ya que se trata de 230 mil millones de dólares (4.6 billones de pesos), que podrían se utilizados solo con la reforma a una línea del artículo 28 Constitucional. Y remató Diego Valadés diciendo que de ninguna manera se trata de una venganza o un capricho de López Obrador, sino de una estrategia oculta.

 

AMLO CENSURA INJERENCISMO DE LOS EMBAJADORES DE EU Y CANADÁ

Como desafortunadas e imprudentes, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark. Y en el caso concreto de los Estados Unidos, de inmediato dio instrucciones para enviar una nota diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por tratarse de un acto de injerencismo.

No aceptamos injerencismo -dijo en la conferencia mañanera-, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver y dirimir a los mexicanos. Quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema. Se cuestionó.

Se trata de un extrañamiento para la embajada y textualmente dice: “La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar el día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos.

“El presidente tiene una facultad de presentar iniciativas al Congreso y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa a la reforma constitucional, es el de fortalecer el estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial, que se realiza a través de los procedimientos democráticas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos.

“En tal virtud la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema, tiene carácter estrictamente interno del Estado Mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado del respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”, dice la misiva.

Sin embargo el presidente detalló que se está proponiendo esta reforma, porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México y nunca en el Poder Judicial en los últimos tiempos de la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, si no que está convertido en un instrumento al servicio de una minoría que era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal y neo porfirista, en cada reforma a la Constitución no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional… miren los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y todas las reformas que se hicieron en 36 años en el periodo liberal fueron para legalizar el robo el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, privatizaciones y es increíble que con 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, se dedicaron al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con Revolución Mexicana de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917.

Y abundó: “Llevaron a cabo reformas al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedará al mercado, que se privatizara, entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud y en ese entonces yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética, que era privatizar el petróleo, se acudió a la SCJN y al Poder Judicial para pedir que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque así lo establece la Constitución en el artículo 35 y qué hicieron los del Poder Judicial, rechazar la solicitud de consulta y en todo en el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, aquí estamos hablando de la protección a los delincuentes de cuello blanco, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas, los jefes de organizaciones criminales, domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial, entonces por eso es importante la reforma y que se propone de manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar a través del voto ciudadano a la cúpula del poder, es decir a jueces, magistrados y ministros”.

Afirmó el mandatario mexicano que el Poder Judicial fue una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas de Gortari, en todas las reformas privatizadoras, “les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el procurador General de Justicia era un panista, fue una concesión; entonces, si se eligen a los jueces qué es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial”.

“¿Cuál es la afrenta, cuál es el agravio, cuál es la violación’”, se preguntó López Obrador y él mismo se respondió:: “Qué no vivimos en un estado democrático, que no el pueblo de México tiene en todo momento la forma de modificar su sistema de gobierno, que no es el pueblo el soberano, el que manda, por qué se eligen a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora Presidenta, y no se va a poder elegir a los jueces a los magistrados y a los ministros, además ya esto lo tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también dicho sea de paso, se eligen a integrantes del Poder Judicial, pero tenemos nuestra propia historia, aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la constitución de 1857 se elegían a los ministros, a los jueces mediante el voto popular”.

Y la pregunta del por qué no quieren que el pueblo elija, López Obrador mencionó: “Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados y es además muy fácil de demostrar, es del dominio público como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan, es algo completamente ilegal y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo porque no quieren que la comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública, quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas, lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas.

“Y nosotros no estamos aquí para aplicar esa política, eso era antes del 2018. Tardaron 36 años con ese estilo de gobierno, desde 1983 hasta el 2018 y fue un fracaso rotundo lo que dejaron al pueblo de México, en una extrema pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y desde luego por la corrupción, porque se dedicaron a saquear”, puntualizó.

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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