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NACIONALES

El choque de AMLO y el embajador de EEUU: Cimbra estructuras del país la reforma al Poder Judicial

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Por Mario Ávila //

Una vez consumada y asignada legalmente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para las tres fuerzas políticas de Morena, PT y PVEM y habiéndose quedado a solo tres votos de esa meta en el Senado de la República, los enemigos de la Cuarta Transformación han provocado el inicio de un cisma en las estructuras sociales, políticas y económicas del país.

Para ello, no solo han echado mano de sus cuadros en los partidos políticos del PAN y PRI, sino de la fuerza laboral del Poder Judicial, ya que se trata sin duda de la reforma de mayor calado, habida cuenta de que se plantea un parteaguas en la impartición de justicia en México, toda vez que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrán de ser electos mediante el voto popular.

Este segmento opositor, contó esta semana con el apoyo sorpresivo y relevante a nivel internacional, de parte de los embajadores en México, de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark, quienes, aclarando que su opinión se daba con absoluto respeto a la soberanía nacional, coincidieron en que la elección por voto popular en el Poder Judicial, afectada la confianza de los inversionistas y podría tener repercusiones en el T-MEC.

Particularmente el embajador estadounidense, Ken Salazar, mediante un comunicado dice creer “que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”. A lo que la presidente electa Claudia Sheinbaum le respondió con el dato de que, en su país, 43 de los 50 estados eligen a sus jueces mediante el voto popular.

Por su parte el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el gobierno mexicano para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte; incluso señaló que la reforma judicial puede afectar ese “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México.

Y aunque ya se sabía por los resultados de la elección del 2 de junio, organizaciones de la sociedad civil, así como algunos opinólogos y medios de comunicación, lo mismo que abogados y líderes de colegios de juristas, se muestran sorprendidos por el reparto desde el INE de las posiciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, hablando de una “ilegal” sobre representación e incluso de un golpe a la democracia.

Incluso, fue un abogado, el titular de la PGR en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ex ministro de la SCJN en el mismo sexenio, Diego Valadés Ríos, quien en entrevista con Adela Micha elucubró que sería un tema de dinero, el que estaría detrás de la reforma al Poder Judicial.

En su opinión, el gobierno de la Cuarta Transformación va por las reservas del Banco de México, ya que se trata de 230 mil millones de dólares (4.6 billones de pesos), que podrían se utilizados solo con la reforma a una línea del artículo 28 Constitucional. Y remató Diego Valadés diciendo que de ninguna manera se trata de una venganza o un capricho de López Obrador, sino de una estrategia oculta.

 

AMLO CENSURA INJERENCISMO DE LOS EMBAJADORES DE EU Y CANADÁ

Como desafortunadas e imprudentes, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, Ken Salazar y Graeme C. Clark. Y en el caso concreto de los Estados Unidos, de inmediato dio instrucciones para enviar una nota diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por tratarse de un acto de injerencismo.

No aceptamos injerencismo -dijo en la conferencia mañanera-, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver y dirimir a los mexicanos. Quiénes son, con todo respeto, para opinar sobre este tema. Se cuestionó.

Se trata de un extrañamiento para la embajada y textualmente dice: “La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos Mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar el día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos Mexicanos.

“El presidente tiene una facultad de presentar iniciativas al Congreso y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa a la reforma constitucional, es el de fortalecer el estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial, que se realiza a través de los procedimientos democráticas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“El gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos.

“En tal virtud la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema, tiene carácter estrictamente interno del Estado Mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado del respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”, dice la misiva.

Sin embargo el presidente detalló que se está proponiendo esta reforma, porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México y nunca en el Poder Judicial en los últimos tiempos de la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, si no que está convertido en un instrumento al servicio de una minoría que era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal y neo porfirista, en cada reforma a la Constitución no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional… miren los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y todas las reformas que se hicieron en 36 años en el periodo liberal fueron para legalizar el robo el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, privatizaciones y es increíble que con 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, se dedicaron al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con Revolución Mexicana de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917.

Y abundó: “Llevaron a cabo reformas al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedará al mercado, que se privatizara, entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud y en ese entonces yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética, que era privatizar el petróleo, se acudió a la SCJN y al Poder Judicial para pedir que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque así lo establece la Constitución en el artículo 35 y qué hicieron los del Poder Judicial, rechazar la solicitud de consulta y en todo en el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, aquí estamos hablando de la protección a los delincuentes de cuello blanco, pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas, los jefes de organizaciones criminales, domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial, entonces por eso es importante la reforma y que se propone de manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar a través del voto ciudadano a la cúpula del poder, es decir a jueces, magistrados y ministros”.

Afirmó el mandatario mexicano que el Poder Judicial fue una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas de Gortari, en todas las reformas privatizadoras, “les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el procurador General de Justicia era un panista, fue una concesión; entonces, si se eligen a los jueces qué es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial”.

“¿Cuál es la afrenta, cuál es el agravio, cuál es la violación’”, se preguntó López Obrador y él mismo se respondió:: “Qué no vivimos en un estado democrático, que no el pueblo de México tiene en todo momento la forma de modificar su sistema de gobierno, que no es el pueblo el soberano, el que manda, por qué se eligen a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora Presidenta, y no se va a poder elegir a los jueces a los magistrados y a los ministros, además ya esto lo tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también dicho sea de paso, se eligen a integrantes del Poder Judicial, pero tenemos nuestra propia historia, aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la constitución de 1857 se elegían a los ministros, a los jueces mediante el voto popular”.

Y la pregunta del por qué no quieren que el pueblo elija, López Obrador mencionó: “Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados y es además muy fácil de demostrar, es del dominio público como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan, es algo completamente ilegal y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo porque no quieren que la comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública, quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas, lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas.

“Y nosotros no estamos aquí para aplicar esa política, eso era antes del 2018. Tardaron 36 años con ese estilo de gobierno, desde 1983 hasta el 2018 y fue un fracaso rotundo lo que dejaron al pueblo de México, en una extrema pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social, y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y desde luego por la corrupción, porque se dedicaron a saquear”, puntualizó.

JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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