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El presidente Ernesto Zedillo hizo y deshizo la SCJN: La justicia, la corte y el pueblo

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Por Pedro Vargas Ávalos //

La justicia es esencial para que impere la paz, el orden, y rija a plenitud el estado de derecho. En nuestro medio, la Constitución de la República encomienda la administración de la justicia al poder judicial, y éste, a nivel federal, lo representan varios tribunales, pero el organismo emblemático por excelencia lo es la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJ).

A la Suprema Corte la componen abogados que deben ser de enorme prestigio, reconocida probidad y de conocimientos excelentes, en todas las ciencias, pero específicamente en la del derecho. Con esas cualidades, es como un encargado de impartición de la justicia, puede actuar conforme lo precisó Sócrates, el enorme filósofo griego: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”

En nuestra patria el tema de los jueces ha sido polémico, porque por lo general no han sido genuinos juzgadores, y en el pueblo son vistos con suma desconfianza. La corrupción es típica en el Poder Judicial, y el nepotismo, así como el influyentismo, son sobresalientes perversiones que siempre lo han caracterizado. En pocas palabras, la inmensa mayoría de quienes se desempeñan dentro del Poder Judicial por lo general saben qué es la justicia, pero ordinariamente la ignoran, aplicando la ley conforme sus personales conveniencias, lo cual desde luego, es cometer injusticias.

La lucha por poseer buenos ministros (integrantes de la SCJN) ha sido permanente, pero da la impresión de que todo se vuelve como los llamados a misa modernos, que casi nadie les hace caso. Hay varios antecedentes para entender las disposiciones que regulan el poder judicial mexicano, siendo los primeros la Constitución española de Cádiz de 1812 y luego la Constitución de Apatzingán de 1814.

También se cita el Reglamento del Imperio iturbidista, que fue solo un delirio. Realmente tiene gran efecto, el Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824, que sobre el Poder Judicial dice: “Artículo 18.- Todo hombre, que habite en el territorio de la federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa, e imparcialmente justicia; y con este objeto la federación deposita el ejercicio del poder judicial en una corte suprema de justicia y en los tribunales que se establecerán en cada estado; reservándose demarcar en la constitución las facultades de esta suprema corte.”

En la primera Carta Magna de nuestra nación, la de 4 de octubre de 1824, los once miembros de la Corte, eran nominados por las legislaturas de las Entidades federativas, las cuales enviaban sus propuestas al Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados se encargaba de elegir a los que reunieran las condiciones requeridas por el artículo 125: instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados, tener la edad de treinta y cinco años cumplidos, ser ciudadano natural de la república, o nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1810 dependía de España, con tal que tuviera vecindad nacional mínima de cinco años.

Tras las vicisitudes que dieron al traste con la primera república federal, el conservadurismo dominante expidió el 30 de diciembre de 1836, una Constitución centralista, llamada de las Siete Leyes, en la cual figuraba un Supremo Poder Conservador, que en general no operó. La quinta ley, está dedicada al “Poder Judicial de la República Mexicana” y allí se establece que habrá una Corte Suprema de Justicia, compuesta por once ministros, además como en el caso de la Constitución de 1824 y luego la de 1857, habría un Fiscal. Estos funcionarios también serían electos, pero ahora de igual manera que el Presidente de la república.

Como ya sabemos, esa norma suprema reaccionaria rigió muy poco, y así sobrevinieron algunos intentos por consolidar nuestro sistema, entre los que destacó el tapatío Mariano Otero. Y así, hasta llegar a la Constitución de 5 de febrero de 1857, de corte liberal y valores federalistas. Esta Carta, previno -artículo 90- que el Poder Judicial de la Federación se depositaba en una Corte Suprema de Justicia (y Tribunales de Circuito y Distrito). El número de esos integrantes sería de once más cuatro supernumerarios, los que por una reforma de 1900 quedaron en quince ministros, los cuales serían electos cada seis años, siendo sus requisitos, el ser instruido en el derecho a juicio de los electores, ser mayor de 35 años y ciudadano en ejercicio de sus derechos.

La revolución maderista de 1910 y luego la constitucionalista de 1913, lograron que entre fines de 1916 y los inicios de 1917, se aprobaran reformas de fondo a la Constitución de 1857, por lo que realmente se emitió una nueva norma constitucional, por el Congreso de Querétaro que presidió el singular jalisciense Luis Manuel Rojas.

El nuevo Poder Judicial que previno esta ley suprema, quiso ser federalista y muy indiscutible, por lo que en su articulado a partir del numeral 94, dejó claro el mandato de que en la integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a partir de 1923, pues entre 1917 y ese año serían electos, se haría de la siguiente forma: la SCJ se integra por once ministros, los cuales serían electos por el Congreso de la Unión en función de Colegio Electoral, en base a candidatos propuestos por las legislaturas estatales (art. 96).

Los requisitos para ser ministro son los típicos: ser ciudadano mexicano con plenos derechos, mayor de 35 años de edad, abogado con título registrado, haber residido en el país al menos los últimos cinco años y finalmente, poseer buena reputación.

Pero esas excelentes intenciones se frustraron tras el triunfo de los generales que asesinaron en 1920 al Primer Jefe Venustiano Carranza. Y una temprana reforma mató antes de ejecutarse, a esas ideas federalistas de integración de la SCJ. En consecuencia, se refinó el presidencialismo que imperó en nuestra patria, a partir del Manco de Celaya, Álvaro Obregón, y hasta el período del partido hegemónico, que, si bien mantuvo la ideología revolucionaria de la justicia social, vino acabando en un neoliberalismo entreguista ante el capitalismo, que, en varias ocasiones, valiéndose de su control político, hizo y deshizo la Carta Magna.

El peor ejemplo de lo anterior, lo dio el gobierno priista de Ernesto Zedillo, quien, de un plumazo, contando con la docilidad de su partido, así como la complicidad del panismo y otros institutos complacientes, acabó con la SCJ en 1994: de 26 ministros que existían entonces -21 en activo- se eliminó a todos, otorgándoles jugosas jubilaciones (aun cuando no contaran con los requisitos para tenerlas). De esa manera venal, se acalló a los que debieron protestar por su defenestración.

Pero como se decía antes: No hay cañonazos de billetes que no compren conciencias. Además, en las reformas conducentes a ese golpe al poder judicial, les conservó o incrementó privilegios a los que fungieran en lo sucesivo como ministros. Entre esas ventajas, está la de no rebajarles sueldos durante su ejercicio y la de crearles un derecho de retiro, independiente a su jubilación.

Luego los mismos ministros de la SCJ, dieron en forjar fideicomisos archimillonarios para cubrir un sinnúmero de prerrogativas. Todo esto los exhibe como muy apegados al dinero, las sinecuras y las ventajas, lo cual está en total contravención a los ideales juaristas de que, el servidor público debe vivir con austeridad, y, «Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad.”

La enumeración que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de las 40 canonjías de que gozan los ministros de la SCJ, son para reflexionar, pues ellos son precisamente quienes están obligados a predicar con el ejemplo, y sin embargo, lo que hacen es acreditar su apego al dinero y las prebendas.

Ganar más que el primer mandatario, contra lo que manda la Constitución (art. 127) y dictar resoluciones en materias que no les corresponden, como es entender controversias en leyes de corte electoral, según el art. 105 que dispone: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral…”, así lo acreditan.

Al absolver esos temas, da la impresión de que la corte se considera dueña de los destinos nacionales y que, por sus propios razonamientos, puede sustituir al poder legislativo y declararse salvador de la democracia, ideas que solo por interés son aceptadas por las oposiciones y por quienes disfrutan de pingues provechos del erario.

El punto de vista popular, es de condenar, -salvo honrosas excepciones- la conducta de todos los jueces, incluidos los ministros de la SCJ. Para el pueblo, titular de la soberanía y quien tiene el derecho de cambiar la forma de gobierno, elegir a quienes los juzgan es algo que solo los mismos ciudadanos deben determinar, o sea, si debemos regresar a los pretéritos modos republicanos de votar a los ministros y magistrados, bajo la base de que, siempre será más válido, confiar en quien se elige, que soportar a un influyente impuesto por las cúpulas del poder.

De que hace falta reformar al poder judicial, no cabe duda. De que el pueblo, a través de los ciudadanos, es quien debe decidir sobre los que los juzguen, es elemental. El debate está abierto, y ojalá que, sin enconos, egoísmos ni venganzas o encubrimientos, se coadyuve por toda la sociedad mexicana para lograr una cabal transformación de la administración de la justicia, lo cual urge a fin de abatir el rancio principio de que a estas fechas, el pueblo padece hambre y sed de justicia.

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En México decide el pueblo: Embestida postrera contra la reforma judicial

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Contra viento y marea, se modificó la Constitución Política de la República y ahora tenemos reglas sustanciales para llevar a cabo una profunda reforma judicial. El inminente domingo uno de junio se dará el paso trascendente de elegir por el pueblo a quienes serán los juzgadores de la nación a partir de septiembre venidero. Ambos avances han encarado fatuas, arrogantes resistencias y obstrucciones provenientes de las oposiciones al gobierno actual: son las embestidas postreras a la renovación de la justicia mexicana.

La elección por voto popular del Poder Judicial estará a cargo de 99.7 millones de votantes quienes están llamados a elegir 881 cargos de entre 3 mil 422 candidatos; las principales posiciones son la Suprema Corte, el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y los magistrados que comprende dicho poder. Hemos de asentar, que votar por ministros de la Corte, no es primera vez ya que desde 1824 se acostumbró a hacerlo, siendo la última ocasión en 1918.

Las campañas comenzaron el reciente 30 de marzo y rematarán el próximo 28 de este mes. En todo momento, la oposición a la Cuarta Transformación, que enlista desde comentócratas y ciertos intelectuales, hasta exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral -INE- así como organismos nacionales, algunos de perfil internacional, y grupos de jueces y magistrados en funciones, quienes defienden tozudamente sus canonjías -altas percepciones y legiones de parientes- agregando asociaciones civiles y membretes, todos los cuales imputan hipotética intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en dicha elección.

En distintos foros y medios, los exconsejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván (2002-2006), Luis Carlos Ugalde (2003-2007) y del INE, Lorenzo Córdova (2014-2023) y el muy escandaloso Ciro Murayama, han criticado la elección del Poder Judicial que promovió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, alienta la actual presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo, aprobó la gran mayoría de votantes que acudieron a sufragar en los comicios del 2 de junio del año pasado.

Lencho, el racista censor de miembros de pueblos autóctonos afirma que la elección del uno de junio, “es absurda y solo tiene el propósito de adueñarse (el Poder ejecutivo y su partido) del Poder Judicial”. La señora Marván, ha insistido en marcar la falta de certeza en las reglas de la elección, la ruptura de las garantías y de la integridad en tal proceso electoral. (Joaquín López Dóriga, Digita, 15-05-2025). Ugalde, el mediocre solapador del fraude de 2006, escribió: “Aquí el voto destruye la naturaleza del Poder Judicial, que es controlar la legalidad del país”. Finalmente, el inefable Murayama, sostiene que tal proceso, es una “enorme farsa», pues quienes aspiran a los cargos de juzgador, “son producto de una preselección de los poderes Ejecutivo Legislativo” …y «Todos los candidatos fueron puestos por gente del gobierno y Morena. Esto es que la elección ya ocurrió…” (El Financiero, 2025-04-16).

Al respecto la mejor respuesta se las dio la mismísima presidenta del INE, Guadalupe Taddei: “Es muy lamentable, que quienes ya no estén, en su calidad de exconsejeros, opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso que, además, jamás les tocó realizar”. El INE aprobó 87 mil 924 solicitudes de registro para observadores electorales en la elección del 1 de junio. En el proceso electoral de 2024, el más grande en la historia del país, el instituto avaló a 34 mil 881 observadores, por lo que la jornada próxima serán los comicios más vigilados.

Desde luego que en las filas de comentócratas y alcahuetes intelectuales, al estilo de Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y muchos otros de menor fama, las arremetidas han sido un día sí y otro también. Los medios tradicionales impresos, la radio y la televisión privada, son sus plataformas. Y las oposiciones los aplauden y difunden entre sus seguidores, que, por las encuestas más nuevas, no son muchos, puesto que la ciudadanía da a la mandataria nacional respaldos de alrededor del 80 por ciento.

Afirma Krauze, que “México vive su propio desvarío” y el calificativo lo lleva, -según su “talento” que equiparó a Enrique Alfaro Ramírez con Mariano Otero-, a considerar como “acto de barbarie” la llamada Reforma judicial, “acto final de demolición”. (Reforma, 11-05-2025). El otro líder de intelectuales orgánicos, Aguilar Camín manifestó: “…el proceso es a la vez ininteligible y vergonzoso…El gobierno está dispuesto a tragarse el sapo y a hacer el ridículo con una elección del 15% o el 5% de votantes, porque su ganancia será enorme: obtendrán dominio pleno sobre el Poder Judicial” (milenio.com.14-05-2025). Este personaje es aquél que enfatizó extrañar los apapachos (traducidos en jugosos chayotes) del gobierno.

Claro que el embate no se limita a esos dos cabecillas, sino a una legión de escribidores de las publicaciones tradicionales. Veamos brevemente algunas muestras, tomadas de la prensa nacional (llamada así solo porque se editan en la capital del país) que va del 11 al 16 de mayo.

Rafael Álvarez Cordero: “para sellar la destrucción del país, las elecciones del 1 de junio y la inminente ley de telecomunicaciones confirman que, desde el primer día, lo único que se ha buscado es la implantación de la tiranía…” (Excelsior 11-05). Jorge Alcocer V: “Las consecuencias del mal diseño de las normas legales y el atropellado proceso de organización y desarrollo de la llamada “elección judicial” están a la vista. Sin embargo, nada le importan al gobierno, sus legisladores y al Partido Morena, empeñados en destruir al actual Poder Judicial, para edificar otro, a su servicio, cuyos integrantes surgirán del resultado de una dudosa jornada comicial”. (portal Carmen Aristegui, 11-05- Mirador Político: Distorsión del voto).

La redacción de El Universal, según los colaboradores Luis Pereda y Adriana García, precisa: “Aunque la reforma se intentó presentar como un ejercicio democrático que «permitiría al pueblo elegir a sus jueces», en la vida real es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y sus aliados, que tiró a la basura 30 años de mejoras paulatinas a la judicatura” y cierran: La captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado ya no es una amenaza abstracta, es un escenario real, previsible y no debidamente enfrentado. (12-05-2025).

En el mismo diario y fecha, Leonardo Curzio sostiene: “Las sociedades modernas prefieren a quien destruye un Poder Judicial, que a quien defiende su continuidad y perfeccionamiento. La violación institucional como norma es funcional para ganar elecciones…”

Juan Luis González Alcántara, controvertido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), dijo el 13 de mayo: “La reforma judicial, defendida falazmente con el argumento de la democracia, tiene un garbanzo de a libra…el Artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de la reforma. «Para la interpretación y aplicación de este Decreto… toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial»…

Lo anterior podría ser calificado como una muestra de la hechura de un régimen autoritario, temeroso de la independencia del Poder Judicial”. (El Heraldo de México). El exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, pregona: La reforma judicial en curso… “le está regalando los jueces a los delincuentes”. El Universal, 13-05-2025).

Saskia Niño de Rivera en El Universal escribió un artículo que llama “Elecciones, Poder Judicial y delincuencia organizada”. En el presume que las denuncias, presentadas por la organización Defensores AC y el Laboratorio Electoral, ponen en evidencia la vulnerabilidad en la cual nuestro Poder Judicial podría estar, pues “cuando se permite que personas con vínculos al crimen organizado o con sectas religiosas señalados por abusos lleguen a posiciones de Poder Judicial, el mensaje es claro: la impunidad no sólo se tolera, se premia…” (14-mayo).

Por su lado, Gil Gamés, publica en Milenio: “estamos ante una de las porquerías más vergonzosas que se recuerden si hablamos de manipulación, imposición, desaseo, desorden y simulación electoral… La División de Poderes morirá el primero de junio y con ella la democracia mexicana…” (Milenio, 14-05-2025). Sumado a lo anterior, Luis de la Barreda Solórzano, tras aludir a los organismos de la ONU, de las barras de abogados y de los juristas impugnadores, como Diego Valadez, concluye expresando: “Abundan las evidencias de que, además de un atropello atroz, se trata de un fraude grotesco para capturar a los poderes judiciales.” (Excelsior, 15-05-2025).

Para culminar nuestro recuento de la reacción, diremos que el viernes 16 de mayo, se divulgaron artículos del periódico estadounidense The Washington Post y el hebdomadario británico The Economist: ambos advierten la injerencia del narco en elección judicial y el semanario inglés aventura que elegir jueces, es “la peor y más peligrosa idea del Sr. López Obrador: una reforma populista y radical del sistema de justicia de México que socavará el estado de derecho, envenenando las perspectivas económicas de México y debilitando su joven democracia” (¡!).

Como orquestados por el diario de la capital de Estados Unidos y la revista anglosajona, varios comentócratas mexicanos aceptaron que la reforma judicial terminará con la división de poderes, ya que “los frenos que el Poder Judicial podría imponer a la arbitrariedad del Gobierno son ya cosa del pasado. Se ha construido un nuevo Poder Judicial a la medida y bajo el control de la autocracia populista…” (Carlos Marín y Rafael Pérez Gay, en Milenio; Francisco Valdés Ugalde, en El Universal; Enrique Campos y Demetrio Sodi, en El Economista, y finalmente, Jorge Castañeda en Excelsior).

Los anteriores opinadores, además de un larguísimo etcétera, viene a ser, en suma, la acometida de la derecha mexicana en materia de justicia; no anotamos la opinión de los dirigentes partidistas, porque por definición son encarnizados enemigos de la reforma judicial y la renovación de los órganos de ese poder. Los estudios demoscópicos documentan que la inmensa mayoría de mexicanos, evalúan como lenta y cara la justicia, considerando corruptos a la mayoría de los juzgadores, tanto federales como estatales.

En Jalisco no tendremos por lo pronto, modificación del Poder Judicial; ojalá el aplazamiento asumido, sea para bien. Pero si habremos de intervenir los jaliscienses, en la elección del uno de junio para votar por el nuevo Poder Judicial federal.

Concurrir los ciudadanos en la selección de jueces, magistrados y ministros, es extraordinario; ya no más, juzgadores emanados de la lobreguez burocrática o la frivolidad política; habremos de dar una lección a los detractores de la capacidad del pueblo para decidir en ramo tan relevante. Como asevera nuestra inteligente primera mandataria: que los ciudadanos intervengan es la única manera de sanear al Poder Judicial y con ello demostrar que México es un país plenamente democrático, enfatizando, “que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo.

Entonces, es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos, por una razón: porque en México quien decide es el pueblo”.

 

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Economía

Las consecuencias fiscales ineludibles: Urge una reforma fiscal progresiva, eficiente y digitalizada en México

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Análisis Económico, por Víctor Hugo Celaya Celaya //

En la edición anterior presentamos el complejo panorama económico que enfrenta el país en estos primeros meses del 2025, con la deuda pública de México situada en un 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzando los 17.66 billones de pesos. Este nivel representa un incremento notable si lo comparamos con cifras de inicios de siglo, cuando rondaba el 19% del PIB.

Ante este panorama complejo, es indispensable y urgente redefinir la política económica nacional. Para enfrentar la escasez de inversión, el bajo crecimiento y la crisis institucional que he detallado, no bastan medidas aisladas ni soluciones parciales. Se requiere una estrategia integral, una nueva visión de país que articule de manera coherente los esfuerzos del gobierno, del sector privado y, cuando sea pertinente, de las instituciones internacionales. Las principales líneas de acción deben orientarse a construir cimientos sólidos y a la vez, impulsar un dinamismo renovado.

  1. Cimientos Sólidos: Una reforma fiscal progresiva, eficiente y digitalizada. Es fundamental ampliar la base tributaria de manera equitativa, eliminando privilegios fiscales que erosionan la recaudación y fomentan la desigualdad. La digitalización completa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede incrementar la eficiencia y reducir la evasión. Paralelamente, debemos diseñar incentivos efectivos para formalizar el empleo informal, ampliando así la base de contribuyentes y la protección social. Una recaudación tributaria más eficiente es clave para financiar el desarrollo y expandir la demanda agregada.
  2. Motor de Crecimiento: Impulsar la Inversión Extranjera Directa (IED). La IED es un motor crucial para la generación de empleo de calidad, el aumento de la productividad y la transferencia de tecnología. México atrajo una cifra récord de 36.87 mil millones de dólares en IED en 2024 , y las proyecciones para 2025 rondan los 39.3 mil millones. Debemos consolidar a sectores como el automotriz (que ya representa el 4.7% del PIB y atrajo más de 7 mil millones de dólares de IED en 2023 ), el aeroespacial (donde México es un productor top 10 global ) y el digital/tecnológico (un sector emergente con gran potencial, especialmente en el norte del país y con una IED en telecomunicaciones de 166 millones de dólares en 2024 ) como polos de atracción de inversión.
  3. Capitalizar el Momento Global: Aprovechar el nearshoring y la reconfiguración comercial. La relocalización de cadenas de suministro globales, conocida como nearshoring, representa una oportunidad histórica para México. Debemos fortalecer nuestra integración bajo el T-MEC y explorar activamente nuevos tratados comerciales. Se estima que el nearshoring podría añadir 78 mil millones de dólares en exportaciones anuales para América Latina, siendo México uno de los principales beneficiarios , con un potencial de incrementar nuestras exportaciones de 578 mil millones en 2022 a 1.1 billones de dólares para 2030. Para ello, es vital crear estrategias sectoriales inteligentes, diferenciadas por región y tipo de industria, aprovechando iniciativas como el «Plan México» y los «Polos de Bienestar» que buscan fomentar la inversión y la capacitación. Sin embargo, esta oportunidad no es un cheque en blanco; su materialización depende de que abordemos nuestras deficiencias estructurales en infraestructura, seguridad y certeza regulatoria.
  4. Innovación y Talento Mexicano: Fomentar la transferencia tecnológica y la formación de capital humano.Para que la IED y el nearshoring tengan un impacto transformador, es crucial integrar a las empresas nacionales en las cadenas productivas globales y fomentar la transferencia de tecnología. Esto implica impulsar clústeres industriales y ecosistemas de innovación que conecten a empresas, universidades y centros de investigación. La formación de talento es igualmente prioritaria; aunque México cuenta con un número significativo de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), su distribución geográfica es desigual y debemos asegurar que las habilidades de nuestra fuerza laboral respondan a las demandas de las nuevas industrias.
  5. Garantizar la Confianza: Fortalecer el Estado de derecho, la transparencia y la seguridad. Ninguna estrategia económica puede prosperar sin un entorno institucional sólido. Fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción, garantizar la transparencia y mejorar la seguridad son condiciones indispensables para crear un ambiente propicio para la inversión productiva, tanto nacional como extranjera. La incertidumbre política y la debilidad institucional son los mayores disuasivos para la inversión a largo plazo.

La implementación de estas líneas de acción no solo requiere voluntad política, sino también una capacidad de ejecución impecable y una visión de largo plazo. Una reforma fiscal, por ejemplo, no solo busca recaudar más, sino crear el espacio fiscal necesario para invertir en la infraestructura y el capital humano que harán atractivas las oportunidades del nearshoring. A su vez, el éxito del nearshoring dependerá de que las comunidades locales y las empresas mexicanas puedan efectivamente absorber la tecnología y el conocimiento que traen las empresas extranjeras, evitando así que los beneficios se concentren en pocas manos o regiones, y asegurando un desarrollo más equitativo en todo el territorio nacional.

Forjando el Futuro de México con Visión y Acción

México se encuentra en una encrucijada determinante. Las decisiones que tomemos hoy, frente al creciente endeudamiento público y el palpable deterioro de instituciones fundamentales, definirán nuestra trayectoria económica y social para las próximas generaciones. Superar estos desafíos exige más que ajustes aislados o soluciones coyunturales; demanda una agenda nacional integral, coherente y, sobre todo, implementada con determinación y visión de Estado.

La estabilidad macroeconómica, si bien necesaria, debe ir de la mano de la justicia fiscal, el fortalecimiento institucional genuino, una inversión estratégica que mire al futuro y un modelo productivo que sea verdaderamente incluyente. La inversión extranjera directa y las oportunidades derivadas del nearshoring pueden ser palancas clave para el desarrollo, pero su impacto solo será transformador si se acompaña de políticas nacionales que potencien sus beneficios: una visión regional de desarrollo que atienda las disparidades, un fomento decidido a la competitividad de nuestras empresas y, crucialmente, un entorno de seguridad jurídica y económica que inspire confianza y promueva el crecimiento sostenido del país.

Este es un momento que exige reflexión profunda, pero también acción audaz y coordinada. La colaboración entre el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil es indispensable. Tenemos la capacidad, el talento y la resiliencia para transformar los formidables retos que enfrentamos en oportunidades compartidas, construyendo un México más próspero, equitativo y sostenible para todos. El futuro no está escrito; lo forjamos con cada paso que damos.

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Horas libres de ocio

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Opinión, por Fernando Plascencia //

¿Nos beneficia o nos perjudica que se reduzca la jornada laboral a 40 horas?

Eso me han preguntado amigos que no pasan de los 40 años. No tengo más respuesta que decirles que lo ideal es trabajar menos y ganar más, como en la Europa de los vientos gélidos nórdicos, sobre todo para tener más tiempo de ocio. ¿Será que estos ya se preguntaron eso hace años y que lo superaron, o será que no les afecta? Pero siendo honestos, si los observamos, no se ven mal, con heridas físicas o psicológicas de trabajo.

Estos días he leído de primera mano textos de personas jóvenes, veo que están entusiasmados escribiendo y opinando sobre la reducción de horas de trabajo. Porque, quién no se siente atraído por estar en casa más horas, pero, para qué, si eso es ocio y siempre hemos creído que eso detona malos hábitos. Para lo que sea, cada cual será dueño de sí y su tiempo, incluso si es para ver el techo.

Uno de los escritores que digo, lector de libros y de la realidad, sugiere en su texto que si el trabajo es una parte muy importante de nuestra vida, hay que adaptarse, porque, como casi en todo, hay ganadores y hay perdedores en el trabajo.

Volviendo a un punto del párrafo anterior, tener menos horas de trabajo y más tiempo de ocio no significa para nada ser alguien inactivo, tanto vale para el ser humano estar en fotosíntesis mental, como en estado de absoluta reflexión.

Heredamos una tradición que ya no existe o que está en los puros huesos. El trabajo, el trabajo explotado se esfumó, la mercadotecnia socialista no tiene cabida, el trabajo no explota, el trabajo te forma y te da identidad. ¿En qué trabajas? Eso eres, Fulanito el médico, Mengano el ingeniero. Y no dudo que hace miles de años, fuera X el recolector, o el sorprendente cazador.

¿Eso quiere decir que estamos contentos con el trabajo actual y el tiempo que le dedicamos? Tampoco lo creo. Algunos sostienen que se nos ha ido de las manos nuevamente y que nunca se ha ido del control de los empresarios. A regañadientes los vemos aceptando iniciativas que les causan bajas monetarias o el clásico pretexto liberal, la economía del país está en peligro, pero yo no he visto la crisis en el frío nórdico. Hacia dónde se inclina uno, vuelta al socialismo, o conceder al patrón, aunque de antemano sabemos que el patrón nunca será tu amigo.

Stevenson distinguió entre la moral utilitaria y el ocio, pero uno reflexivo y creativo. Y eso nos responde a la pregunta: ¿qué harás con tanto tiempo? Pasear, caminar, leer. Estas actividades muestran, enseñan y no solo eso, sino que rehúye de la práctica de entender el trabajo como la única actividad productiva.

Si somos sutiles, la presión por ser productivos proviene de los orígenes comunes, seguros, nuestros hogares y la academia. Quieren que las personas escurran sabiduría – académica – y que se produzca miel desde edad temprana, pero no se ha entendido que la vida requiere de mayor libertad de tiempo de imaginación y menos presión laboral.

Huckleberry Finn y Oliver Twist fueron dos jóvenes que trabajaron de más, y que encima sus contextos y estructuras sociales no les protegieron. Estamos en un momento crucial, de que nuestras legisladoras y legisladores prueben que el trabajo es parte de la vida, pero que uno no debe morir trabajando. Si hoy nos toca escribir, no será describir una realidad como la que describió Zola, pero sí una con depresiones y trastornos que nadie podrá echar atrás en mucho tiempo.

Sea por el mayor tiempo libre, por menos horas y más salario, pero los de esta generación sí desean ese cambio, y también, créanme, que seguimos siendo trabajadores que se ponen la camisa, pero siempre y cuando haya vientos favorables.

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