NACIONALES
El primer mensaje polémico de Lenia Batres: Un memorial para repensar sobre la Suprema Corte de Justicia
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En nuestro país era invariable que cuando afirmaba el poder ejecutivo federal, decretaba el poder legislativo o sentenciaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), el asunto de que se tratara había concluido. Como proclamaban los antiguos: “Roma locuta, causa finita”, que se traduce como “Roma ha hablado, la causa ha terminado”, es decir, cuando un determinado asunto había sido zanjado por alguno de esos poderes, considerados en su ámbito de competencia como la máximo autoridad, del tema ya no había que discutir mayor cosa; en general, eso era expediente concluido.
Pero los tiempos cambian; si esa idea se admitía como regla infalible, desde hace pocos años para acá, resulta que ya no es así, porque las leyes del poder legislativo constantemente son anuladas, acotadas o suspendidas; los mandatos y acuerdos del poder ejecutivo, de igual manera se obstruyen o bloquean; todo lo anterior (y muchas otras cuestiones de los Estados y municipios),se logra por medio del recurso del amparo, materia en la cual la superior potestad corresponde al poder judicial federal.
El panorama anterior acontece bajo un principio: hacer prevalecer la Constitución de la República. Si eso fuese así de sencillo y real, es probable que todo marchara a la perfección, pero resulta que estamos muy lejos de ese objetivo. Jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) junto al aparato que los rodea, no gozan de la confianza del pueblo, así como no la tienen bastantes políticos y funcionarios de todo rango, gran porción de la burocracia y los poderes constitucionales de las Entidades federativas y desde luego de los ayuntamientos y alcaldías. De la misma desconfianza gozan los integrantes de la procuración de justicia y otros entes aplicadores de las leyes, pero eso es tema para otra oportunidad. Por hoy nos ocuparemos de quien encarna más simbólicamente a los órganos administradores de justicia, que es la Suprema Corte de la Nación.
En el siglo pasado, la SCJ fue manejada al antojo de los presidentes de la República. Ellos, tras echar abajo las disposiciones del Constituyente de Querétaro sobre como integrar a la Corte, (los constituyentes le dieron gran juego a los congresos estatales y a las cámaras de la Unión), determinaron que les era más cómodo se conformara según sus conveniencias.
Y junto a los nombramientos de los ministros de la SCJ, los traían de un lado para otros fijando y cambiando sus períodos, atributos, licencias y salarios. De Obregón a Enrique Peña Nieto esa fue la pauta; a veces se lucían, ante la impávida mirada de los factores de presión política, como cuando Zedillo acabó con todo el plantel de la SCJ y tras meses de tener a los mexicanos sin ese máximo tribunal, lo dejó con once ministros, en general nombrados al gusto del mandatario, sus allegados y por transas con grupos políticos que, siendo opositores, sacaron ventajas de la situación.
A partir de 2018, cuando la ciudadanía se volcó en las urnas y resolvió entregar el poder ejecutivo y legislativo (la mayoría de este) a la llamada izquierda, en contraposición a los viejos partidos del PRI, PAN y el mortecino PRD, se experimentó un cambio en el poder judicial, donde es claro que los votantes no tenían ni tienen mayor trascendencia: de ser de discreto perfil, obtuvo relevancia pública, y de su tradicional conducta obsecuente al poder presidencial y del legislativo, se tornó en formidable bastión frente a ellos, impulsado en mucho porque las oposiciones (conglobadas en alianza que alabaron los medios de comunicación, los comentaristas, intelectuales y politólogos orgánicos -otrora muy consentidos por el gobierno- así como porciones del empresariado consentido de los mandamases caídos) acudieron a ellos y tras obtener fallos en su favor, los convirtieron en una especie de aliados virtuales. Esta actitud de la SCJ proyectó la idea de que efectivamente, a título de salvaguardar la ley superlativa, se alineaba en los hechos, a los empeños de los opositores del gobierno, autonombrado de la Cuarta Transformación (4T).
Esa es la posición que se tiene a la fecha, marcadamente más desde hace un año, cuando asumió la presidencia de la Corte la magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Por ello, cuando el jueves 4 de este frío mes de enero, tomó posesión de su sitial la nueva ministra, Lenia Batres Guadarrama, hubo muchas expectativas, pues además de ser mujer, ha sido de ideas izquierdistas y es la primera abogada nombrada directamente por el ejecutivo federal, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Su designación es entonces, rigurosamente legítima.
Es de hacer notar, que la nueva ministra arribó tras fracasar las fuerzas de la oposición en nombrar, en el Senado, a quien llegaría para sustituir al ahora ministro en retiro, Arturo Zaldívar, quien había renunciado el año pasado. Eso lo que demuestra es la incapacidad de esos actores políticos para llegar a un acuerdo: prefirieron desaprovechar la oportunidad, y dejaron vía franca para que el mandatario federal ejerciera su facultad y designara a la nueva ministra: no les queda ningún recurso para considerarlos, son miopes e impenitentes.
La ceremonia solemne en que se le impuso su toga a la abogada Batres Guadarrama fue sensacional, especialmente por lo que expresó en su estreno como miembro de la SCJ. De allí que el semanario Proceso dijese que “asume como ministra y arremete contra la Corte” (5-ene-2024). Para justificarse de tal encabezado, dice en texto de Diana Lastiri: “el máximo tribunal ha incurrido en excesos al desarrollar sus funciones y consideró que debe autolimitarse y someterse a la Constitución.” Luego agrega la reportera: “la nueva ministra arremetió contra la institución que hoy la recibió…al considerar que, en lugar de enfocarse en defender los derechos humanos y sociales, se enfoca en casos con fuertes implicaciones políticas”, dando como ejemplo cuando conoció sobre la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Un punto que ha sido evidente es como la SCJ bloqueó normas aprobadas en el legislativo, por meros aspectos de detalle al elaborarlas. Al respecto manifestó Batres Guadarrama, que “La Constitución prevé, en su artículo 17, que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Y el Poder Judicial no lo está cumpliendo”. Un renglón que hizo que alzaran las cejas los miembros de la Corte, fue el referente a los salarios de ellos y muchos otros funcionarios que cobran indebidamente más que el presidente de la república, contraviniendo el artículo 127 constitucional, enfatizando al respecto: considero nos corresponde acatar la Constitución.
La ministra Batres, con firmeza y valor, declaró que la Corte, se ha extralimitado, haciendo que “el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño, ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley
Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Es finalmente, una gran noticia el que una experta en derecho, pero de pensamiento avanzado socialmente, con verdadera actitud republicana y austeridad intachable, esté en el pleno de la SCJ, tan necesitada de conducirse como genuino tribunal constitucional, pero con tinte a favor del pueblo, de los necesitados y no solo de los potentados, que a la fecha son quienes más han obtenido beneficios para proteger sus intereses. Por eso sostenemos que lo dicho por la nueva ministra, es un memorial que nos induce para repensar el funcionamiento del máximo tribunal de México, que efectivamente, su misión es actuar conforme la Constitución, pero nunca por encima de ella, lo que implica no invadir el espacio de los demás poderes.
Ella, Lenia Batres Guadarrama, la flamante componente de la SCJ, ha sido calificada por muchos organismos y ciudadanos como “Ministra del Pueblo”, a lo cual responde: “es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece”. Y eso esperamos todos los mexicanos, pero también deseamos que tal título, lo merecieran los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión
Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ
Mexicanos brillan en la gran carpa: Semana de ensueño de Andrés Muñoz y Randy Arozarena
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