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NACIONALES

La definición del futuro de México: Junio 02 de 2024, parteaguas nacional, democracia o dictadura

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De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

MÉXICO definirá su destino político, económico, social y cultural el 2 de junio de este 2024. El pueblo tiene solo dos caminos: La democracia o la dictadura.

No podemos sumergirnos en análisis ideológicos ante el dominio ahora de una política desaseada, deteriorada y muy lastimada por hombres y mujeres que están en el poder sólo por el hecho de tener ese poder, pero sin saber qué hacer con el país y mucho menos resolver sus complicadísimos problemas.

¿Cómo hablar de cuestiones ideológicas, cuando el propio Presidente de la República aplica su ADN generado en el PRI, del que aprendió y perfeccionó sus habilidades para mentir y manipular?

¿Cómo aplicar el razonamiento a una tozudez por destruir los organismos autónomos creados para acotar el poder presidencial, -omnímodo, impuesto en los años de partido único del PRI-, buscando el regreso a aquel viejo régimen, pero con un control total del Estado sobre las instituciones y las personas?

¿Cómo reprochar a la verdadera izquierda, su conveniente silencio ante la militarización del país y la destrucción del medio ambiente y reservas ecológicas protegidas?

¿Cómo encontrar el “gran amor por México” en los priístas conversos a MORENA, como Marcelo Ebrard y los exgobernadores Claudia Pavlovich, Quirino Ordaz, Alejandro Murat, Omar Fayad y todo el “ejército extricolor” que envuelve a la 4T, cuando su denominador común es haber arrojado al olvido sus convicciones para obtener protección ante sus actos de corrupción?

¿Cómo esperar de figuras tradicionalmente identificadas –ellos sí- con la izquierda, como Gerardo Fernández Noroña, Paco Ignacio Taibo, Martí Batres, su hermana Lenia y Luciano Concheiro, que admitan que hicieron a un lado sus principios porque se están enriqueciendo ahora?

Veo a un López Obrador preocupado por evitar un despegue de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Ha comprado empresas encuestadoras para establecer la “certeza” de que su candidata oficial, Claudia Sheinbaum, la supera por 40 puntos, pero el púlpito con que cuenta cada mañana es aprovechado para atacar a Xóchitl.

Vivimos con un gobierno cuyo presidente no ha gobernado porque se ha dedicado exclusivamente a hacer política, a tratar de saciar sus venganzas, rencores y agravios, a dividir al país entre sus buenos y malos.

Los resultados están a la vista: El sexenio más violento de la historia, regiones controladas por el crimen organizado, fracaso tras fracaso en el sistema de salud, una economía donde los números aparentemente son positivos, pero eso no se refleja en los precios de los artículos de primera necesidad, un sistema educativo con años luz de atraso y el empeño por terminar obras que asemejan un barril sin fondo y que ha originado las bases para el mayor endeudamiento de la historia en el 2024: 1.8 billones de pesos.

AMLO está obsesionado por el poder y jamás aceptará una derrota. Sería capaz de cualquier cosa con el propósito de perpetuarse en palacio nacional. Pasó por su mente la posibilidad de la reelección, pero está seguro que la Sheinbaum le garantiza no solo la continuidad, sino su presencia en las decisiones nacionales.

¿Qué sucedería si MORENA arrasa en las elecciones?

No hay vuelta de hoja. Si MORENA gana la Presidencia de la República y en el Congreso de la Unión repite su contundente triunfo del año 2018 (con el control de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores) entonces se consumarán las reformas, tanto del Poder Judicial Federal como en el aspecto electoral y México se convertirá en un estado con régimen de “Socialismo del siglo XXI”. ¿Qué significa esto?

Antes de otra cosa, se establecería un Congreso Constituyente para elaborar y aprobar una nueva Constitución que mande al archivo de la historia la promulgada en 1917. ¿Y después?

1.- Que el poder público se concentrará en una sola persona, con el control absoluto de los tres poderes del Estado.

2.- Que el Estado podría tener la facultad amplia de cancelar todo tipo de concesiones a la iniciativa privada, empezando por los medios electrónicos como la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

3.- Que la ofensiva sobre la prensa libre se vería reforzada con los medios del Estado, para buscar que solo prevalezca la información de una sola fuente: La del gobierno.

4.- Que se darán las reformas educativas que permitan al Estado introducirse en el seno de la sociedad, obligando a los padres entregar a sus hijos para que estos sean formados en los valores del poder público y no en los valores tradicionales de la familia.

5.- La economía pasaría completamente al control de las políticas surgidas en palacio nacional y el Banco de México perdería su capacidad de equilibrio de las finanzas nacionales. Es decir, el fantasma de Luis Echeverría se haría presente.

6.- La clase media se vería atacada y mermada por el abandono y la falta de estímulos para seguir trabajando y subsistiendo, lo que sería de gran conveniencia para el Estado, ya que aspiraría a expandir la pobreza y que los pobres solo se atuvieran a la ayuda que el gobierno les proporcione.

7.- La libertad de culto estaría en riesgo, sobre todo la religión Católica, ya que su doctrina, para un Estado dominante, sería obsoleta, retrógada y conservadora.

8.- Los empresarios estarían en riesgo de perder su libre ejercicio de la empresa privada. Sufrirían entonces la aplicación de leyes sobre “extinción de dominio”, en la que el Estado tendría facultades de apropiarse de bienes inmuebles.

9.- Es muy probable que el Estado, entonces, trate de controlar valores tan arraigados entre las y los mexicanos como la Libertad, la Libre Empresa y el respeto a la vida humana.

10.- Las acciones enumeradas, sin duda alguna, formarían parte de una dictadura.

¿Qué sucedería si MORENA no arrasa en las elecciones?

LA ALIANZA PAN-PRI-PRD evitó en las elecciones del año 2021 que MORENA obtuviera las dos terceras partes (mayoría calificada) en la Cámara de los Diputados y en la Cámara de Senadores.

Lo anterior, aunado al fracaso de López Obrador por controlar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frustró las intenciones presidenciales de llevar a cabo una reforma eléctrica, una reforma electoral, una reforma al Poder Judicial de la Federación y mantener en la opacidad la información sobre las obras magnas del régimen como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

Lo anterior retrasó los planes de conseguir un control total de los poderes del Estado, a la par, AMLO abrió un frente en contra sumamente poderoso como es la prensa. Sus constantes ataques a directivos y periodistas, le sumaron todo un consenso de publicaciones en contra de sus acciones.

Todo ello propició que se mantuviera un equilibrio de fuerzas, se cuidara el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución y se dejara el mensaje de que para evitar la dictadura y seguir manteniendo, en el marco de las libertades, una Democracia como sistema de gobierno y el respeto a los organismos autónomos, se hace necesario que el frente opositor o “Corazón y Fuerza por México”, obtenga los suficientes triunfos electorales en senadurías y diputaciones federales, de tal manera que MORENA pierda su dominio.

El cómo lograrlo se puede decir muy fácil. López Obrador y MORENA pueden movilizar 25 millones de ciudadanos, “exigiendo” reciprocidad luego de los apoyos económicos que les otorga.

El resto, cuando menos 40 millones de ciudadanos, no están a favor del Presidente y MORENA. Lo malo es que es en este sector donde se genera el abstencionismo. Si tan solo 30 millones de mexicanas y mexicanos acuden a las urnas el próximo 2 de junio y votan contra MORENA, el proceso se volverá muy competitivo y difícilmente habrá una “aplanadora” en el Congreso de la Unión.

¿Seremos capaces de lograrlo?

Sin duda, es una labor no de los partidos, sí de la candidata Xóchitl Gálvez, pero sobre todo de las y los ciudadanos de México, que en sus manos tendrán el destino de su país.

Las elecciones se ganan por quien logra crear una emoción, un sentimiento.

Ya veremos.

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DEPORTE/CULTURA

México es campeón de la Copa Oro al vencer a Estados Unidos

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Por Redacción Conciencia Pública, con información de Mediotiempo //

La Selección Nacional de México se coronó bicampeona de la Copa Oro al vencer 2-1 a Estados Unidos en Houston, sumando así su título número 13 en la historia del torneo y consolidándose como la selección más ganadora de la Concacaf.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró carácter al reponerse de un gol tempranero de Chris Richards al minuto 4, lo que no desmotivó al Tricolor, que reaccionó con fuerza y dominó gran parte del encuentro, especialmente en posesión del balón.

El empate llegó gracias a una destacada actuación de Marcel Ruiz y Gilberto Mora, quienes lideraron los ataques mexicanos. Fue Ruiz quien inició la jugada que culminó en el gol de Raúl Jiménez al minuto 27, tanto que marcó el número 43 en su cuenta personal con la selección, quedando a solo tres de igualar a Jared Borgetti.

Este gol tuvo una dedicatoria especial al delantero portugués del Liverpool, Diogo Jota, amigo cercano de Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente. México mantuvo su dominio, mientras que Estados Unidos, con un juego pobre y sin ideas, apenas pudo responder.

En los minutos finales, cuando parecía que el partido se iría a tiempos extra, Edson Álvarez apareció con un cabezazo que fue inicialmente anulado, pero tras la revisión del VAR fue validado como el gol del triunfo. Así, el equipo de Aguirre devolvió la ilusión al fútbol mexicano. No obstante, el reto mayor será establecer un estilo definido de juego de cara al Mundial 2026 a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México. La inauguración será el 11 de junio del año que viene en el Estadio Azteca.

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NACIONALES

Que no son lo que son

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.

Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.

Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.

En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.

Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.

El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.

Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.

Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.

El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.

Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.

En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.

Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.

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NACIONALES

Nombramientos sin mérito

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Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

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