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NACIONALES

El pueblo está harto de corrupción: Protestar, obstruir y cobrar sin trabajar, divisa del Poder Judicial Federal

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Es inaudita la contumacia de los trabajadores del Poder Judicial Federal: protestan contra reformas judiciales, suspenden sus labores ilegalmente, violentan las sedes de las Cámaras legislativas, suspenden el esencial servicio de justicia, y todo esto, percibiendo sus salarios y privilegios, respaldada en todo momento su porfía por la presidenta de la Suprema Corte.

Desde el 16 de agosto pasado, se supo que “Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial.” (El País, 16-VIII-024). Es decir, ellos no aceptan que el pueblo elija a sus juzgadores, pero si recurren al voto -que sería el 19 de aquel mes- para “legitimar” protestas y paralizar irregularmente el servicio de justicia. Poco después -miércoles 21- estalló su movimiento ilícito y así seguía tras un mes de inmovilización de la justicia.

Para que no desistieran de ese empeño, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los acompañaron en sus maniobras contumaces, y para redondear ese apoyo, en reunión del Consejo de la Judicatura, se aprobó que se cubrieran las remuneraciones de todos los empleados paristas del Poder Judicial.

Unos días antes, en el gobierno hubo conatos para que no se cubrieran los ingresos de los que no laboraran, aspecto que incluso también aprobó la presidenta electa, aunque no el primer mandatario López Obrador. La votación de los consejeros de la Judicatura, -que era 3 a 3- la inclinó el voto de la presidenta, ministra Norma Lucía Piña Hernández; de esa manera, los trabajadores del Poder Judicial pudieron dedicarse plenamente a protestar en vez de cumplir sus obligaciones, con la certeza de que sus sueldos estaban seguros.

Como ya sabemos, a pesar de las múltiples estratagemas de los impugnadores de la reforma judicial, esta avanzó. Pero hemos de anotar que esos rebeldes empleados judiciales, habían obligado que los diputados sesionaran en sede alterna -la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva-, pues se les impidió deliberar en su recinto.

Sin embargo, el 4 de septiembre los diputados aprobaron las reformas; al respecto expresó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría lopezobradorista: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la cleptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial, por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo…” (Excelsior, 4-09-2024).

El siguiente paso se registró en el Senado de la República. Los paristas prosiguieron en su empeño impugnador de la reforma judicial, y desbordados en sus ánimos, ahora no solo bloquearon el lugar de sesiones -en este caso de los senadores-, sino que el 10 de este mes patrio, irrumpieron violentamente: cerca de las “16:30 horas de este martes se reportó un portazo en las instalaciones del Senado de la República.

Los manifestantes ingresaron a pocos metros de las y los senadores, y con consignas como “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, así como “y dónde están los senadores que nos iban a escuchar”, tomaron parte de las instalaciones de la Cámara Alta.

Este grave suceso constriño a que la Cámara Alta cambiara de local para debatir, siendo tal sitio la casona de Xicoténcatl. Allí se aprobó el dictamen de la iniciativa, aprobada por mayoría calificada por los diputados, para modificar de raíz al Poder Judicial Federal, que conlleva la reforma de todos los sistemas judiciales de las Entidades federativas. Estas por su parte, de forma rápida -fueron 23 Congresos locales- aprobaron dichas reformas y así, el Poder Constituyente Permanente, que tiene plena facultad para modificar la Constitución, culminó su tarea. Y contra estas reformas no hay recurso alguno.

El 15 se septiembre, célebre por la ceremonia del “grito” en Palacio Nacional, el Zócalo se atiborró de mexicanos, quienes manifestaron su aprecio por el presidente López Obrador, llegando muchos a las lágrimas, en razón a ser el postrer evento público presidido por AMLO. Entre tanto el Diario Oficial de la Federación, publicó la multicitada reforma Judicial, que entró en vigencia el día de la Independencia, es decir el 16 de septiembre. A partir de esta fecha, todo habitante, organismo o institución mexicana, está obligada a cumplir nuestra Carta Suprema, en tanto que todo extranjero, persona física, jurídica o país, debe respetarla. Bajo tal premisa, se dio a conocer que el lunes 23 de septiembre, volverían a sus labores todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Increíblemente, la presidenta de la SCJN (quien declaró buscaría hasta internacionalmente como detener la Reforma, -allá ella y su conciencia-), ahora peregrinamente, acepta se estudien peticiones de jueces y magistrados, para que se acuerde en el pleno que hacer respecto a las reformas, lo cual es absurdo.

Validos de ello, los contumaces miembros del Poder Judicial Federal lograron, en un encuentro con los consejeros de la Judicatura Federal, que la suspensión de labores continúe hasta al menos el 2 de octubre; desde luego, faltaba más, percibiendo sus jugosos emolumentos. Sobre esto nos dice la prensa del día 21 de este mes: “Luego de una reunión con líderes sindicales, representantes de juzgadores y trabajadores judiciales, el CJF acordó alargar el paro de labores hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum”. (Reforma, 21-IX-2024). La votación de los consejeros fue 4 a 3, decidiendo como siempre, el voto de la ministra Norma Lucía Piña.

Esa rebelde actitud, se puede explicar por muchos motivos, pero resaltan tres: El inicial, es que dichos integrantes -de todos los niveles- del Poder Judicial Federal, han venido desempeñando sus puestos, sin mayor vigilancia y por ende sanciones, en consecuencia, la irresponsabilidad impera entre ellos. En segundo lugar, porque tienen atascado el ramo de la justicia, con parientes y amistades, conformando ese poder como nidal del nepotismo y las influencias.

Finalmente, violando la Constitución, los ingresos que perciben miles de tales servidores públicos, son mayores a los que devenga el presidente de la república, agravados con variados privilegios que quizás solo tienen los altos ejecutivos de las mayores empresas transnacionales. Defender rabiosamente estas prebendas, son cuestiones sustanciales para estos renuentes miembros del Poder Judicial.

Así pues, no deja de asistirle la razón al diputado y exsenador zacatecano Ricardo Monreal, cuando exclamó: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga”. Y nosotros agregamos: y del paro ilegal, suspensión del servicio de justicia y el que se cobre sin trabajar, por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal.

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JALISCO

Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador

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CIERTO O FALSO

“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”

ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR

“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”

LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST

FUEGO CRUZADO

“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”

MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

VOZ ALTA

Papa caliente: Notarios

José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.

JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.

Se vuelve crítico

La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.

DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.

Agua para Tlajo

Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.

GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.

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JALISCO

La transición del Poder Judicial

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.

Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.

El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.

Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.

La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.

Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.

Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.

Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

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NACIONALES

El Plan México

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.

Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.

El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.

El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.

En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.

Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.

Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.

Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.

En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.

En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.

La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.

Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.

El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.

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