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NACIONALES

El pueblo está harto de corrupción: Protestar, obstruir y cobrar sin trabajar, divisa del Poder Judicial Federal

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Es inaudita la contumacia de los trabajadores del Poder Judicial Federal: protestan contra reformas judiciales, suspenden sus labores ilegalmente, violentan las sedes de las Cámaras legislativas, suspenden el esencial servicio de justicia, y todo esto, percibiendo sus salarios y privilegios, respaldada en todo momento su porfía por la presidenta de la Suprema Corte.

Desde el 16 de agosto pasado, se supo que “Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial.” (El País, 16-VIII-024). Es decir, ellos no aceptan que el pueblo elija a sus juzgadores, pero si recurren al voto -que sería el 19 de aquel mes- para “legitimar” protestas y paralizar irregularmente el servicio de justicia. Poco después -miércoles 21- estalló su movimiento ilícito y así seguía tras un mes de inmovilización de la justicia.

Para que no desistieran de ese empeño, varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los acompañaron en sus maniobras contumaces, y para redondear ese apoyo, en reunión del Consejo de la Judicatura, se aprobó que se cubrieran las remuneraciones de todos los empleados paristas del Poder Judicial.

Unos días antes, en el gobierno hubo conatos para que no se cubrieran los ingresos de los que no laboraran, aspecto que incluso también aprobó la presidenta electa, aunque no el primer mandatario López Obrador. La votación de los consejeros de la Judicatura, -que era 3 a 3- la inclinó el voto de la presidenta, ministra Norma Lucía Piña Hernández; de esa manera, los trabajadores del Poder Judicial pudieron dedicarse plenamente a protestar en vez de cumplir sus obligaciones, con la certeza de que sus sueldos estaban seguros.

Como ya sabemos, a pesar de las múltiples estratagemas de los impugnadores de la reforma judicial, esta avanzó. Pero hemos de anotar que esos rebeldes empleados judiciales, habían obligado que los diputados sesionaran en sede alterna -la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva-, pues se les impidió deliberar en su recinto.

Sin embargo, el 4 de septiembre los diputados aprobaron las reformas; al respecto expresó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría lopezobradorista: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la cleptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial, por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo…” (Excelsior, 4-09-2024).

El siguiente paso se registró en el Senado de la República. Los paristas prosiguieron en su empeño impugnador de la reforma judicial, y desbordados en sus ánimos, ahora no solo bloquearon el lugar de sesiones -en este caso de los senadores-, sino que el 10 de este mes patrio, irrumpieron violentamente: cerca de las “16:30 horas de este martes se reportó un portazo en las instalaciones del Senado de la República.

Los manifestantes ingresaron a pocos metros de las y los senadores, y con consignas como “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, así como “y dónde están los senadores que nos iban a escuchar”, tomaron parte de las instalaciones de la Cámara Alta.

Este grave suceso constriño a que la Cámara Alta cambiara de local para debatir, siendo tal sitio la casona de Xicoténcatl. Allí se aprobó el dictamen de la iniciativa, aprobada por mayoría calificada por los diputados, para modificar de raíz al Poder Judicial Federal, que conlleva la reforma de todos los sistemas judiciales de las Entidades federativas. Estas por su parte, de forma rápida -fueron 23 Congresos locales- aprobaron dichas reformas y así, el Poder Constituyente Permanente, que tiene plena facultad para modificar la Constitución, culminó su tarea. Y contra estas reformas no hay recurso alguno.

El 15 se septiembre, célebre por la ceremonia del “grito” en Palacio Nacional, el Zócalo se atiborró de mexicanos, quienes manifestaron su aprecio por el presidente López Obrador, llegando muchos a las lágrimas, en razón a ser el postrer evento público presidido por AMLO. Entre tanto el Diario Oficial de la Federación, publicó la multicitada reforma Judicial, que entró en vigencia el día de la Independencia, es decir el 16 de septiembre. A partir de esta fecha, todo habitante, organismo o institución mexicana, está obligada a cumplir nuestra Carta Suprema, en tanto que todo extranjero, persona física, jurídica o país, debe respetarla. Bajo tal premisa, se dio a conocer que el lunes 23 de septiembre, volverían a sus labores todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Increíblemente, la presidenta de la SCJN (quien declaró buscaría hasta internacionalmente como detener la Reforma, -allá ella y su conciencia-), ahora peregrinamente, acepta se estudien peticiones de jueces y magistrados, para que se acuerde en el pleno que hacer respecto a las reformas, lo cual es absurdo.

Validos de ello, los contumaces miembros del Poder Judicial Federal lograron, en un encuentro con los consejeros de la Judicatura Federal, que la suspensión de labores continúe hasta al menos el 2 de octubre; desde luego, faltaba más, percibiendo sus jugosos emolumentos. Sobre esto nos dice la prensa del día 21 de este mes: “Luego de una reunión con líderes sindicales, representantes de juzgadores y trabajadores judiciales, el CJF acordó alargar el paro de labores hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum”. (Reforma, 21-IX-2024). La votación de los consejeros fue 4 a 3, decidiendo como siempre, el voto de la ministra Norma Lucía Piña.

Esa rebelde actitud, se puede explicar por muchos motivos, pero resaltan tres: El inicial, es que dichos integrantes -de todos los niveles- del Poder Judicial Federal, han venido desempeñando sus puestos, sin mayor vigilancia y por ende sanciones, en consecuencia, la irresponsabilidad impera entre ellos. En segundo lugar, porque tienen atascado el ramo de la justicia, con parientes y amistades, conformando ese poder como nidal del nepotismo y las influencias.

Finalmente, violando la Constitución, los ingresos que perciben miles de tales servidores públicos, son mayores a los que devenga el presidente de la república, agravados con variados privilegios que quizás solo tienen los altos ejecutivos de las mayores empresas transnacionales. Defender rabiosamente estas prebendas, son cuestiones sustanciales para estos renuentes miembros del Poder Judicial.

Así pues, no deja de asistirle la razón al diputado y exsenador zacatecano Ricardo Monreal, cuando exclamó: “El pueblo está harto de la dictadura del birrete y de la toga”. Y nosotros agregamos: y del paro ilegal, suspensión del servicio de justicia y el que se cobre sin trabajar, por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal.

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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