Por Francisco Junco //

Durante el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas realizado en la Universidad Panamericana, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), Juan Huerta, lanzó una advertencia contundente: una reforma laboral precipitada o mal gestionada podría incrementar significativamente la informalidad en el país.

Huerta subrayó que una transición apresurada a la jornada de 40 horas con pago equivalente a 56 horas debe realizarse de manera gradual, en un plazo de dos a cinco años si fuera necesario, priorizando la protección de la planta laboral mexicana. «No estamos para bollos», afirmó, destacando la fragilidad del mercado laboral actual.

El líder sindical señaló que México enfrenta un panorama económico y laboral preocupante. Con un 54.6% de trabajadores informales, según datos recientes, y una generación de empleo que ha caído un 14.4% entre 2020-2024 en comparación con 2020-2025, la situación exige cautela.

Huerta explicó que las micro, pequeñas y pequeñas empresas, que generan el 68.4% de los empleos en el país, son el pilar del mercado laboral, mientras que las grandes empresas apenas contribuyen con un 21.5%. Esta dependencia, combinada con una deficiente creación de nuevos empleos, refleja la urgencia de una estrategia bien definida, afectada por la incertidumbre y la ausencia de políticas públicas de inversión de capital sostenible.

Huerta también alertó sobre las proyecciones económicas sombrías para 2025, con el Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre -0.2% y 1.4% según el Banco de México, lo que agrava la falta de dinamismo en el empleo. «Actuemos con responsabilidad», instó, proponiendo una implementación planeada, organizada y acordada entre el sector productivo y el gobierno.

De no ser así, advirtió, la informalidad podría aumentar hasta en un 20% del empleo formal, poniendo en riesgo a millones de trabajadores. «Cuidemos nuestra planta laboral», concluyó, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado para evitar un colapso en el mercado laboral formal.

RESPALDO A REFORMA LABORAL

La CTM en Jalisco expresó su respaldo a una reforma que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Para Juan Huerta Péres, esta transformación es no sólo necesaria, sino inevitable. Pero debe realizarse de forma responsable, con una implementación gradual y bajo un enfoque de justicia laboral y sostenibilidad económica.

Durante su participación en el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, realizado en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Juan Huerta planteó que la CTM se decanta por una reforma constitucional, pero que su aplicación no sea abrupta, sino escalonada y ampliamente negociada.

LA ÚLTIMA REFORMA FUE HACE 100 AÑOS

México, recordó, fue vanguardia en 1917 al establecer constitucionalmente una jornada máxima de ocho horas diarias, cuando la mayoría del mundo aún permitía extensas jornadas de hasta 15 o 18 horas. Sin embargo, hoy ese liderazgo se ha erosionado, ya que mientras países como Francia, Alemania, incluso Colombia y Chile ya operan con jornadas de entre 35 y 40 horas, en México aún se discute la transición, por lo que reconoció que “ahora nos hemos quedado a la saga”.

“Han pasado más de 100 años de distancia de la entrada en vigor del artículo 123 constitucional, de la puesta en vigor de las 48 horas semanales, ahora nos vemos adentrados a una ruta irreversible para alcanzar la jornada de 40 horas semanales. Su promulgación responderá a los principios de justicia laboral, de la necesaria mejora de las condiciones de bienestar integral”, sentenció.

“Así, el mundo del trabajo, del siglo XXI, requiere de una nueva visión del bienestar laboral. Sin duda esto significa redefinir los espacios de la jornada laboral, ampliando el espacio vital del trabajador, el tiempo que requiere para su familia, sus aspiraciones y necesidades emocionales y espirituales, para el descanso y el mismo ocio”, señaló.

LA PROPUESTA

Al mismo tiempo, presentó una propuesta integral que incluye medidas fiscales, salariales y de bienestar, para garantizar que la reducción de horas no ponga en riesgo la viabilidad económica de las empresas ni la generación de empleos formales.

“La Federación de Trabajadores de Jalisco y la CTM Nacional plantean una reforma al artículo 123 constitucional para garantizar dos días de descanso por cinco laborados, como un derecho universal. De la misma manera, la creación de una prima sabatina para quienes laboren ese día, la reducción a 40 horas con un pago de 56 horas y la revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras, además de una revisión a la limitación del reparto de utilidades”, subrayó.

“No estamos para bollos. Recordemos que traemos un 54.6% de trabajadores informales. Las minis, pequeñas y pequeñas empresas generan un 68.4% total de empleos en México y eso no hay forma de cambiarlo ni de ocultarlo. Las grandes empresas sólo generan un 21.5% del total de los empleos del país”.

Refirió que, de acuerdo con datos de la OCDE, México es el país que más horas trabaja al año entre sus miembros, pero también uno de los que menos productividad genera. Esta paradoja, señaló, es un claro ejemplo de que la cultura del sobre trabajo no ha sido sinónimo de desarrollo.

Por ello, la CTM ha propuesto cuatro líneas estratégicas para la implementación responsable de la jornada de 40 horas, gradualidad, reconocimiento de la heterogeneidad de la planta productiva, mejora continua de la productividad y el mejoramiento de calidad de vida del trabajador.

“Las experiencias internacionales, pero fundamentalmente las realidades y exigencias propias, abren los puntos para trazar nuestra hoja de ruta. Insisto, bajo la premisa de ganar-ganar. Tenemos que actuar con responsabilidad e implementar la jornada laboral de forma gradual, planeada, organizada y, sobre todo, acordada entre los actores del sector productivo y el gobierno”, sostuvo.

EL ESCENARIO ECONÓMICO NO ES ALENTADOR

El líder sindical, advirtió, sin embargo, que el escenario económico no es alentador y refirió que de acuerdo con datos del Banco de México, el PIB para 2025 podría situarse entre el -0.2% y el 1.4%. A esto se suma una caída del 14.4% en la generación de nuevos empleos comparado con 2024.

“Tenemos una muy deficiente generación de nuevos empleos, por varios factores fundamentales, pero principalmente por la incertidumbre y la falta de una aplicación de una estrategia en materia de una política pública de inversión de capital sustentable”, advirtió.

Para el dirigente de la CTM Jalisco, el debate sobre las 40 horas no debe ser visto como una confrontación entre patrones y trabajadores, sino como una oportunidad de construir un nuevo pacto social.

Precisó la posición de la CTM de apoyar la reforma laboral de las 40 horas con pago de 56 (los siete días de la semana) y de forma gradual, implementándola entre 2 y 5 años, de ser necesario. “Actuemos con responsabilidad e implementemos la jornada de 40 horas en forma gradual, planeada, organizada, y sobre todo, acordada con los actores del sector productivo y el gobierno, de lo contrario, terminaremos mandando a la informalidad otro 20% del empleo formal”.

CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN HACIA UNA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REFORMA LABORAL

Las experiencias internacionales, combinadas con las realidades y exigencias propias de México, sientan las bases para trazar una hoja de ruta fundamentada en el principio de ganar-ganar. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) propone un plan estructurado en cuatro líneas estratégicas que buscan equilibrar los intereses de empleadores y trabajadores, adaptándose a las necesidades del país.

1. Aplicación gradual del modelo: Se propone implementar la reducción de la jornada laboral en un plazo de dos a cuatro años, extendible a cinco si fuera necesario. El objetivo es generar condiciones consensuadas entre empleadores y sindicatos para ajustar la jornada sin comprometer la viabilidad económica ni la productividad de las empresas, asegurando una transición ordenada y sostenible.
2. Reconocimiento de la heterogeneidad productiva: Dado que la planta productiva nacional varía en escala, retos y características según la industria y tipo de empresa, se requiere una aplicación flexible de la nueva legislación. Esta adaptabilidad reconoce las diferencias regionales y sectoriales, permitiendo soluciones personalizadas que respeten la diversidad económica del país.
3. Mejora permanente de la productividad: Inspirándose en prácticas internacionales, se busca compatibilizar la reducción de horas con un incremento de la productividad. Esto incluye incentivos dentro de la nueva jornada que eleven el rendimiento laboral. Según datos de la OCDE, México lidera en horas trabajadas anualmente entre sus miembros, pero no en eficiencia. Trabajar más no equivale a ser más productivo, por lo que esta línea prioriza la calidad sobre la cantidad.
4. Mejora de la calidad de vida del trabajador: Para alinear la reforma de 40 horas con beneficios concretos, la CTM propone modificar el Artículo 123 Constitucional, garantizando dos días de descanso por cinco laborados como derecho universal. Además, se sugiere una prima sabatina para quienes trabajen ese día, el pago equivalente a 56 horas por una jornada de 40, una revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras y una amplia reevaluación de las limitaciones al reparto de utilidades, fortaleciendo así el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

Por Francisco Junco //

El Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas en Guadalajara marcó un paso decisivo en la ruta hacia la reducción de la jornada laboral, al consolidar un diálogo multipartito entre sindicatos, empresarios y gobierno, enfocado en la implementación gradual de la reforma.

En este encuentro, se destacó la necesidad de combinar incentivos fiscales, análisis técnicos y esquemas sectoriales que permitan a las empresas adaptarse sin perder competitividad, mientras se prioriza el bienestar y la productividad de los trabajadores.

“En los últimos años hemos atendido importantes avances en materia laboral, como no lo habíamos vivido básicamente en décadas, de alguna manera, incluso, esto nos ha permitido que podamos decir que vivimos una primavera de los derechos laborales”, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Marath Baruch Bolaños López, quien destacó que este tema es un reclamo histórico de los trabajadores.

Y es que el pasado viernes 26 de junio, se realizó en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, uno de los foros regionales clave, organizados por la STPS para debatir la transición de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

El funcionario federal resaltó que, el contexto laboral que se vive, es propicio para avanzar hacia la reducción de horas laborales, bajo la premisa central de implementarla de manera gradual, con tiempo para que el sector privado se adapte, sin afectar la competitividad.

También se destacaron las propuestas de analizar incentivos para mitigar el impacto en los costos empresariales, como apoyo fiscal, periodos de gracia para mipymes, y reorganización del modelo laboral, bajo la premisa de una transición basada en consensos, técnica y socialmente responsable.

Para los participantes este encuentro fue un paso para impulsar una transición ordenada a una jornada laboral de 40 horas, destacando el diálogo constructivo, evidencia internacional favorable, medidas de mitigación para costos empresariales y participación amplia y técnica.

El foro sirvió como plataforma para abordar preocupaciones sectoriales, donde se discutieron posibles incentivos fiscales para empresas, esquemas de transición laboral y ajustes en productividad. Asimismo, se escucharon voces laborales que demandan celeridad, mientras algunos empresarios solicitan plazos que garanticen competitividad sin subir costos de operación.

En el marco del debate nacional, la STPS organizó 10 foros nacionales, para impulsar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la Ciudad de México y Monterrey fueron sede de los primeros dos foros regionales.

En la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que “la semana laboral de 40 horas mejora la productividad, permite generar empleos más dignos y empresas más fuertes”, mientras que en Monterrey, el gobernador Samuel García propuso incentivos fiscales para las empresas que adopten el nuevo esquema de manera anticipada. Ambos encuentros sirvieron como punto de partida para abrir el debate técnico y social que habrá de culminar en una reforma nacional gradual, incluyente y sostenida.

“TODOS ESTAMOS DE ACUERDO”

En Jalisco, el evento contó con la intervención de importantes actores de diferentes sectores sindicalistas, empresarios, académicos, así como representantes del sector agropecuario y del comercio, que enriquecieron el debate con una visión integral sobre la jornada laboral en diferentes ámbitos productivos.

Ricardo Barbosa Ascencio, secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Jalisco, señaló que tras los diferentes puntos de vista, todos partiendo del marco del respeto, “el común denominador es que todos estamos de acuerdo en que falta en el cómo y buscar el cómo sí”.

“Siendo muy objetivo la mayoría de los sindicatos, está muy homologado el concepto de que sí, algunos dicen tiene que ser el año entrante, otros vayamos trabajando de aquí al 2030. Sin embargo, resaltaría que debemos de cuidar la reforma, es una reforma trascendental que tendrá afectación por muchas décadas por venir… Sobra decir el tema de la gradualidad, cuidar las fuentes de trabajo, seguir trabajando en disminuir la pobreza laboral, seguir trabajando en la dignificación del salario mínimo”, concluyó el funcionario estatal.

Pablo Lemus, gobernador del estado, aseguró que, a nivel nacional e internacional, Jalisco se distingue por su mente de obra, calidad y la preparación profesional de los trabajadores y destacó el clima de paz laboral que prevalece en la entidad, misma que motiva la llegada de mayor número de inversiones al estado.

“En Jalisco nos hemos propuesto ser el oasis de las inversiones de nuestro país, y repito, queremos cuidar a la planta productiva, pero también queremos escuchar a los trabajadores, cuidar de ellos, y creo que en ello hay una gran coincidencia con el sector empresarial”, resaltó el mandatario estatal.

JALISCO ES EL OASIS DE LAS INVERSIONES

En su intervención, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del Gobierno de México, coincidió con Pablo Lemus, al considerar que Jalisco es el oasis de las inversiones en el mundo al tener a los mejores trabajadores.

“Lo decía Pablo (Lemus Navarro), y lo decía muy bien. Jalisco, además de ser el mejor estado de México, la realidad es que es un oasis de las inversiones en el mundo porque tenemos a las y los mejores trabajadores, y esa es una característica que compartimos las 32 entidades federativas en México”, apuntó Gómez Sierra.

Aseguró que construir la mejor forma para la implementación de esta reforma, la cual no sólo tiene objetivos nobles, sino necesarios y convenientes, que beneficiarán a México como país y como potencia económica y destacó que esta discusión, surge de los diferentes objetivos del Plan México.

“Innovación, que debe ser uno de los pilares céntricos de lo que nos rija, moviéndonos hacia adelante, no es tanto las horas de trabajo, sino el valor que podemos producir en esas horas de trabajo, y en ese sentido la innovación, la deducibilidad adicional que estamos dando para todos los gastos en capacitación, en educación dual, en carreras técnicas, en certificaciones, y desde luego en metas que se tienen no sólo para transferencia tecnológica, sino para gastos en investigación y desarrollo”, apuntó la funcionaria federal.

Hizo un llamado para que en esta discusión de reducir a las 40 horas, es necesario tener en cuenta cuatro pilares, que considera fundamentales que estén presentes en toda la planeación de la inversión y del comercio en México, las cuales son capacitación, promoción, colaboración e inversiones.

“Vemos que el tema de la productividad es particularmente prioritario para que si bien puedan ir bajando progresivamente las horas laborables, no así el valor que se aporta por parte de nuestros colaboradores. Y vemos que el tema de especialidad va a ser particularmente importante hacia adelante”, puntualizó Altagracia Gómez Sierra.