NACIONALES
Electricidad: Reforma o contra reforma
Opinión, Por Pedro Vargas Avalos //
Desde que se instaló la electricidad en el país, año con año se incrementó su importancia hasta llegar a ser vital, puesto que se le necesita en casi toda actividad humana. En consecuencia, es un servicio público que indispensablemente debe estar legislado en sus cuatro etapas: Generación, Transmisión, Distribución y Utilización.
Si la patria entera depende de que se posea suficiente energía eléctrica, es indiscutible que la rectoría en tal materia debe corresponder al Estado, que es el único ente que garantiza sin intereses lucrativos ni desviados, la continuidad del suministro de tan esencial fluido. Una nación sin soberanía eléctrica, es una nación a la deriva.
A fines del siglo XIX se inicia la actividad electricista en nuestra República: La primera planta generadora data de 1879, instalada en León, Guanajuato, y utilizada por la fábrica textil “La Americana». Luego, en diciembre de 1881 se instalaron las primeras lámparas en la ciudad de México y paulatinamente, muchas compañías mineras, textiles e industriales fueron forjando sus generadoras de energía eléctrica, vendiendo sus excedentes a los gobiernos para que el alumbrado público se extendiese.
En 1892 se fundó la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica por el señor J. María Bermejillo, que fue el antecedente de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala Sociedad Anónima, cuya enorme importancia para el Estado de Jalisco, es semejante a la de la planta poblana “Necaxa” para el valle de México. En ambos casos, el objetivo final no solo era dar un servicio, sino obtener utilidades de orden económico. Ante tal situación, en 1926 se expidió el Código Nacional Eléctrico, que, con disposiciones muy generales, permitió a las empresas se desarrollaran y los servicios residenciales fueran más integrales, dándole un trato diverso al de índole industrial-comercial.
Hubo compañías que dominaron a empresas de menor peso, y así, en los años treinta de la centuria pasada, había dos sociedades (con mayoría de capital extranjero, ya de Canadá, Inglaterra o Estados Unidos y Francia) con matices de duopolio: el gobierno forcejeó con ellas para mitigar los precios. El panorama subsiguiente fue que las inversiones en esa área disminuyeron y extensos territorios carecían de electrificación, pues todo estaba sujeto a que fueran negocio redituable. Por ello como respuesta a tal situación, en 1934 se decretó que la Federación pudiera crear la Comisión Federal de Electricidad, la cual tardó en concretizarse, y hasta 1937 empezó a funcionar debidamente, teniendo al notable ingeniero jalisciense, Carlos Ramírez Ulloa, como primer director (1937-1947).
Ahora la mística consistió en llevar electricidad a todos los rincones de México, por lo que para 1940 dicha CFE inició la construcción de su primera central eléctrica –(la de Valle de Bravo, en el Estado de México). Según el investigador Luis Aboites Aguilar: “Allí está la semilla de la nacionalización de la industria ocurrida 20 años después. Sólo por el creciente involucramiento gubernamental puede entenderse la construcción de Infiernillo”, y luego las sucesivas hidroeléctricas que surgieron en el resto del país. En nuestra Entidad federativa, la compañía Hidroeléctrica de Chapala (desde 1940 propiedad federal) junto a la CFE, tuvieron estelar participación, pues aportaban el 66 por ciento del aumento de energía para el servicio público en 1959. (Enciclopedia de México, T. 5, pág. 2460).
Así las cosas, ante la urgencia de que todos los mexicanos pudieran tener acceso al servicio eléctrico, y la productividad nacional creciera para fortalecer a la república, el 27 de septiembre de 1960 se decretó la nacionalización de la industria eléctrica; el presidente Adolfo López Mateos, en esa memorable ocasión dijo al pueblo de México: “Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el Petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al Nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la Energía Eléctrica… Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación…”
Entonces hubo dos grandes compañías propiedad del Estado mexicano: CFE y Luz y Fuerza del Centro, ésta para la región central y aquella para el resto del país. Los malos mexicanos (a los que aludió López Mateos) lograron en el gobierno de Felipe Calderón, que éste decretara el 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; ahora todas sus baterías (de esos pésimos dizque connacionales) se enderezarían a la CFE.
Ese objetivo, perseguido por organismos extranjeros y codiciosos negociantes nacionales, encontraron aliados oficiales gracias a la corrupción que imperó en el régimen de Enrique Peña Nieto. Este, un verdadero cabecilla de latrocinadores, se valió de todas las argucias para que la CFE se debilitara y ya deteriorada, se pudiera desestimar y dar cabida al capital privado, donde el de procedencia extranjera tendría prioridad y además, subsidios. De esa manera se instrumentó la “reforma energética” de 2013, misma que sin pudor alguno, echando mano hasta del soborno, se impuso, en contra de los intereses del pueblo y desde luego, del Estado nacional.
Son incontables los mecanismos que ahora se aplican para burlar al fisco, debilitar a la CFE, favorecer a los empresarios sin escrúpulos y comprar a los comentócratas que se desvelan, un día sí y otro también, por estigmatizar los esfuerzos para que México recobre su soberanía energética. Un ejemplo de estos, es Sergio Sarmiento, quien, a sabiendas de mentir, pregona que cuando se nacionalizó la electricidad en 1960, ya no se pudo electrificar por falta de capital, siendo que, a partir de ese hecho, es cuando el servicio eléctrico llegó y cubrió, casi completa, la faz de nuestra patria, beneficiando a todos sin distinción, trátese de personas o poblados.
El tramposo sistema de autoabasto de energía, que imperó tras la malhadada “reforma” peñista, (que evidentemente fue contrarreforma) optó luego por la atracción de socios de “un peso”, con lo cual logró que grandes empresas (realmente sus clientes, pues es un mercado paralelo) aparezcan como autogeneradores (lo cual es falso) y con ello pagar sumas ridículas por el servicio eléctrico (aquí están Bimbo, Oxxo, Cemex, Kimberly Clark, etc.). Por si eso fuera poco, la introducción de Certificados de Energías Limpias (CEL) dizque para incentivar la generación de energía limpia, han sido un negociazo de esas compañías rapaces, que según informó la secretaria Rocío Nahle, si no se atajan, costarán al país cien mil millones de pesos en dos décadas.
Los enemigos de la actual iniciativa sobre electricidad, dicen que los paneles solares de particulares serán cancelados, lo cual es monumental mentira, pues nada de eso se prevé en el proyecto. Otra falsía es que la CFE no producirá energía limpia, siendo que actualmente tiene capacidad de generar un 55% de tal electricidad, además de que con la reforma podrá tener a sus plantas hidroeléctricas (que producen energía limpia) a toda su capacidad, la cual por los frenos que se le impusieron el sexenio pasado, está a media funcionalidad.
El ejemplo que tenemos con lo que pasó en Texas (donde los privados hacen lo que les place) hace uso meses; lo que actualmente padece España (por tener toda su generación en manos privadas) y en muchos otros países, es una severa advertencia para México, que por fortuna posee a la CFE, la cual se debe fortificar a la par que la republica asuma la rectoría energética.
No hay vuelta de hoja: los particulares solo buscan ganancias a cualquier costo, en tanto que los organismos públicos tienen como objetivo servir al pueblo. Ver la electricidad como simple negocio es fatal para la nación. Conservar una porción para los empresarios es lo que reviene la actual iniciativa en tal ramo, pues respeta a la inversión privada reservándole un 46 por ciento, lo cual es más que suficiente para que se hagan buenos negocios, pero eso sí, dejando la rectoría al Estado.
Lo que declararon algunos exdirigentes del priísmo, es porque unos fueron dirigentes entreguistas de la CFE, otros, tienen cuentas pendientes por sus conductas y los demás, porque del nacionalismo que sostuvo el tricolor, no tienen memoria es menester recordarles la parte final del discurso del presidente Adolfo López Mateos en 1960: “En México la Constitución es muy clara: ¡¡¡los Recursos Energéticos y los yacimientos petroleros son a PERPETUIDAD PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL PUEBLO MEXICANO!!!
Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en Manos de Extranjeros.
El resto de las especulaciones al respecto son Traición a la Patria. Industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.
Esa vehemente exhortación del gran conciudadano que fue López Mateos, debería vibrar en la conciencia de los actuales y futuros ciudadanos de nuestra gran nación, que en materia energética debe salvaguardar a toda costa, su plena soberanía.
MUNDO
La edición genética: ¿Un futuro a la medida o una caja de pandora?
Bioética, por Omar Barrera //
Imaginemos un mundo donde enfermedades como el cáncer o la fibrosis quística sean cosa del pasado. Un mundo donde podamos diseñar a nuestros hijos, libres de enfermedades hereditarias. Este futuro, que hasta hace poco parecía reservado a la ciencia ficción, está cada vez más cerca gracias a la edición genética, una tecnología que nos permite modificar el ADN de cualquier organismo, incluyendo al ser humano.
La reciente decisión de Sudáfrica de flexibilizar sus regulaciones sobre esta práctica ha encendido un debate global sobre los límites de la ciencia y las implicaciones éticas de esta poderosa herramienta. El caso de Sudáfrica: un precedente controvertido.
Sudáfrica ha sido pionera en relajar las restricciones a la edición genética, abriendo la puerta a una amplia gama de aplicaciones, desde la cura de enfermedades hasta la mejora de características humanas.
Sin embargo, esta decisión ha generado una gran controversia a nivel internacional. ¿Estamos preparados para modificar el genoma humano? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de esta tecnología? ¿Cómo podemos garantizar que se utilice de manera ética y responsable?
MÉXICO: ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE
En México, la edición genética también ha generado gran interés y debate. Si bien nuestro país cuenta con una sólida comunidad científica en el área de la biotecnología, la regulación en materia de edición genética aún es incipiente basta con meterse a leer la ley general de salud y su reglamento.
La decisión de Sudáfrica representa un punto de inflexión que obliga a México a replantear su marco normativo y a enfrentar los desafíos éticos y sociales que plantea esta tecnología.
LOS BENEFICIOS DE LA EDICIÓN GENÉTICA
Los potenciales beneficios de la edición genética son inmensos. Esta tecnología podría permitirnos:
1. Curar enfermedades genéticas: Eliminar la causa genética de enfermedades como la fibrosis quística, la anemia falciforme y la distrofia muscular.
2. Desarrollar nuevos tratamientos: Crear terapias más eficaces para enfermedades como el cáncer y el VIH.
3. Aumentar la producción de alimentos: Desarrollar cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, y con mejores características nutricionales.
LOS RIESGOS Y DESAFÍOS
Sin embargo, la edición genética también plantea riesgos y desafíos importantes:
1. Creación de “bebés de diseño”. La posibilidad de seleccionar rasgos físicos y cognitivos en los futuros hijos plantea serias preocupaciones éticas.
2. Desigualdad: El acceso a la edición genética podría estar limitado a aquellos que puedan pagarla, exacerbando las desigualdades sociales.
3. Consecuencias imprevistas: Las modificaciones genéticas podrían tener efectos secundarios no deseados a largo plazo.
4. Riesgos ambientales: La liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente podría tener consecuencias impredecibles.
EL MARCO ÉTICO Y LEGAL
Para aprovechar los beneficios de la edición genética y minimizar los riesgos, es necesario establecer un marco ético y legal sólido a nivel nacional e internacional. Este marco debe abordar cuestiones de garantizar que los beneficios de la edición genética sean accesibles a todos, y no solo a unos pocos privilegiados.
Debe existir protección de la dignidad humana para evitar la discriminación y la eugenesia. Hay que asegurar que la investigación en edición genética sea transparente y esté sujeta a supervisión pública. También fomentar la cooperación entre países para establecer normas comunes y evitar una carrera armamentista genética.
MÉXICO ANTE UN DILEMA
México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la edición genética representa una oportunidad para mejorar la salud de la población e impulsar el desarrollo científico. Por otro lado, plantea desafíos éticos y sociales que requieren una reflexión profunda y un debate abierto.
Es fundamental que nuestro país desarrolle un marco regulatorio adecuado que permita aprovechar los beneficios de esta tecnología, al tiempo que garantiza la seguridad y la dignidad de las personas.
Este marco debe ser flexible y adaptable a los rápidos avances científicos, pero al mismo tiempo debe ser sólido y capaz de proteger a las futuras generaciones. La edición genética es una tecnología con un potencial revolucionario, pero también plantea desafíos éticos y sociales sin precedentes.
La decisión de Sudáfrica ha abierto un nuevo capítulo en este debate global, y México debe asumir un papel protagónico en la construcción de un futuro donde la ciencia y la ética vayan de la mano.
MUNDO
Gran desafío político para Claudia Sheinbaum: El poder de la negociación, futuro del T-MEC
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asumirá su cargo hasta el día 20 de enero del 2025, sin embargo, ya se comporta como presidente en funciones, mientras que el todavía presidente Joe Biden se queda cada vez más en las sombras.
Trump inició una gira por Europa en la que ha sido invitado de honor por el gobierno de Francia para la reapertura de la catedral de Notre Dame, en París, reconstruida luego del incendio que la consumió en su totalidad en 2019.
El presidente electo Trump, tiene una apretada agenda en su visita a Europa con distintos líderes políticos y empresariales para comenzar a plantear los primeros pasos de su segundo mandato presidencial, actuando como si ya hubiera ocupado nuevamente la Casa Blanca.
El caso de Donald Trump pone de manifiesto varios principios clave de la negociación:
La importancia de la preparación: Comprender las fortalezas y debilidades propias y de la contraparte es esencial para establecer estrategias efectivas.
El uso del poder de alternativa: Estar dispuesto a retirarse de la mesa de negociación puede proporcionar una ventaja significativa.
La comunicación estratégica: Adaptar el mensaje según la audiencia y el contexto puede influir en el resultado de manera decisiva.
El manejo de la percepción: La percepción de fuerza y control puede influir en la disposición de la contraparte a ceder.
Sin embargo, también existen riesgos asociados con un estilo negociador que enfatiza la confrontación o las amenazas. La falta de flexibilidad puede resultar en acuerdos a corto plazo insostenibles o en la ruptura de relaciones importantes.
LA COMPLEJA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
La relación entre Estados Unidos y México es una de las más complejas y significativas en el panorama internacional, especialmente en el contexto actual. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, una interacción económica robusta, y una dinámica social y cultural profundamente interconectada. Esta asociación trasciende el ámbito geográfico y se convierte en un pilar fundamental para las economías de ambas naciones, con impactos globales. Sin embargo, las recientes declaraciones y amenazas del presidente electo Donald Trump ponen en riesgo este equilibrio delicado.
LA BALANZA COMERCIAL: UNA RELACIÓN INTERDEPENDIENTE
El comercio bilateral entre México y Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo. Según datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, solo detrás de China, con un intercambio de bienes y servicios que superó los $779 mil millones de dólares en 2023. En tanto, cifras del Banco de México destacan que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos.
En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esta relación se ha consolidado como un esquema de cooperación económica basado en reglas claras y mutuamente beneficiosas. Sin embargo, Trump ha amenazado con imponer aranceles elevados a los productos mexicanos, una medida que podría desestabilizar la balanza comercial. Este tipo de políticas proteccionistas no solo afectarían a México, sino también a las empresas estadounidenses que dependen de insumos fabricados en territorio mexicano.
Un ejemplo claro es la industria automotriz, donde México desempeña un papel clave como proveedor de autopartes y ensamblaje de vehículos. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), más del 37% de las autopartes utilizadas en vehículos fabricados en Estados Unidos provienen de México. La imposición de aranceles podría aumentar los costos de producción en un sector estratégico para la economía estadounidense.
Las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos podrían desestabilizar estas cadenas de suministro y aumentar los costos para los consumidores estadounidenses. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aranceles elevados podrían traducirse en un incremento de precios de hasta un 15% en productos básicos, afectando principalmente a los hogares de ingresos medios y bajos.
La mano de obra mexicana: Un pilar del crecimiento económico en Estados Unidos
El aporte de los trabajadores mexicanos en la economía de Estados Unidos es otro elemento esencial en esta relación bilateral. Según el Pew Research Center, se estima que en 2023 había 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 8 millones formaban parte de la fuerza laboral. Este grupo contribuye significativamente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de esta mano de obra.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que más del 50% de los trabajadores en el sector agrícola son mexicanos, un dato que subraya la dependencia de Estados Unidos en este ámbito para garantizar la seguridad alimentaria. Además, los inmigrantes mexicanos pagan miles de millones de dólares en impuestos y aportan al sistema de seguridad social, a menudo sin acceso a los beneficios que generan.
A pesar de su impacto positivo en la economía estadounidense, las amenazas de Trump de realizar deportaciones masivas representan un riesgo no solo para las familias afectadas, sino también para los sectores económicos que dependen de esta fuerza laboral. El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) advierte que la deportación de trabajadores mexicanos podría causar un déficit en sectores críticos, encareciendo productos y servicios básicos para los consumidores estadounidenses.
EL IMPACTO DE LAS REMESAS Y LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA
Otro aspecto relevante en la relación económica bilateral es el flujo de remesas. Según el Banco Mundial, México recibió más de $60 mil millones de dólares en remesas en 2023, la mayoría provenientes de trabajadores en Estados Unidos. Estas transferencias no solo son una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas, sino también un motor económico para comunidades enteras.
Por otro lado, el capital humano y las inversiones mexicanas en Estados Unidos también son notables. Empresas mexicanas como Bimbo, Cemex y Grupo Alfa tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de sus economías locales.
CÁRTELES DE DROGAS Y LA AMENAZA A LA SOBERANÍA MEXICANA
En contraste con los beneficios económicos, las amenazas de Trump de denominar como «terroristas» a los cárteles de drogas mexicanos y justificar el envío de tropas a México representan una grave violación de los principios de soberanía nacional y autodeterminación. Este tipo de intervenciones, además de generar tensiones diplomáticas, podrían contravenir el Derecho Internacional y exacerbar los problemas de seguridad en la región. Aunque esta medida tiene como objetivo justificar una intervención más directa en México, plantea serias implicaciones legales y diplomáticas. Según expertos en Derecho Internacional, como los analistas del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, esta clasificación podría ser utilizada para justificar acciones militares unilaterales, violando los principios de soberanía y autodeterminación consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Además, las acciones militares estadounidenses en territorio mexicano podrían desestabilizar aún más la región y afectar negativamente la cooperación bilateral en temas clave como seguridad y migración. México ha insistido en la necesidad de abordar el problema del narcotráfico como una responsabilidad compartida, subrayando que el consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México son factores clave que alimentan esta problemática.
El gobierno mexicano, respaldado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha rechazado categóricamente estas propuestas, argumentando que los problemas de seguridad deben resolverse mediante la cooperación y el respeto mutuo, no mediante imposiciones unilaterales. México ha enfatizado su disposición a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero sin ceder a presiones que comprometan su soberanía.
UN FUTURO INCIERTO PERO LLENO DE OPORTUNIDADES
A pesar de las tensiones actuales, la relación entre México y Estados Unidos tiene un enorme potencial de crecimiento si se manejan adecuadamente los desafíos. La dependencia mutua, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza que debe ser aprovechada para construir un futuro más equitativo y próspero para ambas naciones.
Las amenazas de políticas proteccionistas y medidas unilaterales pueden tener efectos negativos a corto plazo, pero también ofrecen la oportunidad de revalorar los términos de cooperación bilateral. Instituciones como la OCDE y el Banco Mundial han señalado que una relación económica equilibrada y justa es clave para el desarrollo sostenible de ambos países.
Las contundentes respuestas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las controversiales y agresivas declaraciones y mensajes de Donald Trump, establecen un primer paso en lo que podría la relación bilateral, basada en el respeto. La fortaleza de México, así como su potencial de crecimiento que lo ha situado en la posición número 12 entre las economías más grandes del planeta, respaldan una postura firme ante un experto negociador como Trump, que busca los puntos débiles en sus contrapartes para imponerse, incluso intimidar, para lograr sus objetivos.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos es fundamental en el panorama actual, no solo por su impacto económico, sino también por su importancia estratégica y social. Aunque existen tensiones y desafíos, la historia ha demostrado que ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos. El reto para los próximos años será encontrar un equilibrio entre los intereses de ambas naciones, respetando los principios de soberanía y cooperación internacional, para que esta relación continúe siendo un modelo de éxito en el ámbito global, y ante los desafíos de la conformación nuevos bloques económicos, que están cambiando la dinámica y el equilibrio de poderes mundiales.
El poder de la negociación trasciende culturas, sectores y épocas. Como habilidad esencial para resolver conflictos, crear valor y fortalecer relaciones, su importancia no puede ser subestimada. El ejemplo de Donald Trump ilustra cómo esta herramienta puede aplicarse tanto en los negocios como en la política internacional, resaltando tanto sus beneficios como sus desafíos.
En un mundo cada vez más interconectado y complejo, dominar el arte de la negociación será indispensable para quienes deseen influir en los acontecimientos globales y liderar con éxito.
NACIONALES
El costo de la corrupción
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El diagnóstico de la corrupción en México es, sin duda, desalentador. El país entra en una postransición de gobiernos; el combate a la corrupción debe ser abordado por las nuevas autoridades en este nuevo sexenio.
Desde los sistemas anticorrupción existentes, la cultura de la integridad y la denuncia, se cuenta con las herramientas idóneas para medir su percepción, impacto e indicadores al respecto de este fenómeno que tiene consecuencias devastadoras en ámbitos sociales, gubernamentales y empresariales. La corrupción forma parte de nuestro día a día y es lo que nos indica cómo vivimos en este país, rodeados de sus consecuencias.
Medir la corrupción en México, al igual que en otros países, es un desafío debido a su naturaleza oculta e ilícita. Sin embargo, existen varios métodos que se utilizan para estimarla. Algunos de los más comunes son: índices de percepción, encuestas de victimización, indicadores de gobernanza y análisis de casos judiciales. Medirla es un reto, pero se establecen indicadores para llegar a un diagnóstico actual y construir una imagen completa de la situación en el país, ya que la afectación a la estructura social, política, jurídica y gubernamental es de gran impacto para la sociedad en todos sus entornos.
La importancia de los diagnósticos y evaluaciones del fenómeno de la corrupción nos indica que hemos avanzado en los últimos 25 años. Luchas sociales como las del derecho al acceso a la información y la transparencia han permitido que organismos autónomos nos llevaran a ejercer el derecho de acceso a la información pública en el país y a saber qué hace un gobierno. Hablar de su desaparición en su ámbito federal nos remite a lo lamentable que es que ejercer derechos humanos que evidentemente combaten la corrupción estorbe a los nuevos gobiernos y movimientos políticos. En el diagnóstico de la corrupción actualmente sabemos que, aunque poco desarrollado, también existe el derecho a una vida libre de corrupción como derecho humano.
Esperamos de nuestro nuevo y entrante gobernador Pablo Lemus Navarro, le dé toda la atención al combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y un sexenio transparente; necesitamos unos poderes públicos que se comprometan con el acceso a la información pública y los sistemas anticorrupción, pues son ejes importantísimos para analizar, diagnosticar y finalmente combatir efectivamente la corrupción mediante la solicitud de información, la denuncia ciudadana, la simplificación de trámites burocráticos y la cultura generalizada de la integridad en los seres humanos. Esto nos puede llevar a un efectivo combate del fenómeno social, cultural y gubernamental de la corrupción. La corrupción nos afecta a todos, y su impacto se agrava por sus consecuencias increíblemente devastadoras en la sociedad mexicana.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 en enero de 2024. México se mantiene estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 países, sin moverse de esta posición desde hace cuatro años. Somos el país peor evaluado entre los que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No es un diagnóstico alentador, y es preocupante que no se indique una disminución en una nación donde los discursos políticos son, entre comillas, enérgicos al inicio de los sexenios y autohalagadores al final de ellos.
El mejor diagnóstico es el personal: la percepción de lo que sabemos, nos pasa o nos cuentan de actos u omisiones que se traducen en corrupción. Identificarlos y no permitirlos, acudir a las denuncias en caso de ser víctimas de corrupción, sembrar nuestro granito de arena en la sociedad para desde un entorno más próximo como el social, laboral o familiar, cerremos filas contra los actos de corrupción instaurando la cultura de la denuncia, la solicitud de información que corrobore el trabajo del gobierno, y la denuncia de la violación de derechos humanos, existen actualmente gran cantidad de acciones propias de ciudadanos que sirven para combatir la corrupción.
Úselas y sea parte de la solución y no del problema, pues el costo es alto cuando de corrupción se trata, tanto para quien la propone como para quien la acepta.
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