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NACIONALES

Electricidad: Reforma o contra reforma

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Opinión, Por Pedro Vargas Avalos //

Desde que se instaló la electricidad en el país, año con año se incrementó su importancia hasta llegar a ser vital, puesto que se le necesita en casi toda actividad humana. En consecuencia, es un servicio público que indispensablemente debe estar legislado en sus cuatro etapas: Generación, Transmisión, Distribución y Utilización.

Si la patria entera depende de que se posea suficiente energía eléctrica, es indiscutible que la rectoría en tal materia debe corresponder al Estado, que es el único ente que garantiza sin intereses lucrativos ni desviados, la continuidad del suministro de tan esencial fluido. Una nación sin soberanía eléctrica, es una nación a la deriva.

A fines del siglo XIX se inicia la actividad electricista en nuestra República: La primera planta generadora data de 1879, instalada en León, Guanajuato, y utilizada por la fábrica textil “La Americana». Luego, en diciembre de 1881 se instalaron las primeras lámparas en la ciudad de México y paulatinamente, muchas compañías mineras, textiles e industriales fueron forjando sus generadoras de energía eléctrica, vendiendo sus excedentes a los gobiernos para que el alumbrado público se extendiese.

En 1892 se fundó la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica por el señor J. María Bermejillo, que fue el antecedente de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala Sociedad Anónima, cuya enorme importancia para el Estado de Jalisco, es semejante a la de la planta poblana “Necaxa” para el valle de México. En ambos casos, el objetivo final no solo era dar un servicio, sino obtener utilidades de orden económico. Ante tal situación, en 1926 se expidió el Código Nacional Eléctrico, que, con disposiciones muy generales, permitió a las empresas se desarrollaran y los servicios residenciales fueran más integrales, dándole un trato diverso al de índole industrial-comercial.

Hubo compañías que dominaron a empresas de menor peso, y así, en los años treinta de la centuria pasada, había dos sociedades (con mayoría de capital extranjero, ya de Canadá, Inglaterra o Estados Unidos y Francia) con matices de duopolio: el gobierno forcejeó con ellas para mitigar los precios. El panorama subsiguiente fue que las inversiones en esa área disminuyeron y extensos territorios carecían de electrificación, pues todo estaba sujeto a que fueran negocio redituable. Por ello como respuesta a tal situación, en 1934 se decretó que la Federación pudiera crear la Comisión Federal de Electricidad, la cual tardó en concretizarse, y hasta 1937 empezó a funcionar debidamente, teniendo al notable ingeniero jalisciense, Carlos Ramírez Ulloa, como primer director (1937-1947).

Ahora la mística consistió en llevar electricidad a todos los rincones de México, por lo que para 1940 dicha CFE inició la construcción de su primera central eléctrica –(la de Valle de Bravo, en el Estado de México). Según el investigador Luis Aboites Aguilar: “Allí está la semilla de la nacionalización de la industria ocurrida 20 años después. Sólo por el creciente involucramiento gubernamental puede entenderse la construcción de Infiernillo”, y luego las sucesivas hidroeléctricas que surgieron en el resto del país. En nuestra Entidad federativa, la compañía Hidroeléctrica de Chapala (desde 1940 propiedad federal) junto a la CFE, tuvieron estelar participación, pues aportaban el 66 por ciento del aumento de energía para el servicio público en 1959. (Enciclopedia de México, T. 5, pág. 2460).

Así las cosas, ante la urgencia de que todos los mexicanos pudieran tener acceso al servicio eléctrico, y la productividad nacional creciera para fortalecer a la república, el 27 de septiembre de 1960 se decretó la nacionalización de la industria eléctrica; el presidente Adolfo López Mateos, en esa memorable ocasión dijo al pueblo de México: “Les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de la Exclusiva Propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del País intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el Petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al Nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la Energía Eléctrica… Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación…”

Entonces hubo dos grandes compañías propiedad del Estado mexicano: CFE y Luz y Fuerza del Centro, ésta para la región central y aquella para el resto del país. Los malos mexicanos (a los que aludió López Mateos) lograron en el gobierno de Felipe Calderón, que éste decretara el 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; ahora todas sus baterías (de esos pésimos dizque connacionales) se enderezarían a la CFE.

Ese objetivo, perseguido por organismos extranjeros y codiciosos negociantes nacionales, encontraron aliados oficiales gracias a la corrupción que imperó en el régimen de Enrique Peña Nieto. Este, un verdadero cabecilla de latrocinadores, se valió de todas las argucias para que la CFE se debilitara y ya deteriorada, se pudiera desestimar y dar cabida al capital privado, donde el de procedencia extranjera tendría prioridad y además, subsidios. De esa manera se instrumentó la “reforma energética” de 2013, misma que sin pudor alguno, echando mano hasta del soborno, se impuso, en contra de los intereses del pueblo y desde luego, del Estado nacional.

Son incontables los mecanismos que ahora se aplican para burlar al fisco, debilitar a la CFE, favorecer a los empresarios sin escrúpulos y comprar a los comentócratas que se desvelan, un día sí y otro también, por estigmatizar los esfuerzos para que México recobre su soberanía energética. Un ejemplo de estos, es Sergio Sarmiento, quien, a sabiendas de mentir, pregona que cuando se nacionalizó la electricidad en 1960, ya no se pudo electrificar por falta de capital, siendo que, a partir de ese hecho, es cuando el servicio eléctrico llegó y cubrió, casi completa, la faz de nuestra patria, beneficiando a todos sin distinción, trátese de personas o poblados.

El tramposo sistema de autoabasto de energía, que imperó tras la malhadada “reforma” peñista, (que evidentemente fue contrarreforma) optó luego por la atracción de socios de “un peso”, con lo cual logró que grandes empresas (realmente sus clientes, pues es un mercado paralelo) aparezcan como autogeneradores (lo cual es falso) y con ello pagar sumas ridículas por el servicio eléctrico (aquí están Bimbo, Oxxo, Cemex, Kimberly Clark, etc.). Por si eso fuera poco, la introducción de Certificados de Energías Limpias (CEL) dizque para incentivar la generación de energía limpia, han sido un negociazo de esas compañías rapaces, que según informó la secretaria Rocío Nahle, si no se atajan, costarán al país cien mil millones de pesos en dos décadas.

Los enemigos de la actual iniciativa sobre electricidad, dicen que los paneles solares de particulares serán cancelados, lo cual es monumental mentira, pues nada de eso se prevé en el proyecto. Otra falsía es que la CFE no producirá energía limpia, siendo que actualmente tiene capacidad de generar un 55% de tal electricidad, además de que con la reforma podrá tener a sus plantas hidroeléctricas (que producen energía limpia) a toda su capacidad, la cual por los frenos que se le impusieron el sexenio pasado, está a media funcionalidad.

El ejemplo que tenemos con lo que pasó en Texas (donde los privados hacen lo que les place) hace uso meses; lo que actualmente padece España (por tener toda su generación en manos privadas) y en muchos otros países, es una severa advertencia para México, que por fortuna posee a la CFE, la cual se debe fortificar a la par que la republica asuma la rectoría energética.

No hay vuelta de hoja: los particulares solo buscan ganancias a cualquier costo, en tanto que los organismos públicos tienen como objetivo servir al pueblo. Ver la electricidad como simple negocio es fatal para la nación. Conservar una porción para los empresarios es lo que reviene la actual iniciativa en tal ramo, pues respeta a la inversión privada reservándole un 46 por ciento, lo cual es más que suficiente para que se hagan buenos negocios, pero eso sí, dejando la rectoría al Estado.

Lo que declararon algunos exdirigentes del priísmo, es porque unos fueron dirigentes entreguistas de la CFE, otros, tienen cuentas pendientes por sus conductas y los demás, porque del nacionalismo que sostuvo el tricolor, no tienen memoria es menester recordarles la parte final del discurso del presidente Adolfo López Mateos en 1960: “En México la Constitución es muy clara: ¡¡¡los Recursos Energéticos y los yacimientos petroleros son a PERPETUIDAD PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL PUEBLO MEXICANO!!!

Les dejo la misión de no permitir que vuelva a caer en Manos de Extranjeros.

El resto de las especulaciones al respecto son Traición a la Patria. Industrializar el País no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.

Esa vehemente exhortación del gran conciudadano que fue López Mateos, debería vibrar en la conciencia de los actuales y futuros ciudadanos de nuestra gran nación, que en materia energética debe salvaguardar a toda costa, su plena soberanía.

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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Tendencias

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