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La madre de todas las reformas: Las promesas incumplidas de la fallida reforma energética de EPN

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

La reforma energética de 2013 consolidó su proceso de negociación en los sótanos del Congreso de la Unión, donde funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y líderes de legisladores intercambiaron votos por maletas y bolsas repletas de billetes, además de promesas de apoyo para fortalecer los cacicazgos regionales a través de los gobiernos estatales.

Como el prometer no empobrece, dijeron que con la reforma iban a crear 3.5 millones de nuevos empleos, uno entre 2013 y 2018, en tanto que de 2019 a 2025 se crearían 2.5 millones más. Las maravillas de la reforma alcanzarían para sumar un crecimiento porcentual en el Producto Interno Bruto del 1 por ciento al año de 2018, mientras que para 2025 ya se sumarían 2 puntos porcentuales más.

En materia petrolera, prometieron que se lograría elevar la producción hasta 3 millones de barriles diarios, gracias a que en conjunto con los proyectos privados en generación de electricidad, aseguraban que llegarían carretadas de billones de dólares en inversiones, además de reducir significativamente los precios de los combustibles para automotores e industrias, así como para el consumo doméstico de electricidad.

¿Y cuál ha sido el resultado?

Entre 2015 y 2016, en las sedes petroleras de Ciudad del Carmen se perdieron 22 mil empleos, en tanto que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, fueron canceladas 3 mil 500 plazas, según reportes del IMSS.

Hay competencia en la distribución de combustibles, pero los precios se han elevado en lugar de reducirlos, lo cual desmonta la promesa de que bajarían los costos al usuario final. En cuanto a producción diaria de barriles de petróleo, a septiembre de 2021 Pemex reportó un promedio de 1 millón 666 mil barriles diarios, de los cuales solo el ridículo 1.8% fueron extraídos por los contratistas privados con 30 mil barriles diarios, a ocho años de aprobada la reforma. En cuanto al gas doméstico, el monopolio de unos cuantos a nivel nacional, triplicó el precio de un tanque de 30 kilos entre 2016 y 2020.

Aún así se quejan los empresarios de que están detenidos decenas de proyectos, cuando no han mostrado interés por invertir en otros tantos que tienen autorizados desde el gobierno de Peña Nieto.

Un análisis elaborado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, concluye que “la reforma se orienta más bien hacia la extracción de hidrocarburos como estrategia para la obtención de divisas, de recursos fiscales y de beneficios que dañan las posibilidades reales de crecimiento en el largo plazo, en parte porque conduce a una excesiva dependencia de la demanda externa y a una alta vulnerabilidad ante los cambios en los precios de las materias primas”.

En el documento “Reforma Energética 2013/2014”, Francisco Martínez Hernández, Mónica Santillán Vera y Ángel de la Vega Navarro, cuestionan que “el planteamiento de contenido nacional de la reforma energética como garante de desarrollo industrial para el país, más allá de aprobable o reprobable, es anacrónico respecto a las formas actuales del comercio internacional e incluso de la legislación mexicana vigente”.

Apuntan, entre otros errores, que los tratados internacionales firmados por México, están por encima por ejemplo del 3 por ciento a que obligan a las trasnacionales, como cuota de contenido nacional en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.

Habrá que hacer notar que el desmantelamiento de Pemex fue más agresivo a partir del 16 de julio de 1992, al publicarse la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, los cuales serían en adelante Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. A partir de entonces se abrieron las puertas a la iniciativa privada sin aval de una reforma constitucional, por orden de Carlos Salinas de Gortari. En 2018 ya sumaban más de 60 empresas creadas como apéndices de Pemex, todas dedicadas al saqueo del erario en mayor o menor medida.

En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, tema que ha provocado mayor escozor en el ala conservadora de los políticos y empresarios, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para una nueva reforma en materia energética, en la cual entran además los hidrocarburos y el litio, se precisa que de seguir el mismo marco legal, la Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer.

Pintan un panorama de caos, al señalar que tan solo en los rubros de la energía no despachada que equivale al 45 por ciento de la capacidad de generación de la CFE, la compra anual de energía a permisionarios privados y el pago de certificados de energías limpias, se registran pérdidas anuales por 444 mil 459 millones de pesos.

El 29 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para fragmentar a la CFE en nueve empresas, las cuales operan con autonomía, pero en la Ley sigue apareciendo como responsable de ellas el director general, sin que pueda intervenir en la administración de éstas.

Actualmente la reforma peñista avala cuatro modalidades de operación a la inversión privada: Productores Independientes, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo y centrales construidas tras la reforma energética. Las dos primeras son ilegales, dado que fueron rescatadas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue abrogada al entrar en vigor la reforma de 2013. Con base en ese esquema ilegal, se tolera que las empresas privadas se hayan apropiado del 43 por ciento de la generación de energía, cuando sus inversiones no van más allá de una capacidad del 19 por ciento y esto causa un quebranto económico que no es precisado en la iniciativa de reforma.

Otro daño a las finanzas de la CFE, lo cometen los permisionarios que no pagan la tarifa de porteo tipo estampilla postal, al no cubrir el costo real del transporte de la energía, alteran el orden del despacho de energía y le da ventaja a las ofertas de localidades más distantes las cuales saturan las redes eléctricas sin el correspondiente pago. Una consecuencia de lo anterior, es la simulación de los operadores privados, pues en 239 centrales eléctricas de autoabastecimiento tienen 77 mil 764 grandes consumidores “socios-clientes” con acciones de un dólar y que tienen acceso a los subsidios, además de que les facturan los servicios, incurriendo en fraude fiscal.

El servicio de energía tiene cuatro sistemas en el país: Sistema Eléctrico Nacional, Sistema Interconectado Nacional, Sistema Eléctrico Aislado de Baja California y Sistema Eléctrico Aislado de Baja California Sur, lo cual provoca las dificultades cuando un permisionario reclama a la CFE que envíe energía de un sistema a otro independiente.

Algo increíble, es que más de cien centrales de generación de energía han sido financiadas mayoritariamente con recursos públicos, tanto desde la Banca de Desarrollo e incluso para disponer del patrimonio que los trabajadores tienen en las Afores, pues ha apalancado 123 proyectos entre 2014 y 2020, con tasas preferenciales y aportando por arriba del 50% de los recursos invertidos.

Bancomext aportó el 64 por ciento en 69 proyectos, Nafin el 71 por ciento en 36 proyectos y Banobras el 66 por ciento en 18 proyectos. Aunque en la iniciativa no se precisan cantidades invertidas, el Consejo Coordinador Empresarial informó el jueves pasado que los empresarios mexicanos han canalizado 21 mil 500 millones de dólares en el desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos entre 2010 y marzo de 2021, por lo cual la aportación de la Banca de Desarrollo y de las Afores, debe ser muy superior a esa cantidad. Sumados todos los rubros en que se escamotean recursos a la CFE, sin exagerar hay pérdidas superiores al medio billón de pesos, gracias a la reforma energética peñanietista.

En esa crónica del caos, merece medalla especial la ausencia de planeación para responder a las necesidades reales de cada región y subsanar carencias en las zonas de mayor rezago. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía con Peña Nieto, otorgó permisos de generación sin el menor respaldo de un documento que visualizara la demanda en esa fecha y los requerimientos a futuro.

La demanda estimada a 2024 es de 52 mil 410 MW, pero ellos autorizaron permisos por 104 mil 372 MW, es decir, que los permisos duplican la demanda. A 2021, la CFE reporta que ya están instalados 86 mil 039 MW, cuando la demanda real máxima en 2020 fue de 46 mil 628 MW.

Eso sin contar que están pendientes de aprobación solicitudes de generación instalada para llegar a 134 mil 409 MW, que equivale al triple de la generación requerida, cuando la CFE considera que con una capacidad de reserva entre el 15 y 20 por ciento, es suficiente para operar el sistema eléctrico nacional en condiciones de seguridad. ¿Dónde irán a colocar casi 80 mil MW si se aprueban todas las solicitudes?

LA INICIATIVA DE AMLO

Como lo precisa en su presentación, es una “reforma en materia energética”, en la cual sobresalen las modificaciones a la Constitución, para que el Estado recupere la exclusividad en la explotación y administración de los recursos naturales -el petróleo, el litio, energía nuclear, el agua-, así como preservar a la Comisión Federal de Electricidad como institución dominante en el mercado y rector de la distribución de la energía eléctrica, que en adelante se tendría contemplado como asunto concerniente a la seguridad nacional y emblema de soberanía, no solo como empresa proveedora de servicios o supeditada a entes externos como los permisionarios privados, que es la situación actual.

Las empresas privadas abastecen el 62 por ciento de la demanda de energía eléctrica, privilegiadas por contratos ilegales y actos de simulación entre proveedores y clientes, en tanto que la CFE solo aporta el 38 por ciento, con el quebranto natural al desperdiciar el 19 por ciento de su capacidad de generación. En la iniciativa se plantea que la CFE genere por lo menos el 54 por ciento de la energía, en tanto que los privados podrán participar con un tope del 46 por ciento de la demanda.

Se propone desaparecer las nueve empresas autónomas que crearon durante el gobierno de Peña Nieto, además de integrar ya sin autonomía a la CENACE a la CFE, en tanto la CRE también deja de ser autónoma y se integra en la Secretaría de Energía.

Tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, puntualiza la iniciativa.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”, se precisa para rechazar las concesiones de los gobiernos neoliberales.

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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