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NACIONALES

En puerta la desaparición del INAI

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

En riesgo varios organismos públicos, se perfila y acelera el dictamen donde se ordena desaparecer organismos reguladores, como lo son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entre otros más, la propuesta presidencial pretende extinguirlos y que pasen las funciones que realizaban a instituciones gubernamentales, bajo el argumento de austeridad, se destinarán los recursos al recién creado Fondo de Pensiones y a programas sociales.

A pesar estar a punto de iniciar la nueva legislatura federal antes de salir los diputados de MORENA dejan listo el dictamen que de convertirse en realidad, sepulte el ejercicio de los derechos humanos y sociales.

En específico y respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) organismo constitucional autónomo que garantiza el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Sin duda se volverá complicada su desaparición resultado de este dictamen por discutirse entrando la siguiente legislatura federal a finales de agosto y de aprobarse por los diputados federales; las funciones del INAI recaerían en diversos entes del gobierno y a la Función Pública, tal y como sucedía antes del surgimiento de este notable organismo, en el cual los sujetos obligados fungían como juez y parte, solo estaban obligados a garantizar la información, sin el cómo.

El dictamen justifica la extinción de los organismos mencionados, con la firme aseveración de que sirven para intereses de unos cuantos, y a la letra dice: “Aunque la realidad es que en México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para “descentralizar” a la Administración Pública Federal (APF) mexicana.” Se asegura además en el dictamen que la desaparición propuesta a la cámara de diputados no viola las obligaciones de México, señaladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, aunque así lo fuera representa un retroceso en materia de acceso a la información pública.

En este sentido, hablamos de organismos públicos autónomos contenidos en la constitución que son un eje regulador entre la sociedad y el gobierno; permiten que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información pública y al tratamiento correcto de sus datos personales, de manera imparcial y formando cultura de la transparencia en la obligación y actuar de los poderes públicos y en el ejercicio ciudadano del derecho humano a la información. Evidentemente, esto es un retroceso justificado en la austeridad y la simplificación gubernamental, anulando más de 20 años de historia en la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública que podrían desvanecerse próximamente en manos de una mayoría morenista, a la que parece que igual que al gobierno federal le incómoda rendir cuentas y validar los derechos humanos.

Recordemos que el INAI, es un organismo público autónomo que le garantiza a la sociedad el acceso a la información pública de los gobiernos y los poderes, tiene la facultad de atracción y revisión de asuntos de los 32 órganos estatales de transparencia, avala la solicitud de información realizada a sujetos obligados, conteniendo con la reforma del 2014 partidos políticos y sindicatos, regula la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y particulares, reglamentado en consecuencia a las leyes que surgieron para la protección de los dos derechos humanos, el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales; constituyen el INAI y los organismos estatales, una valiosa red de protección y ejercicio para la sociedad, la cual permite que la democracia en el país obtenga y custodie bases sólidas sobre el acceso a la información pública, a la que los ciudadanos tienen derecho al requerir, buscar o solicitar información y así formar un criterio propio.

Sin duda, es un tema delicado la extinción del INAI, perderíamos años de avance en la materia de transparencia y la legislación que actualmente nos rige, lo que nos traerá opacidad.

No olvidemos que actualmente ya son sujetos obligados por las leyes respectivas, los sindicatos, partidos políticos, personas físicas y morales que reciban presupuesto público, órganos autónomos; la importancia del Sistema Nacional de Transparencia involucra una lucha de más de dos décadas de la sociedad contra la opacidad y la corrupción, por lo que transitar a la desaparición del INAI nos limitará a las secretarias gubernamentales en las que recaigan sus funciones y obligaciones, para sentarnos a esperar si les da la gana informarnos o pronunciarse sobre información negada, falsa o inconclusa que ellos mismos nos otorguen. La pregunta es: ¿Sabremos de la corrupción que se oculta fácilmente en la opacidad?

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NACIONALES

El Senado: Entre la lealtad y el naufragio del próximo sexenio

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación operó con una precisión milimétrica, permitiendo que la minuta de la reforma judicial navegara sin contratiempos hacia el Senado. Pero en este escenario, el Senado, no es el simple trámite que el oficialismo quisiera.

Los 83 senadores con los que cuenta Morena y sus aliados no alcanzan los 86 necesarios para aprobarla, lo que deja al país en un suspenso incómodo. Un solo voto. Un escaño que no solo representa una decisión legislativa, sino el peso de la historia.

La reforma judicial que está en juego no es cualquier cambio técnico a las leyes, es el corazón del futuro político del país, de la independencia de sus instituciones y del equilibrio de poderes. Manuel Velasco, uno de los operadores más astutos del oficialismo, lo sabe bien. Sabe que la presión por ese voto es monumental. Los dos senadores del PRD, un partido que se desmorona entre la apatía y el olvido, han decidido sumar sus nombres a la lista de quienes entregan su lealtad a cambio de beneficios inmediatos. Los ciudadanos de Michoacán y Tabasco, quienes los llevaron al Senado, quizás nunca reciban una explicación honesta por este movimiento que huele más a traición que a convicción. ¿Fue codicia, miedo o simple resignación? Nadie lo sabrá. Lo único claro es que, por su acto, presidirán dos comisiones.

Con los 85 senadores que ahora suma el oficialismo, la cuestión es angustiante: falta uno. Solo un voto más y el gobierno obtendría la mayoría calificada. El país entero aguarda el desenlace en una Cámara Alta que se ha convertido en un campo de batalla simbólico.

Mientras tanto, en la bancada opositora, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, conscientes de la magnitud del reto, cierran filas. El anuncio de los senadores del PRI, acordando un voto en bloque en contra de la minuta, no deja margen para dudas. Incluso Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, desde su cama de hospital, tras someterse a un cateterismo, asegura que, de no poder asistir personalmente, pedirá licencia para que su suplente vote en contra. Este nivel de compromiso no es habitual en la política mexicana, donde la traición y los intereses personales suelen dictar el rumbo de las decisiones.

Pero no todo es certeza en el panorama opositor. Los rumores se arremolinan en torno a Manlio Fabio Beltrones, un veterano de mil batallas que algunos ingenuos creyeron dispuesto a cruzar al bando oficialista. Su rotundo rechazo en redes sociales deja en claro que no será él quien incline la balanza. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, también ha despejado cualquier duda sobre su postura. «Mi voto será totalmente en contra», ha dicho, en un gesto que algunos consideran valiente y otros lo vemos como mera estrategia política.

El ambiente en el Senado es denso. Los observadores ciudadanos no quitan los ojos de quienes tienen en sus manos el destino de la justicia mexicana. Un solo voto será el desenlace de esta intrincada trama política. ¿Quién lo entregará? ¿Quién será el senador que ceda ante las promesas o las presiones? Este episodio se va configurando como uno de los más oscuros y a la vez más reveladores de nuestro tiempo.

La reforma judicial que el presidente saliente impulsa con fuerza es una bomba de tiempo. Ha sido calificada por expertos económicos y financieros como una amenaza directa a la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros. El mensaje es claro: con esta reforma, México deja de ser un lugar predecible y seguro para invertir. Las señales son ominosas: mercados inestables, incertidumbre jurídica y la amenaza de un retroceso en la independencia de los poderes. El sexenio de Sheinbaum, que aún no comienza formalmente, ya tiene un enemigo claro: una reforma judicial que, si se aprueba en sus actuales términos, condenará su mandato a ser un mero bienio de crisis, desgaste y descontento.

Adán Augusto López lo sabe. No es ingenuo. Sabe que el futuro de la presidencia de Sheinbaum depende de lo que ocurra en el Senado en las próximas semanas. Pero también sabe que el verdadero desafío no es la oposición, siempre lista para vender a alguno de sus senadores a cambio de beneficios inmediatos, sino su propio bloque. En Morena y sus aliados está la clave. Un par de ausencias estratégicas, quizás alguna licencia temporal, y la reforma se detiene. No es necesario un enfrentamiento frontal, basta con que dos o tres senadores del bloque gobernante no estén presentes al momento de la votación para que la maquinaria presidencial que deja López Obrador no imponga esta reforma.

En las entrañas del Senado mexicano se libra una batalla crucial, pero el centro de gravedad no está en la oposición, como muchos suponen, sino en el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. La decisión que tome en los próximos días definirá no solo el futuro inmediato de la nación, sino también el del sexenio que Claudia Sheinbaum está por comenzar. En sus manos está la posibilidad de evitar que su gobierno naufrague antes de zarpar.

¿Y el senador morenista Marcelo Ebrard? Él, ya presentó su licencia al Senado para que su nombre no aparezca entre quienes votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, con miras a la elección de 2030, ese hombre que pudo haber sido presidente, se ha convertido en un espectador más del drama político nacional, en medio de este juego de lealtades y traiciones, Ebrard sigue ahí, observando, esperando, quizás ya resignado a que su gran oportunidad nunca llegará. La política mexicana tiene una forma cruel de desechar a aquellos que, a pesar de sus sacrificios, no logran ajustarse al perfil de la obediencia ciega. Y si hay algo que nos deja claro la historia de Ebrard, es que, en este juego de poder, la lealtad no siempre se paga como se espera.

La vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna de esta sesión por las manifestaciones en contra de la reforma, se convertirá en el escenario de la traición o del heroísmo. Los nombres que ahí resuenen quedarán marcados en los libros de historia, como los que decidieron si México mantuviera su independencia judicial o la sacrificaría en el altar del poder presidencial.

La apuesta del presidente es clara: un bono político de fin de mandato que dejaría el camino despejado para el proyecto de continuidad de la 4T. La pregunta es: ¿a qué costo? Morena parece estar a las puertas de conseguir ese último voto, pero la oposición ha cerrado filas de una manera inesperada, firme, con estrategias que no habíamos visto en años recientes.

Los senadores de oposición han tomado medidas inusuales: suplentes preparados, compromisos públicos de votar en contra, e incluso amenazas implícitas de consecuencias políticas para quien se atreva a cambiar de bando. El escenario es incierto, y el reloj político no se detiene. ¿Habrá un último traidor? ¿O la oposición, resurgida de sus propias cenizas, será capaz de frenar el proyecto del presidente?

Hoy, el Senado es el campo de batalla, pero mañana lo será la nación entera.

En X @DEPACHECOS

 

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NACIONALES

Pelea y conflicto

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Opinión, por Miguel Anaya //

Una pelea es un enfrentamiento entre dos o más personas, grupos de individuos, corporaciones u otra clase de entidades. Las peleas pueden ser físicas, verbales o incluso simbólicas, según sea el caso; por su parte, el conflicto se define como el conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce una pelea o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra.

En la democracia, el conflicto es parte del día a día, pues al caber casi todas las opiniones nos daremos cuenta de que siempre habrá diferentes posturas sobre el mismo tema, aquí es donde resalta la importancia de la política, pues ante la existencia de conflictos se deben encontrar puntos de convergencia, de acuerdo entre las distintas posturas. No todos los conflictos terminan en pelea, sin embargo, todas las peleas provienen de una mala gestión del conflicto.

Durante los últimos días, a la agitada agenda nacional se ha agregado un tema que ha generado una serie de conflictos y que, de manera impensada, ha desestabilizado la entrega del poder de un sistema que será dirigido por personajes provenientes de la misma corriente política. La Reforma Judicial ha generado conflicto entre la población y la mala gestión del proceso de aprobación ha desatado una pelea que hoy se ve en las calles, en las escuelas y que ha traspasado las fronteras del país.

La Reforma Judicial que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados ha sido altamente cuestionada ya que rompe el esquema de buscar juzgadores que cumplan una carrera dentro del Poder Judicial, -con la respectiva experiencia que esto conlleva- y además, compromete la independencia del Poder Judicial, ya que desde el proceso de validación de candidaturas hasta el patrocinio de campañas conlleva a adoptar acuerdos que seguramente complicará la autonomía e imparcialidad de quienes imparten justicia.

La propuesta de votar a jueces se ha hecho -según los impulsores de la idea- para dar más poder al pueblo, pues en un real ejercicio de la democracia, los ciudadanos deberían poder elegir a los representantes de los tres Poderes de la Unión, sin embargo, nadie ha explicado cómo es que mandar a elección popular los nombramientos de jueces y magistrados podría reducir los casos de corrupción y nepotismo que existen dentro del Poder Judicial.

Los promotores de esta reforma no han entendido -o si lo entienden sería aún más preocupante- que insistir con la reforma tal cual está planteada dejará un país incendiado a la próxima presidenta del país, pues el poner en duda la independencia del Poder Judicial ha ahuyentado a inversores internacionales, ha despertado a los estudiantes de humanidades que estaban muy tranquilos y ha preocupado a un sector importante de las clases medias que han pasado de la resignación a la idea de tomar las calles buscando defender el Estado de Derecho.

México es un país con un alto índice de impunidad, es una afirmación obvia y una realidad evidente, sin embargo, esta generalmente comienza por algunos malos policías que no hacen el trabajo o por aquellas fiscalías o ministerios públicos que por falta de capacidad o por omisión integran mal casos y expedientes, abriendo la puerta a delincuentes; las policías y las fiscalías dependen del Ejecutivo y afortunadamente nadie ha propuesto la elección popular de fiscales o de policías, y que sería un grave error.

En el Poder Judicial también hay casos de omisión y corrupción, pero si el sistema está mal hay que mejorarlo, no terminar de dañarlo.

En fin, el trabajo de la actual legislatura y de la próxima presidenta será el de consensar esta reforma y las siguientes, el de dar un buen mensaje de unidad nacional y de estabilidad para cuidar las relaciones internacionales y con ello la economía del país. El gran reto es evitar que el conflicto se convierta en pelea y para eso se necesita mucho diálogo y mucha, muchísima política.

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JALISCO

Plato exquisito en la grilla nacional: El rumbo de Jalisco en veremos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Esa aparente calma que vive Jalisco, esperando la definitiva solución a las impugnaciones electoreras, he servido para ratificar la mecánica nacional de los partidos políticos. Pretender que hubo fraude cuando no les favorece la votación es una práctica común y corriente. Defender con las uñas el triunfo igual.

Impugnar de la elección hasta porque salió el sol cuando el “mentirológico” había pronosticado nublados; victimizarse por el género es también muy recurrente. Decir que “la voluntad del pueblo” no se respetó y asegurar que los perdedores son quienes realmente ganaron es una estrategia ya muy ajada, pero que sirve para atorar lo que los organismos electorales han determinado.

Desde que la democracia se instaló en ese país, quienes esperaban un triunfo y no lo lograron han echado mano de los recursos habidos y por haber para impedir o, por lo menos, “mosquear” al que supuestamente ganó.

Los recovecos de la ley electoral, con sus retorcidas interpretaciones, o sus no muy diáfanas instrucciones y, por supuesto, la letra chiquita, se han vuelto el pan nuestro de cada elección para los “affairs” post electorales

Por supuesto que la democracia apoya estas prácticas a las que han recurrido todos los partidos, ya que la confección de la ley de marras fue ideada y realizada por los partidos políticos, quienes se aseguraron de tener siempre rescoldos para frustrar, frenar o impedir que los triunfos electoreros sean “sin tocar baranda”, con el consabido toque democrático.

Por ello, en Jalisco se vive una especie de limbo político. Por una parte, Pablo Lemus tiene ya una boleta de ganador, pero no lo toman en cuenta los centralistas gobernantes virtuales. Por la sencilla razón de que de aquellos lares viene la consigna de impedirle que gobierne a Jalisco.

Haiga sido como haiga sido” es el dicho de quienes consideran que deben aceptarse las consecuencias de los actos o actividades. Por tanto, en Jalisco tenemos la situación de que hay quienes “ni pichan ni cachan ni dejan batear”. El pueblo, mientras tanto, sigue recibiendo andanadas de información, tanto del ganador oficial, como de la perdedora en pugna, Claudia Delgadillo.

Lemus, incluso, ha mentido, -aseguran sus detractores- para aparentar que tiene contacto con los caciques del centro; aunque ha sido “bateado” (igual que Alfaro) cuando hay reuniones convocadas por la virtual presidenta con los gobernadores que les son simpáticos.

Lógico, si desde allá han urdido la intríngulis para “ensangrentarle la daga” que ya trae entre pecho y espalda Morena, no lo van a invitar, menos a convalidar como “gobernador electo” tal cual reza el papel que le extendió el organismo estatal que organizó las elecciones en la entidad.

Otro frente de esta impugnación lo trae Chema Martínez. Se subió también al tren de la inconformidad para ver qué consigue contra Verónica Delgadillo. A Chema quien no lo conoce puede comprarlo, tiene la característica de ser necio cuando se trata de satisfacer sus apetitos políticos (para sus fans, sin embargo, es persistencia, no necedad).

¿Afecta a Jalisco que desde la Nueva Tenochtitlán le hagan feo o vacío? Es claro que sí. El poderío federal es aplastante. Los manotazos del centro, desde que se conformó la República Federal desestabilizan, descontrolan y pueden incluso arruinar a cualquier entidad que se oponga al presidente en turno.

AMLO ha seguido el patrón de Carlos Salinas de Gortari, quien siendo Primer Mandatario destituyó casi a la mitad de gobernadores de sendas entidades. Y eso que era también del RIP. ¿Por qué habrían de tentarse el corazón los actuales mandones? La estrategia salinista ha sido refinada por los ex priistas que militan en Morena.

Por eso no sería raro que Lemus, si su mentor Dante no negocia (ni que decir de Alfaro, semi retirado de la grilla) o se quede como el perro sin miel y sin jícara. No sería extraño. Los morenistas han demostrado que sus insaciables afanes de poder carecen de ética, moral y decoro y en Jalisco no sería la excepción intentarlo todo para vestirlo con el atuendo morenista.

La pregunta es: De presentarse esta situación política de repetir las elecciones ¿volverían a ganar Lemus y Verónica Delgadillo? Argüir que no es a lo que apuestan los impugnadores. A que los jalisquillos se cansen de tanto pleito y concedan, y acepten, a los hoy perdedores.

No es cosa menor que el rumbo de Jalisco esté en veremos por causa de la indefinición electoral; tampoco que algunos sudan la gota gorda y potros se frotan las manos. Jalisco es un plato exquisito en la grilla nacional. Como dijo José Feliciano, “ya veremos” en que paran estas misas. Mientras tanto, las especulaciones continúan; los chismes proliferan; las deducciones, pronósticos y apuestas corren con gusto en los ámbitos de la grilla.

 

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