NACIONALES
Entre dimes y diretes el Ejecutivo y Legislativo federales: Discuten por consulta sobre el Ejército

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Los mexicanos somos muy dados a pronunciar entre renglones lo que queremos decir, para no expresar con franqueza algunos reclamos, opiniones o consejos. Por lo tanto, si queremos entender el mensaje, debemos deducir el sentido de lo que no se dijo con claridad.
Si lo antedicho es común entre toda la gente, es doblemente habitual para los políticos, personas siempre reacias a exponer con simple verdad lo que buscan o pretenden comunicar. Por eso, cuando alguien habla mucho y poco se le entiende, solemos criticarlo diciéndole: “pareces político”.
En días recientes, presenciamos una toma y daca entre el presidente de la junta directiva de la Cámara de Diputados Federal (el panista Santiago Creel Miranda) y el líder de la Junta de coordinación política (Jucopo) de esa cámara, el morenista Ignacio Mier Velasco, teniendo como punto central el anuncio del primer mandatario nacional de realizar una encuesta, para saber que opina el pueblo sobre “si el ejército debe continuar coadyuvando para lograr la seguridad pública”.
Ya sabemos que para crear la Guardia Nacional (GN) el 26 de marzo de 2019, hubo gran consenso de todos los diputados y senadores para ello, y además, se aprobó en un artículo transitorio de la reforma constitucional correspondiente, que las fuerzas armadas permanentes estaban autorizadas para continuar apoyando las tareas de ese nuevo organismo hasta 2024, con el fin de que tanto dicha Guardia como las corporaciones policíacas estatales y municipales, se reorganizarán y capacitarán eficientemente, a fin de otorgar la plena seguridad pública que los mexicanos requerimos; logrado este empeño, el ejército y armada volverían a sus cuarteles.
Como lo anterior, evidentemente no se ha logrado, una legisladora del PRI (la duranguense Yolanda de la Torre, ahora presidenta del Supremo Tribunal de su Estado) presentó iniciativa para que las fuerzas armadas prolongaran su participación, en las tareas de seguridad pública, hasta 2028. Incluso, la legisladora Cristina Ruiz Sandoval, también del partido tricolor, planteó que fuese hasta el año 2029.
La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada (dos terceras partes de diputados asistentes, por ser reforma constitucional) el 14 de septiembre, la reforma, debiendo pasar al Senado para que se discutiese y aprobase en iguales términos; como en esta Cámara alta, los senadores presentes que apoyan esa iniciativa no lograron, por un voto, la mayoría calificada, esta propuesta no se votó y en hábil estrategia legislativa, el 21 del mes pasado se regresó a comisiones, para posteriormente debatir y votar, se supone que estando ya asegurada esa indispensable votación idónea, lo cual es probable sea este mes de octubre.
Considerando lo sucedido, el titular del poder ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador, Amlo) anunció el septembrino viernes 23, que convocaría a una consulta popular sobre ese tema, el cual, siendo tan delicado, no debe resolverse desde las cúpulas sino “que sea el pueblo quien decida”, agregando: “No considero que se deba hacer con el INE, pero sí que la gente pueda votar”. En consecuencia, será la Secretaría de Gobernación quien instrumente esa consulta, que, no siendo vinculante, sí puede reflejar el punto de vista claro de la ciudadanía.
Al respecto, Amlo sugirió tres preguntas que se formularían a los votantes: a) si están de acuerdo con la Guardia Nacional y su desempeño; b) si consideran que ejército y marina estén hasta 2028 haciendo labor de seguridad pública o ya regresen a sus cuarteles, y c)a qué dependencia debe pertenecer la GN: a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Gobernación (SG) o la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP).
Ante esa declaración, ni tardo ni perezoso, el domingo 25 del mes retropróximo, el diputado Santiago Creel, apenas electo el uno de septiembre como presidente de la directiva de la Cámara de Diputados para un año, se valió de tan privilegiado cargo para difundir un video. En este, se dirige al Presidente de la República, “con respeto a su investidura” pero en defensa de los diputados y de la Constitución, ante lo que califica como “indebida intromisión” del ejecutivo, quien con la consulta aludida, pretende “presionar socialmente a los legisladores”. Enseguida, en especie de consejo no pedido, aduce Creel, que reformar la Carta suprema es atribución del Constituyente Permanente (CP), (institución formada por las dos Cámaras y los congresos locales de las Entidades federativas), rematando con tajante frase: “nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución”. Según este diputado panista, que aspira a ser candidato presidencial para 2024, el CP es el máximo órgano del país y representante de la soberanía popular.
Pero eso no lo dice la Constitución, ya que está precisa (art. 39) que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana de él, mismo que tiene en todo tiempo el derecho de variar la forma de gobierno. Así pues, el flamante diputado Creel no dio bien la lección. Para el día 28 pasado, Creel hizo pública la petición de una entrevista con el mandatario para acordar, políticamente, lo que mejor convenga a la nación. Ese fueron los “dimes” del panista.
Como es lógico suponer, el adalid de la diputación (Jucopo), Ignacio Mier, inmediatamente salió en defensa del primer magistrado, y le recitó sus “diretes” a Creel, a quien calificó de “hipócrita”: “usted no es ingenuo, lo conozco y con todo respeto quiero decirle que en el fondo ni le importa la Constitución ni el Constituyente permanente, ni la seguridad de… los mexicanos, seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones” presidenciales.
Luego, le endilgó lo siguiente: No reduzca ese honroso cargo de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que le fue conferido, ahí por la mayoría de las diputadas y diputados, para convertirse en un simple vocero de su partido”, ya que ni siquiera es -Creel-, vocero del Congreso que está compuesto por dos cámaras, y mucho menos puede ser portavoz del CP y en tal situación, lo que hace el panista, es ir contra la Carta Magna, y solo buscar posicionarse para fortalecer su aspiración personal.
Para vigorizar esas ideas, el guía de MORENA, Mario Delgado, terció y expresó que el video de Creel era una desfachatez, y decía puras mentiras, ya que: “el presidente de la República,…no invade ninguna facultad del Legislativo al promover una consulta ciudadana, pues es promover la participación ciudadana y ésta es una de las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación…fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana…” (El Sol de México, 26 de septiembre).
Entonces, para hacer más interesante el “dime y te diré” entre legisladores, el ejecutivo expuso: “que la opinión sobre la permanencia del Ejército en las calles no se llamará “consulta” porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, advirtiendo que el INE no participará porque luego pide muchísimo dinero para “viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes…” y se busca no salga caro el sondeo de opinión. En cuanto al diálogo o entrevista con el dirigente de la Cámara de Diputados, Amlo le sugirió al diputado blanquiazul que hablara con el Secretario de Gobernación.
Los dimes y diretes se soltaron por todas partes y entonces, tanto los diputados Creel y Mier, como el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y demás políticos involucrados, como que quisieron que las aguas no se encresparan más. Para alcanzar este objetivo, al terminar una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Mier invitó a fumar la pipa de la paz, al diputado Creel, por lo que decidió invitarlo con el propósito, “de garantizar la cohesión y la institucionalidad de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados”.
Por su lado, el güero Creel, dijo aceptar la junta con Adán Augusto López, para hablar sobre seguridad pública, aunque luego imitó a la Chimoltrufia: “creo tener una solución al problema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no…”.
Estamos pues ante un evidente caso de la locución popular “Andar en dimes y diretes”. Sobre esta frase coloquial, nos dicen los investigadores del Diccionario Histórico de la Lengua Española, que se inició cuando se encaraban al monarca en España, sus gobernados, hace cientos de años: «Que no hable ninguno con su Rey papo á papo -cara a cara-, ni ande con él á dime y dirte há (direte).» Al respecto, explica la Real Academia Hispana, que la locución “hace referencia a comentarios y habladurías o a intercambio de opiniones, réplicas y contrarréplicas, normalmente sin acritud”.
El diccionario nos da ejemplos para entender mejor la frase: “Entre tantos dimes y diretes aun no llegamos a un acuerdo”. Y si en las sesiones hay barullo, se dice: “La junta se realizó entre muchos dimes y diretes”.
Lo cierto es que esta frase hecha, tiene siglos y proviene de las palabras “dime y te diré”, habiéndose transformado ésta en “direte”. Es tan popular, que un conjunto musical moderno, (los Inquietos del Norte) grabó una canción con ese nombre, y en una parte, entonan: “Ni todo es bueno, ni malo/depende quien va a juzgarlo/…Entre chismes y alcahuetes/desperdiciamos la vida/por querer tener la razón/no tienen sentimientos, ni tienen corazón.
Y eso es cabalmente lo que hacen nuestros políticos: hablan y hablan, para finalmente demostrar que, como siempre “andan en dimes y diretes”, en muchos temas. Con ello acreditan generalmente, que no tienen memoria, ni sabiduría, ni palabra, y mucho menos, corazón.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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