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Entre dimes y diretes el Ejecutivo y Legislativo federales: Discuten por consulta sobre el Ejército

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Los mexicanos somos muy dados a pronunciar entre renglones lo que queremos decir, para no expresar con franqueza algunos reclamos, opiniones o consejos. Por lo tanto, si queremos entender el mensaje, debemos deducir el sentido de lo que no se dijo con claridad.

Si lo antedicho es común entre toda la gente, es doblemente habitual para los políticos, personas siempre reacias a exponer con simple verdad lo que buscan o pretenden comunicar. Por eso, cuando alguien habla mucho y poco se le entiende, solemos criticarlo diciéndole: “pareces político”.

En días recientes, presenciamos una toma y daca entre el presidente de la junta directiva de la Cámara de Diputados Federal (el panista Santiago Creel Miranda) y el líder de la Junta de coordinación política (Jucopo) de esa cámara, el morenista Ignacio Mier Velasco, teniendo como punto central el anuncio del primer mandatario nacional de realizar una encuesta, para saber que opina el pueblo sobre “si el ejército debe continuar coadyuvando para lograr la seguridad pública”.

Ya sabemos que para crear la Guardia Nacional (GN) el 26 de marzo de 2019, hubo gran consenso de todos los diputados y senadores para ello, y además, se aprobó en un artículo transitorio de la reforma constitucional correspondiente, que las fuerzas armadas permanentes estaban autorizadas para continuar apoyando las tareas de ese nuevo organismo hasta 2024, con el fin de que tanto dicha Guardia como las corporaciones policíacas estatales y municipales, se reorganizarán y capacitarán eficientemente, a fin de otorgar la plena seguridad pública que los mexicanos requerimos; logrado este empeño, el ejército y armada volverían a sus cuarteles.

Como lo anterior, evidentemente no se ha logrado, una legisladora del PRI (la duranguense Yolanda de la Torre, ahora presidenta del Supremo Tribunal de su Estado) presentó iniciativa para que las fuerzas armadas prolongaran su participación, en las tareas de seguridad pública, hasta 2028. Incluso, la legisladora Cristina Ruiz Sandoval, también del partido tricolor, planteó que fuese hasta el año 2029.

La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada (dos terceras partes de diputados asistentes, por ser reforma constitucional) el 14 de septiembre, la reforma, debiendo pasar al Senado para que se discutiese y aprobase en iguales términos; como en esta Cámara alta, los senadores presentes que apoyan esa iniciativa no lograron, por un voto, la mayoría calificada, esta propuesta no se votó y en hábil estrategia legislativa, el 21 del mes pasado se regresó a comisiones, para posteriormente debatir y votar, se supone que estando ya asegurada esa indispensable votación idónea, lo cual es probable sea este mes de octubre.

Considerando lo sucedido, el titular del poder ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador, Amlo) anunció el septembrino viernes 23, que convocaría a una consulta popular sobre ese tema, el cual, siendo tan delicado, no debe resolverse desde las cúpulas sino “que sea el pueblo quien decida”, agregando: “No considero que se deba hacer con el INE, pero sí que la gente pueda votar”. En consecuencia, será la Secretaría de Gobernación quien instrumente esa consulta, que, no siendo vinculante, sí puede reflejar el punto de vista claro de la ciudadanía.

Al respecto, Amlo sugirió tres preguntas que se formularían a los votantes: a) si están de acuerdo con la Guardia Nacional y su desempeño; b) si consideran que ejército y marina estén hasta 2028 haciendo labor de seguridad pública o ya regresen a sus cuarteles, y c)a qué dependencia debe pertenecer la GN: a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Gobernación (SG) o la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP).

Ante esa declaración, ni tardo ni perezoso, el domingo 25 del mes retropróximo, el diputado Santiago Creel, apenas electo el uno de septiembre como presidente de la directiva de la Cámara de Diputados para un año, se valió de tan privilegiado cargo para difundir un video. En este, se dirige al Presidente de la República, “con respeto a su investidura” pero en defensa de los diputados y de la Constitución, ante lo que califica como “indebida intromisión” del ejecutivo, quien con la consulta aludida, pretende “presionar socialmente a los legisladores”. Enseguida, en especie de consejo no pedido, aduce Creel, que reformar la Carta suprema es atribución del Constituyente Permanente (CP), (institución formada por las dos Cámaras y los congresos locales de las Entidades federativas), rematando con tajante frase: “nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución”. Según este diputado panista, que aspira a ser candidato presidencial para 2024, el CP es el máximo órgano del país y representante de la soberanía popular.

Pero eso no lo dice la Constitución, ya que está precisa (art. 39) que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana de él, mismo que tiene en todo tiempo el derecho de variar la forma de gobierno. Así pues, el flamante diputado Creel no dio bien la lección. Para el día 28 pasado, Creel hizo pública la petición de una entrevista con el mandatario para acordar, políticamente, lo que mejor convenga a la nación. Ese fueron los “dimes” del panista.

Como es lógico suponer, el adalid de la diputación (Jucopo), Ignacio Mier, inmediatamente salió en defensa del primer magistrado, y le recitó sus “diretes” a Creel, a quien calificó de “hipócrita”: “usted no es ingenuo, lo conozco y con todo respeto quiero decirle que en el fondo ni le importa la Constitución ni el Constituyente permanente, ni la seguridad de… los mexicanos, seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones” presidenciales.

Luego, le endilgó lo siguiente: No reduzca ese honroso cargo de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que le fue conferido, ahí por la mayoría de las diputadas y diputados, para convertirse en un simple vocero de su partido”, ya que ni siquiera es -Creel-, vocero del Congreso que está compuesto por dos cámaras, y mucho menos puede ser portavoz del CP y en tal situación, lo que hace el panista, es ir contra la Carta Magna, y solo buscar posicionarse para fortalecer su aspiración personal.

Para vigorizar esas ideas, el guía de MORENA, Mario Delgado, terció y expresó que el video de Creel era una desfachatez, y decía puras mentiras, ya que: “el presidente de la República,…no invade ninguna facultad del Legislativo al promover una consulta ciudadana, pues es promover la participación ciudadana y ésta es una de las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación…fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana…” (El Sol de México, 26 de septiembre).

Entonces, para hacer más interesante el “dime y te diré” entre legisladores, el ejecutivo expuso: “que la opinión sobre la permanencia del Ejército en las calles no se llamará “consulta” porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, advirtiendo que el INE no participará porque luego pide muchísimo dinero para “viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes…” y se busca no salga caro el sondeo de opinión. En cuanto al diálogo o entrevista con el dirigente de la Cámara de Diputados, Amlo le sugirió al diputado blanquiazul que hablara con el Secretario de Gobernación.

Los dimes y diretes se soltaron por todas partes y entonces, tanto los diputados Creel y Mier, como el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y demás políticos involucrados, como que quisieron que las aguas no se encresparan más. Para alcanzar este objetivo, al terminar una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Mier invitó a fumar la pipa de la paz, al diputado Creel, por lo que decidió invitarlo con el propósito, “de garantizar la cohesión y la institucionalidad de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados”.

Por su lado, el güero Creel, dijo aceptar la junta con Adán Augusto López, para hablar sobre seguridad pública, aunque luego imitó a la Chimoltrufia: “creo tener una solución al problema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no….

Estamos pues ante un evidente caso de la locución popular “Andar en dimes y diretes”. Sobre esta frase coloquial, nos dicen los investigadores del Diccionario Histórico de la Lengua Española, que se inició cuando se encaraban al monarca en España, sus gobernados, hace cientos de años: «Que no hable ninguno con su Rey papo á papo -cara a cara-, ni ande con él á dime y dirte há (direte).» Al respecto, explica la Real Academia Hispana, que la locución “hace referencia a comentarios y habladurías o a intercambio de opiniones, réplicas y contrarréplicas, normalmente sin acritud”.

El diccionario nos da ejemplos para entender mejor la frase: “Entre tantos dimes y diretes aun no llegamos a un acuerdo”. Y si en las sesiones hay barullo, se dice: “La junta se realizó entre muchos dimes y diretes”.

Lo cierto es que esta frase hecha, tiene siglos y proviene de las palabras “dime y te diré”, habiéndose transformado ésta en “direte”. Es tan popular, que un conjunto musical moderno, (los Inquietos del Norte) grabó una canción con ese nombre, y en una parte, entonan: “Ni todo es bueno, ni malo/depende quien va a juzgarlo/…Entre chismes y alcahuetes/desperdiciamos la vida/por querer tener la razón/no tienen sentimientos, ni tienen corazón.

Y eso es cabalmente lo que hacen nuestros políticos: hablan y hablan, para finalmente demostrar que, como siempre “andan en dimes y diretes”, en muchos temas. Con ello acreditan generalmente, que no tienen memoria, ni sabiduría, ni palabra, y mucho menos, corazón.

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El fracaso de AMLO en la lucha contra la corrupción

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La bandera contra la corrupción fue la narrativa que enarboló Andrés Manuel López Obrador para lograr el apoyo de cerca de 30 millones de mexicanos hace 6 años, junto con el slogan «Primero los pobres» que le permitió romper con el bipartidismo y convertirse en Presidente de México.

El presidente López Obrador ha externado es que «no puede haber desarrollo si hay corrupción, de allí la importancia de combatirla, solamente así se podrán garantizar mayores niveles de bienestar para los mexicanos».

El político tabasqueño afirmó que «acabaría con la corrupción en México», expresión muy temeraria, fuera de la realidad porque por principio, en ningún país del mundo se ha logrado acabar con las prácticas corruptas. Sí se puede acotar, se puede disminuir, es posible establecer orden, pero para lograrlo se requiere un gobierno con transparencia, con rendición de cuentas, que las instituciones funcionen tanto las procuradoras como las administradoras de justicia

¿Cómo se va acabar con la corrupción cuando tenemos al crimen organizado cuyo poder se manifiesta en la mayor parte del país imponiendo su ley de la violencia y que ha dejado en estos seis años una estela roja de cerca de 180 mil homicidios?

¿Cómo hablar de éxito contra la corrupción cuando el 99 por ciento de los homicidios no se esclarecen, cuando la justicia no funciona en México y la impunidad se impone?

El Presidente puede culpar al Poder Judicial que es corrupto y que ha sido el freno que ha tenido para lograr limpiar a México de corrupción, pero lo cierto es que su lucha no tuvo éxito. En el sexto año de su gobierno, cabe preguntarnos los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción en todo un sexenio. Vamos a citar cuatro casos emblemáticos que este gobierno ha centrado para demostrar que en México no hay intocables. Una cosa es construir una narrativa de que se llevará a la hoguera a los corruptos y otra es dar resultados.

1. Qué pasó en la cruzada para acabar con el huachicol.

2. Qué pasó con la corrupción en Pemex centrada en las acusaciones contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex y el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, acusado de delito de lavado de dinero y actos de corrupción.

3. Qué pasó con Juan Collado, conocido como abogado del poder, acusado de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por la presunta venta de un inmueble de la compañía Caja Libertad.

4. ¿En qué terminó la acusación contra Rosario Robles por la llamada Estafa Maestra?

EL ROBO DE HUACHICOL

Vamos por partes: El caso de la guerra contra el huachicol es un fracaso rotundo. Fue el primer gran conflicto grave en la administración de López Obrador, se trataba de combatir el llamado «huachicoleo», robo de combustible a los ductos de Pemex, era la guerra contra el crimen organizado que habían convertido a Pemex en un gigantesco palacio de saqueo.

Al paso de cinco años los resultados son contundentes: además de las muertes que son decenas por explosiones y cientos o miles por la operación de grupos criminales como sucede en Guanajuato, hay un daño al erario de cuando menos 20 mil millones de dólares. Han sido además asesinados decenas de técnicos por las mafias huachicoleras. Conforme al Informe Nacional de seguridad, en 2022 fueron robados a Pemex 6.1 mil barriles de petróleo por día, aumentando el mercado negro en 70% respecto de 2021.

EMILIO LOZOYA Y ALONSO ANCIRA

La acusación contra Emilio Lozoya por caso Obedrecht y la compra de Pemex de Agronitrogenados a Alonso Ancira es otro de los cinco casos emblemáticos. Este fue uno de los más sonados casos y en este tema es donde se pudo obtener mejores resultados. En la acusación contra Alonso Ancira y Lozoya por la compra a sobre precios por parte de Pemex de la empresa Agronitrogenados se logró detener en España al dueño de Altos Hornos de México y se le trasladó a México. La planta estaba valuada en 58 millones de dólares y Pemex pagó 257 millones de dólares. Ancira estableció un acuerdo reparatorio con Pemex y ha abonado 108 millones de dólares de un total de 216 que acordó pagar para recuperar su libertad.

Emilio Lozoya también fue detenido en España y trasladado a México. En la acusación contra Emilio Lozoya por soborno de Odebrecht de 10 millones de dólares, después de tres años de estar prisionero un juez federal le concedió al ex director de Pemex la prisión domiciliaria. El juicio sigue pero ya no en el reclusorio Norte.

ROSARIO ROBLES Y LA ESTAFA MAESTRA

Después de una batalla que inició en 2019, finalmente un Tribunal absolvió a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en la llamada «Estafa Maestra», en un esquema de corrupción en la que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades. Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial durante el sexenio del presidente Peña Nieto.

EL CASO JUAN COLLADO

Otra derrota que sufrió la Fiscalía General de la República fue la liberación de Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto y «de la mafia del poder», según el Presidente López Obrador. Collado no será procesado por el delito de fraude, por los trámites que realizó para desbloquear 76.5 millones de euros en sus cuentas bancarias en el Principado de Andorra.

Después de cuatro años de estar privado de la libertad el pasado 21 de septiembre del 2023 un juez le concedió libertad condicional. El juicio sigue, por loque tendrá que utiliza un brazalete en el tobillo y no podrá salir del país.

¿Cómo calificaría la lucha contra la corrupción, considerando estos cuatro casos y cinco personajes?

Para mi fue un fracaso la lucha contra la corrupción en el sexenio de AMLO.

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México con 15 ciudades en lista de más violentas del mundo: «Política de abrazos, no balazos, ha llevado a México al Estado fallido», José Antonio Ortega

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Por Francisco Junco //

Son 16 ciudades de México que se encuentran en ranking de las 50 ciudades más violentas en el mundo, donde las tres primeras son Colima, Ciudad Obregón y Zamora, convirtiendo al país en el más peligroso para vivir, que a decir de José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es una muestra de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha llevado al país a un “estado fallido” con su política de “abrazos, no balazos”.

“Cuando vemos que no hay una autoridad capaz de poner freno, es decir, de investigar, de perseguir, de detener, de consignar, judicializar y sentenciar a estos agresores. Vemos que la política de abrazo, no balazos, ha sido un completo fracaso. Y vamos a un estado fallido. Un estado fallido es cuando la autoridad pierde el uso legítimo de la fuerza y se lo transmite a las organizaciones criminales, y pierde el cobrar impuestos y son las organizaciones criminales quienes lo cobran. Hemos visto, desgraciadamente, que la violencia en este sexenio ha crecido, ha habido más ciudades y las tazas de homicidio son más altas. La política de abrazos no balazos, insisto, no ha funcionado, y tiene que haber un cambio de política para verdaderamente librarnos de este gran problema”, explicó, para Conciencia Pública, José Antonio Ortega.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó el estudio, en rueda de prensa, que revela que, por segundo año consecutivo, Colima ocupa el primer lugar del «Ranking: 50 ciudades más violentas del mundo», donde se registró una tasa de 140.32 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En 2022 registro una tasa de 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“El análisis que nosotros hacemos solamente implica homicidios dolosos, en tazas por 100 mil habitantes, y en ciudades de 300 mil o más habitantes, con cifras oficiales, tanto de los homicidios como de la población, que la información sea asequible a través de internet y las ciudades que estudiamos no estén en guerra, estos son básicamente las condiciones de la metodología que utilizamos para el estudio”, explicó el abogado, quien por 17 años consecutivos ha presentado este estudio.

En la presentación de este informe, Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México, alertó la gravedad de que, entre las 10 primeras ciudades de este registro, siete son mexicanas, por lo que aseguró, que la fallida estrategia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador se verá reflejada en las urnas, el próximo 2 de junio.

Resaltó que en México la magnitud de la violencia se trata de ocultar, falsificando o manipulando las cifras reales, pero que la realidad ha tomado un curso de mayor gravedad, y se observa como grupos criminales ejercen control territorial en cientos de municipios, y apoderarse de las carreteras afectando a millones de mexicanos.

Además de Colima, las otras 15 ciudades consideradas como las más violentas en el país son Ciudad Obregón, en Sonora; en Michoacán está Zamora, Morelia y Uruapan; en Colima, Manzanillo; Baja California, Tijuana; en Zacatecas la capital del mismo nombre; en Chihuahua, Ciudad Juárez y la capital Chihuahua; en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato; en Morelos, Cuernavaca; en Guerrero, Acapulco, y en Quintana Roo esta Cancún.

De esta lista, destaca la incorporación de Manzanillo, ya que en el estudio anterior no aparecía en el Ranking; mientras que ciudades como Ensenada y San Luis Potosí, salieron de este listado, que aún se registraban en el 2022. Colima, por séptimo año consecutivo continúa siendo la ciudad mexicana más violenta del mundo, con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La segunda ciudad más violenta del mundo también es mexicana, es Ciudad Obregón, con una tasa de 117.83 homicidios por cada 100 mil habitantes y la tercera es Puerto Príncipe en Haití, con una tasa de 117.24.

En los 16 años que el Consejo de Seguridad ha realizado este estudio, en 10 de las ciudades más violenta del mundo son mexicanas, el año pasado de las diez ciudades más violentas del mundo, siete fueron mexicanas: Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez.

Los países más afectados por la violencia urbana, y la violencia en general, son Ecuador, Haití y México. El común denominador de los tres países es que se han adentrado considerablemente en el terreno del Estado fallido, condición en la cual el Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022

“La violencia se concentra en América, ya que 16 ciudades son mexicanas, 10 son brasileñas, 8 son colombianas, 7 son norteamericanas, entonces la violencia la tenemos en América. Hay ciudades que han estado en el ranking y han salido, como Guatemala, salió en 2019, o El Salvador, salió en 2020, y San Pedro Sula, en Honduras, durante cuatro años tuvo el primer lugar y ahora ya está en el lugar 48, por lo que, estamos seguros, que con la política pública que han aplicado en este país, el siguiente año, o sea 2024, van a salir del ranking”, analizó Ortega Sánchez.

Y es que explicó que el problema radica en que el Estado pierde el monopolio de la violencia, en favor de grupos violentos que van constituyendo un poder paralelo, por ejemplo, dijo en Ecuador, un país con bajos niveles de violencia hasta hace cuatro años, los asesinatos y formas de operar propios del terrorismo de los grupos criminales han llevado al país a la peor crisis de su historia, además, los grupos criminales mexicanos, que riñen permanentemente, han convertido a Ecuador en otro de sus campos de batalla.

En Haití vemos, décadas de inestabilidad, debilidad institucional y casi nula vigencia del estado de derecho, circunstancias agravadas por desastres naturales, han conducido a tal grado de caos que, en la capital, Puerto Príncipe, los grupos criminales controlan hasta el 80 por ciento de la ciudad.

En México la violencia, cuya magnitud trata de ocultarse mediante la falsificación de cifras, no sólo se ha mantenido, sino que ha tomado un curso de mayor gravedad, pero es el resultado de gobiernos omisos en su obligación legal de garantizar la seguridad de los gobernados. Pero de estas omisiones la peor ha sido la que se basa en la consigna de “abrazos, no balazos” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta política no es otra que la de permitir que los grupos criminales ejerzan violencia con casi absoluta impunidad.

Es muy probable que las cifras sobre la incidencia de homicidios en México sean superiores a las que este estudio consigna y que se basan en datos oficiales, pues hay una operación inocultable para esconder las cifras reales. Adrián LeBaron y otros ciudadanos presentaron una denuncia penal por la falsificación de datos sobre homicidios. Entre los casos denunciados está el del monstruoso asesinato de 9 familiares de LeBaron, en su mayoría niños: oficialmente se consignaron 5 víctimas de homicidio, cuando que fueron 9.

“Si en un caso que ha tenido resonancia mundial las autoridades mexicanas se atreven a falsificar cifras para simular una incidencia criminal inferior a la real ¿de qué han sido capaces respecto a casos menos conocidos y que constituyen la abrumadora mayoría? Durante varios años frente a las cifras cuando menos dudosas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México sobre homicidios, existía la alternativa de las cifras más confiables generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las cuales solían ser superiores a las del otro organismo. Pero eso también ha cambiado”, señaló.

Por ejemplo, apuntó, en 2022 el SNSP registró 39% más homicidios que el INEGI en Veracruz, 31% más en Durango, 29% más en Oaxaca, 17% más en Ciudad de México y 14% más en Jalisco. Además, en el municipio de Jacona, que es parte de una de las ciudades más violentas de México y del mundo, el INEGI, sólo registró 117 homicidios, mientras que el SNSP registró 150 “homicidios”, pero ni siquiera son tales sino carpetas de investigación que pueden referir a más de un homicidio, de modo que el INEGI omitió contar cuando menos 33.

“Queremos suponer que estos severos subregistros son producto de errores, los cuales se deben enmendar y sobre los cuales el INEGI debe salir a dar explicaciones. De no tratarse de errores, si el INEGI se ha sumado a esta gran maniobra de falsificación de las cifras, entonces habríamos perdido a la última institución confiable en este asunto. A la par de la maniobra para falsificar las cifras de homicidios y otros delitos, está en marcha otra operación para eliminar en los registros oficiales las cifras de más de 40 mil desaparecidos bajo la presente administración, operación que provocó la renuncia de la máxima autoridad responsable en la materia”, señaló en la rueda de prensa donde dio a conocer el estudio la presentación.

Y agregó que contrario, al curso seguido por México, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras en lugar de tolerar o proteger a los grupos criminales los han combatido con resolución, y los resultados están a la vista. La ciudad de Guatemala salió del ranking desde 2020. San Salvador salió del ranking desde 2019 y en El Salvador la violencia tuvo la mayor caída en tiempo récord de que se tenga registro en el mundo. Las ciudades hondureñas Distrito Central y San Pedro Sula ocupan los lugares 48 y 50, respectivamente y están a punto de salir del ranking, después de que San Pedro Sula ocupó el primer lugar mundial durante 4 años consecutivos.

Del ranking salieron estas ciudades: Mossoró, Natal y Vitória da Conquista en Brasil; Phiiladelphia y Milwaukee en Estados Unidos y San Juan en Puerto Rico. En lugar de las ocho que salieron, ingresaron; Caruaru, Macapá y Porto Velho de Brasil; Barranquilla y Sincelejo de Colombia; Washington de Estados Unidos, y Puerto España de Trinidad y Tobago.

De las 50 ciudades del ranking 2023, se ubican en México 16, en Brasil 10, en Estados Unidos 6, en Colombia 8, en Sudáfrica 4, en Honduras 2 y hay una de Trinidad y Tobago, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica.

A decir de Sánchez Ortega, la situación de violencia en cualquier país se puede mejorar y salir de esa situación, “si abates la impunidad y la corrupción, si castigas los homicidios dolosos, si castigas el cobro del derecho de piso, si castigas el robo a transporte, si castigas las violaciones y todos los delitos que afectan gravemente a la sociedad”.

“Espero que los mexicanos, con esta información, reflexionen muy bien y el 2 de junio salgan a votar, piensen muy bien por quién van a votar para que haya un cambio y no sigamos en esta condición de estado fallido”, concluyó el presidente del Consejo de Seguridad, Antonio Ortega Sánchez.

 

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Se cerrará la elección presidencial entre Xóchitl y Claudia

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De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

MÉXICO cuenta con registros históricos en los últimos treinta años, donde las elecciones se ganan o se pierden a consecuencia de la presencia de un sentimiento, de una emoción, más que por las ideas.

Así, el año 2000, el panista Vicente Fox convenció con su propósito de “sacar al PRI de Los Pinos” y luego de dieciocho años en campaña, Andrés Manuel López Obrador arrasó en los comicios del año 2018 porque su discurso de combate a la corrupción penetró en el corriente sanguíneo de la nación, en el marco de un hartazgo popular contra el PAN y el PRI.

En nuestros días, los propósitos inocultables de la “cuarta transformación” de querer controlarlo todo, de conducirnos rumbo a un régimen dictatorial, abierto, de entregar al país a una sola persona, ha despertado el sentimiento por la defensa de las instituciones en una clase media, la misma que con su voto decidió el rumbo en el 2000 y en el 2018.

Eso lo sabe López Obrador y le ha quedado muy claro luego de las manifestaciones multitudinarias de noviembre del 2022 y la de este domingo dieciocho de febrero del 2024.

Porque está consciente de que su gobierno y la estructura oficial de sus gobernadores, podrían movilizar el próximo 2 de junio a los casi veinte millones de mexicanas y mexicanos que reciben una pensión, pero no así a los 30 millones de personas que están ya decididos a votar en su contra.

El sentimiento ante el temor popular de que la dupla AMLO-Claudia Sheinbaum podría terminar de desaparecer las instituciones democráticas de México y enviar a la historia nuestra Constitución para establecer una nueva, a modo, ya ha logrado crear una emoción, un sentimiento que motivará a esos treinta millones de mexicanos dispuestos a votar en los próximos comicios, en contra de MORENA y sus candidatos.

López Obrador sabe que el millón y medio de personas que tomó las calles en noviembre del 22 y las 700 mil de este domingo de febrero, tiene un efecto expansivo en millones de ciudadanas y ciudadanos y a estas alturas –aunque diga que se siente optimista para entregar el poder a doña Sheinbaum- su temor de sufrir un colapso le obligará a asumir actitudes más radicales en contra de sus adversarios.

A siete meses de concluir su mandato, esta “4-T” no pudo consumar su propósito de controlar los tres poderes del Estado. Las elecciones del año 2021 y en ese entonces la alianza PAN-PRI-PRD provocaron que MORENA perdiera la mayoría calificada o las dos terceras partes del total en las cámaras de diputados y senadores, y ahí se cayó el objetivo lópezobradorista de implantar sus reformas constitucionales y controlar al Poder Judicial Federal, al INE y desaparecer todo organismo autónomo creado para acotar el presidencialismo de antaño.

Aunado a lo anterior, México vivió una transformación democrática en los últimos treinta años. Las dos últimas generaciones han vivido en este novedoso escenario caracterizado por la libertad en medio de elecciones transparentes y con credibilidad. Ahora, la nación consciente de lo vivido y de lo que pudiera perder, no está dispuesta a permitirlo.

Ese valor civil, está de regreso.

Hace más de treinta años, la izquierda era la que tomaba las calles para protestar en contra del régimen opresor. El mismo López Obrador encabezó muchas de estas manifestaciones y, haciendo a un lado la Ley, se hizo sentir con sus movilizaciones y “tomas” de algunos bienes de la nación como los pozos petroleros en Tabasco.

Ahora, quien ha tomado las calles es la sociedad opositora a esa izquierda que pretende controlarlo todo.

El Presidente lo sabe y para sus adentros, es probable que viva ahora una crisis existencial donde luchan su soberbia y el conocimiento de esta realidad que le hace ver al triunfo electoral escapando como agua entre sus dedos.

Su soberbia le dice que su “corcholata”, Claudia, ganará contundentemente, así como sus candidatos a diputados y senadores, para establecer como lo hizo en el 2018, una maquinaria que aplaste toda oposición en el Congreso de la Unión y de esa manera implantar su paquete de reformas el venidero septiembre, como gloriosa despedida de su sexenio.

La realidad, la que también tiene en su escritorio, es que la elección presidencial podría cerrarse, sobre todo porque su candidata no despierta emociones y tendrá que ser él, indirectamente, quien utilice su púlpito mañanero para asegurar el triunfo.

Sabe que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, será mejor candidata que Claudia y que el grupo opositor con el coro de millones de personas a lo largo y ancho del país, dará férrea batalla.

De ahí que su prioridad sea la campaña y nada ni nadie evitará que meta las manos en el proceso, utilizando toda estrategia posible, legal o ilegal y utilizando a MORENA, a sus aliados y, de ser posible, al diablo.

¿Divide y vencerás?

SOLO LA soberbia y la autosuficiencia, pudo hacer que los altos mandos de MORENA y sus aliados –Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México- tomaran la decisión de hacer a un lado su alianza y jugar solos en esta contienda electoral, convencidos de arrasar en las urnas este 2 de junio… El librito de la política nos ha enseñado que, para golpear a un adversario, habría qué dividirlo, para dar cumplimiento a la máxima de “divide y vencerás”… En esa ansiedad de asegurar una mayoría calificada en la próxima legislatura en el Congreso de la Unión, se decidió jugar con varios candidatos en cada uno de los partidos políticos afines a la “4-T” en doce entidades federativas… Es decir, MORENA, PT y Partido verde, cada uno de ellos, con sus fórmulas al Senado y en algunos casos, para buscar las diputaciones federales… Tan seguros están así de arrasar… Sin embargo, el riesgo que se está corriendo es alto porque parecería un arma de dos filos… Porque si hablamos de que las elecciones las ganaría la figura de López Obrador, el voto a su favor se dividiría y esto sólo tendría como beneficiario al grupo opositor, es decir, a la coalición “Fuerza y Corazón por México”, representada por el PAN, el PRI y el PRD… Sonora es uno de esos estados donde se está poniendo en práctica esta estrategia… Desde luego la opinión del gobernador ha sido determinante para llevar a cabo esta selección… A la par de la fórmula de MORENA integrada por Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar, se ha postulado a otra fórmula bajo las siglas del Partido del Trabajo, en la que aparecen Célida López Cárdenas y Froylán Gámez Gamboa… Como es de esperarse, se le meterán todos los recursos posibles y el necesario apoyo para que estos candidatos “oficiales” se alcen con el triunfo, con el “plus” de ir de por medio el vencer a Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez, la fórmula de la coalición opositora a la “4-T”… Estos dos últimos tienen asegurado su escaño gracias al lugar privilegiado en que fueron incluidos por sus respectivos partidos políticos en las listas plurinominales… Pero en el caso de Manlio hay un interés especial por asumir su asiento llevando bajo el bajo un triunfo y no una derrota…

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