NACIONALES
Eterna transición de la justicia mexicana: El laberinto de las reformas inconclusas

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El sistema legal mexicano es un laberinto de reformas sin terminar, promesas incumplidas y procesos estancados que han dejado a millones de ciudadanos en un limbo judicial interminable, un enredo de reformas que, en lugar de ofrecer soluciones, parecen perpetuar la inercia de un sistema que ya no funciona. Este laberinto, alimentado por promesas incumplidas y una burocracia torpe, ha dejado a los ciudadanos atrapados en un tránsito que parece no tener fin.
Para entender el tortuguismo del sistema legal mexicano, es necesario remontarse al año 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una ambiciosa reforma del sistema penal. Se prometió una transformación completa de la justicia penal, pero la realidad fue mucho más amarga. Aunque la reforma nominalmente culminó en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que apenas se ha avanzado en lo esencial.
Los jueces pueden haber cambiado sus togas y las salas de juicios orales se han erigido en algunos juzgados, pero las entrañas del sistema permanecen ancladas en el pasado. Las policías, los ministerios públicos y las fiscalías no han experimentado las transformaciones prometidas, y los servicios periciales, fundamentales para la impartición de justicia, siguen en un estado de abandono que sólo puede calificarse de brutal.
El caso de Armando, quien lleva una década en la cárcel de Puente Grande sin sentencia, es un testimonio escalofriante de este fracaso. Su proceso, iniciado en el antiguo sistema penal, se encuentra hoy perdido en la maraña burocrática, y ni el juez ni el ministerio público parecen dispuestos a actuar con la prontitud que la justicia requiere. Los días de Armando se consumen en la incertidumbre, víctimas de un sistema que se devora a sí mismo.
En medio de este desorden, se creó la Guardia Nacional, una institución que, lejos de resolver el problema de la seguridad, ha puesto un simple curita sobre una herida que sigue supurando. Los patrullajes disuasorios, que deberían ser una herramienta para prevenir el delito, se han convertido en una simulación que apenas sirve para tranquilizar a la opinión pública. Mientras tanto, las policías federales y locales han sido relegadas, bajo la errónea suposición de que la Guardia Nacional es capaz de resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que no hay una policía primer respondiente eficiente, lo que deja un vacío que los delincuentes no han dejado de aprovechar.
La reforma del sistema mercantil, iniciada en 2017, representa un esfuerzo por modernizar un aspecto crucial de la justicia en México. Introdujo juicios orales, la caducidad en segunda instancia y la ejecución expedita de sentencias, entre otras medidas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el proceso sigue plagado de desafíos, especialmente en la uniformidad de su implementación en todo el país. Muchos tribunales locales carecen de la infraestructura y la capacitación necesarias para operar de manera eficiente, lo que significa que la modernización sigue siendo más una aspiración que una realidad.
Y mientras el sistema mercantil lucha por modernizarse, otra reforma se suma a la lista: la reforma laboral, también de 2017. Esta reforma, que pretendía transformar profundamente la justicia laboral en México, ha enfrentado resistencias y obstáculos en su implementación. En Jalisco, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Local hacen todo lo posible por no concluir sus procesos, temerosos de perder su fuente de trabajo. El caso de un notificador que lleva más de un año sin poder cumplir con su tarea en Tlajomulco es sintomático de un sistema que se desmorona desde dentro. La construcción de la Ciudad Judicial en Jalisco no fue más que otro capítulo en la crónica de negocios turbios que han caracterizado a nuestra clase política.
Con la venia de los funcionarios estatales, se destinaron recursos de IPEJAL, los fondos de pensiones de los trabajadores, para levantar este monumento al despilfarro. Pero la historia no termina ahí. Los mismos funcionarios que autorizaron el uso de esos recursos ahora disfrutan del usufructo de los locales comerciales en el edificio, convertidos en empresarios gracias a su poder e influencia. Y como si esto no fuera suficiente para ilustrar el cinismo de nuestras autoridades, uno de los jueces laborales nombrado en esta misma Ciudad Judicial tiene una carpeta de investigación abierta por lesiones dolosas contra un familiar de la tercera edad.
Como si no bastara con las reformas inconclusas, el 12 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, que establece un periodo de transición de cuatro años antes de entrar en vigor, promete uniformar los procedimientos, priorizar la oralidad y aprovechar las tecnologías de la información. Pero, al igual que con las reformas anteriores, los desafíos son enormes, y la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece, de momento, una utopía lejana.
El panorama es desolador. El 80% de los litigios en México están en un proceso de tránsito hacia alguna parte, pero nadie parece saber hacia dónde. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, no ha cumplido con su deber de crear las leyes necesarias, y los presupuestos son insuficientes. Las administraciones, tanto locales como federales, han fracasado en reformar las policías, los ministerios públicos y los servicios periciales. En resumen, todo lo que se ha reformado anteriormente está abandonado.
La impunidad en México, que ronda el 94% según México Evalúa, es un reflejo de este abandono. La justicia en México se ha convertido en una promesa incumplida, un proyecto de reforma interminable que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en un sistema que simplemente no funciona.
Y mientras el país se ahoga en este mar de ineficiencia, las discusiones sobre la elección popular de jueces y magistrados son una distracción inútil. ¿Qué importa si un juez es electo por voto popular si el sistema en el que opera sigue siendo un desastre? La verdadera reforma que México necesita no es la elección de jueces, sino un sistema de justicia que realmente funcione. Pero mientras el poder político siga concentrándose en un solo lugar, disfrazado de reformas democráticas, la justicia en México seguirá siendo una utopía inalcanzable.
Estamos atrapados en un laberinto sin salida, y mientras no encontremos el camino correcto, la justicia en México seguirá siendo un sueño lejano, una promesa incumplida que se desvanece en el horizonte.
En X @DEPACHECOS
ENTREVISTAS
Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.
“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.
Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.
Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.
LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO
P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?
Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.
P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.
P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.
P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.
P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.
P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.
P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.
P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.
P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?
Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.
P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.
P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?
La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.
P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?
Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.
¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?
“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.
He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.
ENTREVISTAS
Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

Por Francisco Junco //
El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.
“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.
UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA
Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.
Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.
Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.
La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.
UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE
La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.
La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.
Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.
UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE
Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.
Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.
Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.
UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA
Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.
Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.
La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.
UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN
El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.
Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.
Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.
ENTREVISTAS
Joaquín Sandoval, candidato a juez de distrito en materia civil: «Quiero acercar la justicia a la ciudadanía»

Por Diego Morales Heredia //
En la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, Joaquín Sandoval, candidato a Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 4 Judicial en Jalisco, busca transformar el Poder Judicial con una justicia más pronta, accesible y humana.
Abogado egresado de la Universidad Panamericana, con dos maestrías y una sólida trayectoria en el servicio público, Sandoval apuesta por perfiles independientes y éticos que prioricen a la ciudadanía sobre intereses externos. En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para un Poder Judicial que escuche, resuelva y recupere la confianza de los jaliscienses, en un momento clave para la democracia mexicana.
Experiencia y compromiso al servicio de la justicia
Con experiencia en materia civil y mercantil, Sandoval ha sido testigo de primera mano de las fallas del sistema judicial. “Como litigante, vi malos manejos en los juzgados. La reforma de 2024, que abrió la elección de jueces al voto popular, me motivó a participar para llevar mi conocimiento a un cargo donde pueda dar resultados reales”, afirma.
Su trayectoria en distintos niveles de gobierno y su formación académica lo han preparado para enfrentar los retos de un Poder Judicial percibido como distante. “Ser servidor público implica atender, orientar y resolver las necesidades de la gente, no solo cumplir trámites”, subraya.
Sandoval ha centrado su campaña en recorridos callejeros, llevando su mensaje directamente a los ciudadanos. “Salgo a informar cómo votar y por qué estas elecciones son cruciales. Los cargos duran nueve años, con posibilidad de reelección; la participación ciudadana definirá el futuro de la justicia”, explica.
Su propuesta principal es una justicia abierta, con espacios de diálogo que permitan a los ciudadanos, especialmente aquellos sin conocimientos legales, sentirse escuchados. “El ciudadano común enfrenta barreras para hablar con un juez. Los juzgadores no siempre ofrecen un trato digno. Quiero generar orientación y confianza, manteniendo la imparcialidad”, detalla.
El candidato también aboga por capacitar a los funcionarios judiciales en ética, inclusión y atención a grupos vulnerables. “La inclusión no debería ser un debate; todos merecen dignidad por ser personas. Como juez, impulsaré un trato humano y accesible”, asegura.
Sandoval ve en la elección judicial una oportunidad para cambiar la cultura de los juzgados, donde los expedientes suelen importar más que las historias humanas detrás de ellos.
Independencia judicial: Un compromiso innegociable
La independencia judicial es el pilar de la candidatura de Sandoval. “Nunca me he prestado a corruptelas. Mi historial es limpio, no tengo padrinos ni compromisos con partidos o grupos. Mi único compromiso es con la ciudadanía”, enfatiza.
Para garantizar transparencia, propone un comité de disciplina que supervise su actuación, con sanciones o destitución en caso de irregularidades. “Democratizar el Poder Judicial no es politizarlo, sino legitimarlo. La ciudadanía podrá exigir cuentas y sancionar faltas”, añade, respondiendo a críticas que temen una influencia partidista en la elección.
Sandoval reconoce el desconcierto ciudadano ante este proceso inédito. “La gente siente desconfianza y apatía porque nunca había votado por jueces. Mi tarea es informar y motivar”, dice.
Su campaña, sin grandes recursos, se basa en la convicción de servir. “Siempre he buscado ayudar sin esperar nada a cambio. Esta experiencia me enseña que, con ganas de trabajar, podemos cambiar percepciones”, reflexiona.
Defiende principios constitucionales como la dignidad, la igualdad y el enfoque pro-persona. “Elegiré siempre la norma que proteja a quien más sufre. La justicia debe velar por las personas, no por documentos”, insiste.
La elección judicial, asegura, es más importante que cualquier proceso previo. “Estos cargos definirán la justicia por casi una década. La participación es clave para renovar un sistema que ha perdido credibilidad”, explica.
Sandoval llama a los jaliscienses a informarse y votar, combatiendo la percepción de que el Poder Judicial es inaccesible o manipulable. “Popularizar la justicia no significa politizarla; es darle legitimidad y acercarla a la gente”, subraya.
Una justicia para los vulnerables y un llamado al voto
Sandoval se compromete a acercar la justicia a grupos vulnerables, eliminando las barreras que enfrentan al interactuar con los juzgados. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional, pero hoy está lejos del ciudadano. Cada persona trae una historia, y el Poder Judicial debe entenderlo”, afirma.
Critica la falta de empatía en los tribunales y propone espacios de orientación para que los ciudadanos se sientan defendidos. “Quiero que quien acuda a un juzgado sea atendido con respeto, no intimidado por tecnicismos legales”, añade.
El candidato también aborda las críticas que ven en la elección judicial un riesgo de politización. “Confiemos en la autonomía de los candidatos. Lo que garantizo es un ejercicio digno e independiente. Democratizar es empoderar a la ciudadanía para exigir justicia”, dice.
Su propuesta incluye capacitación constante en ética y perspectiva de género, asegurando que los funcionarios traten a todos con equidad. “No deberíamos discutir si capacitar en inclusión; es una obligación básica”, sentencia.
Para Sandoval, la elección del 1 de junio es una oportunidad histórica. “He trabajado incansablemente, recorriendo las calles para llevar mi mensaje. Estoy en el Distrito 4 Judicial, boleta amarilla, cuadro lila, número 18”, detalla. Su campaña, marcada por la cercanía, le ha dejado un aprendizaje: “La incertidumbre ciudadana es una oportunidad para conectar. Invito a todos a votar y ser parte de esta renovación”. Con un compromiso de justicia humana, Sandoval busca convencer a los jaliscienses de que un Poder Judicial accesible es posible, siempre que la ciudadanía se involucre en este momento decisivo.
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