NACIONALES
Eterna transición de la justicia mexicana: El laberinto de las reformas inconclusas
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El sistema legal mexicano es un laberinto de reformas sin terminar, promesas incumplidas y procesos estancados que han dejado a millones de ciudadanos en un limbo judicial interminable, un enredo de reformas que, en lugar de ofrecer soluciones, parecen perpetuar la inercia de un sistema que ya no funciona. Este laberinto, alimentado por promesas incumplidas y una burocracia torpe, ha dejado a los ciudadanos atrapados en un tránsito que parece no tener fin.
Para entender el tortuguismo del sistema legal mexicano, es necesario remontarse al año 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició una ambiciosa reforma del sistema penal. Se prometió una transformación completa de la justicia penal, pero la realidad fue mucho más amarga. Aunque la reforma nominalmente culminó en 2016 bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que apenas se ha avanzado en lo esencial.
Los jueces pueden haber cambiado sus togas y las salas de juicios orales se han erigido en algunos juzgados, pero las entrañas del sistema permanecen ancladas en el pasado. Las policías, los ministerios públicos y las fiscalías no han experimentado las transformaciones prometidas, y los servicios periciales, fundamentales para la impartición de justicia, siguen en un estado de abandono que sólo puede calificarse de brutal.
El caso de Armando, quien lleva una década en la cárcel de Puente Grande sin sentencia, es un testimonio escalofriante de este fracaso. Su proceso, iniciado en el antiguo sistema penal, se encuentra hoy perdido en la maraña burocrática, y ni el juez ni el ministerio público parecen dispuestos a actuar con la prontitud que la justicia requiere. Los días de Armando se consumen en la incertidumbre, víctimas de un sistema que se devora a sí mismo.
En medio de este desorden, se creó la Guardia Nacional, una institución que, lejos de resolver el problema de la seguridad, ha puesto un simple curita sobre una herida que sigue supurando. Los patrullajes disuasorios, que deberían ser una herramienta para prevenir el delito, se han convertido en una simulación que apenas sirve para tranquilizar a la opinión pública. Mientras tanto, las policías federales y locales han sido relegadas, bajo la errónea suposición de que la Guardia Nacional es capaz de resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero en realidad, lo que ha ocurrido es que no hay una policía primer respondiente eficiente, lo que deja un vacío que los delincuentes no han dejado de aprovechar.
La reforma del sistema mercantil, iniciada en 2017, representa un esfuerzo por modernizar un aspecto crucial de la justicia en México. Introdujo juicios orales, la caducidad en segunda instancia y la ejecución expedita de sentencias, entre otras medidas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, el proceso sigue plagado de desafíos, especialmente en la uniformidad de su implementación en todo el país. Muchos tribunales locales carecen de la infraestructura y la capacitación necesarias para operar de manera eficiente, lo que significa que la modernización sigue siendo más una aspiración que una realidad.
Y mientras el sistema mercantil lucha por modernizarse, otra reforma se suma a la lista: la reforma laboral, también de 2017. Esta reforma, que pretendía transformar profundamente la justicia laboral en México, ha enfrentado resistencias y obstáculos en su implementación. En Jalisco, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Local hacen todo lo posible por no concluir sus procesos, temerosos de perder su fuente de trabajo. El caso de un notificador que lleva más de un año sin poder cumplir con su tarea en Tlajomulco es sintomático de un sistema que se desmorona desde dentro. La construcción de la Ciudad Judicial en Jalisco no fue más que otro capítulo en la crónica de negocios turbios que han caracterizado a nuestra clase política.
Con la venia de los funcionarios estatales, se destinaron recursos de IPEJAL, los fondos de pensiones de los trabajadores, para levantar este monumento al despilfarro. Pero la historia no termina ahí. Los mismos funcionarios que autorizaron el uso de esos recursos ahora disfrutan del usufructo de los locales comerciales en el edificio, convertidos en empresarios gracias a su poder e influencia. Y como si esto no fuera suficiente para ilustrar el cinismo de nuestras autoridades, uno de los jueces laborales nombrado en esta misma Ciudad Judicial tiene una carpeta de investigación abierta por lesiones dolosas contra un familiar de la tercera edad.
Como si no bastara con las reformas inconclusas, el 12 de abril de 2023, el Senado de la República aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código, que establece un periodo de transición de cuatro años antes de entrar en vigor, promete uniformar los procedimientos, priorizar la oralidad y aprovechar las tecnologías de la información. Pero, al igual que con las reformas anteriores, los desafíos son enormes, y la promesa de una justicia más accesible y eficiente parece, de momento, una utopía lejana.
El panorama es desolador. El 80% de los litigios en México están en un proceso de tránsito hacia alguna parte, pero nadie parece saber hacia dónde. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, no ha cumplido con su deber de crear las leyes necesarias, y los presupuestos son insuficientes. Las administraciones, tanto locales como federales, han fracasado en reformar las policías, los ministerios públicos y los servicios periciales. En resumen, todo lo que se ha reformado anteriormente está abandonado.
La impunidad en México, que ronda el 94% según México Evalúa, es un reflejo de este abandono. La justicia en México se ha convertido en una promesa incumplida, un proyecto de reforma interminable que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en un sistema que simplemente no funciona.
Y mientras el país se ahoga en este mar de ineficiencia, las discusiones sobre la elección popular de jueces y magistrados son una distracción inútil. ¿Qué importa si un juez es electo por voto popular si el sistema en el que opera sigue siendo un desastre? La verdadera reforma que México necesita no es la elección de jueces, sino un sistema de justicia que realmente funcione. Pero mientras el poder político siga concentrándose en un solo lugar, disfrazado de reformas democráticas, la justicia en México seguirá siendo una utopía inalcanzable.
Estamos atrapados en un laberinto sin salida, y mientras no encontremos el camino correcto, la justicia en México seguirá siendo un sueño lejano, una promesa incumplida que se desvanece en el horizonte.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador
CIERTO O FALSO
“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”
ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR
“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”
LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST
FUEGO CRUZADO
“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
VOZ ALTA
Papa caliente: Notarios
José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.
JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.
Se vuelve crítico
La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.
DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.
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Agua para Tlajo
Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.
GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.
JALISCO
La transición del Poder Judicial
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.
Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.
El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.
Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.
El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.
La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.
Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.
Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
NACIONALES
El Plan México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.
Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.
El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.
El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.
En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.
Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.
Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.
Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.
En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.
En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.
La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.
Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.
El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.
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