NACIONALES
Guardia Nacional: La derrota en seguridad

Opinión, por Iván Arrazola //
Solo bastaron unos cuantos días para aprobar el modelo de seguridad que nos gobernará por los próximos 6 años, aunque posiblemente su permanencia se prolongue por más tiempo, sin que se avizore un cambio en la estrategia en el mediano plazo, el que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública en México, muestra el fracaso de la clase política en materia seguridad y condena a la ciudadanía a una estrategia en la que los derechos humanos no están garantizados.
Hoy la crisis en seguridad es evidente: los territorios en México viven la crudeza de la violencia, y los municipios están profundamente afectados. En este contexto llega la aprobación de la iniciativa para que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena, cerrando así un ciclo en el que, durante mucho tiempo se manejó la posibilidad de que el Ejército asumiera de manera provisional las funciones de seguridad.
Inicialmente, el oficialismo planteaba que la Guardia Nacional estaría al frente de las labores de seguridad hasta el 2024, después se hizo una reforma y se prolongó su presencia hasta el 2028. Con la aprobación de la iniciativa las labores de la Guardia Nacional serán permanentes y estarán a cargo de la Sedena.
Hablando del impacto de la Guardia Nacional, se puede decir que ha sido limitado. Con una estrategia poco clara, sus labores se han centrado en acciones disuasivas y reactivas. En zonas de violencia, la Guardia Nacional interviene para disuadir a los grupos criminales, pero una vez que la violencia disminuye, se desplazan a otras áreas en crisis. Esto deja a los estados y municipios, con estructuras de seguridad débiles, incapaces de enfrentar la situación por sí mismos. Como resultado, problemas como las extorsiones y el cobro de derecho de piso se han incrementado en el país.
Las extorsiones han aumentado de manera alarmante en el país. Durante el actual sexenio, las carpetas de investigación han crecido un 45% en comparación con el periodo anterior, según datos de la Coparmex y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Esto equivale a 31 casos de extorsión diarios. Sin embargo, debido a la naturaleza intimidatoria y peligrosa de los grupos criminales involucrados, solo se denuncian 4 de cada 100 delitos, por lo que la cifra negra es cercana al 96%.
El terror en las comunidades no se limita únicamente a las extorsiones; poblaciones enteras han sido desplazadas por la violencia, y sectores productivos clave, como el del limón y el aguacate, han denunciado los cobros ilegales que les exigen los grupos criminales para poder comercializar sus productos.
La justificación que las autoridades ofrecen para mantener la Guardia Nacional bajo control militar no solo es contradictoria, sino que también carece de suficiente evidencia para respaldar esta decisión. El presidente López Obrador argumenta que la Guardia Nacional debe estar en manos de militares para evitar que se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal. Además, afirma que la Guardia Nacional no ha cometido masacres y que cuenta con un amplio apoyo popular.
Sin embargo, el presidente parece no reconocer que el Estado mexicano ha perdido el control de vastos territorios. Delegar la seguridad pública al Ejército solo aumentará el riesgo de que las fuerzas castrenses no rindan cuentas por sus acciones, y que cualquier exceso sea juzgado por ellos mismos, de acuerdo con su normativa interna.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la seguridad en México no se ha militarizado, argumentando que, como comandante y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ella tiene el control. Sin embargo, este argumento es débil, ya que la administración pública tiene una estructura definida, en la que la presidenta delega funciones, dado que no puede supervisar directamente cada área de gobierno.
Tanto la Corte Interamericana como diversos organismos defensores de derechos humanos han señalado que militarizar la seguridad pública no es la estrategia más adecuada para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. En un país con tanta violencia, la ciudadanía tiene que combatir dos frentes: los grupos criminales y fuerzas de seguridad que actúan sin ningún tipo de control civil.
En los próximos años, al evaluar el modelo de seguridad que se está imponiendo en el país, será fundamental analizar sus consecuencias más allá de las intenciones iniciales. Un modelo centralizado, opaco e incapaz de rendir cuentas no beneficia a México.
Aunque el oficialismo insista en que el modelo funciona, y culpe a los adversarios y medios de resaltar solo los aspectos negativos, la realidad es que la ola de violencia y muerte es una responsabilidad compartida por todas las fuerzas políticas. Si las palabras bastaran para cambiar la realidad, sería suficiente; pero la estrategia omisa y fallida lamentablemente seguirá cobrando vidas.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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