NACIONALES
Iniciativa de Claudia Sheinbaum: Una deuda laboral en la era digital

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
A lo largo de la historia, el abuso y la explotación de la clase trabajadora han sido constantes. En las primeras décadas del siglo XIX, los obreros que alimentaban la Revolución Industrial enfrentaron condiciones laborales deplorables: largas jornadas, trabajo infantil, falta de derechos y seguridad laboral mínima.
Uno de los casos más emblemáticos fue la Rebelión de los Luditas en Inglaterra, un movimiento que estalló cuando los obreros, enfrentados a las duras condiciones impuestas por la industrialización, destruyeron las máquinas que percibían como símbolos de su miseria. Aunque estos obreros fueron castigados, la lucha por mejores condiciones laborales continuó y sentó las bases para las regulaciones laborales que hoy consideramos fundamentales. Sin embargo, más de dos siglos después, estamos viendo una nueva forma de explotación que nos recuerda esos días oscuros: los trabajadores de las plataformas digitales.
La semana pasada, Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa que podría cambiar el destino de cientos de miles de trabajadores en México, particularmente de aquellos que laboran para plataformas como Uber, Didi y Rappi. Esta iniciativa, que será enviada al Congreso, busca dotar de seguridad social y prestaciones a los choferes y repartidores que, hasta hoy, han sido marginados del sistema de protección laboral, enfrentando condiciones muy parecidas a las de los obreros de la Revolución Industrial, aunque en un contexto moderno.
Desde la llegada de la llamada «economía colaborativa», los trabajadores de plataformas digitales han sido engañados con el mantra de “ser tu propio jefe”, una falacia que esconde la precarización extrema de sus condiciones laborales. Si bien este esquema les promete libertad y autonomía, la realidad es que estos trabajadores no tienen ninguna de las garantías mínimas que deberían ofrecer las empresas que verdaderamente son sus empleadoras. Sin seguridad social, sin vacaciones, sin prestaciones y, lo más grave, sin respaldo alguno en caso de accidentes, estos trabajadores quedan a merced de un sistema que se beneficia de su precariedad.
Es importante recordar que esta no es una nueva lucha. Desde el gobierno anterior se planteó la necesidad de brindar seguridad social a los trabajadores de plataformas, una propuesta que fue ignorada, bloqueada y, en muchos casos, combatida por las propias empresas que alegaban que sus empleados no eran, en realidad, empleados. Lo irónico es que el mismo discurso que se utilizó hace más de 200 años para mantener a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud sigue vigente hoy, disfrazado bajo los avances tecnológicos y la retórica de la «innovación».
El argumento central de estas plataformas ha sido que sus conductores y repartidores son «independientes», que trabajan por su cuenta y, por lo tanto, no requieren las mismas protecciones que los empleados tradicionales. A pesar de ello, la realidad es que estas compañías imponen condiciones a sus trabajadores, determinan las tarifas y los penalizan si no cumplen con ciertas normas, lo que claramente los coloca en una relación de subordinación laboral. En otras palabras, estas empresas sí son empleadoras, y como tales, deben asumir las responsabilidades que esto conlleva.
Un ejemplo contundente que desmiente el discurso de las plataformas es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida en 2017. En dicho fallo, el tribunal determinó que Uber no es simplemente una intermediaria entre conductores y pasajeros, sino una empresa que presta servicios de transporte y, por ende, debe cumplir con las regulaciones laborales y fiscales de los países donde opera. Esta decisión fue un golpe para la narrativa que empresas como Uber han impulsado, y aunque en Europa se han comenzado a ver avances en la protección de los derechos de estos trabajadores, en México llevamos un sexenio de retraso.
Durante los últimos siete años, miles de repartidores y choferes han sido víctimas de accidentes de tránsito mientras trabajaban para estas plataformas. En la mayoría de los casos, las empresas simplemente han dado la espalda, argumentando que no son responsables de la seguridad o el bienestar de sus «socios conductores». Este vacío legal ha permitido que las plataformas se enriquezcan a costa de la vulnerabilidad de sus trabajadores, dejando a estos últimos desprotegidos y, en muchos casos, sin recursos para enfrentar las consecuencias de un accidente.
La iniciativa de Sheinbaum es, en este sentido, un paso decisivo para poner fin a esta injusticia. Proteger a los trabajadores de plataformas digitales no solo es una cuestión de equidad, sino de dignidad. Al dotarlos de seguridad social y prestaciones, el gobierno reconoce que estas empresas deben asumir su papel como empleadoras y dejar de evadir sus responsabilidades.
El modelo económico que estas plataformas defienden es insostenible desde el punto de vista ético y humano. No podemos seguir permitiendo que bajo el disfraz de la «innovación» se perpetúen formas de explotación que deberían haberse erradicado hace décadas. Las revoluciones tecnológicas no deben ser excusa para regresar a las condiciones laborales del siglo XIX, y mucho menos para evadir las obligaciones legales que las empresas tienen hacia sus empleados.
La firma de esta iniciativa por parte de Sheinbaum es solo el primer paso. El reto ahora será enfrentar a las transnacionales que, con el apoyo de poderosos grupos de interés, han bloqueado estos esfuerzos en el pasado. Con todo, la justicia laboral no puede esperar más. Los trabajadores de plataformas digitales merecen ser tratados con dignidad, y es hora de que el Estado cumpla con su obligación de protegerlos.
Así como la lucha de los obreros en el siglo XIX fue clave para establecer los derechos laborales que hoy consideramos irrenunciables —como la jornada de ocho horas, el derecho a un salario justo y las condiciones de trabajo seguras—, la protección de los derechos de los trabajadores de plataformas será un hito en la historia laboral del siglo XXI. Al final, lo que está en juego no es solo la supervivencia de un modelo de negocios o la rentabilidad de las plataformas, sino la justicia social y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en un contexto económico cambiante.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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