Opinión invitada, por Arnau Muriá //

A Don Manuel Gutiérrez de Velazco in memoriam

Visto lo mucho que se ha dicho al respecto de la Reforma Judicial que, de manera un tanto atropellada, está llevando a cabo la 4T, buscamos, aunque esta reforma presenta aspectos que nos parecen indefendibles como las “tómbolas” para elegir juzgadores, encontrar razones por las que pudiera funcionar.

Quizá el ejemplo más claro fue Francia tras su Revolución cuando, durante la transición del Ancien Régime, se codificaron las leyes y se estableció el positivismo jurídico, se barrió con una judicatura aristocrática y de criterios secretos y veleidosos, por una judicatura nueva, seguramente inexperta en un principio, obligada a aplicar a rajatabla la Ley, al punto que los profesores de la época p.e. Poithier decía que él no enseñaba Derecho sino Código de Napoleón. A esto se le llamó positivismo jurídico.

La tensión entre Ley como voluntad popular y la judicatura con criterios más o menos abstractos, no es nueva. Jueces que legislan desde el banquillo y hasta sientan precedentes obiter dictum, sobre cosas que ni siquiera forman parte de la litis, son comunes.

Durante años, el positivismo jurídico y los márgenes de interpretación judicial muy estrechos rigieron la actividad judicial en México. Sin embargo, se vinieron dando una serie de procesos en los que en la misma medida en la que las cúpulas del priismo se distanciaban de la base política del nacionalismo revolucionario, el sistema jurídico mexicano iba distanciándose de voluntad popular y fortaleciendo a la judicatura haciéndola más proactiva.

Este proceso se hizo particularmente evidente cuando Zedillo, al dar un golpe de timón Judicial equivalente al actual, posteriormente los aristocratizó salarialmente y comenzó un proceso en el que los criterios (muchas veces correctos pero muchas veces tecnicistas y hasta arcanos) comenzaron a pesar cada vez más que la Ley (teóricamente votada por todos), así comenzaba la novena época de la jurisprudencia mexicana.

Un primer síntoma, casi inofensivo en 1994, fue cuando se realizó la compilación de toda la jurisprudencia existente en unos discos conformando lo que se llamó el IUS y el disco fue presentado, por lo menos para Jalisco, en la Universidad Panamericana. Eso, que se tomó como una mera anécdota, unido a los demás nos demuestra el comienzo de la neoaristrocratización judicial. Hasta hace bien poco, la alianza se vería más que clara, con el acercamiento geográfico de los juzgados a las universidades de élite y los pactos académicos abiertos y cerrados entre Consejos, magistrados y Universidad Panamericana.

Ahora bien, nótese que fue un evento importante, tan es así que, hoy por hoy, casi siempre antes de dar una respuesta los abogados preferimos consultar el IUS que la propia Ley. Dándole así un mayor peso a los precedentes, por lo que para nada fue un momento anodino.

Posteriormente, cuando el Presidente Calderón, justo antes de dejar el cargo, impulsó una reforma Constitucional que establecía un bloque de constitucionalidad en el que todos los tratados de Derechos Humanos firmados por México pasaban a formar parte de la Constitución y además se establecía el control difuso de la constitucionalidad dando la capacidad de descalificar al legislativo (voto popular según nos dicen) no sólo a la Suprema Corte de Justicia a cualquier juzgador. Lo cual abre la puerta un nivel de activismo judicial sin precedentes en nuestro sistema y es ya un abierto derrumbe de nuestro sistema jurídico continental para que nuestro país pase a funcionar bajo una suerte de Common Law en el que el activismo judicial, creación y no interpretación jurídica y abierto soslayamiento de las leyes campean en el sistema jurídico.

Casi simultáneamente, en concordancia con una abierta intervención del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Universidad de San Diego, que obtuvo su contraparte mexicana en el CIDE, para oralizar primero los procedimientos penales y después todos los demás procesos en América Latina, se estableció el Código Federal de Procedimientos Penales primero, se realizaron reformas para dar paso a la oralidad en los procedimientos mercantiles y así se ha seguido. Recuérdese que el tema comenzó por poner de moda la oralidad mediante la película Presunto Culpable, auspiciada por el CIDE.

Finalmente, y como guinda de este pastel, la Suprema Corte de Justicia en 1921 abre la 11ª época de jurisprudencia en la que, la totalidad de las sentencias generan precedente, inclusive sus obiter dictum y en la que la presentación de la jurisprudencia mediante rubros y ratio decidendi cedió el paso la presentación al modo de case brief anglosajón de facts, holding and reasoning, llamándolos hechos, criterio jurídico y justificación. Es decir, otro paso hacia la anglificación de nuestro sistema jurídico continental.

Es por eso, que creo, que lo que está haciendo la 4T es revertir los efectos, a veces pernicios a veces no, de la anglificación sufrida por nuestro sistema jurídico durante los años de un excesivo servilismo jurídico. Si ahora se hace tabola rasa con el sistema y se crea una nueva judicatura, me parece que ésta será menos activista judicial y respetará más lo que nos dicen que es la voluntad popular mediante el legislativo.

Que a Francia le haya salido bien tras la revolución francesa- al punto que le permitió crear toda una tradición jurídica – nos hace pensar que pudiera no ir del todo mal-. Por lo que hace a lo atropellado de la reforma, entendemos que el Señor Presidente quiere, asumir el costo político de resolver este problema y dejarle un escollo menos a la Presidenta entrante.

Ciertamente, la reforma da vértigo, sin embargo, puede contribuir a una recuperación del derecho mexicano hacia su modo natural, sí tiene raisón d’être y sí puede (espero cruzando mis dedos) funcionar.

Por Diego Morales Heredia //

A seis años de distancia y a punto de finalizar el mandato de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, la Cuarta Transformación se quedó lejos de acercarse a movimientos históricos transformadores de la nación como la Independencia, la Reforma y la Revolución, es el resumen que se hizo en el programa de ConcienciaTV titulado: “El cambio de la 4T: el futuro de México en el sexenio”.

El invitado especial de la emisión fue Bernardo González Mora, destacado analista político, quien aseveró que López Obrador tiene un liderazgo indiscutible, ganado con el paso de los años de parte de un movimiento de izquierda, sin embargo, consideró que su proyecto de transformación del país se quedó corto y no se tocaron los temas de fondo, solo se dieron apoyos clientelares a los ciudadanos.

“Hay un liderazgo indiscutible, construido a través de muchos años, de Andrés Manuel López Obrador y otros intelectuales de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas es un factor importante para crear una fuerza política que se opusiera a las fuerzas políticas que habían dominado el país, como el PRI y el PAN. El gran ganador de este movimiento de izquierda ha sido López Obrador, pero hemos caído en una personalización de la fuerza política del país, concentrada en un hombre, que con todo respeto, no tiene una cultura política envidiable, es vengativo, que fue muy golpeado, efectivamente, su rabia no es gratuita, le robaron una presidencia con Felipe Calderón, con una visión crítica de lo que era el país, con cierta razón”.

Agregó: “El hecho de hablar de una Cuarta Transformación, más bien la personaliza, es una expresión de ego, de vanidad, más que un proyecto real, que no conocemos en todas sus partes. Lo que hemos vivido es la Independencia y la Reforma, la propia Revolución es el fortalecimiento de una república con un sentido social, con Juárez se expropiaron los bienes de la iglesia, ahí nacieron otros latifundios en el país, beneficiarios de esa repartición de la tierra. Con Porfirio Díaz, un hombre de orden y poder; en la visión de Madero, era una revolución de carácter político que obligó a un sentido social. El proceso de la Revolución, con todos sus defectos, estuvo alimentada de una ideología”.

En el mismo orden de ideas, González Mora cuestionó sobre qué pretende el proyecto de la 4T en un país como México, con una economía tan cercana con Estados Unidos.

“Ha habido desviaciones de gobiernos priistas y panistas, claro que los hubo, pero también hubo un proceso de transformación del país, se modificó la estructura social de México, se abatió el analfabetismo, gracias a la globalización se crearon empresas, hubo empleos, de ser una economía pseudo feudal, entramos a un proceso de industrialización. Este proceso genera otro tipo de estructura en las relaciones de producción y sociales. Surgen las clases medias, con posibilidades de vida mejores, la globalización es inevitable, somos una economía articulada con la de Estados Unidos”.

Subrayó: “¿Qué quiere transformar la 4T? el sistema económico, salirnos del proceso capitalista, crear una sociedad socialista, no hay un país así de modelo, la Unión Soviética fracasó, China está inserta en el proceso de globalización y es el segundo país más poderoso económicamente en este momento, su régimen político es el Partido Comunista de China, pero el proceso económico está insertado en el proceso de globalización. La gente que sigue a López Obrador no nos ha dicho en qué consiste este proyecto de Cuarta Transformación”.

De la misma manera, expuso que la atención a los pobres no ha sido en cuestión de humanismo sino en estrategia política, por lo cual en su análisis la Cuarta Transformación no permeó económica ni socialmente, solo en el fortalecimiento de los cuadros políticos del movimiento.

“Observo que no hay una vocación de atención a los pobres con humanismo, sino con estrategia política, dicho por López Obrador. Es una estrategia política ayudar a los pobres, de qué sirve que les estén dando dinero si la inflación no compensa el encarecimiento de la vida, los pobres no han mejorado, no ha mejorado el sistema de salud, no existen medicamentos, no están resolviendo el problema a los pobres. Para seguir conservando el poder, tienen una capacidad maquiavélica extraordinaria, conservando los espacios de poder, la oposición no tiene la imagen en la sociedad ni el prestigio, confianza, para competirle a López Obrador, no hay manera de que le ganen”.

Además: “No es factible modificar el modelo económico, no es posible revertir el desarrollo de las fuerzas productivas, no es posible revertir las relaciones de producción y sus articulaciones con el sistema económico mundial, no lo pueden modificar”.

FORTALECIMIENTO POLÍTICO

Con la narrativa de por el bien de todos primero los pobres, aunado a los programas sociales que maduraron con el paso del sexenio, la figura de López Obrador y la Cuarta Transformación se fortaleció políticamente, lo cual se vio reflejado en las urnas con el arrollador triunfo de Morena y sus aliados, es el gran logro de la 4T, así lo señaló el periodista y director general de Conciencia Pública, Gabriel Ibarra Bourjac.

“Hay una narrativa de primero los pobres, entendería que esto nos debería llevar a una redistribución de la riqueza. México ha tenido grandes cambios, pasamos del modelo rural al industrial, luego viene el modelo neoliberal que es la globalización que se acentúa, en el cual el gran producto más importante es el fortalecimiento de la clase media. Creo que, en el tema económico, esa síntesis es el mejor ejemplo. Este cambio se ha dado desde Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que impulsaron cambios económicos en el país, generando riqueza con el Tratado de Libre Comercio, en el contexto del nuevo orden mundial de las economías regionales ha generado mucho empleo, el aparato exportador creció, con mucha riqueza acentuada entre 50 o 100 personas, una crítica que se ha hecho al neoliberalismo”.

Añadió: “En ese pendiente ha crecido el discurso y la narrativa de López Obrador, impulsando una política social basada en programas clientelares, que han venido a palear la desigualdad que le modelo ha generado, cuando había pensiones de 4 mil pesos mensuales, ahorita con las reformas crecieron esas pensiones. Este modelo generó que los pobres aumentaran, sí creció la clase media pero la franja de pobres es muy grande. Finalmente, una transformación tiene que impactar a una nación, qué cambios ha ofrecido López Obrador, creo que ninguno, porque los grupos económicos, la oligarquía y la banca sigue siendo inhumana, explotadora”.

Sin cambios en la economía ni en la parte social, la conclusión que hizo Gabriel Ibarra Bourjac es que la Cuarta Transformación en su primera etapa se quedó lejos de consolidarse como un movimiento transformador histórico en el país, a espera de los resultados en el mandato de Claudia Sheinbaum en donde tendrán la mayoría en ambas cámaras.

“En estos 6 años, lo que hizo el gobierno de López Obrador fue fortalecerse políticamente con la narrativa de primero los pobres y los programas sociales. Si bien es cierto la inflación les mengua los 3 mil pesos mensuales, para esa gente es mucho dinero, por las condiciones que han vivido, esa es la gran fuerza que permite que esa expresión política, con ese genio político que tiene el presidente como estratega, lo lleva a que instrumente esos programas y la gente los valora, ahí la narrativa de la corrupción y la mafia del poder tiene sus efectos, pero en lo económico no ha habido ningún cambio, cómo harás una transformación si la economía es fundamental en los cambios de la sociedad”, puntualizó.

Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //

El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.

En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.

Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.

Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.

Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.

Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.

Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.

Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.

Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.

Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.

Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.

“Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.

En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.

En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.

Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.

La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.

Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…

Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza

Mercadólogo y analista político

@averduzcom