A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Sin lugar a duda, si hay algo innegable en nuestra sociedad, es la importancia que juegan los procesos electorales. En primera instancia, estos juegan un papel fundamental debido a que son la esencia de la democracia participativa que rige a nuestro sistema de participación ciudadana en el cual, el centro son las personas.

Por otro lado, estos son fundamentales para nuestra sociedad ya que sin importar las simpatías o las fobias que podamos tener y/o albergar, estos son, para bien o para mal, uno de los pocos momentos y espacios en los que los ciudadanos no solo tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de quienes aspiran a liderar el futuro de nuestro país, sino que también son el espacio idóneo para cuestionar, externar y formular preguntas de relevancia nacional y de interés público.

En ese contexto, a raíz de los dos primeros debates presidenciales, una de las preguntas que ha surgido con mucha fuerza entre la audiencia de esta fiesta electoral, es la relacionada a la necesidad de una reforma fiscal como el pilar de la lucha contra la desigualdad en nuestro país.

No obstante, si bien es cierto que la lucha contra la desigualdad es probablemente una de las deudas más grandes que tenemos como nación ya que esta atañe uno de los temas más sensibles de nuestro país como lo es la pobreza en todas sus expresiones, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la falta de acceso de muchas regiones del país a servicios públicos de vital importancia, tampoco podemos perder de vista que la necesidad de hablar de una reforma fiscal no solamente responde a un contexto nacional, sino que también responde a un contexto internacional.

Por esta razón, abordar un tema de esta naturaleza implica no solo estar a la altura de las necesidades de nuestro país, sino también, a la altura de un contexto global que día con día nos pone de frente nuevos retos y nuevas crisis tanto políticas, sanitarias y económicas.

En el caso económico, actualmente la economía global atraviesa por una etapa de desaceleración y mayor endeudamiento tanto público como privado, mismo que se agravó con mayor intensidad durante la pandemia, etapa de la historia de la humanidad en la que la brecha de desigualdad se amplió considerablemente.

En ese orden de ideas, nuestro país no está exento de las consecuencias de esa desaceleración, por ende, se requiere de acciones que logren dar impulso al crecimiento, pero que, al mismo tiempo, atiendan a las necesidades de la sociedad, es decir, impulsar cambios sustanciales con perspectiva social. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para lograr estos tan anhelados cambios sustanciales, se requiere de recursos.

Derivado de lo anterior, cobra relevancia que en los últimos años, la política fiscal en México ha sido poco efectiva para disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso. De hecho, de acuerdo con la OCDE, México reduce el índice de Gini (medida de concentración del ingreso que toma valores entre cero y uno) en 0.02 puntos en cuanto a la implementación de la política fiscal, lo que nos ubica como el país con menor incidencia fiscal dentro de dicha organización.

Por esta razón, es inconcuso que, en el contexto nacional y global actual, una reforma fiscal que eleve la progresividad de los impuestos y el gasto público es necesaria para reducir desigualdades y para propiciar un crecimiento económico más incluyente.

Al respecto, cobra relevancia lo postulado por el politólogo Herman Heller, quien señaló que el espacio fiscal constituye la capacidad del gobierno para proveer recursos financieros destinados a un propósito determinado sin comprometer la salud financiera del Estado, ni mucho menos, la estabilidad económica del país.

Y tomando en consideración el contexto actual de nuestro país, es necesario comenzar a destinar nuevos recursos a los siguientes sectores prioritarios: a) educación: para garantizar la educación superior gratuita y obligatoria e incrementar la cobertura educativa en todos los niveles; b) salud: para garantizar servicios médicos de calidad y acceso universal a estos servicios; c) seguridad: para ejercer con mayor eficiencia el uso de recursos para así obtener los resultados esperados del modelo de seguridad pública; d) seguridad hídrica: esto para garantizar un acceso universal real a este servicio de primera necesidad cuya ausencia en algunos hogares del país aumenta la brecha de desigualdad.

Como podemos observarlo, en el panorama actual de México la discusión sobre la reforma fiscal se erige como una necesidad apremiante, enraizada en las realidades económicas tanto a nivel nacional como global. La persistencia de desigualdades socioeconómicas clama por soluciones audaces y efectivas que solo una reforma fiscal integral puede proporcionar.

En esa tesitura, el corazón de esta reforma no solo yace en el incremento de la progresividad de los impuestos y el gasto público, sino también en su capacidad de redirigir los recursos hacia áreas críticas que impulsan el desarrollo humano y económico. La educación, la salud, la seguridad y la seguridad hídrica son pilares fundamentales que requieren inversión sostenida para construir una sociedad más justa y equitativa.

Al margen de lo anterior, la importancia de esta reforma va más allá de las cifras y los indicadores económicos. Se trata de un compromiso moral con las generaciones presentes y futuras. Una reforma fiscal bien diseñada y ejecutada no solo promueve un crecimiento económico inclusivo y sostenible, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar general.

Por lo tanto, la implementación de una reforma fiscal integral no puede ser postergada ni ignorada. Es una responsabilidad política ineludible, sí, pero también representa un imperativo moral. Es el camino hacia un futuro próspero y equitativo para todos los mexicanos, un futuro en el que las oportunidades no estén limitadas por la condición socioeconómica, sino que sean accesibles para cada individuo, sin importar su origen o circunstancias. Es hora de actuar con decisión y visión, para construir un México más justo, próspero y equitativo para todos.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El reloj ha empezado a correr en paralelo para dos realidades. Una en el país del norte y otro en nuestro país. El gobierno estadounidense le ha dado a la empresa ByteDance, dueña de TikTok, un plazo de 270 días para que sea vendida la aplicación o será prohibida en su territorio.

TikTok, es la versión internacional de Douyin, una aplicación diseñada específicamente para el mercado chino, que en su expansión internacional ya alcanza 800 millones de usuarios mensuales.

La razón esgrimida es la seguridad nacional, al sentir que los datos de los usuarios pudieran ser utilizados por el gobierno chino para influir y afectar los intereses del gobierno y de sus ciudadanos. La pregunta que surge es acerca de por qué solo prohibir el uso de TikTok y no el de las otras redes sociales que igualmente cuentan con datos personales de los usuarios, dirección, teléfonos, compras, páginas favoritas, preferencias comerciales y es fácil tener acceso a ellos, no solo en el país del usuario sino desde cualquier parte.

No es un incidente aislado esta presión sobre una empresa china; ya anteriormente la empresa Huawei fue imputada por 13 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, defraudar a EUA y blanqueo de capitales. Desde entonces la relación entre la empresa y el gobierno es tensa y el tema es importante en las relaciones bilaterales, por lo que el caso TikTok solo agrega un tanto en la ya de por sí ríspida relación bilateral entre los dos países.

Es en esta tensa relación en la que debe entenderse esta decisión en la que la libertad de expresión es un daño colateral en la disputa comercial que los dos países tienen. Según un estudio del congreso estadounidense, sus empresas enfrentan barreras comerciales, prácticas desleales y falta de reciprocidad en áreas clave, así que no debe extrañar que a las empresas chinas les quieran aplicar una sopa de su propio chocolate, con la diferencia de que aquí 170 millones de usuarios pueden protestar y responderle a su gobierno por clausurarles una opción de expresión, lo que difícilmente sucederá en el país asiático.

El tic tac del reloj no solo opera para este caso que habrá de tomar vuelo en el ambiente electoral en que se desenvuelve el país vecino. Aquí en el nuestro, parece afectar gravemente al gobierno nacional empeñado en sacar adelante la campaña electoral de su candidata oficial. El tiempo vuela y las grandes obras no están terminadas y si a medias están funcionando como el AIFA o el Tren Maya, no arrojan buenos resultados. Ante la falta de ellos y el fracaso de las políticas (¿) de salud, educación, cultura, investigación tecnológica, infraestructura productiva, etc., al gobierno le corre prisa por reforzar las percepciones que con falacias mantuvo durante todo el sexenio

Se nota alguna desesperación, pues no se explica de otra forma el aprobar al vapor la creación de un fondo para las pensiones del bienestar, sin que exista el instituto que lo habrá de administrar ni las reglas con que habrá de operar. Ni tampoco se explica la urgencia del presidente para que le depositen el dinero de las AFORES perteneciente a los mayores de 70 años.

Tampoco se explica el coartar el derecho de amparo de los particulares ante las muy probables decisiones autoritarias del gobierno. El tiempo en que se promueve, cuando el presidente más autoritario que hemos tenido ya se va, implica que su probable sucesora comparte la necesidad de la reforma y confirma que su gobierno habrá de seguir la misma ruta autoritaria y caprichosa con la que deciden las obras y políticas gubernamentales, sin importar el derecho o la opinión de los ciudadanos que pudieran resultar agraviados.

No son buenos augurios para el país, el que un grupo sectario, ideologizado, esté orientando y aumentando el gasto gubernamental precisamente en año electoral, para tratar de asegurar una clientela cautiva a través del crecimiento desordenado de los programas sociales, o el aparente crecimiento del ingreso por aumentos salariales y subsidios fiscales. Mucho menos porque con ello pretenden consolidar mayorías dependientes del apoyo gubernamental, mismo que llega etiquetado por los servidores de la nación con el rostro y nombre del benefactor.

Si a usted, usuario de TikTok, le parece que el gobierno del país vecino del norte está cometiendo un abuso en contra de las libertades, aduciendo seguridad nacional solo por proteger intereses comerciales, qué puede pensar de un gobierno que no duda en abrir investigaciones a opositores, o que secuestra a un obispo para sembrarle drogas y estimulantes además de destruir su reputación, por haber cometido el pecado de develar la mala actuación del gobierno ante la inseguridad. O que amparado en la seguridad nacional oculta el ejercicio y aplicación de miles de millones de pesos. El tic tac suena en el reloj que anuncia la víspera del trueno.

Opinión, por Iván Arrazola //

No hay estrategia más eficaz en los tiempos de la posverdad cuando se trata de desviar la atención o deslindar responsabilidades, que cuestionar la credibilidad del que trae las malas noticias, del que revela las corruptelas o las ineficacias del sistema, es mejor para el gobernante salir a cuestionar al que informa, que rendir cuentas por lo que se oculta o lo que no hace bien.

Esta semana quedó claro que a López Obrador no le importa si se trata de mujeres que defienden causas sociales, como la desaparición de un hijo, o de académicas que realizan una labor fundamental como es denunciar los fenómenos de corrupción, si se trata de conservar el poder se puede hacer lo que sea.

No debe de extrañar que el presidente se sienta profundamente enojado por el caso en el que se vio involucrado uno de sus hijos, el tristemente célebre caso de la “Casa Gris” que fue realizado por MCCI.

Día con día los hechos le demuestran a López Obrador que la realidad que pinta en la mañaneras, en la que habla de un país en el que ya no hay corrupción y en el que disminuyó el número de personas desaparecidas, no son más que simple ficción.

La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, fue linchada públicamente en la mañanera por el presidente, después de que la activista denunció la existencia de un presunto crematorio clandestino en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac en la Ciudad de México, el presidente señaló que la activista forma parte del bloque conservador y que lucra con el dolor de madres con hijos desaparecidos.

Todo esto después de que el fiscal interino de la CDMX, Ulises Lara, quien obtuvo su título universitario en derecho en unos cuantos días, señaló que los restos que encontraron en el crematorio son de origen animal.

Esta situación fue aprovechada por el presidente para sacar raja política y atacar directamente la credibilidad de la activista a la que López Obrador se ha negado a recibir en reiteradas ocasiones. Si se trata de lucrar con el dolor humano López Obrador es el experto, lo hizo con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, caso en el que el presidente quedó a deber con sus promesas de encontrar a los estudiantes, lo que provocó la movilización de los padres ante la falta de resultados en las investigaciones.