NACIONALES
Las celebraciones por el 107 aniversario de la Constitución: Iniciativas de reforma, latigazo político electoral
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El 107 aniversario de la Constitución Federal de 1917, registró muchas celebraciones, pero las estelares fueron: la que se llevó a cabo en Querétaro y la que presidió en la ciudad de México, el primer mandatario de la República.
En el acto realizado en el teatro de la república queretano, donde se debatió y aprobó nuestra ley de leyes, la secretaria de Gobernación afirmó que las iniciativas para modificar la Carta Magna buscan reencausar el sentido social que se le impuso por el Constituyente de 1916-17, puesto que, en el camino hasta la fecha, especialmente en la etapa del neoliberalismo (desde Miguel de la Madrid hasta 2018) se habían desvirtuado. La joven funcionaria -María Luisa Alcalde- citó muy pertinentemente una frase del diputado Francisco Zarco, que en mucho explica la lejanía del poder judicial en relación con el pueblo y su cometido de aplicar la ley: “la impartición de justicia ha sido propiedad de los sabios con título”.
En su turno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presente -Alberto Pérez Dayán- por delegación que le hizo la presidenta de la Corte (Norma Lucía Piña Hernández) por cierto muy criticado tras su indebida y apresurada actuación para invalidar la Ley Eléctrica (el pasado último de enero) norma general de suma importancia para México, con solo dos votos (él sufragó dos veces), en vez de haberlo hecho en el pleno de la SCJN o al menos haber llamado a otro ministro para completar la sala, que funcionó con cuatro, por excusa de uno.
Con su voto repetido, inclinó el asunto a favor de las grandes empresas que lo promovieron, en detrimento de la autonomía energética de la república. Decíamos que, en su oportunidad de hablar, este abogado afirmó, citando al constituyente jalisciense Paulino Machorro: “…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto”, en lo cual tiene razón, pero lo que deben entender es que son parte del Estado mexicano, a nombre del cual administrarán una justicia pronta, expedita y de esencial función social, aspectos que no cumplen la mayoría de los miembros de la Corte.
Sobre ello, admitiendo a verdad de que nada ni nadie está por encima de la Constitución, los ministros deben ceñirse estrictamente a tal principio, lo cual no es cierto, pues se desempeñan soberbiamente sobre la Carta Magna, por ejemplo al conocer ramos que tienen vedados (como leyes electorales), autorizar funciones contra la ley (como en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que acordaron actúe su pleno con 4 integrantes, uno menos de los 5 prevenidos legalmente) o invalidando normas por meras cuestiones de trámite procesal, suplantando al poder Legislativo; y para no alargar la lista, al no obedecer el articulo 127 sobre su sueldo (ingresos) que debe ser menor al del presidente del país, pero se despachan con la cuchara gorda al obtener impúdicamente, hasta 4 veces más.
Para terminar el comentario sobre este “super ministro”, citamos su enunciado de que siendo tres los poderes constitucionales, todos son igualmente de origen democrático. Esto es plenamente discutible, pues a ellos -los miembros de la SCJN-, no los elige la ciudadanía, como sucedía en las constituciones de 1824 y 1857, sino que por una fórmula tramposa de los presidentes después de Carranza, inventaron la que esencialmente da el papel de forjador de ministros, al senado y al primer magistrado de la nación. Y eso, será trámite constitucional, pero en sustancia, no es democrático, y mucho menos las sentencias que emiten los señores jueces de cualesquiera jerarquías, como sostiene este prepotente jurisconsulto, quien encaja en la expresión del admirado Francisco Zarco: “sabio con título”.
Aun cuando las reformas previas al texto supremo se deben evaluar en el contexto histórico en que se le incorporan, las iniciativas que presentó el actual Presidente, se distinguen porque podrán ser debatidas profundamente, lo cual no se hacía en las ocasiones anteriores, cuando la voluntad del mandamás nacional en turno y la incondicionalidad del partido tricolor, permitían con suma facilidad alterar la Constitución. Como afirma la abogada, analista sociopolítica y maestra, Vanesa Romero Rocha: de las 20 iniciativas, tenemos dos grupos, las controversiales y las negociables.
En efecto, la del grupo inicial, son las que implican cambios a la estructura del Estado, como transformar profundamente al poder judicial, adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la supresión de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la reforma eléctrica; en consecuencia, serán de materia de sesudos estudios y crudas discusiones. Enseguida vendrían las iniciativas negociables, que implican ampliación de derechos o beneficios para los mexicanos, como otorgar pensión a personas mayores de 65 años (ahora es obligatorio a partir de los 68, aunque López Obrador acordó incluir a los de 65 o más años), a los discapacitados, becas a los estudiantes, y algunos programas como sembrando vida, o de apoyo a jóvenes aprendices, etc. Aquí se engloban también los derechos de nuestros pueblos originarios, y algo muy trascendente, el garantizar que el salario mínimo siempre sea arriba de la inflación, a la vez que médicos, enfermeras, maestros, soldados, policías, etc., gocen de un ingreso igual al del término medio de los afiliados al IMSS (poco más de 16 mil pesos mensuales), lo que es justísimo e inaplazable que se alcance.
Al meditar sobre las propuestas antedichas, tal como afirmó la analista mencionada y ratifican muchos comentaristas, no cabe duda de que el mandatario saliente, hizo una jugada maestra, pues especialmente con el segundo grupo de iniciativas, si la oposición no las aprueba, casi casi se hará un “harakiri” electoral. Ya sabemos que esa práctica nipona, es un suicidio consistente en autodestruirse las entrañas.
Quizás por lo anterior, políticos avezados como el panista Damián Zepeda Vidales, declararon que todas las propuestas reformatorias, deben estudiarse cuidadosamente, y las que salvaguarden derechos o beneficien a las personas, se les deberá apoyar. Las demás se podrán discutir, buscar adecuaciones o si se quiere, rechazar, pero bien fundamentadas esas denegaciones.
Esa adecuada actitud de un destacado antagonista del gobierno, debiera ser el sistema que las oposiciones asuman, y no simplemente la de reprobar todo lo que emane de Palacio Nacional o del lopezobradorismo, tal como se han venido manifestando con su entrampado bloqueo legislativo, los guías del prianismo (que congloba al alicaído perredismo).
De continuar en esta actitud de censura total, estos adversarios de la Cuatro T, no solo incumplen su obligación de trabajar por México, sino que conspiran contra sus propios futuros, pues indudablemente, la ciudadanía lo tomará en cuenta para cuando emita su voto el 2 de junio. Y todo mundo estamos conscientes de la caída tremenda que han sufrido por su orden, el panismo, los tricolores y los del sol azteca: los primeros, que ya solo gobiernan en cinco entidades federativas, los segundos (o sea, los ahora seudo revolucionarios del PRI) porque de plano están de capa caída (tienen dos entidades por coalición) y los perredistas, que sin mayores ambages, están a punto de perder su registro.
Así pues, este paquete de iniciativas lanzadas el reciente aniversario de la Constitución, son un verdadero latigazo con repercusiones de diversa índole, ya que el tema está a flor de labio en la república entera, y en cuanto a los efectos, son de matices no solo sociales, políticos y jurídicos, sino que por el momento que vivimos, de incidencia espaciosa en el renglón electoral, cuya fecha cumbre será el no tan lejano dos de junio.
JALISCO
Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador
CIERTO O FALSO
“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”
ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR
“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”
LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST
FUEGO CRUZADO
“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
VOZ ALTA
Papa caliente: Notarios
José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.
JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.
Se vuelve crítico
La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.
DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.
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Agua para Tlajo
Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.
GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.
JALISCO
La transición del Poder Judicial
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.
Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.
El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.
Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.
El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.
La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.
Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.
Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
NACIONALES
El Plan México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.
Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.
El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.
El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.
En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.
Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.
Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.
Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.
En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.
En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.
La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.
Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.
El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.
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