NACIONALES
Las celebraciones por el 107 aniversario de la Constitución: Iniciativas de reforma, latigazo político electoral

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El 107 aniversario de la Constitución Federal de 1917, registró muchas celebraciones, pero las estelares fueron: la que se llevó a cabo en Querétaro y la que presidió en la ciudad de México, el primer mandatario de la República.
En el acto realizado en el teatro de la república queretano, donde se debatió y aprobó nuestra ley de leyes, la secretaria de Gobernación afirmó que las iniciativas para modificar la Carta Magna buscan reencausar el sentido social que se le impuso por el Constituyente de 1916-17, puesto que, en el camino hasta la fecha, especialmente en la etapa del neoliberalismo (desde Miguel de la Madrid hasta 2018) se habían desvirtuado. La joven funcionaria -María Luisa Alcalde- citó muy pertinentemente una frase del diputado Francisco Zarco, que en mucho explica la lejanía del poder judicial en relación con el pueblo y su cometido de aplicar la ley: “la impartición de justicia ha sido propiedad de los sabios con título”.
En su turno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presente -Alberto Pérez Dayán- por delegación que le hizo la presidenta de la Corte (Norma Lucía Piña Hernández) por cierto muy criticado tras su indebida y apresurada actuación para invalidar la Ley Eléctrica (el pasado último de enero) norma general de suma importancia para México, con solo dos votos (él sufragó dos veces), en vez de haberlo hecho en el pleno de la SCJN o al menos haber llamado a otro ministro para completar la sala, que funcionó con cuatro, por excusa de uno.
Con su voto repetido, inclinó el asunto a favor de las grandes empresas que lo promovieron, en detrimento de la autonomía energética de la república. Decíamos que, en su oportunidad de hablar, este abogado afirmó, citando al constituyente jalisciense Paulino Machorro: “…el magistrado no es igual al diputado o al senador: el magistrado es radicalmente distinto”, en lo cual tiene razón, pero lo que deben entender es que son parte del Estado mexicano, a nombre del cual administrarán una justicia pronta, expedita y de esencial función social, aspectos que no cumplen la mayoría de los miembros de la Corte.
Sobre ello, admitiendo a verdad de que nada ni nadie está por encima de la Constitución, los ministros deben ceñirse estrictamente a tal principio, lo cual no es cierto, pues se desempeñan soberbiamente sobre la Carta Magna, por ejemplo al conocer ramos que tienen vedados (como leyes electorales), autorizar funciones contra la ley (como en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que acordaron actúe su pleno con 4 integrantes, uno menos de los 5 prevenidos legalmente) o invalidando normas por meras cuestiones de trámite procesal, suplantando al poder Legislativo; y para no alargar la lista, al no obedecer el articulo 127 sobre su sueldo (ingresos) que debe ser menor al del presidente del país, pero se despachan con la cuchara gorda al obtener impúdicamente, hasta 4 veces más.
Para terminar el comentario sobre este “super ministro”, citamos su enunciado de que siendo tres los poderes constitucionales, todos son igualmente de origen democrático. Esto es plenamente discutible, pues a ellos -los miembros de la SCJN-, no los elige la ciudadanía, como sucedía en las constituciones de 1824 y 1857, sino que por una fórmula tramposa de los presidentes después de Carranza, inventaron la que esencialmente da el papel de forjador de ministros, al senado y al primer magistrado de la nación. Y eso, será trámite constitucional, pero en sustancia, no es democrático, y mucho menos las sentencias que emiten los señores jueces de cualesquiera jerarquías, como sostiene este prepotente jurisconsulto, quien encaja en la expresión del admirado Francisco Zarco: “sabio con título”.
Aun cuando las reformas previas al texto supremo se deben evaluar en el contexto histórico en que se le incorporan, las iniciativas que presentó el actual Presidente, se distinguen porque podrán ser debatidas profundamente, lo cual no se hacía en las ocasiones anteriores, cuando la voluntad del mandamás nacional en turno y la incondicionalidad del partido tricolor, permitían con suma facilidad alterar la Constitución. Como afirma la abogada, analista sociopolítica y maestra, Vanesa Romero Rocha: de las 20 iniciativas, tenemos dos grupos, las controversiales y las negociables.
En efecto, la del grupo inicial, son las que implican cambios a la estructura del Estado, como transformar profundamente al poder judicial, adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), la supresión de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la reforma eléctrica; en consecuencia, serán de materia de sesudos estudios y crudas discusiones. Enseguida vendrían las iniciativas negociables, que implican ampliación de derechos o beneficios para los mexicanos, como otorgar pensión a personas mayores de 65 años (ahora es obligatorio a partir de los 68, aunque López Obrador acordó incluir a los de 65 o más años), a los discapacitados, becas a los estudiantes, y algunos programas como sembrando vida, o de apoyo a jóvenes aprendices, etc. Aquí se engloban también los derechos de nuestros pueblos originarios, y algo muy trascendente, el garantizar que el salario mínimo siempre sea arriba de la inflación, a la vez que médicos, enfermeras, maestros, soldados, policías, etc., gocen de un ingreso igual al del término medio de los afiliados al IMSS (poco más de 16 mil pesos mensuales), lo que es justísimo e inaplazable que se alcance.
Al meditar sobre las propuestas antedichas, tal como afirmó la analista mencionada y ratifican muchos comentaristas, no cabe duda de que el mandatario saliente, hizo una jugada maestra, pues especialmente con el segundo grupo de iniciativas, si la oposición no las aprueba, casi casi se hará un “harakiri” electoral. Ya sabemos que esa práctica nipona, es un suicidio consistente en autodestruirse las entrañas.
Quizás por lo anterior, políticos avezados como el panista Damián Zepeda Vidales, declararon que todas las propuestas reformatorias, deben estudiarse cuidadosamente, y las que salvaguarden derechos o beneficien a las personas, se les deberá apoyar. Las demás se podrán discutir, buscar adecuaciones o si se quiere, rechazar, pero bien fundamentadas esas denegaciones.
Esa adecuada actitud de un destacado antagonista del gobierno, debiera ser el sistema que las oposiciones asuman, y no simplemente la de reprobar todo lo que emane de Palacio Nacional o del lopezobradorismo, tal como se han venido manifestando con su entrampado bloqueo legislativo, los guías del prianismo (que congloba al alicaído perredismo).
De continuar en esta actitud de censura total, estos adversarios de la Cuatro T, no solo incumplen su obligación de trabajar por México, sino que conspiran contra sus propios futuros, pues indudablemente, la ciudadanía lo tomará en cuenta para cuando emita su voto el 2 de junio. Y todo mundo estamos conscientes de la caída tremenda que han sufrido por su orden, el panismo, los tricolores y los del sol azteca: los primeros, que ya solo gobiernan en cinco entidades federativas, los segundos (o sea, los ahora seudo revolucionarios del PRI) porque de plano están de capa caída (tienen dos entidades por coalición) y los perredistas, que sin mayores ambages, están a punto de perder su registro.
Así pues, este paquete de iniciativas lanzadas el reciente aniversario de la Constitución, son un verdadero latigazo con repercusiones de diversa índole, ya que el tema está a flor de labio en la república entera, y en cuanto a los efectos, son de matices no solo sociales, políticos y jurídicos, sino que por el momento que vivimos, de incidencia espaciosa en el renglón electoral, cuya fecha cumbre será el no tan lejano dos de junio.
ENTREVISTAS
«Erradicaré la corrupción para transformar el Poder Judicial»: César Mario Gutiérrez

Por Diego Morales Heredia //
Motivado por experiencias personales de corrupción en el Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone erradicar este problema mediante tecnología y menos burocracia.
Así lo expresó en el panel “Retos y desafíos de los juzgadores ante la reforma judicial”, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
“La corrupción que sufrí me impulsa a transformar el Poder Judicial”, afirmó Gutiérrez Priego ante estudiantes del CUCSH Belenes. “Propongo una Corte de puertas abiertas, con asesorías en todo el país, que simplifique procesos saturados por formalismos. El sistema adversarial perdió su esencia al ignorar el jurado y volverse excesivamente legalista. Con denuncias ciudadanas y tecnología, acabaremos con la impunidad.”
Su campaña se centra en principios claros: eliminar formalismos, reducir burocracia y usar herramientas tecnológicas para agilizar procesos y dar voz a los ciudadanos que buscan justicia. “El Poder Judicial fomenta procesos largos que alimentan la corrupción”, señaló. “Si gano, regresaré a las comunidades que visité para escuchar sus propuestas, incluso si no son competencia de un ministro, y me comprometo a representar a quienes enfrentan injusticias.”
Nuestro personaje de hoy propone combatir la corrupción con tecnología, juzgados especializados en temas militares e indígenas, y mayor involucramiento de la SCJN en denuncias de derechos humanos, visitando comunidades afectadas.
TERMINAR CON EL SISTEMA DE CASTAS
Para el candidato a ministro de la Corte la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994 marcó el inicio de un sistema de castas en el Poder Judicial, donde la corrupción se normalizó, alejando la justicia de los ciudadanos.
“El Poder Judicial era el menos democrático de los poderes, un ‘patito feo’ que Zedillo transformó al cambiar sus reglas y nombrar nuevos jueces, magistrados y ministros”, afirmó. “Desde entonces, la corrupción institucional se arraigó, volviéndose tan común que la justificamos. He sido testigo de estas injusticias, y mi compromiso es revertir este sistema elitista que traiciona a la ciudadanía.”
“La corrupción creó un sistema de castas en el Poder Judicial, donde los ministros eran designados por acuerdos políticos, no por méritos”, afirmó Gutiérrez Priego. “Los ciudadanos enfrentamos malos tratos, corrupción y resoluciones tardías, lejos de la justicia gratuita y expedita prometida. Por eso, la reforma y el Plan C buscan desmantelar este sistema elitista que traiciona incluso a jueces y magistrados.”
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL NUEVO MODELO
Al ser cuestionado sobre cómo garantizar la independencia judicial en el nuevo modelo del Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego afirmó que su autonomía deriva de no tener padrinos políticos ni deudas con nadie, respondiendo únicamente al pueblo de México.
“Como ministro, mi lealtad será con los ciudadanos, no con presidentes ni políticos que busquen favores”, aseguró. “Eso legitima el cargo por doce años. Debemos ser cercanos, con políticas abiertas, y priorizar el fondo sobre formalismos. Los ministros actuales, timoratos y politizados, evaden compromisos. Cuando el pueblo nos necesita, tenemos que responder con resoluciones valientes.”
El aspirante a ministro de la Corte, destacó que la reforma judicial fortalecerá la carrera judicial, permitiendo a los jóvenes acceder a cargos en el Poder Judicial por mérito, no por conexiones. “El nuevo sistema elimina padrinazgos”, afirmó. “Con convocatorias abiertas, exámenes transparentes y la tómbola, cualquier meritorio puede aspirar a un puesto, una oportunidad antes negada pese a aprobar oposiciones.”
Sobre la relación con la ciudadanía, señaló: “El Poder Judicial ha sido lejano, temiendo que el contacto con la sociedad genere conflictos. Yo propongo cercanía: escuchar a las personas, aplicar la ley con empatía y resolver casos mediante mediación, haciendo la justicia más humana y accesible.”
César Mario Gutiérrez Priego explicó cómo garantizaría la imparcialidad como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es electo el 1 de junio.
“La reforma transforma el Poder Judicial: la SCJN sigue siendo el máximo tribunal, pero el Tribunal de Disciplina Judicial permitirá sancionar resoluciones injustas de inmediato”, afirmó. “También se castigarán quejas infundadas, y un código de ética obligatorio para abogados evitará artimañas que prolongan procesos, asegurando una justicia imparcial y eficiente.”
“YA NO LE VEN LA CARA A LA GENTE”
El expositor abordó ante los estudiantes del CUCSH Belenes el riesgo de politización del Poder Judicial, afirmando que su actual influencia política requiere una reestructuración profunda para garantizar la imparcialidad de los juzgadores.
“El Poder Judicial está politizado”, denunció. “No es normal que la presidenta de la SCJN se reúna en secreto con líderes de oposición para tratar asuntos ocultos; eso es un acto político. Los jueces no debemos ser políticos. Soy de izquierda, pero mi deber es aplicar la Constitución, no emitir opiniones personales. Si alguien debe pagar, pagará; si no, lo diré públicamente. La ley debe prevalecer sobre ideologías.”
“Ser ministro exige valentía, claridad, conocimientos jurídicos y moralidad”, afirmó César Mario Gutiérrez Priego. “Priorizar formalismos sobre el fondo perpetúa las resoluciones injustas. Algunos defienden a figuras como Norma Piña para mantener el statu quo y sus privilegios, pero yo no temo desafiarlo.”
De la misma forma subrayó que los ciudadanos, frustrados por la corrupción y la ineficiencia del Poder Judicial, pueden transformar el sistema mediante la elección directa de ministros el 1 de junio, votando por quienes representen una justicia verdadera.
“La reforma judicial abrirá el camino para que los jóvenes se conviertan en jueces, magistrados y ministros, forjando un Poder Judicial renovado”, expuso el conferencista. “A quienes critican mi falta de experiencia como juzgador, les digo: mejor así, pues estamos reemplazando a quienes fallan. Los ciudadanos, hartos de corrupción y lejanía en los juzgados, ya no creen en un sistema que se dice impoluto. Esta reforma responde a su exigencia de justicia verdadera.”
ENTREVISTAS
Alma Nohemí Osorio: Candidata a magistrada federal en materia civil

Por Francisco Junco //
“Garantizar que cada persona reciba lo que le corresponde, con un profundo respeto a los derechos humanos, sin distinción de género”, afirmó Alma Nohemí Osorio Rojas, candidata a magistrada federal en materia civil del Tercer Circuito en Jalisco.
Esta es la esencia de su visión sobre la justicia en México. Con la elección nacional de jueces y magistrados por voto popular programada para el 1 de junio, Osorio compartió en una entrevista con Conciencia Pública su perspectiva sobre impartir justicia con practicidad, humanidad y rigor técnico.
Actualmente, como secretaria en funciones de magistrada en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, Osorio reflexionó sobre sus 33 años de carrera judicial. “Para mí, la justicia es asignar a cada persona lo que le pertenece, considerando sus circunstancias particulares y priorizando los derechos humanos. Esa es la lección de décadas de experiencia”, aseguró. Su candidatura busca fortalecer un Poder Judicial que no solo aplique la ley, sino que responda a las necesidades sociales con sensibilidad y equidad.
UN PODER JUDICIAL CERCANO A LA CIUDADANÍA
Con la reforma judicial que permite la elección de jueces por voto popular, Osorio se propone desmitificar el rol de los magistrados civiles. “En materia civil, no resolvemos disputas entre particulares, sino que revisamos si una autoridad actuó arbitrariamente contra un ciudadano”, explicó. Su trabajo abarca conflictos cotidianos como herencias, contratos, propiedad, familia y responsabilidad civil. Comunicándose con claridad, busca hacer la justicia comprensible y accesible, conectando al Poder Judicial con la sociedad.
Osorio utiliza redes sociales, especialmente su página de Facebook (@AlmaOsorioCandidata), para explicar conceptos de derecho civil en términos sencillos. “Nuestro trabajo aborda conflictos que transforman vidas, desde disputas familiares por herencias hasta reparaciones por daños. Garantizamos que se respeten los derechos y se cumpla la ley con justicia y equidad”, afirmó. Su misión es tender puentes entre el Poder Judicial y los ciudadanos, aclarando qué hace una magistrada, cómo se resuelven los casos y su impacto en la vida diaria.
UNA SÓLIDA TRAYECTORIA JUDICIAL
Los 33 años de servicio público de Osorio comenzaron como agente del Ministerio Público en Mazatlán, Sinaloa, durante una década. Desde 2003, forma parte del Poder Judicial de la Federación, con 22 años como secretaria proyectista, elaborando proyectos de sentencia para magistrados. Su carrera abarca diversos roles, incluyendo tres años en un juzgado mixto en Acapulco, Guerrero, manejando procesos penales federales, y desde 2006 en Guadalajara, iniciando en un juzgado de distrito en materia administrativa.
En Jalisco, Osorio ha forjado una destacada trayectoria, colaborando con distintos titulares en un juzgado de distrito en materia civil y en un tribunal colegiado auxiliar de competencia mixta, resolviendo recursos de amparo en penal, administrativo, civil y laboral. Su versatilidad la llevó a integrarse a un tribunal colegiado en materia administrativa y, durante los últimos 13 años, al tribunal colegiado en materia civil, donde ha consolidado su experiencia. “He participado en la resolución de miles de casos, siempre guiada por los principios de acceso a la justicia, legalidad, debido proceso, imparcialidad y equidad”, aseguró.
Su formación académica refuerza su experiencia práctica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con maestrías en Derecho Civil y Juicio de Amparo, y cursos en derechos humanos, argumentación jurídica y protección de la infancia. Subraya la evolución constante del derecho, abogando por una capacitación continua para que los jueces emitan sentencias profesionales y efectivas.
UN CASO EMBLEMÁTICO: JUSTICIA CON HUMANIDAD
Un caso marcó la carrera de Osorio, ilustrando la complejidad y responsabilidad de su labor. Un grupo de colonos, liderado por el presidente de su condominio, demandó a vecinos por construir una rampa en una vivienda, alegando que violaba áreas comunes y reglas del condominio. “La rampa facilitaba el acceso de una persona en silla de ruedas”, explicó Osorio. Aunque la demanda fue desechada inicialmente, los demandantes interpusieron un amparo directo, lo que llevó a una revisión.
El tribunal de Osorio se enfocó en determinar si las autoridades actuaron arbitrariamente, no en resolver el conflicto privado. Sin embargo, el caso tomó un giro cuando una menor con discapacidad, afectada por la posible remoción de la rampa, presentó un amparo indirecto, argumentando que no fue escuchada.
Osorio investigó y descubrió que la rampa era esencial para emergencias médicas debido a los ataques epilépticos de la niña. Priorizando los derechos de la menor sobre intereses patrimoniales, el tribunal reorientó el caso, basándose en convenciones de derechos humanos y discapacidad. La sentencia estableció un precedente, garantizando accesibilidad y reflejando el compromiso de Osorio con una justicia humana.
“Este caso fue transformador”, recordó Osorio. “Mostró cómo las decisiones judiciales pueden defender la dignidad y romper barreras, especialmente para personas vulnerables”. La experiencia reforzó su creencia en un Poder Judicial que equilibra precisión técnica con responsabilidad ética.
APOYANDO LA ELECCIÓN POPULAR
Osorio ve la elección popular de jueces como una oportunidad para transparentar el Poder Judicial, manteniendo su independencia y rendición de cuentas. Aboga por sentencias claras y comprensibles, capacitación constante y un sistema que evolucione sin perder sus principios. “El Poder Judicial debe servir a la gente, no estar aislado”, afirmó. Su campaña enfatiza involucrar a la ciudadanía en este proceso histórico, promoviendo una participación informada.
A través de redes sociales y acercamiento público, Osorio explica el rol del Poder Judicial en la vida cotidiana. “El trabajo de una magistrada no es abstracto: afecta familias, hogares y medios de vida”, señaló. Al desglosar el lenguaje jurídico, busca empoderar a los ciudadanos para que comprendan y confíen en el sistema.
UNA VISIÓN PARA EL FUTURO
La candidatura de Osorio combina experiencia, accesibilidad y una perspectiva progresista. Sus 33 años de carrera —desde Ministerio Público hasta secretaria judicial— le han dado un entendimiento integral del sistema judicial. Ha navegado sus complejidades, desde la redacción de sentencias hasta la resolución de casos de alto impacto, siempre guiada por la equidad y los derechos humanos.
Su compromiso va más allá del tribunal. Osorio ve al Poder Judicial como un pilar de la democracia que debe evolucionar con la sociedad. “Los jueces deben ser técnicamente competentes, pero también empáticos, entendiendo el impacto humano de sus decisiones”, afirmó. El caso de la rampa ejemplifica esto, mostrando cómo los fallos legales pueden transformar vidas cuando se basan en compasión y principios.
Mientras Jalisco y México se preparan para las elecciones del 1 de junio, Osorio invita a la ciudadanía a participar. “Un público informado fortalece al Poder Judicial”, dijo. Su campaña no solo busca ganar una magistratura, sino construir un sistema de justicia transparente, equitativo y conectado con las personas a las que sirve.
Con una carrera arraigada en el servicio y una visión centrada en la dignidad, Alma Nohemí Osorio Rojas se presenta como una candidata que encarna el equilibrio entre experiencia técnica y sensibilidad humana. Su historia es de dedicación a un Poder Judicial que defiende la ley mientras eleva las vidas que toca.
ENTREVISTAS
Isaías Becerra Leyva, candidato a juez laboral federal: Por una justicia laboral cercana y sin corrupción

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Isaías Becerra Leyva, candidato a juez laboral federal, busca transformar la justicia laboral con un enfoque humano y transparente. Con experiencia en el sector privado, público y la academia, su compromiso es acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, como comparte en esta entrevista con Conciencia Pública.
UN CAMINO DE EXPERIENCIA Y COMPROMISO
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Háblame de lo más notable de tu trayectoria como abogado.
Isaías Becerra Leyva (IBL):
Estudié Derecho en la Universidad de Guadalajara y trabajé en una farmacéutica organizando archivos jurídicos, luego en un despacho laboral durante cuatro años. La pandemia me llevó a cursar una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Desde 2022, integro la primera generación del Centro de Conciliación Laboral y soy docente en la misma universidad, impartiendo Derecho Laboral, Derechos Humanos y Juicio de Amparo, combinando experiencia en iniciativa privada, servicio público y academia.
MOTIVACIÓN PARA SER JUEZ FEDERAL
GIB: ¿Qué te motivó a buscar este cargo de ser juez laboral federal?
IBL: Mi principal motivación es retribuir a la sociedad lo que la Universidad de Guadalajara me ha dado en formación personal, profesional y académica. He sido testigo de injusticias y errores judiciales, lo que me llevó a centrar mi tesis de maestría en la percepción de confianza hacia los jueces, especialmente entre mujeres. Los resultados fueron reveladores: menos del 10% de las personas saben qué hace un juez, y quienes los conocen suelen percibirlos como corruptos o lentos, según encuestas del INEGI. Quiero cambiar esa percepción y garantizar una justicia laboral efectiva.
GIB: ¿Cuál es tu percepción de los jueces?
IBL: He observado inconsistencias entre lo que sucede en un juicio y cómo se resuelve, lo que genera dudas sobre la integridad de algunos jueces. No estoy satisfecho con el sistema actual. Un problema grave es la justicia tardía: en materia laboral, hay casos de 20 o 30 años sin resolver, donde las partes ya fallecieron o las empresas desaparecieron. Esto no es justicia real. El tiempo es clave para que las resoluciones sean efectivas.
PROPUESTAS PARA UNA JUSTICIA LABORAL MÁS EFICIENTE
GIB: ¿Qué propones para mejorar esto?
IBL: Propongo perfeccionar el sistema, optimizando los procesos y asegurando que las resoluciones sean rápidas y exigibles. Todo es perfectible.
GIB: Este proceso de renovación del poder judicial federal ha sido cuestionado. ¿Cuál es tu postura?
IBL: Todo proceso tiene áreas de mejora, y este no es la excepción. Es un momento histórico, ya que es la primera vez que se eligen jueces por voto ciudadano. Aunque perfectible, esta transformación era necesaria. Acercar a los jueces a la ciudadanía, permitir que se conozcan sus perfiles y propuestas, es un paso positivo. Un juez debe ver cada caso como personas, no como números, y sus decisiones impactan vidas, familias y empresas. Mi compromiso es hacer una justicia cercana y transparente.
JUSTICIA VS. LEGALIDAD
GIB: ¿Qué diferencia ves entre justicia y legalidad?
IBL: En el derecho laboral, el principio de realidad permite a los jueces indagar más allá de las pruebas presentadas para conocer la verdad de los hechos. La reforma de derechos humanos de 2011 amplía esta facultad, permitiendo a los jueces interpretar normas en favor de los derechos humanos y, en algunos casos, no aplicar leyes que consideren injustas. La legalidad es el marco normativo, pero la justicia busca soluciones humanas y equitativas, alineadas con la realidad de las personas.
CLAVES PARA UN PODER JUDICIAL COMPETITIVO
GIB: ¿Qué acciones propones para un Poder Judicial competitivo y con buena imagen?
IBL: La cercanía con la ciudadanía es fundamental. Muchas personas desconocen qué hace un juez o cómo puede ayudarles, lo que genera desconfianza. Propongo campañas de información para que la gente entienda el rol de los jueces y confíe en ellos. Además, es crucial la capacitación constante en derechos humanos, procedimientos y justicia social para todos los operadores jurídicos, desde jueces hasta secretarios. Un Poder Judicial moderno debe estar en constante aprendizaje y priorizar el servicio público.
UN JUEZ DE PUERTAS ABIERTAS
GIB: ¿Serías un juez accesible?
IBL: Absolutamente. Mi propuesta es estar cerca de las personas, orientarlas incluso si su problema no es de mi competencia. Quiero que sepan a qué autoridad acudir y cómo resolver sus conflictos. Un juez debe ser un aliado de los justiciables. Seré un juez de puertas abiertas.
GIB: ¿Es adecuado el sueldo de los jueces laborales?
IBL: El tema de los sueldos ha sido controvertido, especialmente por la norma constitucional que prohíbe que un servidor público gane más que el presidente. Creo que deben hacerse ajustes para cumplir con esta disposición, pero siempre garantizando que los jueces tengan las condiciones necesarias para desempeñar su labor.
GIB: ¿Cómo afecta la insuficiencia de recursos a la justicia?
IBL: Con políticas de austeridad bien diseñadas y una optimización de recursos humanos, tecnológicos y materiales, se puede mitigar esta insuficiencia. Hay que priorizar el gasto en herramientas esenciales para los operadores jurídicos, evitando frivolidades, para garantizar una justicia eficiente.
GIB: ¿Cómo ha sido tu campaña?
IBL: Ha sido un desafío por el tiempo corto y los recursos limitados. Me he dedicado a visitar casa por casa en municipios como El Salto, Acatic, Ayotlán, Tepatitlán y Zapotlanejo, explicando el proceso electoral, mi trayectoria y propuestas. La gente suele desconocer esta elección, pero cuando les explico, se interesan y me reciben bien. Las redes sociales han sido clave, pero el contacto directo es lo que más conecta.
GIB: ¿Cómo te han tratado los medios?
IBL: Es complicado, ya que no podemos pautar publicidad. Espacios como este son valiosos para darnos a conocer. Agradezco esta oportunidad, pues permite a la sociedad conocer a los candidatos y tomar decisiones informadas.
EXPECTATIVAS PARA LA ELECCIÓN
GIB: ¿Qué esperas de la participación ciudadana el 1 de junio?
IBL: He oído que se espera un 10% de participación, pero espero que sea mucho mayor. Una alta participación fortalecerá este ejercicio democrático y consolidará la confianza en las instituciones. Invito a la gente a informarse, buscar su casilla en las herramientas del INE, practicar con las boletas y votar con paciencia, aunque el proceso pueda ser más largo por la reducción de casillas.
GIB: ¿Qué mensaje le envías a la ciudadanía?
IBL: Salgan a votar. Este proceso es histórico y una oportunidad para construir un Poder Judicial más justo y cercano. Infórmense sobre los candidatos, practiquen con las boletas y participen. Su voto puede cambiar la justicia en México.
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