NACIONALES
Llevar a cinco expresidentes al banquillo: Consulta popular para llevar a juicio al modelo neoliberal
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Opinión, por Cayetano Frías //
El fondo en el debate sobre la consulta popular para aprobar o negar que se enjuicie a los cinco últimos expresidentes, es la impunidad y el abuso desde el poder que propiciaron el saqueo de la nación y los centenares de miles de muertFes y desapariciones de seres humanos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Presidente y al proyecto de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Luis María Aguilar.
Otro punto a resaltar, es la referencia que hacen ambos a la gravedad de que pudieran quedar sin castigo los delitos imprescriptibles. Aunque no los mencionan, entre los que cabrían son las desapariciones forzadas, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes masivos del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, el de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, los de San Fernando en Tamaulipas en 2011 y los de Ayotzinapa en 2014.
La interpretación de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta, no es de menor importancia. La que había propuesto el Presidente señalaba abiertamente a los expresidentes con sus nombres, por lo cual no era procedente que se aprobara con esa redacción, al incumplir los requisitos de no emitir juicios de valor y no ser neutro el planteamiento.
Hay quienes afirman que al excluir los nombres de los presidentes en anteriores sexenios, se desinfló la intención de la consulta. Sin embargo, la pregunta aprobada habla de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, que se amplía el espacio para investigar a cualquiera, ya no solo a los expresidentes.
Y en la exposición de motivos de la solicitud de consulta, quedan registrados de manera específica los nombres de los cinco expresidentes, documento que no puede ser alterado o modificado por ninguna autoridad, por lo que no aparecer en la pregunta, no los exime de responsabilidad y siguen siendo objetivo principal de la consulta.
Hay que recordar además, que de manera alterna, se entregaron dos millones 700 mil firmas de ciudadanos en el Senado, solicitando que se enjuicie a los expresidentes, que es un soporte más para legitimar la demanda y que se proceda a castigar los delitos en que hayan incurrido como titulares el Poder Ejecutivo.
Esta es la primera Consulta Popular que declara constitucional la SCJN. Las cuatro anteriores de las que tuvo conocimiento, todas en 2014, fueron declaradas inconstitucionales: dos por tener como tema el concepto de ingresos, otra referente a los salarios mínimos y una sobre disminución de diputaciones plurinominales por ser en materia electoral.
Este ejemplo de democracia participativa será histórico, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar de manera libre con el objetivo de que se castiguen delitos cometidos por quienes ocuparon las altas esferas del poder de 1988 a 2018. Para que sea vinculatorio procesar a los presuntos responsables, es necesario que sea aprobado por el 40 por ciento de los enlistados en el padrón electoral.
PLANTEAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y DEL MINISTRO
El Presidente afirma que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. Proceder contra los expresidentes, sentaría un precedente necesario para evitar la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.
En su proyecto el ministro Luis María Aguilar alerta sobre las consecuencias de conceder impunidad a los expresidentes señalados, si llegara a ganar el No, pues obligaría a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.
“Llevado a un extremo, ante tal hipótesis se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, abunda.
La coincidencia en la preocupación por la impunidad es lo único. Mientras López Obrador incluyó los nombres de los nombres de los expresidentes en la pregunta y denuncia violaciones de los derechos humanos contra millones de personas, el ministro Aguilar los defiende y asegura que el Estado no debe vulnerar los de las minorías.
Andrés Manuel López Obrador, precisa que de diciembre de 1988 a noviembre de 2018, los presidentes promovieron una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, posibles crímenes de naturaleza imprescriptible y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.
Precisa que esos actos no fueron fortuitos, sino producto de actos voluntarios y racionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los primeros seis años de ese lapso, gracias a la privatización de recursos públicos, se pasó de tener una familia en la lista Forbes a 26 multimillonarios mexicanos, superado solo por Estados Unidos, Japón y Alemania.
En contraste, se ha registrado según datos del Banco Mundial y de la OCDE, un exponencial crecimiento de la desigualdad, se sumaron millones de pobres, se deterioraron los sistemas de salud y educación y depredaron los derechos de ejidos y comunidades indígenas. Con Zedillo privatizaron los ferrocarriles y se socializó la deuda de los banqueros que en 1998 era de 552 mil millones de pesos –a la fecha se han pagado 700 mil millones y resta una deuda cercana a 2 billones de pesos-, con Fox se maquinó el fraude en las elecciones de 2006; Felipe Calderón embarcó al país en una guerra que solo logró multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas; y con Peña Nieto se dieron los tratos de Odebrecht y otros grandes fraudes al erario.
López Obrador expone que la consulta es una reafirmación de soberanía popular y la potestad para tener derecho a la justicia, además de hacer notar la falta de claridad en el Artículo 108 de la Carta Magna para enjuiciar al Ejecutivo Federal. En materia de convenios internacionales, alude a los contenidos del Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como al Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El país se encuentra en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de una cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en la que es ineludible que el Estado emprenda un procedimiento de esclarecimiento a este respecto”, señala sobre la pertinencia de la consulta.
AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: LUIS AGUILAR
En su proyecto el ministro Luis María Aguilar, fundamenta que la solicitud del Presidente debía ser declarada inconstitucional, porque en su diseño y contenido, “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”. Admite que la consulta es un derecho de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se refiere al Artículo 39 constitucional, pero excluye la última frase que establece “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Fundamenta su alegato en el Artículo Primero de la Constitución y en que los derechos humanos son de todas las personas y no pueden ser vulnerados ni reducidos por la mayoría, pues la mayoría no puede disponer de lo que no es suyo. “…si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, argumenta.
Añade que la consulta también puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general.
RECUADRO (Texto en negras)
LA CONSULTA POPULAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL
El Articulo 35 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece el derecho de los ciudadanos «a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional». Las solicitudes deberán presentarse ante el Senado, cuyos integrantes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se valide la constitucionalidad para precisar la certeza.
El Articulo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, faculta a la SCJN para «revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo».
Una vez que se tiene certeza de la legalidad de la consulta, deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas federales y enviarla al Instituto Nacional Electoral, que se encargará de promover y operar para su realización el día de la siguiente jornada electoral.
Las solicitudes de consulta popular pueden ser presentadas ante el Senado por los ciudadanos que respalden con las firmas de por lo menos el 2 por ciento del padrón electoral; por los legisladores de ambas cámaras federales que tengan el respaldo del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de esos cuerpos colegiados y; por el presidente de la república.
Si en la jornada de votación la consulta es aprobada por lo menos por el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será vinculatoria para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.
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LAS PREGUNTAS:
DESECHADA POR LA SCJN
¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?
APROBADA
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.
Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.
Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.
«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».
Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.
La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.
La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».
Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.
La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.
Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».
La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.
Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.
Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.
Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.
Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.
En X @DEPACHECOS
Opinión, por Fernando Plascencia //
¿Qué nos hace humanos? La dichosa pregunta se ha respondido de muchas maneras. Dirían los antiguos que la racionalidad, o que tenemos un alma incrustada y atrapada en el cuerpo que funge como cárcel, o más complejo, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos como seres pensantes. La pregunta viene bien ahora.
Lo que ocurrió en Teuchitlán descompone cada supuesto de humanidad. La racionalidad se perdió, llegó el animalismo, se diría, pero ya Mary Midgley vino a decirnos que no hay animal más cruel que el humano, ni el feroz lobo es capaz de desollar a sus presas, porque no son rivales, son presas. ¿Nos distingue el alma? Pero quién con alma sería capaz de cometer atrocidades contra decenas de seres humanos, un desalmado. No se ve más el reflejo del alma en los ojos, los ojos solo reflejan desdicha y sufrimiento.
No importa a dónde vayamos, la violencia nos persigue y nos hace cada vez menos humanos. Nos persigue para condenarnos y llevarnos de su mano. Como sociedad no hemos sido capaces de evitarla. Como humanidad nos sentamos en comunidad, creamos normas, para no hacernos daño los unos a los otros, cuán lejos nos sabemos de eso.
El contrato social que nos hizo humanos en el principio – cuál principio – se rompe y se rompe a cada rato. Teuchitlán lo confirma, el desmoronamiento de lo que creíamos nos quita lo humano. ¿Qué somos ya?
Desde hace años se habla de deshumanización, de una extrañeza que nos invade y nos hace menos humanos. ¿Somos menos humanos con cada tragedia como la de Teuchitlán? ¿El humano que se atrevió a tanto con qué será comparado? No hay más comparación que con el mismo humano. La bestia que llevamos dentro emerge y no como bestia de la naturaleza, sino como la bestia que no conoce el límite moral, porque sí hay animales que viven con una moralidad más digna.
Nuestra humanidad se encuentra extraviada y con símbolos y con ríos de sangre y dolor lo comprobamos. 400 zapatos son la muestra de una capacidad infinita de derrotar al rival como sea necesario y con los medios que se tengan al alcance, pero más que derrotar al rival nos derrotamos a nosotros mismos. Fuimos capaces de crear un Estado, tan sofisticado en algunas partes con instituciones que resuelven el más pequeño inconveniente público, pero ahora no somos capaces de protegernos.
La humanidad se nos va de las manos, eso que se propuso como proyecto de humanidad no quedó más que en el papel de tratados morales y filosóficos. El trazado racional que por mucho tiempo hemos tratado de seguir se tambalea y estamos a la deriva no solo de una razón instrumental, sino de una lógica de violencia por la violencia. Lo que creamos para servirnos de protección ha dejado de servirnos y ha servido para incrementarla – la violencia -, con disposición para que unos cuanto sigan al margen. Pero lo que se predice es que la violencia está por atacarnos a todos y de una vez por todas no habrá quién se salve, será responder o morir.
Más que nunca es falso que somos los seres del centro de la vida social, qué limitados estamos para salir de la violencia, y es que ningún impulso nos ha sacado de ese baño de sangre. Divinizar la violencia es el camino más torpe que pudimos tomar o ¿será que el exceso de libertad nos trajo hasta aquí?
Lo que ocurrió en Teuchitlán debe ser llamado como uno de los peores actos que como sociedad nos han ocurrido. Qué lejos nos pone de una idea de sociedad que seguimos compartiendo muchos, donde la violencia debe ser el instinto más controlable que tengamos. La violencia es biológicamente natural, pero debemos entender cómo moderarla y evitar que los conflictos lleguen a más. La información más valiosa que tenemos es que la violencia no es el único impulso que tenemos, ni el mejor, sino que tenemos instintos que juegan un papel fundamental como sociedades: la cooperación o la empatía.
No reforzar la violencia y sus conductas es vital como humanidad, si no es real que el hombre es lobo para el hombre es porque tenemos más caminos y Teuchitlán no es el destino ineludible del que no podamos escapar, sino debe ser el inicio de entender que como sociedad y humanidad no es lo que queremos muchas, pero muchas personas.
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