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NACIONALES

Llevar a cinco expresidentes al banquillo: Consulta popular para llevar a juicio al modelo neoliberal

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Más información en: http://www.gaceta.udg.mx/cuidate

Opinión, por Cayetano Frías //

El fondo en el debate sobre la consulta popular para aprobar  o negar que se enjuicie a los cinco últimos expresidentes, es la impunidad y el abuso desde el poder que propiciaron el saqueo de la nación y los centenares de miles de muertFes y desapariciones de seres humanos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Presidente y al proyecto de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Luis María Aguilar.

Otro punto a resaltar, es la referencia que hacen ambos a la gravedad de que pudieran quedar sin castigo los delitos imprescriptibles. Aunque no los mencionan, entre los que cabrían son las desapariciones forzadas, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes masivos del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, el de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, los de San Fernando en Tamaulipas en 2011 y los de Ayotzinapa en 2014.

La interpretación de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta, no es de menor importancia. La que había propuesto el Presidente señalaba abiertamente a los expresidentes con sus nombres, por lo cual no era procedente que se aprobara con esa redacción, al incumplir los requisitos de no emitir juicios de valor y no ser neutro el planteamiento.

Hay quienes afirman que al excluir los nombres de los presidentes en anteriores sexenios, se desinfló la intención de la consulta. Sin embargo, la pregunta aprobada habla de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, que se amplía el espacio para investigar a cualquiera, ya no solo a los expresidentes.

Y en la exposición de motivos de la solicitud de consulta, quedan registrados de manera específica los nombres de los cinco expresidentes, documento que no puede ser alterado o modificado por ninguna autoridad, por lo que no aparecer en la pregunta, no los exime de responsabilidad y siguen siendo objetivo principal de la consulta.

Hay que recordar además, que de manera alterna, se entregaron dos millones 700 mil firmas de ciudadanos en el Senado, solicitando que se enjuicie a los expresidentes, que es un soporte más para legitimar la demanda y que se proceda a castigar los delitos en que hayan incurrido como titulares el Poder Ejecutivo.

Esta es la primera Consulta Popular que declara constitucional la SCJN. Las cuatro anteriores de las que tuvo conocimiento, todas en 2014, fueron declaradas inconstitucionales: dos por tener como tema el concepto de ingresos, otra referente a los salarios mínimos y una sobre disminución de diputaciones plurinominales por ser en materia electoral.

Este ejemplo de democracia participativa será histórico, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar de manera libre con el objetivo de que se castiguen delitos cometidos por quienes ocuparon las altas esferas del poder de 1988 a 2018. Para que sea vinculatorio procesar a los presuntos responsables, es necesario que sea aprobado por el 40 por ciento de los enlistados en el padrón electoral.

PLANTEAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y DEL MINISTRO

El Presidente afirma que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. Proceder contra los expresidentes, sentaría un precedente necesario para evitar la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar alerta sobre las consecuencias de conceder impunidad a los expresidentes señalados, si llegara a ganar el No, pues obligaría a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.

Llevado a un extremo, ante tal hipótesis se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, abunda.

La coincidencia en la preocupación por la impunidad es lo único. Mientras López Obrador incluyó los nombres de los nombres de los expresidentes en la pregunta y denuncia violaciones de los derechos humanos contra millones de personas, el ministro Aguilar los defiende y asegura que el Estado no debe vulnerar los de las minorías.

Andrés Manuel López Obrador, precisa que de diciembre de 1988 a noviembre de 2018, los presidentes promovieron una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, posibles crímenes de naturaleza imprescriptible y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. 

Precisa que esos actos no fueron fortuitos, sino producto de actos voluntarios y racionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los primeros seis años de ese lapso, gracias a la privatización de recursos públicos, se pasó de tener una familia en la lista Forbes a 26 multimillonarios mexicanos, superado solo por Estados Unidos, Japón y Alemania.

En contraste, se ha registrado según datos del Banco Mundial y de la OCDE, un exponencial crecimiento de la desigualdad, se sumaron millones de pobres, se deterioraron los sistemas de salud y educación y depredaron los derechos de ejidos y comunidades indígenas. Con Zedillo privatizaron los ferrocarriles y se socializó la deuda de los banqueros que en 1998 era de 552 mil millones de pesos –a la fecha se han pagado 700 mil millones y resta una deuda cercana a 2 billones de pesos-, con Fox se maquinó el fraude en las elecciones de 2006; Felipe Calderón embarcó al país en una guerra que solo logró multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas; y con Peña Nieto se dieron los tratos de Odebrecht y otros grandes fraudes al erario.

López Obrador expone que la consulta es una reafirmación de soberanía popular y la potestad para tener derecho a la justicia, además de hacer notar la falta de claridad en el Artículo 108 de la Carta Magna para enjuiciar al Ejecutivo Federal. En materia de convenios internacionales, alude a los contenidos del Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como al Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El país se encuentra en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de una cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en la que es ineludible que el Estado emprenda un procedimiento de esclarecimiento a este respecto”, señala sobre la pertinencia de la consulta.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: LUIS AGUILAR

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar, fundamenta que la solicitud del Presidente debía ser declarada inconstitucional, porque en su diseño y contenido, “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”. Admite que la consulta es un derecho de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se refiere al Artículo 39 constitucional, pero excluye la última frase que establece “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Fundamenta su alegato en el Artículo Primero de la Constitución y en que los derechos humanos son de todas las personas y no pueden ser vulnerados ni reducidos por la mayoría, pues la mayoría no puede disponer de lo que no es suyo. “…si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, argumenta.

Añade que la consulta también puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general.

RECUADRO (Texto en negras)

LA CONSULTA POPULAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El Articulo 35 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece el derecho de los ciudadanos «a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional». Las solicitudes deberán presentarse ante el Senado, cuyos integrantes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se valide la constitucionalidad para precisar la certeza.

El Articulo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, faculta a la SCJN para «revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo».

Una vez que se tiene certeza de la legalidad de la consulta, deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas federales y enviarla al Instituto Nacional Electoral, que se encargará de promover y operar para su realización el día de la siguiente jornada electoral.

Las solicitudes de consulta popular pueden ser presentadas ante el Senado por los ciudadanos que respalden con las firmas de por lo menos el 2 por ciento del padrón electoral; por los legisladores de ambas cámaras federales que tengan el respaldo del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de esos cuerpos colegiados y; por el presidente de la república.

Si en la jornada de votación la consulta es aprobada por lo menos por el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será vinculatoria para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.

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LAS PREGUNTAS:

DESECHADA POR LA SCJN

¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?

APROBADA

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

MUNDO

La edición genética: ¿Un futuro a la medida o una caja de pandora?

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Bioética, por Omar Barrera //

Imaginemos un mundo donde enfermedades como el cáncer o la fibrosis quística sean cosa del pasado. Un mundo donde podamos diseñar a nuestros hijos, libres de enfermedades hereditarias. Este futuro, que hasta hace poco parecía reservado a la ciencia ficción, está cada vez más cerca gracias a la edición genética, una tecnología que nos permite modificar el ADN de cualquier organismo, incluyendo al ser humano.

La reciente decisión de Sudáfrica de flexibilizar sus regulaciones sobre esta práctica ha encendido un debate global sobre los límites de la ciencia y las implicaciones éticas de esta poderosa herramienta. El caso de Sudáfrica: un precedente controvertido.

Sudáfrica ha sido pionera en relajar las restricciones a la edición genética, abriendo la puerta a una amplia gama de aplicaciones, desde la cura de enfermedades hasta la mejora de características humanas.

Sin embargo, esta decisión ha generado una gran controversia a nivel internacional. ¿Estamos preparados para modificar el genoma humano? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de esta tecnología? ¿Cómo podemos garantizar que se utilice de manera ética y responsable?

MÉXICO: ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE

En México, la edición genética también ha generado gran interés y debate. Si bien nuestro país cuenta con una sólida comunidad científica en el área de la biotecnología, la regulación en materia de edición genética aún es incipiente basta con meterse a leer la ley general de salud y su reglamento.

La decisión de Sudáfrica representa un punto de inflexión que obliga a México a replantear su marco normativo y a enfrentar los desafíos éticos y sociales que plantea esta tecnología.

LOS BENEFICIOS DE LA EDICIÓN GENÉTICA

Los potenciales beneficios de la edición genética son inmensos. Esta tecnología podría permitirnos:

1. Curar enfermedades genéticas: Eliminar la causa genética de enfermedades como la fibrosis quística, la anemia falciforme y la distrofia muscular.

2. Desarrollar nuevos tratamientos: Crear terapias más eficaces para enfermedades como el cáncer y el VIH.

3. Aumentar la producción de alimentos: Desarrollar cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, y con mejores características nutricionales.

LOS RIESGOS Y DESAFÍOS

Sin embargo, la edición genética también plantea riesgos y desafíos importantes:

1. Creación de “bebés de diseño”. La posibilidad de seleccionar rasgos físicos y cognitivos en los futuros hijos plantea serias preocupaciones éticas.

2. Desigualdad: El acceso a la edición genética podría estar limitado a aquellos que puedan pagarla, exacerbando las desigualdades sociales.

3. Consecuencias imprevistas: Las modificaciones genéticas podrían tener efectos secundarios no deseados a largo plazo.

4. Riesgos ambientales: La liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente podría tener consecuencias impredecibles.

EL MARCO ÉTICO Y LEGAL

Para aprovechar los beneficios de la edición genética y minimizar los riesgos, es necesario establecer un marco ético y legal sólido a nivel nacional e internacional. Este marco debe abordar cuestiones de garantizar que los beneficios de la edición genética sean accesibles a todos, y no solo a unos pocos privilegiados.

Debe existir protección de la dignidad humana para evitar la discriminación y la eugenesia. Hay que asegurar que la investigación en edición genética sea transparente y esté sujeta a supervisión pública. También fomentar la cooperación entre países para establecer normas comunes y evitar una carrera armamentista genética.

MÉXICO ANTE UN DILEMA

México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la edición genética representa una oportunidad para mejorar la salud de la población e impulsar el  desarrollo científico. Por otro lado, plantea desafíos éticos y sociales que requieren una reflexión profunda y un debate abierto.

Es fundamental que nuestro país desarrolle un marco regulatorio adecuado que permita aprovechar los beneficios de esta tecnología, al tiempo que garantiza la seguridad y la dignidad de las personas.

Este marco debe ser flexible y adaptable a los rápidos avances científicos, pero al mismo tiempo debe ser sólido y capaz de proteger a las futuras generaciones. La edición genética es una tecnología con un potencial revolucionario, pero también plantea desafíos éticos y sociales sin precedentes.

La decisión de Sudáfrica ha abierto un nuevo capítulo en este debate global, y México debe asumir un papel protagónico en la construcción de un futuro donde la ciencia y la ética vayan de la mano.

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MUNDO

Gran desafío político para Claudia Sheinbaum: El poder de la negociación, futuro del T-MEC

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, asumirá su cargo hasta el día 20 de enero del 2025, sin embargo, ya se comporta como presidente en funciones, mientras que el todavía presidente Joe Biden se queda cada vez más en las sombras.

Trump inició una gira por Europa en la que ha sido invitado de honor por el gobierno de Francia para la reapertura de la catedral de Notre Dame, en París, reconstruida luego del incendio que la consumió en su totalidad en 2019.

El presidente electo Trump, tiene una apretada agenda en su visita a Europa con distintos líderes políticos y empresariales para comenzar a plantear los primeros pasos de su segundo mandato presidencial, actuando como si ya hubiera ocupado nuevamente la Casa Blanca.

El caso de Donald Trump pone de manifiesto varios principios clave de la negociación:

La importancia de la preparación: Comprender las fortalezas y debilidades propias y de la contraparte es esencial para establecer estrategias efectivas.

El uso del poder de alternativa: Estar dispuesto a retirarse de la mesa de negociación puede proporcionar una ventaja significativa.

La comunicación estratégica: Adaptar el mensaje según la audiencia y el contexto puede influir en el resultado de manera decisiva.

El manejo de la percepción: La percepción de fuerza y control puede influir en la disposición de la contraparte a ceder.

Sin embargo, también existen riesgos asociados con un estilo negociador que enfatiza la confrontación o las amenazas. La falta de flexibilidad puede resultar en acuerdos a corto plazo insostenibles o en la ruptura de relaciones importantes.

LA COMPLEJA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

La relación entre Estados Unidos y México es una de las más complejas y significativas en el panorama internacional, especialmente en el contexto actual. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, una interacción económica robusta, y una dinámica social y cultural profundamente interconectada. Esta asociación trasciende el ámbito geográfico y se convierte en un pilar fundamental para las economías de ambas naciones, con impactos globales. Sin embargo, las recientes declaraciones y amenazas del presidente electo Donald Trump ponen en riesgo este equilibrio delicado.

LA BALANZA COMERCIAL: UNA RELACIÓN INTERDEPENDIENTE

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo. Según datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), México es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, solo detrás de China, con un intercambio de bienes y servicios que superó los $779 mil millones de dólares en 2023. En tanto, cifras del Banco de México destacan que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos.

En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esta relación se ha consolidado como un esquema de cooperación económica basado en reglas claras y mutuamente beneficiosas. Sin embargo, Trump ha amenazado con imponer aranceles elevados a los productos mexicanos, una medida que podría desestabilizar la balanza comercial. Este tipo de políticas proteccionistas no solo afectarían a México, sino también a las empresas estadounidenses que dependen de insumos fabricados en territorio mexicano.

Un ejemplo claro es la industria automotriz, donde México desempeña un papel clave como proveedor de autopartes y ensamblaje de vehículos. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), más del 37% de las autopartes utilizadas en vehículos fabricados en Estados Unidos provienen de México. La imposición de aranceles podría aumentar los costos de producción en un sector estratégico para la economía estadounidense.

Las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos podrían desestabilizar estas cadenas de suministro y aumentar los costos para los consumidores estadounidenses. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aranceles elevados podrían traducirse en un incremento de precios de hasta un 15% en productos básicos, afectando principalmente a los hogares de ingresos medios y bajos.

La mano de obra mexicana: Un pilar del crecimiento económico en Estados Unidos

El aporte de los trabajadores mexicanos en la economía de Estados Unidos es otro elemento esencial en esta relación bilateral. Según el Pew Research Center, se estima que en 2023 había 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 8 millones formaban parte de la fuerza laboral. Este grupo contribuye significativamente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de esta mano de obra.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que más del 50% de los trabajadores en el sector agrícola son mexicanos, un dato que subraya la dependencia de Estados Unidos en este ámbito para garantizar la seguridad alimentaria. Además, los inmigrantes mexicanos pagan miles de millones de dólares en impuestos y aportan al sistema de seguridad social, a menudo sin acceso a los beneficios que generan.

A pesar de su impacto positivo en la economía estadounidense, las amenazas de Trump de realizar deportaciones masivas representan un riesgo no solo para las familias afectadas, sino también para los sectores económicos que dependen de esta fuerza laboral. El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) advierte que la deportación de trabajadores mexicanos podría causar un déficit en sectores críticos, encareciendo productos y servicios básicos para los consumidores estadounidenses.

EL IMPACTO DE LAS REMESAS Y LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA

Otro aspecto relevante en la relación económica bilateral es el flujo de remesas. Según el Banco Mundial, México recibió más de $60 mil millones de dólares en remesas en 2023, la mayoría provenientes de trabajadores en Estados Unidos. Estas transferencias no solo son una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas, sino también un motor económico para comunidades enteras.

Por otro lado, el capital humano y las inversiones mexicanas en Estados Unidos también son notables. Empresas mexicanas como Bimbo, Cemex y Grupo Alfa tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de sus economías locales.

CÁRTELES DE DROGAS Y LA AMENAZA A LA SOBERANÍA MEXICANA

En contraste con los beneficios económicos, las amenazas de Trump de denominar como «terroristas» a los cárteles de drogas mexicanos y justificar el envío de tropas a México representan una grave violación de los principios de soberanía nacional y autodeterminación. Este tipo de intervenciones, además de generar tensiones diplomáticas, podrían contravenir el Derecho Internacional y exacerbar los problemas de seguridad en la región. Aunque esta medida tiene como objetivo justificar una intervención más directa en México, plantea serias implicaciones legales y diplomáticas. Según expertos en Derecho Internacional, como los analistas del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, esta clasificación podría ser utilizada para justificar acciones militares unilaterales, violando los principios de soberanía y autodeterminación consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Además, las acciones militares estadounidenses en territorio mexicano podrían desestabilizar aún más la región y afectar negativamente la cooperación bilateral en temas clave como seguridad y migración. México ha insistido en la necesidad de abordar el problema del narcotráfico como una responsabilidad compartida, subrayando que el consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México son factores clave que alimentan esta problemática.

El gobierno mexicano, respaldado por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha rechazado categóricamente estas propuestas, argumentando que los problemas de seguridad deben resolverse mediante la cooperación y el respeto mutuo, no mediante imposiciones unilaterales. México ha enfatizado su disposición a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero sin ceder a presiones que comprometan su soberanía.

UN FUTURO INCIERTO PERO LLENO DE OPORTUNIDADES

A pesar de las tensiones actuales, la relación entre México y Estados Unidos tiene un enorme potencial de crecimiento si se manejan adecuadamente los desafíos. La dependencia mutua, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza que debe ser aprovechada para construir un futuro más equitativo y próspero para ambas naciones.

Las amenazas de políticas proteccionistas y medidas unilaterales pueden tener efectos negativos a corto plazo, pero también ofrecen la oportunidad de revalorar los términos de cooperación bilateral. Instituciones como la OCDE y el Banco Mundial han señalado que una relación económica equilibrada y justa es clave para el desarrollo sostenible de ambos países.

Las contundentes respuestas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a las controversiales y agresivas declaraciones y mensajes de Donald Trump, establecen un primer paso en lo que podría la relación bilateral, basada en el respeto. La fortaleza de México, así como su potencial de crecimiento que lo ha situado en la posición número 12 entre las economías más grandes del planeta, respaldan una postura firme ante un experto negociador como Trump, que busca los puntos débiles en sus contrapartes para imponerse, incluso intimidar, para lograr sus objetivos.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos es fundamental en el panorama actual, no solo por su impacto económico, sino también por su importancia estratégica y social. Aunque existen tensiones y desafíos, la historia ha demostrado que ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos. El reto para los próximos años será encontrar un equilibrio entre los intereses de ambas naciones, respetando los principios de soberanía y cooperación internacional, para que esta relación continúe siendo un modelo de éxito en el ámbito global, y ante los desafíos de la conformación nuevos bloques económicos, que están cambiando la dinámica y el equilibrio de poderes mundiales.

El poder de la negociación trasciende culturas, sectores y épocas. Como habilidad esencial para resolver conflictos, crear valor y fortalecer relaciones, su importancia no puede ser subestimada. El ejemplo de Donald Trump ilustra cómo esta herramienta puede aplicarse tanto en los negocios como en la política internacional, resaltando tanto sus beneficios como sus desafíos.

En un mundo cada vez más interconectado y complejo, dominar el arte de la negociación será indispensable para quienes deseen influir en los acontecimientos globales y liderar con éxito.

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NACIONALES

El costo de la corrupción

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El diagnóstico de la corrupción en México es, sin duda, desalentador. El país entra en una postransición de gobiernos; el combate a la corrupción debe ser abordado por las nuevas autoridades en este nuevo sexenio.

Desde los sistemas anticorrupción existentes, la cultura de la integridad y la denuncia, se cuenta con las herramientas idóneas para medir su percepción, impacto e indicadores al respecto de este fenómeno que tiene consecuencias devastadoras en ámbitos sociales, gubernamentales y empresariales. La corrupción forma parte de nuestro día a día y es lo que nos indica cómo vivimos en este país, rodeados de sus consecuencias.

Medir la corrupción en México, al igual que en otros países, es un desafío debido a su naturaleza oculta e ilícita. Sin embargo, existen varios métodos que se utilizan para estimarla. Algunos de los más comunes son: índices de percepción, encuestas de victimización, indicadores de gobernanza y análisis de casos judiciales. Medirla es un reto, pero se establecen indicadores para llegar a un diagnóstico actual y construir una imagen completa de la situación en el país, ya que la afectación a la estructura social, política, jurídica y gubernamental es de gran impacto para la sociedad en todos sus entornos.

La importancia de los diagnósticos y evaluaciones del fenómeno de la corrupción nos indica que hemos avanzado en los últimos 25 años. Luchas sociales como las del derecho al acceso a la información y la transparencia han permitido que organismos autónomos nos llevaran a ejercer el derecho de acceso a la información pública en el país y a saber qué hace un gobierno. Hablar de su desaparición en su ámbito federal nos remite a lo lamentable que es que ejercer derechos humanos que evidentemente combaten la corrupción estorbe a los nuevos gobiernos y movimientos políticos. En el diagnóstico de la corrupción actualmente sabemos que, aunque poco desarrollado, también existe el derecho a una vida libre de corrupción como derecho humano.

Esperamos de nuestro nuevo y entrante gobernador Pablo Lemus Navarro, le dé toda la atención al combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos y un sexenio transparente; necesitamos unos poderes públicos que se comprometan con el acceso a la información pública y los sistemas anticorrupción, pues son ejes importantísimos para analizar, diagnosticar y finalmente combatir efectivamente la corrupción mediante la solicitud de información, la denuncia ciudadana, la simplificación de trámites burocráticos y la cultura generalizada de la integridad en los seres humanos. Esto nos puede llevar a un efectivo combate del fenómeno social, cultural y gubernamental de la corrupción. La corrupción nos afecta a todos, y su impacto se agrava por sus consecuencias increíblemente devastadoras en la sociedad mexicana.

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 en enero de 2024. México se mantiene estancado en 31 puntos y ocupa la posición 126 de 180 países, sin moverse de esta posición desde hace cuatro años. Somos el país peor evaluado entre los que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No es un diagnóstico alentador, y es preocupante que no se indique una disminución en una nación donde los discursos políticos son, entre comillas, enérgicos al inicio de los sexenios y autohalagadores al final de ellos.

El mejor diagnóstico es el personal: la percepción de lo que sabemos, nos pasa o nos cuentan de actos u omisiones que se traducen en corrupción. Identificarlos y no permitirlos, acudir a las denuncias en caso de ser víctimas de corrupción, sembrar nuestro granito de arena en la sociedad para desde un entorno más próximo como el social, laboral o familiar, cerremos filas contra los actos de corrupción instaurando la cultura de la denuncia, la solicitud de información que corrobore el trabajo del gobierno, y la denuncia de la violación de derechos humanos, existen actualmente gran cantidad de acciones propias de ciudadanos que sirven para combatir la corrupción.

Úselas y sea parte de la solución y no del problema, pues el costo es alto cuando de corrupción se trata, tanto para quien la propone como para quien la acepta.

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Tendencias

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