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Llevar a cinco expresidentes al banquillo: Consulta popular para llevar a juicio al modelo neoliberal

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Más información en: http://www.gaceta.udg.mx/cuidate

Opinión, por Cayetano Frías //

El fondo en el debate sobre la consulta popular para aprobar  o negar que se enjuicie a los cinco últimos expresidentes, es la impunidad y el abuso desde el poder que propiciaron el saqueo de la nación y los centenares de miles de muertFes y desapariciones de seres humanos, de acuerdo a la solicitud presentada por el Presidente y al proyecto de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Luis María Aguilar.

Otro punto a resaltar, es la referencia que hacen ambos a la gravedad de que pudieran quedar sin castigo los delitos imprescriptibles. Aunque no los mencionan, entre los que cabrían son las desapariciones forzadas, las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los crímenes masivos del 22 de abril en 1992 en Guadalajara, el de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, los de San Fernando en Tamaulipas en 2011 y los de Ayotzinapa en 2014.

La interpretación de la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta, no es de menor importancia. La que había propuesto el Presidente señalaba abiertamente a los expresidentes con sus nombres, por lo cual no era procedente que se aprobara con esa redacción, al incumplir los requisitos de no emitir juicios de valor y no ser neutro el planteamiento.

Hay quienes afirman que al excluir los nombres de los presidentes en anteriores sexenios, se desinfló la intención de la consulta. Sin embargo, la pregunta aprobada habla de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Es decir, que se amplía el espacio para investigar a cualquiera, ya no solo a los expresidentes.

Y en la exposición de motivos de la solicitud de consulta, quedan registrados de manera específica los nombres de los cinco expresidentes, documento que no puede ser alterado o modificado por ninguna autoridad, por lo que no aparecer en la pregunta, no los exime de responsabilidad y siguen siendo objetivo principal de la consulta.

Hay que recordar además, que de manera alterna, se entregaron dos millones 700 mil firmas de ciudadanos en el Senado, solicitando que se enjuicie a los expresidentes, que es un soporte más para legitimar la demanda y que se proceda a castigar los delitos en que hayan incurrido como titulares el Poder Ejecutivo.

Esta es la primera Consulta Popular que declara constitucional la SCJN. Las cuatro anteriores de las que tuvo conocimiento, todas en 2014, fueron declaradas inconstitucionales: dos por tener como tema el concepto de ingresos, otra referente a los salarios mínimos y una sobre disminución de diputaciones plurinominales por ser en materia electoral.

Este ejemplo de democracia participativa será histórico, ya que por primera vez los ciudadanos podrán votar de manera libre con el objetivo de que se castiguen delitos cometidos por quienes ocuparon las altas esferas del poder de 1988 a 2018. Para que sea vinculatorio procesar a los presuntos responsables, es necesario que sea aprobado por el 40 por ciento de los enlistados en el padrón electoral.

PLANTEAMIENTOS DEL PRESIDENTE Y DEL MINISTRO

El Presidente afirma que “en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”. Proceder contra los expresidentes, sentaría un precedente necesario para evitar la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales.

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar alerta sobre las consecuencias de conceder impunidad a los expresidentes señalados, si llegara a ganar el No, pues obligaría a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aun cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal.

Llevado a un extremo, ante tal hipótesis se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía mexicana pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos especialmente odiosos, lo que no puede sostenerse, a más de obviar la obligación que se tiene de denunciar e investigar hechos posibles de constituir un delito”, abunda.

La coincidencia en la preocupación por la impunidad es lo único. Mientras López Obrador incluyó los nombres de los nombres de los expresidentes en la pregunta y denuncia violaciones de los derechos humanos contra millones de personas, el ministro Aguilar los defiende y asegura que el Estado no debe vulnerar los de las minorías.

Andrés Manuel López Obrador, precisa que de diciembre de 1988 a noviembre de 2018, los presidentes promovieron una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, posibles crímenes de naturaleza imprescriptible y quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. 

Precisa que esos actos no fueron fortuitos, sino producto de actos voluntarios y racionales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los primeros seis años de ese lapso, gracias a la privatización de recursos públicos, se pasó de tener una familia en la lista Forbes a 26 multimillonarios mexicanos, superado solo por Estados Unidos, Japón y Alemania.

En contraste, se ha registrado según datos del Banco Mundial y de la OCDE, un exponencial crecimiento de la desigualdad, se sumaron millones de pobres, se deterioraron los sistemas de salud y educación y depredaron los derechos de ejidos y comunidades indígenas. Con Zedillo privatizaron los ferrocarriles y se socializó la deuda de los banqueros que en 1998 era de 552 mil millones de pesos –a la fecha se han pagado 700 mil millones y resta una deuda cercana a 2 billones de pesos-, con Fox se maquinó el fraude en las elecciones de 2006; Felipe Calderón embarcó al país en una guerra que solo logró multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas; y con Peña Nieto se dieron los tratos de Odebrecht y otros grandes fraudes al erario.

López Obrador expone que la consulta es una reafirmación de soberanía popular y la potestad para tener derecho a la justicia, además de hacer notar la falta de claridad en el Artículo 108 de la Carta Magna para enjuiciar al Ejecutivo Federal. En materia de convenios internacionales, alude a los contenidos del Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como al Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El país se encuentra en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de una cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes, y en la que es ineludible que el Estado emprenda un procedimiento de esclarecimiento a este respecto”, señala sobre la pertinencia de la consulta.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: LUIS AGUILAR

En su proyecto el ministro Luis María Aguilar, fundamenta que la solicitud del Presidente debía ser declarada inconstitucional, porque en su diseño y contenido, “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”. Admite que la consulta es un derecho de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se refiere al Artículo 39 constitucional, pero excluye la última frase que establece “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Fundamenta su alegato en el Artículo Primero de la Constitución y en que los derechos humanos son de todas las personas y no pueden ser vulnerados ni reducidos por la mayoría, pues la mayoría no puede disponer de lo que no es suyo. “…si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México”, argumenta.

Añade que la consulta también puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general.

RECUADRO (Texto en negras)

LA CONSULTA POPULAR ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El Articulo 35 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VIII, establece el derecho de los ciudadanos «a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional». Las solicitudes deberán presentarse ante el Senado, cuyos integrantes piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se valide la constitucionalidad para precisar la certeza.

El Articulo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, faculta a la SCJN para «revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo».

Una vez que se tiene certeza de la legalidad de la consulta, deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas federales y enviarla al Instituto Nacional Electoral, que se encargará de promover y operar para su realización el día de la siguiente jornada electoral.

Las solicitudes de consulta popular pueden ser presentadas ante el Senado por los ciudadanos que respalden con las firmas de por lo menos el 2 por ciento del padrón electoral; por los legisladores de ambas cámaras federales que tengan el respaldo del equivalente al 33 por ciento de los integrantes de esos cuerpos colegiados y; por el presidente de la república.

Si en la jornada de votación la consulta es aprobada por lo menos por el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será vinculatoria para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.

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LAS PREGUNTAS:

DESECHADA POR LA SCJN

¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?

APROBADA

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

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La quimera del bienestar: La promesa del fondo de pensiones

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El tablero político de México, ese ajedrez implacable donde los peones y alfiles tejen estrategias de cara a elecciones y futuras jubilaciones, se encuentra nuevamente al centro de un huracán político y financiero: la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, promovido por Morena bajo la batuta del siempre carismático presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta, envuelta en la seda de la solidaridad y el bien común, promete un paraíso pensionario a trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, dos gigantes que resuenan en el imaginario de la seguridad social en México.

Sin embargo, la realidad, como un diablo en los detalles, sugiere una narrativa menos optimista. Los fondos prometidos, esa garantía de 40 mil millones de pesos provenientes de cuentas inactivas de trabajadores de avanzada edad, palidecen ante la necesidad colosal de 1.5 billones de pesos anuales requeridos para cubrir las pensiones prometidas a unos 25 millones de empleados. ¿No es acaso esta una promesa tan frágil como las hojas de otoño?

En un gesto que rozaría lo desesperado, diversas fuentes de financiamiento han sido sugeridas: desde las ganancias de proyectos faraónicos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, hasta los remanentes de entidades paraestatales y adeudos públicos. ¿Pero qué certeza existe de que estos fondos estén disponibles cuando las hojas del calendario caigan en el momento de pagar las pensiones?

El esquema propuesto parece un mosaico de aspiraciones y fondos contingentes, donde la certeza financiera brilla por su ausencia. La diputada Ivonne Cisneros y el diputado Ignacio Mier, ambos estandartes de la propuesta, han hablado con la confianza de quienes ven tierras fértiles en el horizonte, pero los expertos y la crítica advierten que el terreno podría estar minado de desafíos insuperables.

España, un modelo a seguir en materia de pensiones, ofrece una tasa de reemplazo del 80% del salario, sustentado por contribuciones significativas tanto de empleadores como de trabajadores. En contraste, México aporta apenas un 9%, y los trabajadores, un mínimo del 1%. ¿Cómo se espera entonces alcanzar un ideal del 100% con aportaciones tan modestas?

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, -sí, aunque usted no lo crea hay quien cobra como secretario del trabajo en México- ha sugerido que recursos incautados y parte de las utilidades de empresas estatales podrían abonar al fondo. Aun así, las sombras de la duda se ciernen sobre la viabilidad de estas fuentes, con críticos como Rolando Silva Briceño, de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, apuntando a las lagunas y los riesgos de depender de recursos que bien podrían no materializarse.

Este enfoque disperso y fragmentado hacia el financiamiento revela una estrategia más de emergencia que de planificación a largo plazo. La opacidad en el manejo y asignación de los fondos sólo añade incertidumbre a un sistema que debería caracterizarse por su previsibilidad y solidez.

A la sombra de esta propuesta se teje también una trama de urgencia electoral, percibida por observadores como un intento de ganar el favor popular sin un plan robusto que asegure la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo. Los trabajadores mexicanos, en su justa demanda de seguridad en la vejez, podrían encontrarse en un laberinto burocrático para reclamar derechos que, por ley, les corresponden.

El debate, enriquecido por contribuciones de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), llama a una evaluación meticulosa y basada en evidencia. Se pide a los legisladores un diálogo abierto y constructivo, imperativo para garantizar que las decisiones tomadas hoy no se conviertan en las cadenas del mañana para las finanzas públicas y la dignidad de los trabajadores al final de su vida laboral.

En este escenario, lleno de promesas y sombras, el Fondo de Pensiones del Bienestar se perfila como una criatura mitológica: imponente en la narrativa, pero esquiva en la realidad tangible. La esperanza de jubilaciones dignas se entreteje con el temor de que la realidad no cumpla con las promesas hechas en tiempos de campaña.

Mientras tanto, la oposición y los expertos señalan que la propuesta podría estar más orientada a cosechar votos que a sembrar las bases de un sistema pensionario robusto y equitativo. La crítica no es menor: se alega que el plan puede llevar a un incremento de la presión fiscal sin resolver de manera fundamental las deficiencias estructurales del sistema de pensiones actual. La preocupación es palpable: ¿se está comprometiendo el futuro fiscal del país a cambio de un beneficio político inmediato?

La falta de claridad en la operatividad del fondo y la indefinición de los mecanismos para la devolución de recursos son talones de Aquiles que podrían desmotivar a los trabajadores a ejercer su derecho a reclamar los ahorros que, con esfuerzo, han acumulado durante años. La posible complicación administrativa, largos tiempos de espera y trámites excesivos podrían ser un calvario para aquellos que se aventuren a reclamar lo que es legítimamente suyo.

El análisis no termina en la crítica: el Instituto Mexicano para la Competitividad y otras voces autorizadas sugieren que la propuesta requiere un replanteamiento profundo. Se advierte sobre el riesgo de que los recursos del fondo sean insuficientes y de que las aportaciones gubernamentales adicionales necesarias distraigan fondos de áreas cruciales como educación, salud y seguridad.

La posible expropiación de cuentas inactivas, aunque negada oficialmente, sigue siendo una sombra que planea sobre la iniciativa, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y sus beneficiarios. Las figuras prominentes en la defensa del fondo, como Carlos Ramírez y Abraham Vela, ex presidentes de la CONSAR, reiteran que, aunque la propuesta no constituye una expropiación directa, la manipulación de cuentas inactivas sin una estrategia clara es una maniobra arriesgada y potencialmente injusta.

En conclusión, el Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque noble en su intento de proporcionar una jubilación más generosa para los trabajadores mexicanos, se enfrenta a un mar de incertidumbre y escepticismo. Requiere un debate transparente, amplio y fundamentado en análisis financieros sólidos de esos que no sabe, ni le gusta hacer a la 4T.

Los trabajadores de México merecen un sistema de pensiones que no solo sea generoso en su retórica, sino eficaz y justo en su implementación. La verdadera medida del éxito de esta iniciativa será si puede pasar de las palabras a los hechos sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad social. Hasta el momento, no se ve cómo.

En X @DEPACHECOS

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Segunda llamada

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

A inicios de este mes se llevó a cabo el primer debate presidencial, un ejercicio poco esperado y poco visto por los votantes mexicanos. Como suele suceder las candidatas punteras se enfrascaron en descalificaciones y señalamientos y mostraron poco de sus propuestas para mejorar la situación del país, por su parte, Jorge Álvarez Maynez, con una sonrisa un poco extraña, a diferencia de sus redes sociales mostró una imagen apagada.

Los debates que deberían tener la función de comparar ideas, mostrar planes, proyectos, conectar con las y los ciudadanos, se han convertido en un show donde los candidatos que se saben abajo suelen atacar al que va a la cabeza en las encuestas.

A pesar de que la mayoría de los mexicanos son ajenos a dedicar dos horas de su día, (generalmente domingo), a escuchar propuestas de personajes que no conocen ni desean conocer, los resúmenes informativos y los videos de Tik-Tok son seguidos y replicados por bastantes ciudadanos.

Lo que vimos en el debate del 7 de abril, fue a una Claudia Sheinbaum segura, preparada y tranquila de que a pesar de tener muchos señalamientos a su gestión y a la administración federal que promueve, sigue arriba en las encuestas y parece que sus seguidores continuarán fieles a su causa. Su principal contrincante no lo encuentra en los partidos o candidatos, sino en la posible alta participación ciudadana del próximo 2 de junio.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, mostró una imagen contrariada, parece que la sobreasesoría a sus gestos, imagen personal y lenguaje corporal pesaron más de lo que ayudaron, no fue ella misma y se notó. Los partidos de oposición se decantaron por Xóchitl porque es una persona fresca, sin señalamientos y eso venía a avivar la esperanza de poder refrescar la muy dañada imagen del PRI y del PAN, sin embargo, es claro que le cuesta desmarcarse de los partidos, se encajona cuando le preguntan por Marko Cortés y sobre todo, por “Alito”.

De Máynez, se puede comentar que si bien, presenta propuestas un poco más elaboradas, es notorio que aún no consigue la atención del electorado mayor de 29 años, del ciudadano que solo ve dos opciones para votar y que piensa que decantarse por una tercera vía podría ser equivalente a desperdiciar el voto.

Es de destacar el crecimiento en las redes sociales del zacatecano, desde la jingle de su campaña que ha sido un éxito en las listas de reproducción de México y algunos países más, hasta el click que ha tenido con los jóvenes en las universidades. Aunque Máynez se ve lejos del triunfo, la campaña despunta y podría conseguir una buena cantidad de sufragios con los jóvenes que votan por primera vez y que lo ven como una opción viable o una moda. En México hay 40 millones de posibles electores de 29 años o menos.

Este domingo 28 de abril se llevará a cabo el segundo debate, para Xóchitl, es de las últimas oportunidades para repuntar, es momento de romper cadenas y hacer lo que corresponde.

En sus mismas palabras, expresa que no le han gustado las imposiciones desde la casa de campaña:

En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”.

A pesar de que los debates no tienen la mayor audiencia, lo que se replica posterior a ellos sí influye en el electorado. La participación de las candidatas y el candidato es de las últimas oportunidades para demostrar que son mejores, o al menos dejar alguna frase o concepto contundente que haga pensar al elector que vale la pena tachar su nombre en la boleta.

Si Xóchitl no es contundente en el debate, si Claudia vuelve a tener un día de campo, si Máynez sigue con su tendencia en redes sociales, se ve muy difícil que el resultado pronosticado desde hace meses para la elección presidencial, pueda cambiar.

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Los roba viejitos

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Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi //

Aunque parezca una contradicción, los miembros de la 4ª Transformación imponen leyes, normas y reglamentos no obstante su público rechazo a la Ley. Los legisladores de MORENA se han apropiado de los cuerpos legislativos para legalizar lo que la voz del amo les ordena.

Mientras el Peje vomita ilegalidades cuando de cumplir leyes se trata, sus legisladores se afanan en legalizar lo que en su eterna campaña abominaba de los regímenes “conservadoneoliberales”.

¿Hasta qué punto los “compaleros de partido” del Prejidente deben ser sumisos, dóciles, abyectos?

La iniciativa de ley promovida por MORENA para adueñarse del dinero de las AFORES, de los ciudadanos de 70 años en adelante, es la muestra de que, cuando quieren, las leyes son inapelables, estupendas, magníficas, celestiales incluso.

Cuando las leyes les molestan es porque no les permiten hacer lo que les da la gana; porque son “obsoletas” o, como dicen en su cantaleta, confeccionadas por los conservadores.

Hasta ahora no se sabe con certeza cómo se van a pillar los 40 mil millones de pesos calculados. Mañosamente no se incluyeron mecanismos para obligar a emplearlos en la “cosa pública”; es decir no habrá manera de saber qué se hará con ese dinero; qué Secretaría lo administrará, cómo se repartiría entre las dependencias o los municipios y entidades. La tradicional opacidad de la casa, es la marca en esta “ley robaviejitos”.

No se incluyó ese candado porque lo que la 4ª Transformación necesita urgentemente es dinero. Dinero para la nómina; dinero para el Ejército y la Marina. Pero, sobre todo, urge “para ayer” dinero, mucho dinero, para la campaña de la candidata.

Pero esa huizachada no es contra el dinero “maldito” de los fifís, de los conservadores y de los ricos. Es dinero de la clase trabajadora, de los pobres, pues.

MORENA decidió, vía sus leguleyos, coger el dinero de los ancianos mayores de 70 años. Sin recato, sin pudor, vergüenza ni se diga, MORENA aprobará rapidísimo, con la mano en la cintura, esa medida que, según los expertos en Derecho, es inconstitucional.

Así que la Suprema Cortesana de la Nación tendrá que intervenir de nuevo para restaurar la legalidad en ese rubro. El” piñazo” será duro y a la cabeza. Y el revire hacia la Presidente Piña inmediato.

La esperanza de MORENA está en el tiempo. Si hay tardanza en la reacción para impedir este robo a plena luz del día contra los ancianos, podrán refaccionar sus campañas.

Todo apunta a que se echará abajo esa maniobra legaloide, pero después de las elecciones. Es decir, el gobierno de AMLO tendrá “oxígeno” financiero merced a la “ley robaviejitos”.

¡Ah!, porque cuando se apropie de esos 40 mil millones de pesos no habrá poder sobre la tierra que haga regresarlos a las AFORES.

No pocos “sesentones” están meditando si votan por los “robaviejitos”.

Hay un sentimiento de desilusión, enojo y decepción de este sector social. Seguramente la mano que mueve la cuna de MORENA calculó muy bien el daño que significa esa “expropiación” para los planes a perpetuidad que tienen en mente.

Debe ser muy grande el bache económico del partido en el poder para aventurarse a aprobar la “ley robaviejitos” en plena campaña. ¿Dirá algo al respecto la candidata Sheinbaum? ¿Seguirá con su frialdad -cual paleta de la Flor de Michoacán- y el mimetismo pejista?

¿Cómo aprovechará Xóchitl ese resbalón de MORENA? ¿Hará alguna cancioncita de sonsonete sobre los “robaviejitos” el Máynez?

Mientras tanto, en una región del occidente de México, la lucha del MC por preservar el poder tiene en ascuas a no pocos. Aunque usted no lo crea, Chema Martínez, con toda la mala fama que lo rodea como político, está a tiro de piedra de la candidata de los naranjas, Verónica Delgadillo. Ambos luchan por la alcaldía de Guadalajara. También en Zapopan” el candidato de bien muchos partidos”, Kumamoto, se acerca peligrosamente a Frangie.

Si el MC pierde los principales municipios, Lemus no la pasará muy bien, puesto que alrededor de un 65 o 70 por ciento de los votantes de Jalisco se asientan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Señoras y señores… ¡hagan sus apuestas!

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