NACIONALES
Marko Cortés airea los trapos sucios: Pacto del cinismo, PRI y PAN exhibidos
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Bien afirmaba el aguerrido político argentino J.W. Cook, (1919-1968) que «Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe», agregando este fogoso rioplatense, «aunque sean convenientes» para la contienda por el poder. En México, la alianza incoherente (PRIAN) entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), que por sus ideologías pareciera imposible, es claro ejemplo de esa frase.
El martes 9 de enero, de este naciente 2024, Marko Cortés (tildado como “markititito” -debido a su mediocridad- por muchos comentaristas y bastantes políticos), en su calidad de comandante nacional panista, reveló un documento -arrugado, por cierto- que contiene los acuerdos que habían firmado los del PRIAN, antes de que fuesen las elecciones que condujeron a Manolo Jiménez, en junio del año pasado, a gobernar Coahuila desde el uno de diciembre de 2023.
En ese ajuste prianista, participaron, tanto el aludido -entonces aspirante priista- Manolo, como el inefable Alito (Alejandro Moreno), presidente tricolor y su camarada Marko Cortés; asimismo, suscribieron el documento, Rubén Moreira, exgobernador coahuilense y de los mandones entre diputados y parciales de Alito, así como Armando Tejeda, responsable panista en materia de elecciones.
El fin era adjudicar candidaturas, cargos y órganos estatales, así como diversas posiciones que se supone son autónomas, como el Instituto de Información, ciertos puestos universitarios y una magistratura judicial, incluyendo notarías públicas, que absurdamente se conceden no por méritos, sino como prebendas a recomendados y exfuncionarios que no conocen la ley ni por el forro, lo que va en detrimento de la fe pública.
No se crea que ese tipo de acuerdos son ajenos a los partidos mexicanos. Otro caso del que se tiene registro, ocurrió el 30 de octubre de 2009, cuando la lideresa priista Beatriz Paredes, el dirigente panista César Nava, el leguleyo Fernando Gómez Mont –entonces Secretario de Gobernación de Felipe Calderón– y Luis Enrique Miranda Nava –Secretario de Gobierno en el Estado de México regido entonces por Enrique Peña Nieto– firmaron un documento en el que el PRI comprometía al PAN a “no alianzarse” -por aliarse- con ningún partido para la elección de 2011 -en el Edomex- a cambio de ayudarle para aprobar un incremento de impuestos, que lógicamente, acuchilló a la gente. (Obed Rosas, Sin Embargo, 11-01-2024).
Lamentablemente, la prensa en general concedió poco espacio, tanto a ese tremendo suceso de impudicia, así como tampoco lo otorgó al reciente desatino registrado en Coahuila: hace años, porque estaba cooptada -comprada-por el prianismo gobernante; ahora, porque los medios tradicionales, parecen ser aliados de las oposiciones a la Cuatro T, pues ya no son maiceadas.
Al respecto, si vemos las primeras planas de los principales diarios, nos encontramos que o no se ocupan del tema, como Uno más Uno, Excelsior, El Universal, El Sol de México, El Economista, y si acaso, como el Reforma, Público, etc., que hablan del caso Coahuila, pero sesgando la nota, pues informan que se dejó al partido blanquiazul fuera de la alianza en esa Entidad federativa, ocultando el acto de corrupción que firmaron.
Lo anterior dio pábulo para que el primer mandatario se ocupara del tema en las mañaneras del 11 y 12 de enero. Primero señaló que semejante acuerdo de corrupción evidenciado, “es una prueba documental importantísima, es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas”. Esa componenda, impresa en un papel firmado, es fantástica o surrealista, muy descarada puesto que lo dio a conocer, el mismo presidente del PAN, aduciendo este que lo hizo para transparentar (¿?) ya que el gobernador y el PRI no le estaban cumpliendo.
El pleito prianista, facilitó que el presidente acuñara la sonora locución de: “¡Cuando se reparte mal el botín, hay motín! En un comentario del Templo Mayor, suscrito por un “Bartolomé”, escribe: Muy caro le salió a Marko Cortés dar a conocer la repartición del botín, perdón, el acuerdo electoral con el PRI en Coahuila.
En su afán por reclamar posiciones…la alianza opositora se rompió en esa entidad y, además, exhibió de fea manera los pactos más allá de lo político que hacen los dirigentes partidistas”, pues eso de “repartirse un magistrado, el Registro Civil, las oficinas de recaudación y ¡hasta notarías públicas!, nomás no cuadra con la idea de honestidad que quieren vender”.
En el enjuague, también se incluye al Instituto de Información, que supuestamente debe ser ciudadano y autónomo. Y el reparto iba tan en firme, que el mismo gobernador Manolo, expuso que se incumplió porque el panismo no logró un 20% de votación.
En opinión de Álvaro Delgado, el avezado periodista nativo de Lagos de Moreno, ese arreglo prueba lo faccioso de las actuales dirigencias del PRI, PAN y PRD, advirtiendo que éste último, ya ni siquiera es tomado en cuenta para los repartimientos. Para el músico Horacio Franco, lo que Marko hizo al publicar el trato, es enorme desvergüenza y una desmedida torpeza como guía del panismo.
En cuanto a Mario Delgado, guía estatutario de MORENA, la liga del PRIAN, la definió como una alianza de intereses para negociar cargos. Y enfatizó: “Lo único que le faltó al convenio es ver si se iban a distribuir el sueldo del gobernador o si se iban a repartir también las mesas y las sillas. Ellos no tienen un proyecto de país, no tienen un proyecto para las entidades donde gobiernan; ven a las instituciones públicas como un botín para apoderarse de él y seguir saqueando el país”. (La Jornada, 11 enero 2024).
Diversos escritores y académicos han censurado severamente este convenio fallido del prianismo en Coahuila. José Antonio Crespo, impugnador de la Cuatro T, sostiene en X, antes Twitter: “Somos muchos quienes hemos criticado duramente a Marko, incluyendo la solicitud de su renuncia”.
Por su parte, el académico y escritor Héctor Alejandro Quintanar Pérez, al hablar sobre ese repulsivo acuerdo prianista, subraya que “no es un dislate, no es un exabrupto, es algo que refleja todo un proyecto político” de esas dos fuerzas partidistas, las cuales coinciden ya ideológicamente y con fondo oportunista para dispensar chambas de forma corrompida. Marko Cortés la reveló, no por transparencia, sino de manera cínica.
Es incuestionable, que cuando se cometen actos como el que nos ocupa, se agrede no solo a las instituciones, sino a la comunidad por entero. Por ello tenemos la obligación todos los ciudadanos, de estar bien informados, a efecto de actuar cívica y vigorosamente contra ese modo de corrupción; esta conducta debe practicarse a diario, sin paréntesis, y muy especialmente, el día de las elecciones, cuando el poder de nuestro voto, en una jornada democrática distintiva, decidirá el porvenir de la ciudad, el Estado y más que nada, de la nación.
JALISCO
Acusa Enrique Krauze a Donald Trump de tener un perfil cercano al de un dictador
CIERTO O FALSO
“El mundo necesita un estadista. Es altamente improbable que Trump lo sea. Su perfil autoritario corresponde al del dictador que tanto temían los Padres Fundadores de Estados Unidos”
ENRIQUE KRAUZE / ESCRITOR
“55% de los estadounidenses respaldan la deportación de la comunidad indocumentada (…) Estamos hablando de más de 11 millones de personas, la inmensa mayoría gente honesta y de trabajo, que ha construido vidas, pagando miles y miles de millones en impuestos y tiene millones de hijos nacidos en EEUU y ciudadanos de este país”
LEÓN KRAUZE / ARTICULISTA DEL WASHINGTON POST
FUEGO CRUZADO
“Venezuela está en manos de un cartel criminal (…) Biden se equivocó al negociar con Maduro (…) Las elecciones fueron fraudulentas (…) Las petroleras financian al régimen (…) Urge un cambio de política”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
“Lamentablemente Venezuela no está gobernada por un gobierno, está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado del estado nacional, y hemos visto, creo, 7,8 o 9 millones de venezolanos que han abandonado el país”
MARCO RUBIO / PRÓXIMO SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
VOZ ALTA
Papa caliente: Notarios
José Luis Leal Campos asumió la presidencia del Colegio de Notarios de Jalisco ante la presencia del gobernador Pablo Lemus y habló de la actualización de la actividad notarial que vendrá a responder al objetivo de innovar en esta actividad. “Esto será posible a través de la innovación y modernidad que nos dará una nueva identidad con la sociedad. Y lo haremos a través de seis principios: Voluntad, la defensa y representación del notariado, actuación basada en la ética, la capacitación y discusión de la cultura jurídica, el compromiso y solidaridad con la sociedad de Jalisco”.
JOSÉ LUIS LEAL CAMPOS. Sangre nueva en el Colegio de Notarios de Jalisco.
Se vuelve crítico
La problemática del transporte es un asunto que de no prestarle el gobierno del Estado la atención que el caso requiere, le puede estallar a Pablo Lemus, ya que Alfaro, a diferencia de su antecesor le heredó un problemón. Existe una crisis que golpea tanto a empresarios como choferes y que impacta al usuario, cuando circulan menos camiones, porque faltan más de mil choferes (1,500 consideran en números conservadores), la razón es que los sueldos dejaron de ser atractivos, cuando se castiga la tarifa generando esto un efecto dominó. Lemus debe echarse un clavado para conocer la realidad.
DIEGO MONRAZ. Trae una bomba en las manos.
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Agua para Tlajo
Uno de los objetivos fundamentales que se ha trazado Gerardo Quirino como presidente municipal de Tlajomulco es resolver el problema de abastecimiento de agua en el municipio por los próximos 40 años. Con la construcción de la planta de tratamiento “Los Agaves” en la zona de la carretera a Chapala, se logrará, con el sistema de interconexión de pozos, el acuaférico que por muchos años se ha estado construyendo y que vendrá a mitigar el agua que sacan del subsuelo para que se recargue los mantos freáticos y el agua puedan tenerla todas las familias en cantidad y calidad.
GERARDO QUIRINO. La solución al problema del agua en Tlajomulco.
JALISCO
La transición del Poder Judicial
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El 15 de septiembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la Reforma al Poder Judicial, controvertida a grandes dimensiones. Para algunos mexicanos, es un acierto romper con el pasado en el que gobernaron otras ideologías y apostar a este nuevo gobierno morenista.
Para otros, es un retroceso y un posible error dejar que el pueblo elija de manera directa a quién impartirá justicia en las entidades federativas y en la federación, debido a que son cargos que requieren una carrera judicial, grados académicos y alta honorabilidad. Ahora nos enfrentaremos a la ardua tarea de implementarla según los tiempos marcados en la Reforma Constitucional y a ver la importancia de la armonización en Jalisco.
El reto en Jalisco, no solo implica la buena voluntad política de los poderes: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que sufrirá o gozará de la armonización de esta gran reforma constitucional. El Poder Judicial en el Estado deberá transitar a la extinción del actual y a la creación del nuevo orden o desorden judicial, sin embargo, y según la lectura de los artículos transitorios del documento que reforma oficialmente, las entidades federativas deberán ser estrictamente apegadas a la reforma y su forma de transición tal como lo indica el artículo transitorio que al literal dice: “Décimo Primero.- Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.” Lo que se resume a que no existen opciones de variar la estructura del nuevo poder judicial; lo que pase en el ámbito federal deberá pasar en el local.
Todo indica que, en Jalisco, ante los posibles desafíos, sí existe la disposición de que este considerable cambio de impartición de justicia llegue a buen puerto, que las voluntades de los poderes se unan para considerar que la implementación de la reforma judicial sea lo más socializada y visibilizada.
El Gobernador Pablo Lemus Navarro ha nombrado a Arturo Zamora Jiménez, quien deberá, de manera honorífica, organizar y coordinar bajo la lupa social, a manera de propuesta para armonizar la ley estatal con la reforma judicial. Se realizarán foros con colegios de abogados, notarios, especialistas de colectivos, analistas políticos para conocer las voces de todos los involucrados y formar conclusiones. Los diputados tendrán alrededor de un mes para analizar estas propuestas y votarlas; debido a que los estados tienen hasta el 14 de marzo del 2025 para homologar sus legislaciones con la nueva reforma judicial.
La experiencia y trayectoria del jurista Arturo Zamora Jiménez garantizarían una reforma judicial ordenada y rigurosa desde su inicio, con un proceso estrictamente controlado. Se espera que esta persona comprenda la importancia del proceso para seleccionar a jueces imparciales, cuyas sentencias no estén influenciadas por la popularidad del juzgador, evitando así acrecentar la desigualdad y asegurando el acceso a la justicia para todos, sin importar su condición económica.
Es fundamental que en Jalisco esta transición en la elección de juzgadores y el cambio de poder judicial se realice de manera transparente y con amplia participación ciudadana, para generar confianza en el nuevo sistema judicial y fortalecer el Estado de derecho.
Ante los grandes cambios, deberemos buscar las oportunidades y, en este caso, que favorezcan los intereses de la sociedad y que nos permitan asegurar un futuro de impartición de justicia, real y transparente, en un país en el que todo se puede corromper en un instante y donde la opacidad gubernamental y política es más visible que la transparencia.
Construir desde la colectividad puede resultar en un mejor panorama para instaurar los cambios judiciales a los que nos sometió la cuarta transformación. Es evidente que la división de poderes no es algo que se pueda ya alegar y argumentar, entonces nos queda apostar a la participación ciudadana y la vigilancia social para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
NACIONALES
El Plan México
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El 13 de enero la señora Presidente Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México diseñado para impulsar el desarrollo económico. Tres metas sobresalen: sustituir importaciones, fortalecer las cadenas productivas y colocar a la economía mexicana en el décimo lugar en el concierto internacional.
Sin duda es un buen documento porque integra una visión clara de hacia dónde quiere llevar la política económica y se pone además metas concretas que son mensurables, aunque no menciona compromisos en tiempos de realización, sin embargo, puesto en el contexto socio político, arroja graves contradicciones que son el principal obstáculo para el cumplimiento del citado plan.
El problema no está en él, sino en las limitaciones que le imponen las reformas al marco legal y en la eliminación de instituciones que le fueron heredadas y que ella misma se ha encargado de concluir las pendientes. Es inevitable por ello pensar que, como tantos otros documentos puede quedar en un buen catálogo de buenas intenciones.
El documento perfila a un gobierno con variantes significativas respecto a su antecesor en cuanto a política económica e incluso en la asistencial, donde ya se observan algunas correcciones como son la vuelta a las compras consolidadas de medicamentos, reconociendo llanamente que hay desabasto, el regreso de las guarderías ahora a cargo del IMSS, la revisión de la línea aérea Mexicana, pero hace falta un reconocimiento de las propias limitaciones del gobierno.
En principio se muestra abierto a la participación de la inversión privada, necesariamente deseada, convocada a participar en un programa de sustitución de importaciones que, erróneamente, algunos han interpretado como un regreso al proteccionismo. En realidad es un realineamiento de posiciones de cara a la revisión del tratado de libre comercio con EUA y Canadá, que pretende incidir en las cadenas de producción de los productos exportables. En esto al parecer ofrece facilidades para la inversión con una importante batería de estímulos fiscales.
Sin embargo, la industria requiere energía, mejor y mayor infraestructura y estos son recursos actualmente limitado en el país y aquí es donde empiezan las discordancias entre los propósitos y las realidades.
Seguir con el objetivo de garantizar la suficiencia energética es bueno, pero no lo es el limitar la presencia de la inversión privada en el sector, como es el caso de la industria eléctrica donde el estado se reserva el 54% de la participación, sin tener los recursos suficientes para participar en los proyectos de infraestructura necesarios. Hay formas de garantizar que la inversión mayoritaria sea mexicana y no extranjera y no es precisamente con dinero o participación gubernamental.
Lograr las metas que el plan señala depende en mucho de la inversión y las arcas nacionales no pasan por su mejor momento. La dilapidación de recursos del sexenio anterior en obras de alto costo y nula rentabilidad nos llevó al incremento de la deuda nacional y a sostener ahora con subsidios las improductivas empresas resultantes.
En el lanzamiento del Plan, estuvo presente una buena representación del empresariado e inversionistas, pero más allá de la verbalización positiva en entrevistas públicas, en privado se mantienen reservas, especialmente por la reforma judicial que arroja incertidumbre por la no vigencia plena del estado de derecho, por la politización, muy posible de los jueces y por la poca especialización que puedan tener estos sobre cuestiones fiscales, laborales y otras materias, especialmente al ver el conflictivo y turbio proceso de selección de aspirantes a ser votados en elección popular.
En su esencia el Plan es un buen documento y va más allá de superar la coyuntura de la revisión del tratado pues lo importante es recuperar el crecimiento económico pues sin él, la política social que encumbró y da permanencia al régimen pierde viabilidad.
La cristalización de las metas trazadas depende en mucho de la inversión. La inversión pública descendió 8.6% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y la privada apenas creció un 2.9% y el Plan adolece de un capitulo que aborde las causas del descenso.
Algunas importantes devienen de la carga ideológica y de la abundancia de ocurrencias derivadas de juicios y prejuicios no siempre fundados. Otras, de las deficiencias en infraestructura que no podrán ser revertidas por la fragilidad de nuestra balanza financiera que impide al gobierno trabajar con suficiencia en ello y otras más derivan de la inseguridad y la incertidumbre por el estado de derecho.
El Plan México debiera trascender más allá de las declaraciones y el evento destacado, y sobre todo debiera tener un apartado que identifique con objetividad los obstáculos y defina con claridad como los irá derrumbando. Ese es el capítulo faltante y eso incluye una alta dosis de autocensura, cosa que hasta ahora no se ha visto que se haga.
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