Opinión, por Iván Arrazola //

La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.

Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.

El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.

Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.

A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.

En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.

El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.

En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.

Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.

Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.

Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

La semana pasada, el grupo de los cuatro países llamados QUAD, integrado por Japón, India, Australia y Estados Unidos, al que también se ha unido Corea del Sur, se reunió para buscar medidas de independencia con respecto al monopolio de China en el mercado de los minerales llamados “REEs”, tierras raras en español.

El llamado QUAD fue impulsado allá por el 2007 por Enzo Abe, ex primer ministro de Japón, asesinado hace un par de años. Desde su creación ha sido un grupo más diplomático que otras cosas, con el fin de mantener la libre navegación en el Pacífico, en especial en la región del Océano Índico en donde China ha ido amenazando a sus vecinos.

China es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo se llega al control mundial, mientras que las potencias occidentales se debatían entre pronombres y definiciones para dar nombres a deseos sexuales.

Durante la historia de la civilización, los minerales han sido pieza clave que permite a quien los controla poder de influencia para dominar a pueblos y naciones. Podemos hablar de oro, plata, cobre y hasta de la sal, todos básicos e imprescindibles. Unos caros, otros baratos, pero todos muy importantes. De acuerdo con la etapa en la que se encuentra cada civilización, es el uso de los minerales y la prioridad que le asignan.

Podemos hablar de la sal para poder preservar alimentos, purificar y como moneda de cambio, de la pólvora y el acero para las guerras contra armadas de bronce o hierro, del carbón y las mezclas de minerales para la revolución industrial, del petróleo y después del gas y la energía nuclear.

Todo es minerales y su debida transformación. Algunos países de manera activa han promovido la industrialización mineral, otros la consolidación de sus estrategias comerciales cuando no tienen esos minerales en sus propios países, pero las grandes potencias de la humanidad han podido consolidar la capacidad de extracción mineral, de proceso, de comercio interno y externo y de uso para generar artículos de valor agregado. No es una receta secreta sino una receta amarga. Es trabajar o apostarle al futuro. Lo han hecho todos los países y los empresarios más exitosos de la historia.

Pero entremos a hablar de los REEs. En realidad, no son tan “raras” sino que requieren de mucho trabajo mecánico y energético para su purificación. Se identifican a 17 minerales que son de este grupo mismos que son base para la tecnología moderna. China se dio cuenta que tenía estos minerales desde hace casi un siglo allá por 1927.

Así las cosas, China se puso a trabajar en lo que otros no querían hacer. Durante 70 años no pasó casi nada, pero en los 80´s ese gobierno empezó a dar incentivos fiscales a la producción y exportación de esos minerales, en los 90´s la declararon una industria estratégica y 2 años después ya eran el principal productor del mundo. En lograr de bajar la velocidad invirtieron más y presionaron a otros países a dejar sus propias industrias para ser clientes de China. Para el año 2000 ya eran el productor monopolio mundial lo que se ha mantenido.

Una vez que China dominó el mercado de esos minerales los ha utilizado -como todas las potencias lo harían- para presionar o premiar a amigos y enemigos. Un ejemplo nos lo da el pleito territorial del 2010 en el que China prohibió la exportación de esos minerales a Japón y así lo ha hecho con todos los países desarrollados con los que ha tenido diferencias incluido EUA en el 2019 y ahora en el 2025. Los bloqueos han durado poco, pero muestran que pueden generar falta de continuidad en cadenas de producción de industrias de todo tipo desde equipos de comunicaciones hasta la industria militar y energética.

EUA, Canadá, Japón, Corea y claro Europa sabían de estos minerales descubiertos hace casi 300 años, siendo el primero de los 17 en Suecia por el año 1787 y de ahí en otros lados. Pero los del G7 y sus aliados cayeron en la complacencia y dejaron a China el campo de desarrollo. Razones hay muchas, pero todas son excusas. El valor estratégico de estos minerales era sabido desde los años 50 del siglo pasado cuando se dieron cuenta que eran necesarios para las televisiones y algunos aparatos de comunicación.

Esos años coinciden con la fecha en la que China empezó a explotarlos de manera muy modesta, pero ya en los 70, cuando el mundo empezó a ser tecnificado, Occidente y el propio Japón no previeron nada. Fue China quien incentivó la inversión extranjera con la apertura a partir de la relación con Nixon, que también fue impulsada por Luis Echeverria.

Dejemos los 90 años de demora. Durante los últimos 50 años, Occidente siguió apostando a hacer todo en China, y los chinos de manera obvia y natural aprovecharon la ventaja. Ahora Occidente busca alternativas, como se ve con el QUAD -cuarteto- de países del Indo-Pacífico, pero lo mismo aplica para Europa, y habrá que ver qué representa esto para el resto de Asia.

Es fácil entender que las potencias utilizan sus armas para posicionarse; así lo hicieron los turcos con el comercio, los árabes con el petróleo, los estadounidenses con las armas y ahora los chinos con las tierras raras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo único raro de los minerales “raros”, es que alguien quiera hacer el trabajo duro y constante para obtenerlos. Son tan comunes como el cobre en la corteza terrestre. México tiene detectadas millones de toneladas de esos minerales. Si Estados Unidos y Europa quieren, podemos ser socios estratégicos, incluso para la industria maquiladora, de electrónicos, o de autos, que tanto aman nuestros expertos en comercio desde Herminio Blanco hasta la fecha.

Como sugerencia y al margen de esta nota. Reitero mi modesta propuesta y solicitud al gobierno federal y a los de los estados para que detonen la industria de minería con valor agregado que tanto podría darnos. No es un tema de la 4T sino de décadas de abandono enfocadas en la industria de autos y de la maquila fronteriza que han llevado a que la Secretaría de Economía que se comió a la subsecretaria de minería durante el sexenio de Don C. Salinas, no tenga área para la promoción de la industria química de los minerales que abundan en nuestro país.

Para nuestro país las oportunidades son inmensas. La pregunta es: ¿queremos hacer el trabajo? EEUU lo hizo, China lo hizo, Japón lo hizo, ¿lo haremos nosotros o nuestros hijos? Ojalá lo vea en mi tiempo. Pero si no lo veo, es bueno recordar a los jóvenes que el mayor bien es nuestro esfuerzo propio.

El capital humano. Así, Israel es el principal productor de flores y China el de los REEs. Estados Unidos y sus habitantes se arriesgaron y han dado grandes tecnologías al mundo, lo mismo otros países antes y seguro otros después.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En una nación de vocación democrática, los intereses de sus habitantes deben ser sustanciales y por lo tanto efectivos. No como ahora, que a título de que se representa a la ciudadanía, lo que pasa es que las cúpulas partidistas se despachan a su antojo y a las cámaras arriban los consentidos, por lo general sin mayor arraigo popular y desde luego, sin haber hecho campañas a ras del pueblo, lo que ocasiona que sus labores no sean a favor de la sociedad.

Muchas reformas en materia de elecciones se han llevado a cabo en el país, pero por lo general lo que priva es el interés de las camarillas que dirigen los partidos políticos. Varios son los temas fundamentales de una reforma electoral, aunque sobresalen los concernientes al costo elevado que actualmente tienen los procesos comiciales, incluyendo en tal ramo los enormes recursos que se asignan a los institutos partidistas; en otro renglón, resalta la manera de como se representa a las minorías.

Claro que hay otros temas, como la integración del organismo que se encarga de esos procesos de elección y el hecho de que haya duplicidades entre el instituto de índole nacional con sus correlativos de carácter estatal, lo cual redunda en derrochar caudales.

Entre las iniciativas que anunció el entonces mandatario federal, se encontraba la trascendental reforma electoral, también conocida como el plan D. Allí se planteaba, asegurando el respeto al voto y la legalidad, que las autoridades administrativas (el INE y las de orden estatal) así como las jurisdiccionales (los tribunales del ramo, tanto federal como local) fuesen imparciales, lo cual supone que actúan al margen de la lucha por el poder, y de esa manera se garantiza la libertad política de que deben gozar todos los mexicanos: aquí se sugería debatir sobre si era benéfico que los integrantes de esas organizaciones fuesen electas.

Otro aspecto, se refería a la instauración de un ambiente favorable para la participación no solo de partidos, sino también de aspirantes -candidatos- independientes. Todo lo predicho, regulado por el principio de austeridad. Además, se propone una elección transparente de las máximas autoridades mediante voto secreto, directo y universal.

Lo anterior se complementaba con un capítulo muy importante: el relativo a la eliminación de diputados federales plurinominales, incluyendo a los senadores, lo que implicaba evidente reducción del financiamiento a partidos. Incluso, se proponían cambios en materia de la revocación de mandato y consultas populares.

La sucesora de López Obrador optó por aplazar esta reforma electoral y señalar finalidades que debería abarcar. Expuso tres puntos: “Uno, disminuir los costos de las elecciones sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales”. Por lo pronto presentó iniciativas sobre no reelección y para combatir el nepotismo, mismas que ya fueron aprobadas.

La primera magistrada nacional aludió a esa reforma, consignada en sus cien propuestas de gobierno que tiene suscritas. El 25 de junio así lo afirmó y agregó descartar “que la reforma electoral que presentará como parte de los 100 compromisos de Gobierno busque la eliminación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral”. Sin embargo, destacó la importancia de que se revise el tema de los plurinominales, para que los legisladores que lleguen a una curul lo hagan por trabajo en terreno, no por favoritismo.

Al respecto especificó que, debe tenerse reconocimiento de las minorías por el segundo lugar de una elección, a fin de que este acceda al espacio correspondiente a un partido político, y no arribe alguien por el simple favorecimiento de haber sido anotado en una lista, como actualmente se hace, lo cual es contrario a la idea de que, ningún político que deje el país -como Ricardo Anaya- luego regrese como legislador gracias a la figura plurinominal. En consecuencia, se pretende que “todos los aspirantes vayan a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña” y de esa manera, quien sea representante popular, tiene a su favor haber hecho actividad territorial.

En la mañanera del reciente 4 de julio, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP): la reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo plantea la reducción al financiamiento público de los partidos políticos y del costo de los procesos electorales, así como la modificación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. «Algunos de los temas que más nos interesan son: que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país”.

Sobre lo oneroso que es para los mexicanos cada proceso electoral, CSP informó: En el año 2024, el presupuesto para el proceso electoral ascendió a 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos. Ese monto no incluyó el financiamiento público federal a los partidos, que fue de poco más de 10 mil 444 millones de pesos. Ambas sumas, son exageradas y acreditan lo carísimo que son estos procesos. (El Heraldo de México, 2025-07-05).

Concluyendo sobre este tema, la jefa del gobierno de México enunció: “Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos.

No cabe duda de que tiene mucha razón la mandataria: los diputados que lleguen a San Lázaro (y en las Entidades federativas a sus respectivos Congresos locales) deben ser en primer lugar los que obtienen la mayoría de los sufragios, pero en cuanto a la representación de minorías, debe ser quien haya salido en segundo lugar, porque eso de las listas de plurinominales que hoy se estila, ya demostró que no es bueno para la República.

Y por lo que ve a los municipios, también se toca el número de regidores que debe integrar su ayuntamiento, y CSP señaló que en muchos se contemplan demasiados munícipes, y eso no debe continuar, son derroche de recursos y simples cuotas a favor de partidos y sus mal acostumbrados políticos.

Terminamos afirmando que la reforma electoral, que se presentará en el siguiente periodo de sesiones de las Cámaras federales, indudablemente es indispensable y de suma importancia, para beneficio de la democracia, la República y de todos los mexicanos.