Por Mario Ávila //

Con la elección e instalación del nuevo Consejo General Universitario (CGU), así como la designación de los siete integrantes de una comisión especial para coordinar la elección del nuevo Rector (a) en la Universidad de Guadalajara, inicia formalmente el proceso de renovación de la máxima autoridad universitaria para el periodo 2025-2031.

Se trata del primer relevo en la Rectoría de la UdeG que pudiera efectuarse de manera democrática, después de que durante 30 años los rectores se elegían en el seno del CGU, pero se decidían de manera unipersonal por el líder máximo de la Universidad de Guadalajara en la era moderna, Raúl Padilla López, quien después de su rectorado de 1989 a 1995, hizo transitar por esa cargo a Víctor Manuel González Romero, José Trinidad Padilla López, Carlos Jorge Briseño Torres, Marco Antonio Cortés Guardado, Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Ángel Navarro y Ricardo Villanueva Lomelí.

El siguiente paso será la esperar que la Comisión Especial redacte y emita la convocatoria, para luego dar paso al registro de candidatos (as), los tiempos de campañas, para llegar luego a la sesión del CGU donde se habrá de elegir al nuevo rector (a), que deberá ocurrir durante el mes de noviembre, antes del inicio de la Feria Internacional del Libro, aunque entrará en funciones a partir del 1 de abril del 2025.

La premura por adelantar los plazos y las fechas de la elección, obedecen a la aparente invitación que ha recibido el rector Ricardo Villanueva, de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se integre al gabinete en un cargo de relevancia dentro de la Secretaría de Educación Federal.

Por lo tanto, se prevé que Villanueva se mantenga al frente de la UdeG hasta el momento de la elección del nuevo rector, luego de lo cual se podría nombrar a un rector interino que se responsabilice de la conducción de los destinos de la segunda casa de estudios más importante del país, hasta que el nuevo rector asuma el cargo en abril del año entrante.

La mañana del pasado viernes, en sesión ordinaria del CGU se aprobó la creación de una comisión integrada por siete miembros que organizarán y vigilarán el proceso electoral, iniciando con ello el proceso de sucesión de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.

Se trata de la Comisión Especial Electoral para la Elección de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para el periodo 2025-2031, que estará conformada por siete miembros del Consejo, a la que se integran representantes de los académicos, administrativos y el alumnado, quienes serán los responsables de organizar y vigilar el proceso electoral y es propuesta del Rector General de la UdeG.

El propio Villanueva Lomelí planteó: “Se trata de una comisión especial que se realiza cada seis años y es la que tiene las facultades de emitir la convocatoria para la elección de Rector (a) General de la Universidad de Guadalajara”.

Integran esta comisión encabezada por el propio Rector Ricardo Villanueva Lomelí, el Secretario General interino, maestro Carlos Oscar Trejo Herrera; la doctora María Luisa García Bátiz, Rectora del CUValles; el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, Rector del CUNorte; la maestra Patricia Elena Retamoza Vega, directiva del SEMS; el maestro José Manuel Jurado Parres, directivo del SEMS; el maestro José de Jesús Becerra Santiago, representante del SUTUdeG; el licenciado Jesús Palafox Yáñez, representante del STAUdeG y Zoé García Romero, dirigente de la FEU.

“A partir de haber instalado la Comisión Especial Electoral inicia el proceso de sucesión rectoral en el que el nuevo Consejo General Universitario tendrá que decidir quién será el próximo Rector o Rectora de la Universidad”, añadió Villanueva Lomelí.

TRES MUJERES Y SEIS VARONES PARTICIPAN EN EL JUEGO DE “LA SILLA”

Aunque el espacio en la silla es solo para una persona, hasta ahora son nueve los aspirantes que han levantado la mano para participar en el proceso de elección del nuevo Rector (a) General de la Universidad de Guadalajara que se efectuará en el mes de noviembre, tres mujeres y seis hombres han mostrado su interés y solo están a la espera de la convocatoria, luego de lo cual seguramente la lista se reducirá notablemente.

Las tres mujeres que con toda anticipación han dado señales de su interés en convertirse en la primera Rectora General en la historia de la UdeG, aprovechando la inercia en el país que habla de que ‘es el tiempo de las mujeres’, son la ex diputada Mara Nadiezda Robles Villaseñor, una académica y ex funcionaria pública de larga trayectoria en la universidad y fundadora de la Federación de Estudiantes Universitarios; Karla Planter, periodista, académica y rectora del CUAltos y Leticia Leal Moya, ex funcionaria pública y rectora del CUTlajomulco.

Por lo que toca a los varones, los primeros en levantar la mano a sabiendas de que el proceso se adelantaría cuatro meses, son el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes; el director general de UdeG Plus, Carlos Iván Moreno y el rector del CUCS, Francisco Muñoz Valle.

Posteriormente procedieron a levantar la mano también el director general del SEMS, César Barba Delgadillo, el secretario general de la UdeG, Guillermo Gómez Mata, que el mismo viernes solicitó licencia para separarse del cargo y el rector del CUGuadalajara, Alberto Castellanos.

Aunque los detalles y las reglas de la contienda electoral se precisarán en la convocatoria, la intención de los aspirantes será conquistar las simpatías y las preferencias de la comunidad universitaria, lo mismo alumnos, que académicos, funcionarios y trabajadores, toda vez que son estos grupos los que tienen representación en el Consejo General Universitario, que finalmente se convertirá en el gran universo de votantes.

Por cierto, el pasado viernes se efectuó la instalación del nuevo Consejo General Universitario, integrado 196 consejeros propietarios y 144 consejeros suplentes, representantes de los diversos grupos de académicos, alumnos y directivos, que fueron nombrados para el periodo 2024-2025

DESTACÓ UNA ABSTENCIÓN EN EL DICTAMEN DEL NUEVO CGU

Con 141 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Consejo General Universitario saliente aprobó el dictamen de la integración del nuevo CGU, que entre sus primeras y principales funciones, deberán realizar la elección del nuevo Rector (a) General de la UdeG para el periodo 2025-2031 y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la UdeG para el año entrante, en donde ya contará con el Presupuesto Constitucional.

Vale la pena mencionar que los 196 consejeros del CGU, resultaron electos en una jornada de solo tres días, en donde según el reporte del maestro José Manuel Jurado Parres, se eligieron en una jornada que se desarrolló “con un profundo orden, respeto y responsabilidad democrática en nuestra universidad”.

Explicó que en toda la red universitaria se instalaron 557 mesas de votación y se presentaron 895 planillas, tanto de estudiantes, como de maestros; se eligieron 141 órganos colegiados de gobierno que resultaron legítimamente electos “y ahí radica la legitimidad, la gobernabilidad y la gobernanza de esta institución”.

También expuso Jurado Parres que fueron atendidos todos los recursos de queja y de revisión, que fueron debidamente presentados tanto a las subcomisiones, como a la comisión electoral permanente del Consejo General Universitario.

El proceso electoral consistió en la elección de tres representantes académicos y tres representantes de alumnos, así como sus respectivos suplentes, electos por sus pares en cada Centro Universitario que integra esta casa de estudios.

La elección de nueve representantes directivos, nueve representantes académicos y nueve representantes de alumnos, así como sus respectivos suplentes, entre el honorable Consejo General Universitario, electos por sus pares en el Consejo Universitario de Educación Media Superior.

La elección de los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades y de Tonalá, de tres directivos representantes al honorable Consejo General Universitario dentro de sus directores de división.

Y la elección del tercer representante directivo del Consejo General Universitario, de entre los jefes de departamento, electo por sus pares en los centros universitarios que solo tienen dos divisiones, a saber el Centro Universitario de la Costa Sur y el Centro Universitario de Los Lagos y el Centro Universitario del Norte.

Además, fueron designados el rector Ricardo Villanueva, el vicerrector Ejecutivo, Héctor Raúl Solís Gadea, el secretario general maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, los rectores de los centros universitarios Arte Arquitectura y Diseño, de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Los Altos, La Ciénega, La Costa, La Costa Sur, Los Lagos, El Norte, El Sur, Tlajomulco, Tonalá, Los Valles, Guadalajara, el director del SEMS y tres representantes del personal académico de cada centro universitario.

FIN A LA ÉPOCA DE ‘VACAS FLACAS’

Al margen del tema financiero, que se ha resuelto con la aprobación en el Congreso del Estado del Presupuesto Constitucional para la Universidad de Guadalajara, es decir que el 5% del presupuesto egresos del Gobierno del Estado, se asignará íntegramente a la operatividad y el 3% a la infraestructura de la máxima casa de estudios de Jalisco, al parecer también se está extinguiendo el problema de inversión en la actividad sustancial de la propia universidad, que es la educación.

Seguramente con esta determinación, en la historia quedarán las movilizaciones, las protestas y los plantones, que lo mismo en Casa Jalisco que en el Congreso del Estado, hacía la comunidad universitaria, principalmente desde la llegada de los gobiernos del PAN a jalisco en el año de 1995 y hasta el quinto año del gobierno del emecista Enrique Alfaro Ramírez.

Una muestra de que a partir del sexenio de Ricardo Villanueva, la situación es distinta, se dejó ver en el informe que rindió ante el Consejo General Universitario, en donde precisó que en esta administración, “el consejo de rectores ha creado en estos cinco años, 144 programas educativos, de los cuales 88 son de posgrado y 56 licenciaturas, todas ellas de corte innovador.

Refirió que, con estos 144 programas educativos, la UdeG llega a un total de 590 programas educativos, cuando 30 años atrás solo se contaba con 117 programas en toda la red universitaria, “es decir, en solo 30 años hemos crecido en 500% la oferta educativa que la Universidad tenía en sus 227 años de historia”.

Destacó además Villanueva Lomelí, que en este año se han invertido 100 millones de pesos en el programa temporal de becas de posgrado y reveló que en un hecho histórico, se aprobaron las bases del régimen de pensiones, jubilaciones y prestaciones, de seguridad social de la Universidad de Guadalajara.

Este año -dijo-, este Consejo garantizó que los siguientes 180 años, los universitarios tengan una pensión, mientras hay 15 universidades que ya no pueden pagar las pensiones a sus jubilados, la UdeG tiene un fondo perenne, tenemos pensiones para toda la vida, así que los que son trabajadores y los que algún día van a ser, muchos de los estudiantes que seguramente serán universitarios, tienen garantizada su pensión de por vida.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Es o no impugnable la reforma judicial? ¿Qué dicen los juristas, los que sí saben de derecho? Y lanzo esta pregunta, porque los políticos se han expresado a favor y en contra de acuerdo a la polarización que vive el país, como parte de la partidización y/o los prejuicios e intereses.

Lo que está fuera de discusión es la crisis entre poderes que ha generado la forma cómo se instrumentó la reforma al poder judicial, así como su contenido, que viene a realizar un cambio de fondo y radical en cuanto a sus integrantes ya que el objetivo prácticamente plantea que casi todos se vayan con una renovación total.

Voy a referirme a los argumentos que presentan dos juristas en torno a la reforma al poder judicial que son independientes de partidos políticos, ellos son el doctor y constitucionalista Diego Valadés y el maestro Miguel Carbonell, Director del Centro de Estudios Político Carbonell, autor de 80 libros de derecho y todo un apasionado difusor de la ciencia jurídica.

Ambos están de acuerdo que se puede revisar el procedimiento de reforma que hizo el Constituyente, el poder de reforma de la Constitución es un poder constituido y está sujeto al acatamiento y cumplimiento de los requisitos que señala el Art. 135 por cuanto a pasos que hay que cumplir para que exista realmente una reforma constitucional. “En esto creo que todos estamos de acuerdo”, precisa Carbonell.

LA ARGUMENTACIÓN DE DIEGO VALADÉS

El maestro Valadés considera que “No hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.

“Con motivo de la reforma al Poder Judicial expresé que estoy convencido que es necesario e indispensable modificar el sistema de justicia en el país, pero, que la elección de jueces federales y locales en todos sus niveles, incluidos los ministros de la Corte, no va a contribuir a resolver los problemas mencionados en la iniciativa, fundamentalmente el de la corrupción o la lentitud para la resolución de los casos”.

“Ahora, se tomó la decisión, la tomó el órgano encargado para reformar la propia Constitución, no controvierto si la idea de las impugnaciones va hacia el procedimiento, porque podría decirse que no votaron en el número requerido por la Constitución los diputados o los senadores, a lo mejor hubo algún error, yo no lo creo, estoy seguro que se cuidaron muy escrupulosamente los detalles de manera formal, pero si hubiera alguna impugnación referente a ese tema sería procedente”.

Agregó: “Lo que he visto es que se maneja el fondo de los asuntos, en este caso, no hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.

El exprocurador general de la república externó su preocupación por lo que se dice públicamente respecto a la reforma judicial, considera que se genera una tensión excesiva en la sociedad de algo que ya no es viable y apela a que los mexicanos inicien una nueva etapa de reconstrucción entre todos.

“Advierto con enorme preocupación esta corriente que considera que sí se pueden impugnar las reformas constitucionales, incluso ha habido algunos ministros que han expresado que hay decisiones inamovibles e intangibles, hacen referencia a cláusulas pétreas en la Constitución de 1917 y eso es inexacto, no existen tales cláusulas, existieron en la Constitución de 1824 y dejaron de existir en 1836, ese argumento es infundado desde el punto de vista jurídico”.

LA POSICIÓN DE CARBONELL

Sin embargo, Miguel Carbonell, piensa diferente, conforme lo expresó en entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Carbonell pregunta: ¿Puede un tribunal constitucional, puede una jurisdicción declarar inválida por razones de contenido de fondo una reforma constitucional?

Y añade: “Allí estamos en un terreno muy delicado, me atrevo a decir que sí se puede en alguna circunstancia muy puntual”. Y recuerda lo que al respecto refirió el ministro Javier Laynez: ¿Qué pasaría si una reforma constitucional donde se decreta prisión vitalicia para mujeres que interrumpan su embarazo?”

Carbonell pone otro ejemplo para fortalecer su tesis de que sí puede la Corte declarar inválida la reforma al poder judicial. “¿Qué pasaría si en una reforma constitucional se decreta que ya no va haber partidos políticos en México, sólo va haber un partido único que es el que gobierna actualmente y de allí seguirá por el resto de los tiempos?

¿No sería esto materia de una revisión, de una defensa institucional encabezada por el tribunal más alto del país para evitar que lo que es hoy un régimen constitucional deje de serlo y pase a ser un régimen autoritario o una dictadura?

“Creo allí hay un límite, creo que lo que no puede hacer el poder constituido es convertirse en un poder constituyente en una suerte de poder soberano, omnímodo, que ponga en la Constitución utilizando el procedimiento, en realidad un nuevo Estado que de constitucional ya no tendría nada. Me atrevo a decir que en una circunstancia muy acotadas, muy limitadas, sí se podría llegar a esto”.

¿Ahora, esta reforma judicial de la que estamos hablando llega a ese límite de desdibujar lo que significa el Estado constitucional de derecho? Creo que esta es una pregunta que hay que contestar con mucha prudencia y no se si la Corte también esté dispuesta a llegar a eso, pero sí debemos de abrir para llegar al menos a esa posibilidad, porque si nos negamos a eso convertimos a un poder constituido en poder constituyente, omnímodo, soberano a que haga lo que quiera.

Vamos a ver qué decide la Corte al respecto en la revisión que hará sobre la reforma al poder judicial que ya está aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿Se atreverá la Corte a anular la Reforma l Poder Judicial? Esa decisión generaría una macro crisis que el país en los tiempos modernos no le ha tocado vivir. Es muy delicado lo que está viviendo en el conflicto entre poderes.