NACIONALES
Opacidad en cadena
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
Como era de esperarse, a consecuencia de los ataques y descalificaciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han empezado a replicarse en cascada dichos ataques contra la utilidad de los institutos de transparencia locales.
El gobernador de Baja California Sur, la diputada presidenta del Congreso de Veracruz y diversas voces políticas de otras entidades federativas, por ejemplo, han planteado ya también abiertamente la posibilidad de destruir a los organismos estatales garantes de la transparencia y la protección de datos personales, lo que sin duda contribuiría a seguir sumiendo a México en una nueva era de opacidad que no se vivía desde hace muchas décadas.
Aúnado a ello, en otras entidades como Guerrero, el Congreso ha sido abiertamente omiso en cumplir con su obligación constitucional de elegir dos vacantes dentro del instituto de transparencia local, lo que ha implicado que también en dicha entidad federativa se encuentren -de facto- parcialmente suspendidos los derechos humanos a la información y a la protección de datos personales.
En otras entidades como Jalisco (ITEI) y San Luis Potosí, se encuentra impugnado o judicializado el proceso de selección de alguno de los espacios vacantes, sin embargo, a diferencia de la Federeción (INAI) y de Guerrero (ITAIGro), los organismos de transparencia de dichas entidades sí han podido seguir funcionando con relativa normalidad y, además, la falta de nombramiento no ha obedecido a una omisión voluntaria de sus poderes legislativos con el ánimo de desintegrarlos.
En ese contexto, es evidente que la decisión de inhabilitar al INAI y la iniciativa para destruirlo por completo y trasladar sus funciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), son también graves porque están trayendo como consecuencia que se desencadene una ola de opacidad en las entidades federativas con la evidente disminución del alcance de los derechos fundamentales de todas las personas del país, lo cual es inconstitucional, pues implica una abierta contradicción al principio de progresividad de los derechos humanos al que están constreñidas nuestras autoridades.
Además de lo anterior, la desaparición del INAI traería como consecuencia en cascada una serie de afectaciones adicionales a las personas de todos los estados de la República tales como:
1. Desaparición del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), responsable de vigilar y emitir lineamientos obligatorios para todas las autoridades del país y de implementar políticas públicas, encabezado actualmente por el INAI e integrado por los 32 institutos de transparencia locales, la ASF, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2. Desaparición de la coordinación formal entre los 32 institutos de transparencia locales del país, que actualmente trabajan en equipo gracias al SNT y se organizan en 4 coordinaciones regionales y en 11 comisiones de trabajo temáticas especializadas, lo que permite la maximización de ambos derechos en todo el territorio nacional.
3. Desaparición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la heredera del antiguo INFOMEX, producto de una década de esfuerzos por hacer la transparencia una realidad en México, y que actualmente concentra toda la información pública de los últimos 3 años que difunden las más de 8,200 autoridades registradas del país.
4. Desaparición de la segunda instancia revisora de las resoluciones de los institutos de transparencia locales, que les brinda una garantía adicional a todas las personas que pretenden acceder a información pública que les es negada en sus respectivas entidades.
5. Desaparición de la independencia, la autonomía constitucional y del trabajo colegiado del INAI en el estudio de controversias de acceso a la información, muy importante en un órgano deliberativo que materialmente realiza funciones jurisdiccionales similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, cabe la pena señalar que la propuesta de desaparecer al INAI y encomendar sus funciones a la ASF, no implicaría ningún ahorro para el presupuesto federal, puesto que dicha instancia carece del personal y las áreas necesarias para garantizar los derechos fundamentales que actualmente corresponde tutelar al INAI, por lo que sería necesario dotarla de, cuando menos, los mismos recursos financieros, estructura y personal que al INAI, lo que desmiente completamente el argumento de que la propuesta ahorraría dinero al país.
De cómo el juego del poder empieza a cambiar de coordenadas y la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a tomar la conducción de los hilos en el gobierno. Aquí el análisis de Amaury Sánchez, Gabriel Ibarra Bourjac con la conducción de Nadia Madrigal.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
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