NACIONALES
Petróleo, nuestra empresa
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Una magna concentración de tintes meramente políticos y electorales fue el marco para la celebración de un aniversario más de la expropiación petrolera, que en realidad no expropió el petróleo, que ya era nuestro, sino a las empresas extranjeras que se encargaban de la extracción, lo que hicimos nuestra fue la industria petrolera y se estableció el primer monopolio a cargo del Estado.
Desde entonces y hasta muy recientes épocas, los ingresos derivados del petróleo fueron la principal fuente de ingresos del gobierno federal, y se debe reconocer que mucho se construyó con ellos.
En una economía cerrada, como la que siguió en los gobiernos del desarrollo estabilizador, el modelo funcionó pero volvió a nuestra economía muy dependiente del ingreso petrolero, lo que trajo incertidumbre y obligó a diversificar la economía, gracias a lo cual, hoy las exportaciones mexicanas, el turismo y no se digan las remesas, rebasan los ingresos que el petróleo proporciona.
Hoy Pemex, no es, ni será, el impulsor del desarrollo nacional. La situación actual es cabalmente descrita por el reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas refiriéndose a los apoyos extraordinarios brindados por el gobierno federal a la empresa del Estado: “estos apoyos no necesariamente se han traducido en un mejor desempeño financiero de la empresa, dado que no han sido destinados a inversión productiva”, resaltó el organismo, perteneciente a la Cámara de Diputados.
Y continuó: “Así durante los últimos años, y una vez pagados los impuestos, Pemex no ha contado con los ingresos suficientes para cubrir íntegramente su gasto corriente y el servicio de la deuda. En consecuencia, se ha visto en la necesidad de financiar su inversión mediante el endeudamiento”, agregó el CEFP.
Con ese diagnóstico es lógico deducir que nuestra empresa, esa lograda por una expropiación nacionalista para que la riqueza del subsuelo fuera la palanca del desarrollo de México, ha llegado ya a un punto en el que debe reconocerse que ya cumplió su función y no es más la esperanza de un futuro promisorio sino solamente una empresa quebrada.
Pemex pierde dinero. Con deudas que rebasan los 108 mil millones de dólares y activos que solo valen 96 mil 700 millones, sobrevive por las transferencias fiscales que recibe y por la fluctuación a la alza de los precios del petróleo.
El mismo Banco de México, en su reporte de estabilidad financiera de 2021 expresó lo siguiente: “Los déficit de la empresa y su creciente nivel de deuda representan un riesgo sistémico para las finanzas públicas del país.”
Precisamente para evitar ese riesgo, es que se le inyectan cada vez más, recursos fiscales. Según nota de Héctor Usla en El Financiero, Pemex ha recibido del gobierno; 117,900 millones de pesos en 2019; más 111 mil 300 millones en 2020; en 2021 se le destinaron 389 mil 700 millones y hasta el tercer trimestre de 2022 se le habían aportado 131 mil millones de pesos.
Por otra parte, la empresa presenta pérdidas operativas por varias causas, una de ellas, escandalosa, el huachicoleo. El año 2022 se registraron 13 mil 946 tomas clandestinas, un aumento de 26% comparado con las detectadas en 2021, según los datos tomados de la bitácora mensual de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. Esto significa una pérdida monetaria de 14 mil 243 millones de pesos.
Para llevar esta situación a términos llanos, Pemex es un negocio que aporta flujo pero cuesta mucho mantenerlo y su precaria situación representa un riesgo para las finanzas nacionales, como ya lo han hecho saber calificadoras internacionales.
Para que sus ingresos sirvan, como en sus inicios fue, para financiar el desarrollo nacional, se requiere reducir sus gastos y costos. Las conquistas sindicales aunadas a la obsolescencia de muchas de sus instalaciones y otras taras operativas obstaculizan mejoras empresariales y revertirlas cuesta mucho dinero.
Para darle viabilidad a largo plazo a la empresa, la administración anterior Peña Nietista, implementó una serie de reformas que transferían algunos costos a empresas privadas compartiendo utilidades y cobrando impuestos, lo que garantizaba ingresos, menos costos laborales y menos apoyos fiscales.
Dichas reformas fueron consideradas como lesivas para la soberanía nacional por la administración actual, pues permitían la participación del sector privado, mexicano y extranjero. Revertirlas ha significado una carga para las finanzas nacionales y ha puesto a Pemex al punto de perder el grado de inversión.
En conclusión, el petróleo sigue siendo nuestro, como antes de la expropiación petrolera, este sábado celebrada con algarabía electorera, pero mantener a la empresa resultante de ella hoy resulta oneroso y ominoso.
Pemex tiene la menor producción de crudo desde los años 70 y aún si se cumpliera el pronóstico de producir 1.7 millones de barriles diarios en 2023, estaremos por debajo de la producción promedio del sexenio anterior que fue de 2.2 millones.
85 años después, más allá de la efeméride, no hay nada para celebrar y debe reconocerse que Pemex ya cumplió su misión original y que pretender rescatarla con fondos públicos no solo es un anacronismo, sino también un riesgo que no vale la pena correr por resabios patrioteros y propósitos demagógicos. Es otro tiempo, otro siglo, otra circunstancia y otro debe ser su derrotero y su propósito.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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