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MUNDO

¿Por qué México no busca a sus desaparecidos?

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Por Eliana Gilet // (Cortesía Sputnik Mundo)

Primero, la desidia de los organismos que registran una denuncia. Luego, investigaciones burocráticas vuelven lento el trabaj; además de la criminalización de las propias víctimas. Buscar a una persona desaparecida en México es un viacrucis en las entrañas del Estado; el interés de los familiares es lo único que hace avanzar las investigaciones.

Cuando la familia de Karina Domínguez Morales intentó denunciar que la joven no había regresado a casa desde el sábado y que no había dado señales de vida durante los tres días siguientes, les respondieron que tenían que esperar.

Coincidentemente, el 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por lo que, este año, la familia de Karina se sumó a las manifestaciones que marcan la fecha.

Fuimos a preguntar a la Alcaldía de Cuauhtémoc porque no sabíamos qué hacer y recibimos un desplante. Uno no está preparado para algo así», contaron a Sputnik los familiares de Karina, quien cumplió un mes desaparecida este 30 de agosto.

Según datos oficiales, más de 40.000 personas desaparecieron en México en la última década. Si bien la cifra retrata la peor crisis humanitaria que atraviesa el país, tiene una muy baja visibilidad pública. Y los desaparecidos de la capital, como Karina, tienen menor resonancia aún.

¿QUÉ ENFRENTA UNA FAMILIAQUE BUSCA A UNA PERSONA DESAPARECIDA?

Luego del «desplante» recibido en la sede de la Alcaldía de Cuauhtémoc, en el corazón de Ciudad del México, les indicaron los caminos del trámite para echar a andar la investigación: la familia debía primero denunciar lo sucedido en Locatel (una central de estilo 911 en la capital).

Después, con el número de reporte en manos, había que presentarse ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, conocida como Fipede. Así lo hicieron.

«Una secretaria nos tomó los datos para la denuncia y luego le hablaron a un agente de investigación que asignaron al caso», relató un familiar. Sin embargo, aunque el encargado se puso «a disposición», no inició ninguna acción inmediata de búsqueda. Ni siquiera leyó el reporte de la familia ante la Fipede.

Cuando regresamos al día siguiente, el agente de investigación nos dijo que Karina estaba con el escuadrón de la muerte», recuerdan.

El escuadrón de la muerte es una expresión mexicana que se usa para denominar a la gente que queda tirada en la calle tras un alto consumo de estupefacientes. Ofendida, la familia preguntó por el origen de tal información que culpa a la víctima por su desaparición y por qué no la buscaban.

Se habían pasado dos semanas sin saber de Karina, cuando, en la siguiente reunión, se reconoció la mala praxis del agente y el juicio de valor de los funcionarios en contra de la víctima. Pero todavía no había acciones claras de búsqueda. Por eso, las iniciaron ellos mismos.

¿QUÉ SE SABE DEL CASO DE KARINA DOMÍNGUEZ MORALES?

Karina había estado ese sábado (27 de julio de 2019) con su hijo adolescente y su suegra en un concierto de Caetano Veloso y Óscar Chávez. Al fin de la tarde, cuando la lluvia de verano amenazaba sobre la capital, se retiraron juntos, pero Karina decidió ir a verse con unos amigos en el Chopo, un mercado contracultural en la colonia Guerrero, a menos de dos kilómetros de su casa.

El último mensaje que recibieron de ella fue a las 6:00 de la mañana siguiente, cuando su teléfono dejó de funcionar. Como sería de esperarse, sus familiares recorrieron la zona, preguntaron a los vecinos y en los comercios, mapearon las cámaras de seguridad ciudadana de las que debían recogerse las imágenes.

Mientras tanto, la Fiscalía tiene varias acciones pendientes: no ha obtenido el registro de llamadas del teléfono de Karina, ni de sus tarjetas de crédito, mucho menos han emitido el oficio que permita geolocalizar su celular.

«Luego, las autoridades pasaron a una forma más sutil de seguir haciendo caso omiso de la desaparición de Karina, quien por sus gustos y su forma de vivir ha sido denostada», lamentaron los familiares.

«Quieren señalarla como si ella estuviera en situación de calle y no es cierto. Es una persona solidaria, que hacía trabajo comunitario en la colonia y por eso es muy conocida por todos. Además, sería incapaz de dejar a su hijo de esa manera, pero ellos quieren hacer ver que ella quería desaparecer», agregaron.

LA HISTORIA SE REPITE

Para Patricia Manzanares, una de las mujeres que convocó a la clausura simbólica de la Comisión Nacional de Búsqueda este 30 de agosto y la madre de Juan Hernández, quien desapareció en 2011, es importante que el Estado priorice casos como el de Karina, que son muy recientes, para poner en marcha mecanismos de búsqueda en vida de la persona desaparecida.

En diálogo con Sputnik, tanto Manzanares como Teresa Vera, quien busca a su hermana Minerva Vera, desaparecida desde 2006, manifestaron la escasa atención recibida de la Comisión y alertaron de su falta de avances. Lo que más les preocupa es el anuncio de que se certificará a personas no expertas para buscar víctimas en las fosas clandestinas.

«Para eso fue creada la Comisión de Búsqueda, que si no tiene capacidad técnica en el país, debería pedir ayuda internacional. Las familias queremos peritos expertos haciendo esta tarea», expresaron.

«Nosotros hemos aprendido a buscar por necesidad, pero no somos los expertos y no debemos hacernos cargo de este trabajo», sostuvo Manzanares.

El relato de la desidia con que la autoridad atiende sus casos fue unánime entre la decena de mujeres que contaron sus historias de angustia a Sputnik durante la manifestación frente al organismo. Cuando se le preguntó a la familia de Karina por qué creen que la Justicia no busca a los desaparecidos en México, su respuesta fue clara y contundente: «por miedo».

No han tomado en cuenta información que hemos presentado porque nos dicen que van a explotar lo que tienen ahorita, pero no sabemos qué están haciendo. Creemos que hay una sensibilidad de las familias a la que tendrían que escuchar», concluyó uno de sus hermanos.

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Bojayá y la esperanza de paz

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Opinión, por Miguel Anaya //

A finales de los años noventa y principios de los 2000, Colombia vivió una crisis de violencia que superaba a la que actualmente enfrenta México. Uno de los departamentos más afectados fue el de Chocó, donde operaban las FARC, grupos delictivos y autodefensas.

El 2 de mayo de 2002, la pequeña comunidad de Bojayá se convirtió en el escenario de una de las tragedias más devastadoras del conflicto armado. En medio de intensos enfrentamientos entre las FARC y grupos paramilitares, cientos de habitantes buscaron refugio en la iglesia del pueblo, confiando en que sus paredes consagradas los protegerían del horror que se vivía afuera.

Alrededor de las 3 de la tarde, un cilindro-bomba impactó directamente en el templo, causando la muerte instantánea de 79 personas, entre ellas 48 niños. Los cuerpos quedaron mutilados y las paredes de la iglesia manchadas de sangre. Días después, el número de víctimas fatales alcanzó las 119, ya que muchos no sobrevivieron a las heridas.

Este acto brutal puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades atrapadas entre las fuerzas violentas. A raíz de este y otros eventos que conmocionaron al país, Colombia emprendió un camino hacia la pacificación y la reconstrucción social. Las políticas implementadas, que combinaban estrategias de seguridad con inversión social y económica, comenzaron a dar frutos en las dos décadas siguientes.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios en Colombia pasó de 70 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 25 en 2022. En ese contexto, la ciudad de Medellín llegó a tener una tasa alarmante de 380 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El entonces gobierno colombiano aplicó la estrategia de ‘Seguridad Democrática’. Esta política implicó el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia y aumentar la presencia del Estado en zonas rurales, donde guerrillas y grupos paramilitares habían establecido su dominio. La creación de redes de informantes y la colaboración con las comunidades fueron fundamentales para desmantelar estructuras criminales y reducir los enfrentamientos armados.

Tras el debilitamiento militar de las FARC, el gobierno reconoció que la violencia era también un efecto de problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades en las regiones rurales.

En respuesta, se implementaron programas de desarrollo rural que incluyeron la construcción de infraestructura, carreteras y electrificación, con el fin de conectar comunidades aisladas con el resto del país.

Además, se promovieron programas de acceso a créditos para pequeños agricultores y cooperativas rurales, incentivando la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas comerciales.

En el ámbito social, las políticas de reparación y reconciliación jugaron un papel central. La creación de una Unidad para las Víctimas permitió que quienes sufrieron violencia fueran reconocidos y compensados, generando un proceso de catarsis social.

La inversión en educación y salud fue un eje central: entre 2002 y 2022, el acceso a la educación secundaria aumentó en un 20 por ciento, mientras que la cobertura de salud pública se amplió significativamente en las zonas rurales. A pesar de que aún persisten desafíos en materia de seguridad, el avance en Colombia ha sido notable.

Esta experiencia ofrece lecciones valiosas para México. La implementación de políticas que fortalezcan instituciones, promuevan el desarrollo económico, social y fomenten la cohesión social son esenciales para revertir la tendencia de violencia.

La profesionalización de las fuerzas de seguridad, la recuperación del control territorial y la implementación de programas sociales en zonas marginadas son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Políticas de desarrollo rural, como las aplicadas en el país sudamericano, podrían replicarse en México para incentivar la economía local, alejar a los jóvenes de las dinámicas del crimen organizado y generar alternativas económicas en comunidades atrapadas en el ciclo de la violencia.

En conclusión, la trágica masacre de Bojayá simboliza el profundo sufrimiento que la violencia puede infligir a una nación. Sin embargo, también demuestra que por muy cruda que sea la realidad violenta que nos rodea, esta puede cambiar con voluntad política y estrategias integrales adecuadas.

El caso de Teuchitlán debe ser un llamado a la acción colectiva. Debemos abrir los ojos y encontrar en la experiencia de otros países una guía para diseñar e implementar políticas efectivas que conduzcan a un futuro más seguro y próspero.

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La cumbre no es eterna: El peso del poder y la caída inevitable

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

La historia está repleta de ejemplos de líderes que, enceguecidos por la ambición, olvidaron la fragilidad de su posición. Luis XVI, convencido de que su linaje era suficiente para sostener su trono, ignoró las señales del descontento popular hasta que el filo de la guillotina le enseñó lo contrario. Napoleón, tras haber conquistado media Europa, creyó que Rusia sería otra joya en su corona, solo para encontrar en la crudeza del invierno su Waterloo anticipado.

El ascenso y la caída de los poderosos no es un fenómeno reciente ni exclusivo de una geografía en particular. Desde la antigüedad, los imperios han crecido con el ímpetu de la ambición y se han desplomado con la misma rapidez con la que olvidaron los límites de su propio poder.

Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero murió sin dejar un heredero capaz de sostener su imperio. Julio César creyó que su popularidad y victorias militares lo hacían intocable, hasta que sus propios aliados decidieron que representaba una amenaza mayor que un beneficio. La política, como la historia, es una danza peligrosa entre la gloria y la ruina, donde el exceso de confianza suele ser el último paso antes de la caída.

El mito de Ícaro nos recuerda precisamente esto: el peligro de volar demasiado alto sin medir las consecuencias. Ícaro, fascinado por su recién adquirida capacidad de volar, olvidó la advertencia de su padre y ascendió hacia el sol, hasta que el calor derritió la cera de sus alas y cayó al mar.

La política, como la vida misma, requiere de equilibrio. Quien se eleva sin mesura, sin comprender la delgada línea que separa el éxito de la caída, está condenado a desplomarse con mayor fuerza. El poder tiene un peso que pocos pueden sostener sin perder la compostura. No se trata solo de alcanzar alturas, sino de saber mantenerse en ellas.

Pero si Ícaro es el ejemplo de la caída, Sísifo representa la otra cara de la moneda: el castigo de quienes están atrapados en una lucha interminable. Su condena consistió en empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de nuevo al punto de partida. En la política, muchas veces la lucha es constante y el esfuerzo parece nunca rendir frutos.

Sin embargo, el verdadero peligro no está en la repetición del intento, sino en la ilusión de que la cima es un lugar permanente. Muchos políticos creen que el poder les pertenece, que su ascenso es definitivo y que su esfuerzo no necesita ajustes. Pero la realidad es que la piedra siempre caerá, y lo único que define a los grandes es cómo afrontan la inevitable repetición del ciclo.

No hay imperio ni liderazgo que sea eterno. La historia es cíclica, y los excesos suelen conducir al mismo desenlace. En México y en el mundo, las trayectorias políticas están marcadas por ascensos meteóricos y caídas estrepitosas. Basta con observar cómo en cada sexenio surgen figuras que, creyendo haber conquistado la cima, terminan en el olvido o el descrédito. Quienes llegan al poder suelen olvidar que su estancia en la cúspide es efímera, que la rueda del destino sigue girando y que lo que hoy es gloria mañana puede ser polvo.

El sistema político parece diseñado para producir nuevos Sísifos, figuras condenadas a empujar sus delitos cuesta arriba, solo para verlos rodar nuevamente cuando cambian las administraciones. Cada sexenio, cada legislatura, cada relevo de poder trae consigo un ajuste de cuentas disfrazado de justicia o renovación, donde los caídos de ayer se convierten en los verdugos de hoy y los actuales intocables pronto serán las nuevas piezas sacrificables. La impunidad no es eterna, pero sí cíclica, y quienes creen haber asegurado su permanencia descubren, tarde o temprano, que la roca siempre vuelve a caer.

Las reformas, los cambios de gobierno y los giros políticos no son más que un nuevo acto en esta obra repetitiva, donde las promesas de castigo a la corrupción se mezclan con la selectividad de la justicia. Los escándalos que hoy cimbran las instituciones terminan convertidos en anécdotas cuando el tiempo y la indiferencia los diluyen, hasta que nuevos nombres ocupan los titulares y el proceso vuelve a empezar. En este juego de relevos, algunos consiguen deslizarse entre las grietas del sistema, mientras que otros terminan aplastados por el peso de sus propias ambiciones.

Y así, en un ciclo interminable, la historia se repite de forma tal que la pregunta no es si caerán, sino cuándo y con qué consecuencias. Algunos lo harán con estrépito, arrastrando consigo estructuras enteras y exhibiendo las miserias del sistema; otros, con sigilo, desaparecerán en la sombra de negociaciones y pactos que les garanticen una caída suave. Pero la constante es ineludible: nadie se mantiene en la cumbre para siempre, y aquellos que creen haber burlado el destino solo están posponiendo lo inevitable.

La enseñanza es clara: la política requiere mesura, prudencia y un entendimiento profundo de la transitoriedad del poder. Nadie es eterno en el cargo, y quienes lo olvidan terminan consumidos por el peso de sus propias decisiones.

En la vida, como en la política, el equilibrio lo es todo. El dinero, el éxito y la influencia pueden convertirse en espejismos que hacen olvidar el propósito inicial. La historia nos ha enseñado que aquellos que se ven a sí mismos como intocables, como dueños de un destino inalterable, terminan siendo arrastrados por la corriente de su propia soberbia. La verdadera habilidad no está en acumular poder, sino en administrarlo sin perder el sentido de la realidad.

El desafío es claro: no ser Ícaro ni Sísifo, sino aprender a volar sin olvidar que siempre habrá una caída, y a empujar la piedra con la consciencia de que el esfuerzo nunca es definitivo. Porque en la política, como en la vida, nadie es eterno en la cumbre, y solo aquellos que lo entienden logran caer con dignidad y levantarse con sabiduría.

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Los narcos gringos, primera parte

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Opinión, por Gerardo Rico //

“La violencia urbana en Estados Unidos, que en ciudades como Chicago, Baltimore, Los Ángeles y Nueva York arroja estadísticas preocupantes de por lo menos una persona asesinada a diario, está directamente ligada a la venta de drogas y por ende al narcotráfico mexicano.

Sin embargo, en una sociedad como la estadounidense, con su gobierno acostumbrado a buscar fuera de sus fronteras a los culpables del problema de la demanda y el consumo de drogas, los asesinatos cometidos todos los días por pandilleros o entre pandillas no son algo que valga la pena resaltar a nivel nacional; es más, si el muerto o los muertos son afroamericanos o hispanos, el gobierno hace todo lo posible por meter el asunto debajo de la alfombra”.

En la Unión Americana no existen estructuras lineales en las organizaciones del narco, como las hay en México y otras naciones latinoamericanas. Los narcos gringos trabajan con cualquier cártel y con varios al mismo tiempo cuando es posible. Son operadores que se encargan de la logística para transportar, distribuir y vender drogas. Su tajada se reparte entre muchos, son como una cadena de trabajadores independientes que prestan sus servicios a los narcos extranjeros.

“Lo que no hay en Estados Unidos son cárteles, no hay una estructura piramidal de capos entre los narcos gringos, menos aún un narcotraficante estadounidense destacado en comparación con los logros criminales alcanzados por delincuentes como Pablo Escobar Gaviria, Rafael Caro Quintero o el Chapo Guzmán”.

Este es apenas un bosquejo del libro “Los narcos gringos”, una radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos, que fue escrito por el periodista Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso desde 1989 en Washington D.C., acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay que destacar que el libro fue editado en el 2016 y los derechos de edición son de Penguin Random House.

Ante las medidas del presidente Donald Trump, quien declaró como grupos terroristas a los cárteles de la droga en México, y las advertencias de funcionarios de su administración que podrían intervenir militarmente en nuestro país para terminar con estos, se me hizo muy interesante realizar una reseña de este libro que describe cómo opera el narco en el vecino país del norte.

“Las narcas gringas no son como las buchonas sinaloenses ni andan subiendo fotos al Facebook acompañadas de “su hombre” o ataviadas con joyas y vestidos de diseñador; son casi imperceptibles: están en todos lados, pero no se ven. Viven en grandes urbes como Nueva York, visten como ejecutivas y en algunos casos lo son, pero están más concentradas en hacer dinero fácil”.

En la Gran Manzana no llama la atención ver a una mujer blanca caminando por Park Avenue vestida con un traje sastre y con un portafolios en la mano: alguien así se puede considerar una más de las abogadas, empresarias o vendedoras de acciones financieras en Wall Street.

La lucha contra la violencia urbana es la guerra del gobierno estadounidense contra sus narcotraficantes y contra el comercio de drogas, pero aquel no lo admite y prefiere mantenerla disfrazada como “lucha contra la violencia”. En la DEA se desarrolló la Estrategia de ahogamiento, concentrada en su totalidad a combatir el tráfico de drogas al nivel de los pandilleros.

El objetivo de esta estrategia fue el identificar a los intermediarios estadounidenses de los cárteles mexicanos, personajes que se encargan de establecer la relación directa de un cártel con las pandillas de Estados Unidos. Los intermediarios son los que reclutan a los pandilleros y uno de los lugares favoritos para este objetivo es el sistema carcelario a nivel estatal y local.

Con cifras de hace nueve años, el autor del libro precisa que “para tener una idea del problema solo hay que mirar lo que sucede en Chicago: tiene el sistema carcelario municipal más grande de Estados Unidos y del mundo, el cual alberga entre 9,000 y 13,000 presos, de los cuales más del 80% purgan condenas por delitos relacionados con la violencia urbana pandillera y la venta de narcóticos”.

“La gravedad y el tamaño de la epidemia del consumo de drogas en Estados Unidos es auténticamente una calamidad; la muerte de jóvenes estadounidenses por sobredosis de narcóticos parece un hoyo negro sin fondo. Desde el gobierno federal de este país, la mejor práctica para enfrentar el problema del tráfico internacional de narcóticos sigue siendo buscar responsables fuera de sus fronteras; en este contexto de irresponsabilidad y de delegar a otros las culpas y las consecuencias de sus problemas de salud pública y educación, se augura que México seguirá siendo el villano favorito de la Casa Blanca y del Capitolio”.

Los Narcos Gringos, de Jesús Esquivel, además de ser una lectura amena, describe cómo operan los brókers, los narco motociclistas y narco camioneros, las narco pandillas los informantes y la narco corrupción gringa, entre otros capítulos por demás interesantes y que no pierden actualidad.

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