Política Global, por Francisco Herranz (Cortesía de Sputnik Mundo) //

Los peores presagios sobre el Brexit se están cumpliendo. Pareciera que hubiera caído una maldición sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y que el proceso de negociación estuviera condenado a descarrillar, aumentando, aún más si cabe, la creciente incertidumbre que sobrevuela el Viejo Continente.

La llegada al número 10 de Downing Street del histriónico Boris Johnson ha desatado entre los funcionarios de Bruselas los temores a que se haga realidad una verdadera pesadilla: un Brexit sin acuerdo, es decir, duro, y de muy graves consecuencias sociales y económicas para las dos orillas del Canal de la Mancha.

El primer ministro británico es un «enfant terrible» para las autoridades comunitarias. Sus actos y declaraciones evidencian que no le da miedo alguno que Londres se separe a las bravas de sus todavía socios continentales y que eso abra, por consiguiente, un periodo sin transición, extremadamente complicado y azaroso, a partir del cual el Reino Unido será considerado a todos los efectos «un país tercero».

El plazo vence el 31 de octubre. Ese es el día fijado por ambas partes para que deje de aplicarse la legislación europea en el territorio del Reino Unido.

En realidad, esa fecha ya es una prórroga de tiempo porque el artículo 50.3 del Tratado de Lisboa, ratificado el 13 de diciembre de 2007, estipula que la retirada de un país miembro se hace efectiva a los «dos años» de anunciarla ante Bruselas, «salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo».

El procedimiento de salida recogido en el citado artículo 50 fue invocado por la entonces primera ministra británica Theresa May en una carta enviada el 29 de marzo de 2017 al entonces presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk.

Ese documento ponía en marcha las agujas del reloj. Los dos años pasaron, pues, en marzo. Dos años de negociaciones. Pero el Brexit aún no se ha producido. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aceptaron una demora, primero hasta el 12 de abril, y luego hasta el 31 de octubre, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la nueva Comisión Europea, el gobierno de la UE.

El sistema de «secesión» se basa en una retirada negociada más que en una salida abrupta. ¿Por qué? Porque pretende evitar así las enormes complejidades técnicas que conlleva abandonar el marco normativo de la UE, teniendo en cuenta que la mayoría de las leyes europeas forman parte del tejido legal de cada país miembro, en este caso, del ordenamiento jurídico británico.

Pero el procedimiento incluye expresamente el derecho a una salida unilateral de conformidad con las «normas constitucionales» del país que lo solicita. Eso significa que la retirada no depende de que se alcance un acuerdo. En otras palabras, la UE no puede bloquear la intención de Johnson.

La cada vez más probable (por el momento) salida salvaje, supondría el fin de una relación de amor-odio iniciada oficialmente el 1 de enero de 1973. El Gobierno de la reina Isabel II había solicitado el ingreso en la organización en 1967. Por segunda vez. Ya lo habían intentado seis años antes, pero fueron vetados por las autoridades de París.

Después de pasar casi una década en el club, Gran Bretaña peleó su singularidad insular. Y ganó. La legendaria Dama de Hierro, la «premier» Margaret Thatcher, consiguió en 1984 que sus socios comerciales aceptaran lo que se ha llamado el «cheque británico». Ese complejo mecanismo financiero ha venido reduciendo la aportación económica de Londres al presupuesto comunitario anual en concepto de reembolso.

En 2015 el cheque alcanzó los 6.100 millones de euros. El argumento de ese sustancioso descuento radica en que un gran porcentaje del presupuesto europeo se destina a la Política Agraria Común (PAC), que subvenciona a agricultores y ganaderos, lo que beneficia mucho menos al Reino Unido, dada su marcada estructura industrial. Ese evidente privilegio, muy criticado por otros Estados —especialmente por Francia—, ya adelantaba la tormenta política que ahora vivimos. De esos polvos vienen estos lodos.

¿QUÉ PASARÁ SI SE PRODUCE UN BREXIT SIN ACUERDO?

Al cesar el marco existente de relaciones comerciales, empezarán a aplicarse de la noche a la mañana las reglas y aranceles que existen entre los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Al ser menos ventajosas, eso encarecerá inevitablemente los precios de productos y mercancías. Sobre todo, de los alimentos y el combustible. Aumentará, por consiguiente, la inflación. También tendrá efectos indeseables en otros indicadores macroeconómicos. Frenará el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

La libra esterlina se depreciará con respecto al euro, elevando el coste de los bienes de importación. De igual forma, presionará a la baja los tipos de interés y llevará a un peor comportamiento de las acciones de empresas afincadas en el Reino Unido.

La suspensión de los vuelos entre la UE y el Reino Unido no estará sobre la mesa porque durante todos estos meses de espera se ha venido trabajando en la aprobación de medidas temporales que, sin embargo, tendrán que ser revisadas en 2020. Tampoco se convertirán en inmigrantes ilegales los trabajadores europeos asentados en la isla. Es un alivio.

Pero el impacto en el ciudadano será «instantáneo», ha advertido ya el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Según su opinión, un «número significativo» de empresas británicas no podrán operar en la Unión Europea tras un divorcio mal avenido.

Los sectores productivos más afectados serán el transporte, la automoción, y las industrias química y alimentaria. Los supermercados en el Reino Unido se enfrentarán a problemas de desabastecimiento pues será muy complicado importar productos frescos de países comunitarios, ya que no se conservan por mucho tiempo y son difíciles de almacenar.

​Otra consecuencia muy importante será que los británicos ya no tendrán acceso a las bases de datos de la UE ni a otras formas de cooperación, lo que incluye la eurorden de arresto, el sistema de información de Schengen y Europol. Eso afectará su seguridad. El drástico cambio de las reglas de juego implicará consecuencias negativas en Gibraltar. Afectará así mismo al proceso de paz en Irlanda del Norte pues surgirán de nuevo los problemas fronterizos. Por no hablar de que profundizará la actual crisis política e institucional británica.

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